LA CAPTURA DE MADURO Y EL GOLPE MORTAL AL MITO DE LA INTELIGENCIA CASTRISTA

LA CAPTURA DE MADURO Y EL GOLPE MORTAL AL MITO DE LA INTELIGENCIA CASTRISTA

Por Patria Pueblo y Libertad

Fuente original: The Wall Street Journal – Santiago Pérez

5 de enero de 2026

 

Durante décadas, el régimen cubano cultivó con celo el mito de un aparato de inteligencia omnipresente, infalible y temida, capaz de sobrevivir al colapso soviético, infiltrarse en gobiernos extranjeros y sostener dictaduras aliadas. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos ha demolido ese mito de forma abrupta y pública.

 

La operación militar estadounidense en Caracas, ejecutada con precisión quirúrgica en la madrugada del sábado, no solo terminó con el principal sostén político del castrismo en América Latina, sino que expuso una verdad incómoda para La Habana: su sistema de inteligencia y seguridad, considerado durante años uno de los pilares del poder revolucionario, mostró fallas graves, vulnerabilidades estructurales y una alarmante incapacidad de respuesta.

 

Según confirmó el propio régimen cubano, 32 oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior murieron mientras integraban el dispositivo de seguridad personal de Maduro. Se trata de una cifra extraordinaria para una operación de protección que, en teoría, debía anticipar amenazas, neutralizar riesgos y garantizar rutas de escape. Nada de eso ocurrió.

 

Durante la Guerra Fría, los servicios de inteligencia cubanos fueron aliados estratégicos de la KGB soviética, construyendo extensas redes de informantes en América Latina y África, desarticulando conspiraciones internas y exportando “know-how” represivo a gobiernos afines. Tras la caída de la Unión Soviética, esa maquinaria encontró en Venezuela su tabla de salvación: petróleo subsidiado a cambio de control político, militar e institucional.

 

Maduro no era un protegido más. Era la joya de la corona del castrismo en el continente. Por eso, el hecho de que fuerzas estadounidenses lograran capturarlo junto a su esposa, antes incluso de que alcanzara una sala segura, representa una humillación estratégica sin precedentes para La Habana.

 

Expertos citados por The Wall Street Journal coinciden en que lo más grave no fue solo la incapacidad de proteger a Maduro, sino la total imposibilidad de infligir daño alguno a las fuerzas estadounidenses. No hubo bajas norteamericanas, no se perdió equipamiento, y el factor sorpresa se mantuvo intacto hasta el final. En términos de inteligencia, el fracaso fue absoluto.

 

Este golpe llega en el peor momento posible para el régimen cubano. La isla atraviesa una implosión económica sin precedentes, sostenida únicamente por la represión y por los restos de alianzas externas cada vez más frágiles. Venezuela era la última gran fuente de oxígeno económico y energético. Su pérdida no es solo simbólica: es existencial.

 

Como señalan antiguos oficiales de inteligencia cubanos citados en el reportaje, los regímenes autoritarios pueden permitir que la población pase hambre, pero no que su aparato represivo se debilite. Sin recursos, sin petróleo subsidiado y ahora sin la aura de invulnerabilidad, el sistema comienza a mostrar grietas internas peligrosas.

 

Las declaraciones del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio no dejan dudas sobre la lectura estratégica de Washington: Cuba ya no es el titiritero silencioso de Venezuela, sino un régimen en retroceso, obligado a enfrentar las consecuencias de décadas de intervención, control y dependencia.

 

La captura de Maduro no marca solo el fin de un hombre fuerte. Marca el principio del colapso del eje La Habana–Caracas y deja al descubierto una verdad que el castrismo intentó ocultar durante años: su poder no era eterno, su inteligencia no era infalible y su control sobre la región tenía fecha de caducidad.

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NI RUSIA NI CHINA NECESITAN EXCUSAS

NI RUSIA NI CHINA NECESITAN EXCUSAS

Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica 

Por qué una acción de Estados Unidos en Venezuela no legitima Ucrania ni Taiwán

 

La idea de que una acción de Estados Unidos en Venezuela podría servir a Rusia o a China para “justificar” sus propias agresiones estratégicas parte de una premisa errónea. Ni Moscú ni Pekín han basado jamás sus decisiones fundamentales de guerra o coerción en el comportamiento legal o ilegal de Washington en otras regiones del mundo. Ambos regímenes actúan cuando el equilibrio de poder, la oportunidad política y sus propias necesidades internas así lo dictan, no cuando encuentran precedentes convenientes en América Latina.

 

La trayectoria histórica de Rusia confirma esta lógica. Moscú ha utilizado de manera reiterada la supuesta “protección” de minorías rusófonas como pretexto para intervenir militarmente en Estados soberanos, independientemente de la conducta estadounidense en otros escenarios. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Abjasia y Osetia del Sur, un conflicto que dejó más de 850 muertos y cerca de 192.000 desplazados. En 2014, se anexó ilegalmente Crimea y fomentó la insurrección armada en el Donbás, una guerra que ya había causado más de 14.000 muertes antes de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022. Desde entonces, la ofensiva rusa ha provocado cientos de miles de bajas, más de seis millones de refugiados y la deportación forzada de decenas de miles de niños ucranianos, hechos documentados por Naciones Unidas y por la Corte Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin.

 

Esta lógica de coerción no se limita al exterior. Dentro de sus propias fronteras, el Estado ruso ha recurrido a la violencia masiva para someter a minorías consideradas desafiantes. Las dos guerras de Chechenia (1994–1996 y 1999–2009) dejaron entre 80.000 y 160.000 muertos, en su mayoría civiles, y concluyeron con la imposición de un régimen local autoritario sostenido por la represión sistemática y la lealtad personal al Kremlin. Lejos de ser una excepción, Ucrania representa la continuación de un patrón histórico de dominación por la fuerza.

 

China ha seguido una trayectoria comparable, basada en la expansión territorial, la asimilación forzada y la supresión sistemática de identidades no alineadas con el poder central. El Tíbet, ocupado militarmente desde 1950, ha sido sometido durante décadas a políticas de control religioso y cultural que, según estimaciones de organizaciones tibetanas y estudios académicos, han causado más de un millón de muertes. En Xinjiang, desde al menos 2017, entre uno y dos millones de uigures y otros musulmanes túrquicos han sido internados en campos de “reeducación”, sometidos a vigilancia masiva, trabajos forzados y adoctrinamiento político, prácticas calificadas como crímenes contra la humanidad por múltiples parlamentos y organismos internacionales.

 

En Hong Kong, China violó abiertamente el tratado internacional firmado con el Reino Unido al imponer en 2020 la Ley de Seguridad Nacional. Desde entonces, más de 1.500 personas han sido detenidas por motivos políticos, los principales medios independientes han sido cerrados y la oposición democrática ha sido prácticamente eliminada, sin que mediara provocación militar ni legal alguna por parte de actores externos.

 

Estos hechos desmontan de forma concluyente la noción de que una operación estadounidense en Venezuela pueda servir de “excusa” a Moscú o Pekín. Rusia y China no buscan legitimaciones externas para actuar: actúan cuando perciben debilidad, oportunidad o impunidad. Vincular sus agresiones en Ucrania o Taiwán a decisiones tomadas por Washington en América Latina ignora décadas de conducta consistente y proyecta una sensibilidad jurídica que estos regímenes nunca han demostrado.

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El futuro de América latina: Claudia Sheinbaum o María Corina Machado

El futuro de América latina: Claudia Sheinbaum o María Corina Machado

 Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

El contraste entre Claudia Sheinbaum y María Corina Machado no es solo personal ni ideológico, sino profundamente político y regional. Sheinbaum llegó al poder en México como sucesora designada de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que hizo de “abrazos, no balazos” el eje de una política de seguridad que, lejos de debilitar al crimen organizado, consolidó el poder territorial y financiero del narcotráfico en México. Esa herencia define su proyección internacional: fuera de su país es vista como continuidad del proyecto de López Obrador, más que como una líder con agenda propia.

María Corina Machado, en cambio, forjó su liderazgo sin padrinos ni estructuras de poder, pagando costos personales altísimos en su lucha contra la dictadura venezolana. Su reconocimiento internacional —coronado con el Premio Nobel de la Paz— no surge del aparato del Estado, sino del sacrificio, el valor y la coherencia en la defensa de la democracia. A diferencia de Sheinbaum, Machado concibe la democracia como una causa regional y ha asumido un compromiso explícito de apoyar a quienes luchan por ella no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua, donde persisten dictaduras sostenidas por la represión y el crimen organizado.

América Latina atraviesa un punto de inflexión que trasciende los debates ideológicos tradicionales. Hoy, el principal desafío regional no es la disputa entre modelos económicos, sino la expansión del crimen organizado transnacional incrustado en estructuras estatales. En este contexto, el contraste entre la presidenta de México y la líder democrática venezolana revela dos visiones opuestas sobre soberanía, seguridad y democracia, con proyectos incompatibles para el futuro del continente.

El gobierno mexicano entregó este año a Estados Unidos 55 narcotraficantes de alto perfil, una decisión de claro significado político y estratégico. Refleja una realidad que pocos gobiernos reconocen abiertamente: México enfrenta una amenaza estructural del narcotráfico que supera su capacidad de control interno. Los cárteles operan con control territorial, enormes recursos financieros y una profunda penetración institucional.

Desde una perspectiva de seguridad nacional, esta cooperación con Estados Unidos no representa una pérdida voluntaria de soberanía, sino una respuesta pragmática ante un fenómeno criminal transnacional. México no ejerce plenamente su soberanía en amplias zonas de su territorio, donde el poder efectivo lo disputan organizaciones criminales.

Aquí emerge la paradoja central de la política exterior de Claudia Sheinbaum. Mientras su gobierno coopera con Estados Unidos contra el narcotráfico, se opone a la política estadounidense orientada a desmontar la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro, invocando el principio de no intervención.

Esta posición resulta difícil de sostener. Si el narcotráfico cruza fronteras, financia violencia regional, genera migración forzada y desestabiliza Estados, no puede tratarse como un asunto interno cuando constituye el núcleo de un régimen político. En el caso venezolano, múltiples informes internacionales han documentado la convergencia entre poder político, crimen organizado y redes ilícitas transnacionales.

María Corina Machado ha formulado con claridad una premisa incómoda pero fundamental: Venezuela es un Estado capturado por una estructura criminal. El régimen de Maduro ha sido señalado por facilitar rutas de narcotráfico, operar esquemas de lavado de dinero y establecer alianzas con actores hostiles al orden democrático occidental, incluidos Rusia e Irán.

Estas características convierten a Venezuela en un problema de seguridad regional. Desde esta perspectiva, la presión internacional no constituye injerencia, sino un mecanismo legítimo de defensa colectiva frente a un narcoestado que exporta inestabilidad.

Machado evita el refugio retórico del soberanismo abstracto. Su respaldo a la política de presión de Estados Unidos responde a una lectura estratégica clara: las narcodictaduras no caen mediante neutralidad diplomática ni diálogos indefinidos. Caen cuando el costo de sostenerlas se vuelve insostenible.

El contraste entre ambas líderes proyecta dos mensajes opuestos a América Latina. Claudia Sheinbaum defiende una soberanía formal mientras su país enfrenta una soberanía real erosionada por el crimen organizado, y normaliza la coexistencia con un régimen señalado como narcoestado. María Corina Machado propone una soberanía sustantiva, basada en el control efectivo del territorio, el Estado de derecho y la cooperación internacional.

La región enfrenta hoy una disyuntiva clara: o se protege la soberanía de los pueblos, o se protege, en su nombre, la impunidad de las mafias. En ese dilema histórico, el contraste entre Claudia Sheinbaum y María Corina Machado no es anecdótico: es el reflejo de dos proyectos antagónicos para la seguridad, la democracia y el futuro político de América Latina.

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