EL BLINDAJE DE LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE
EL BLINDAJE DE LA DEMOCRACIA ESTADOUNIDENSE
Por Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
Existe hoy en Estados Unidos preocupación ante la posibilidad de que Donald Trump concentre tanto poder en la Presidencia que termine poniendo en peligro la democracia. La preocupación merece ser tomada en serio. Pero también debemos examinar la otra parte de la ecuación: las formidables barreras que el sistema estadounidense ha construido durante casi 250 años para impedir que una sola persona pueda apoderarse del Estado.
La Constitución nació precisamente de la desconfianza hacia la concentración del poder. Sus autores dividieron el gobierno federal entre un presidente, un Congreso bicameral y un poder judicial independiente.
Pero el verdadero blindaje estadounidense va mucho más allá.
Estados Unidos es una federación de 50 estados con gobernadores, legislaturas, tribunales y poderes propios. El presidente no puede destituir a un gobernador porque se oponga a él, disolver una legislatura estatal ni asumir sencillamente el control de las instituciones de un estado.
Esto adquiere especial importancia cuando hablamos de elecciones.
El presidente no organiza las elecciones en las que participa su partido. La administración electoral está extraordinariamente descentralizada y depende fundamentalmente de los estados y autoridades locales.
Estamos viendo funcionar ese mecanismo.
La administración Trump intentó condicionar determinados fondos federales a cambios en los procedimientos electorales estatales. En septiembre de 2026, un juez federal bloqueó esas condiciones. Veinticinco fiscales generales o gobernadores habían recurrido contra ellas.
La Corte Suprema, cuya mayoría conservadora incluye tres jueces nombrados por Trump, también rechazó recientemente restricciones impulsadas por su administración sobre el voto por correo para las elecciones legislativas de noviembre.
Aquí aparece otro gran muro de contención: los jueces no son empleados del presidente.
Los jueces federales son nombrados de por vida mientras mantengan buena conducta. Una vez confirmados, no necesitan complacer al presidente que los nombró para conservar su cargo. Por eso un juez designado por un presidente puede posteriormente fallar contra ese mismo presidente.
Está también el Congreso, que obtiene su legitimidad directamente de los electores y posee facultades constitucionales propias. Una de las más importantes es el control del dinero.
El 29 de septiembre, la Government Accountability Office concluyó que Trump no podía retener más de 800 millones de dólares que el Congreso había autorizado gastar, pues hacerlo excedería los límites permitidos por la ley. El conflicto puede continuar en los tribunales, pero demuestra nuevamente que el presidente no dispone legalmente del presupuesto federal como si fuera patrimonio de su gobierno.
A esto debemos sumar otro elemento formidable: la Primera Enmienda.
La prensa estadounidense no pertenece al Estado. Grandes cadenas de televisión, periódicos, emisoras, plataformas digitales y millones de ciudadanos pueden criticar al gobierno. Trump mantiene frecuentes conflictos con determinados medios y ha presentado demandas contra algunos de ellos, pero también en este terreno existen tribunales independientes.
Hay además una barrera extraordinariamente sencilla y poderosa: Trump no puede ser elegido presidente por tercera vez.
La Vigésima Segunda Enmienda establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. Cambiar esa disposición exigiría superar el dificilísimo procedimiento de reforma constitucional: dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Nada de esto significa que la democracia estadounidense sea indestructible. Ninguna democracia lo es.
Las instituciones funcionan mientras los tribunales puedan ejercer su autoridad, las elecciones continúen siendo competitivas, la oposición pueda organizarse, la libertad de expresión sea respetada y los ciudadanos defiendan sus derechos.
También existen controversias importantes sobre hasta dónde puede extenderse el poder presidencial. La administración Trump está litigando repetidamente sobre los límites de sus facultades. Es legítimo observar esos conflictos con atención.
Pero existe una enorme diferencia entre afirmar que una democracia está sometida a tensiones y asegurar que inevitablemente se dirige hacia una dictadura.
Para imponer una dictadura en Estados Unidos no bastaría con controlar la Casa Blanca. Habría que neutralizar al Congreso, someter a los tribunales, vencer la autonomía constitucional de los estados, controlar un sistema electoral descentralizado, restringir la prensa y la libertad de expresión y superar una Constitución extraordinariamente difícil de modificar.
Ese entramado no apareció accidentalmente. Es producto de casi 250 años de evolución constitucional, conflictos, errores, correcciones y aprendizaje democrático.
Los fundadores no construyeron su sistema suponiendo que siempre habría buenos presidentes. Partieron precisamente de la posibilidad contraria: que algún día llegara al poder alguien que quisiera ejercer más autoridad de la que le correspondía.
Por eso la pregunta fundamental no es si confiamos o desconfiamos de Donald Trump.
La pregunta es si las instituciones estadounidenses conservan la capacidad de decirle no a cualquier presidente cuando sobrepasa los límites de su poder.
Los acontecimientos recientes demuestran que todavía pueden hacerlo.
THE SAFEGUARDS OF AMERICAN DEMOCRACY
By Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
There is considerable concern in the United States today about the possibility that Donald Trump could concentrate so much power in the presidency that he ultimately endangers democracy. That concern deserves to be taken seriously. But we should also examine the other side of the equation: the formidable barriers the American system has built over nearly 250 years to prevent any one person from taking control of the state.
The Constitution was born precisely out of distrust of concentrated power. Its authors divided the federal government among a president, a bicameral Congress and an independent judiciary.
But the real safeguards of the American system go much further.
The United States is a federation of 50 states with their own governors, legislatures, courts and powers. The president cannot remove a governor because that governor opposes him, dissolve a state legislature or simply take control of a state's institutions.
This becomes particularly important when we talk about elections.
The president does not administer the elections in which his party participates. Election administration is extraordinarily decentralized and depends primarily on state and local authorities.
We are seeing that mechanism at work.
The Trump administration attempted to condition certain federal funds on changes to state election procedures. In September 2026, a federal judge blocked those conditions. Twenty-five attorneys general or governors had challenged them.
The Supreme Court, whose conservative majority includes three justices appointed by Trump himself, also recently rejected restrictions promoted by his administration concerning mail voting for the November congressional elections.
Here we encounter another major barrier: judges are not employees of the president.
Federal judges hold lifetime appointments as long as they maintain good behavior. Once confirmed, they do not need to please the president who appointed them in order to keep their positions. That is why a judge appointed by a president can later rule against that same president.
There is also Congress, which derives its legitimacy directly from the voters and possesses constitutional powers of its own. One of the most important is control of public spending.
On September 29, the Government Accountability Office concluded that Trump could not withhold more than $800 million that Congress had authorized for spending, because doing so would exceed the limits permitted by law. The dispute may continue in the courts, but it demonstrates once again that the president cannot legally dispose of the federal budget as though it were the property of his administration.
To this we must add another formidable element: the First Amendment.
The American press does not belong to the state. Major television networks, newspapers, radio stations, digital platforms and millions of citizens can criticize the government. Trump frequently clashes with certain media organizations and has filed lawsuits against some of them, but independent courts also exist in this sphere.
There is also an extraordinarily simple and powerful barrier: Trump cannot be elected president for a third time.
The Twenty-Second Amendment establishes that no person may be elected president more than twice. Changing that provision would require overcoming the extraordinarily difficult constitutional amendment process: two-thirds of both houses of Congress and ratification by three-fourths of the states.
None of this means that American democracy is indestructible. No democracy is.
Institutions function as long as courts can exercise their authority, elections remain competitive, the opposition can organize, freedom of expression is respected and citizens defend their rights.
There are also important controversies over how far presidential power can extend. The Trump administration is repeatedly litigating the limits of its authority. It is legitimate to watch those conflicts carefully.
But there is an enormous difference between saying that a democracy is under strain and asserting that it is inevitably heading toward dictatorship.
To impose a dictatorship in the United States, controlling the White House would not be enough. Congress would have to be neutralized, the courts subordinated, the constitutional autonomy of the states overcome, a decentralized electoral system controlled, freedom of the press and expression restricted, and a Constitution that is extraordinarily difficult to amend circumvented or transformed.
That system did not arise by accident. It is the product of nearly 250 years of constitutional evolution, conflicts, mistakes, corrections and democratic learning.
The founders did not construct their system on the assumption that there would always be good presidents. They began from precisely the opposite possibility: that one day someone might come to power who wanted to exercise more authority than he was entitled to.
That is why the fundamental question is not whether we trust or distrust Donald Trump.
The question is whether American institutions retain the ability to say no to any president when he exceeds the limits of his power.
Recent events demonstrate that they still can.
LES GARDE-FOUS DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE
Par Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
Il existe aujourd'hui aux États-Unis une inquiétude considérable quant à la possibilité que Donald Trump concentre tellement de pouvoir entre les mains de la présidence qu'il finisse par mettre la démocratie en danger. Cette inquiétude mérite d'être prise au sérieux. Mais il faut également examiner l'autre partie de l'équation : les formidables barrières que le système américain a construites pendant près de 250 ans pour empêcher qu'une seule personne puisse s'emparer de l'État.
La Constitution est née précisément de la méfiance envers la concentration du pouvoir. Ses auteurs ont réparti le gouvernement fédéral entre un président, un Congrès bicaméral et un pouvoir judiciaire indépendant.
Mais les véritables garde-fous du système américain vont beaucoup plus loin.
Les États-Unis sont une fédération de 50 États dotés de leurs propres gouverneurs, législatures, tribunaux et pouvoirs. Le président ne peut pas destituer un gouverneur parce que celui-ci s'oppose à lui, dissoudre une législature d'État ou simplement prendre le contrôle des institutions d'un État.
Cela prend une importance particulière lorsqu'il s'agit des élections.
Le président n'organise pas les élections auxquelles participe son parti. L'administration électorale est extraordinairement décentralisée et dépend principalement des États et des autorités locales.
Nous voyons actuellement ce mécanisme fonctionner.
L'administration Trump a tenté de conditionner certains fonds fédéraux à des modifications des procédures électorales des États. En septembre 2026, un juge fédéral a bloqué ces conditions. Vingt-cinq procureurs généraux ou gouverneurs les avaient contestées.
La Cour suprême, dont la majorité conservatrice comprend trois juges nommés par Trump lui-même, a également rejeté récemment des restrictions soutenues par son administration concernant le vote par correspondance pour les élections législatives de novembre.
C'est ici qu'apparaît un autre grand mur de protection : les juges ne sont pas des employés du président.
Les juges fédéraux sont nommés à vie tant qu'ils observent une bonne conduite. Une fois confirmés, ils n'ont pas besoin de satisfaire le président qui les a nommés pour conserver leur poste. C'est pourquoi un juge désigné par un président peut ensuite rendre une décision contre ce même président.
Il y a également le Congrès, qui tire sa légitimité directement des électeurs et possède ses propres pouvoirs constitutionnels. L'un des plus importants est le contrôle des dépenses publiques.
Le 29 septembre, le Government Accountability Office a conclu que Trump ne pouvait pas retenir plus de 800 millions de dollars que le Congrès avait autorisé à dépenser, car le faire dépasserait les limites permises par la loi. Le conflit peut se poursuivre devant les tribunaux, mais il démontre une fois de plus que le président ne dispose pas légalement du budget fédéral comme s'il appartenait à son gouvernement.
À cela s'ajoute un autre élément formidable : le Premier Amendement.
La presse américaine n'appartient pas à l'État. Les grandes chaînes de télévision, les journaux, les stations de radio, les plateformes numériques et des millions de citoyens peuvent critiquer le gouvernement. Trump est fréquemment en conflit avec certains médias et a intenté des actions en justice contre plusieurs d'entre eux, mais des tribunaux indépendants existent également dans ce domaine.
Il existe en outre une barrière extraordinairement simple et puissante : Trump ne peut pas être élu président une troisième fois.
Le Vingt-deuxième Amendement établit que nul ne peut être élu président plus de deux fois. Modifier cette disposition exigerait de surmonter la procédure extrêmement difficile de révision constitutionnelle : les deux tiers des deux chambres du Congrès et la ratification des trois quarts des États.
Rien de tout cela ne signifie que la démocratie américaine soit indestructible. Aucune démocratie ne l'est.
Les institutions fonctionnent tant que les tribunaux peuvent exercer leur autorité, que les élections restent compétitives, que l'opposition peut s'organiser, que la liberté d'expression est respectée et que les citoyens défendent leurs droits.
Il existe également d'importantes controverses sur les limites du pouvoir présidentiel. L'administration Trump mène à plusieurs reprises des batailles judiciaires concernant l'étendue de ses pouvoirs. Il est légitime d'observer attentivement ces conflits.
Mais il existe une énorme différence entre affirmer qu'une démocratie est soumise à des tensions et assurer qu'elle se dirige inévitablement vers une dictature.
Pour imposer une dictature aux États-Unis, il ne suffirait pas de contrôler la Maison-Blanche. Il faudrait neutraliser le Congrès, soumettre les tribunaux, vaincre l'autonomie constitutionnelle des États, contrôler un système électoral décentralisé, restreindre la liberté de la presse et d'expression et surmonter une Constitution extraordinairement difficile à modifier.
Cet ensemble institutionnel n'est pas apparu par accident. Il est le produit de près de 250 ans d'évolution constitutionnelle, de conflits, d'erreurs, de corrections et d'apprentissage démocratique.
Les fondateurs n'ont pas construit leur système en supposant qu'il y aurait toujours de bons présidents. Ils sont partis précisément de la possibilité contraire : qu'un jour quelqu'un arrive au pouvoir en voulant exercer davantage d'autorité que celle qui lui revenait.
C'est pourquoi la question fondamentale n'est pas de savoir si nous faisons confiance ou non à Donald Trump.
La question est de savoir si les institutions américaines conservent la capacité de dire non à n'importe quel président lorsqu'il dépasse les limites de son pouvoir.
Les événements récents démontrent qu'elles en sont encore capables.
LE SALVAGUARDIE DELLA DEMOCRAZIA STATUNITENSE
Di Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
Negli Stati Uniti esiste oggi una notevole preoccupazione per la possibilità che Donald Trump concentri nella presidenza un potere tale da finire per mettere in pericolo la democrazia. Questa preoccupazione merita di essere presa sul serio. Ma dobbiamo esaminare anche l'altra parte dell'equazione: le formidabili barriere che il sistema statunitense ha costruito in quasi 250 anni per impedire che una sola persona possa impadronirsi dello Stato.
La Costituzione nacque precisamente dalla diffidenza verso la concentrazione del potere. I suoi autori divisero il governo federale tra un presidente, un Congresso bicamerale e un potere giudiziario indipendente.
Ma le vere salvaguardie del sistema statunitense vanno molto oltre.
Gli Stati Uniti sono una federazione di 50 Stati dotati di propri governatori, legislature, tribunali e poteri. Il presidente non può destituire un governatore perché gli si oppone, sciogliere una legislatura statale o semplicemente assumere il controllo delle istituzioni di uno Stato.
Questo assume particolare importanza quando parliamo di elezioni.
Il presidente non organizza le elezioni alle quali partecipa il suo partito. L'amministrazione elettorale è straordinariamente decentralizzata e dipende principalmente dagli Stati e dalle autorità locali.
Stiamo vedendo questo meccanismo all'opera.
L'amministrazione Trump ha tentato di subordinare determinati fondi federali a modifiche delle procedure elettorali statali. Nel settembre 2026 un giudice federale ha bloccato tali condizioni. Venticinque procuratori generali o governatori le avevano contestate.
La Corte Suprema, la cui maggioranza conservatrice comprende tre giudici nominati dallo stesso Trump, ha inoltre respinto recentemente restrizioni promosse dalla sua amministrazione riguardanti il voto per corrispondenza nelle elezioni legislative di novembre.
Qui appare un altro grande muro di contenimento: i giudici non sono dipendenti del presidente.
I giudici federali sono nominati a vita finché mantengono buona condotta. Una volta confermati, non hanno bisogno di compiacere il presidente che li ha nominati per conservare il loro incarico. Per questo un giudice nominato da un presidente può successivamente pronunciarsi contro quello stesso presidente.
C'è poi il Congresso, che trae la propria legittimità direttamente dagli elettori e possiede poteri costituzionali propri. Uno dei più importanti è il controllo della spesa pubblica.
Il 29 settembre, il Government Accountability Office ha concluso che Trump non poteva trattenere più di 800 milioni di dollari che il Congresso aveva autorizzato a spendere, poiché farlo avrebbe superato i limiti consentiti dalla legge. La controversia può continuare nei tribunali, ma dimostra ancora una volta che il presidente non dispone legalmente del bilancio federale come se fosse patrimonio del proprio governo.
A questo dobbiamo aggiungere un altro elemento formidabile: il Primo Emendamento.
La stampa statunitense non appartiene allo Stato. Grandi reti televisive, giornali, emittenti radiofoniche, piattaforme digitali e milioni di cittadini possono criticare il governo. Trump mantiene frequenti conflitti con determinati mezzi d'informazione e ha intentato cause contro alcuni di essi, ma anche in questo campo esistono tribunali indipendenti.
Esiste inoltre una barriera straordinariamente semplice e potente: Trump non può essere eletto presidente per una terza volta.
Il Ventiduesimo Emendamento stabilisce che nessuna persona può essere eletta presidente più di due volte. Modificare questa disposizione richiederebbe di superare il difficilissimo procedimento di revisione costituzionale: due terzi di entrambe le camere del Congresso e la ratifica di tre quarti degli Stati.
Nulla di tutto ciò significa che la democrazia statunitense sia indistruttibile. Nessuna democrazia lo è.
Le istituzioni funzionano finché i tribunali possono esercitare la propria autorità, le elezioni rimangono competitive, l'opposizione può organizzarsi, la libertà di espressione viene rispettata e i cittadini difendono i propri diritti.
Esistono inoltre importanti controversie su quanto possa estendersi il potere presidenziale. L'amministrazione Trump sta ripetutamente affrontando in tribunale questioni riguardanti i limiti dei propri poteri. È legittimo osservare attentamente questi conflitti.
Ma esiste un'enorme differenza tra affermare che una democrazia è sottoposta a tensioni e sostenere che si stia inevitabilmente dirigendo verso una dittatura.
Per imporre una dittatura negli Stati Uniti non basterebbe controllare la Casa Bianca. Bisognerebbe neutralizzare il Congresso, sottomettere i tribunali, superare l'autonomia costituzionale degli Stati, controllare un sistema elettorale decentralizzato, limitare la libertà di stampa e di espressione e superare una Costituzione straordinariamente difficile da modificare.
Questa struttura non è nata accidentalmente. È il prodotto di quasi 250 anni di evoluzione costituzionale, conflitti, errori, correzioni e apprendimento democratico.
I fondatori non costruirono il loro sistema supponendo che ci sarebbero sempre stati buoni presidenti. Partirono precisamente dalla possibilità contraria: che un giorno arrivasse al potere qualcuno intenzionato a esercitare più autorità di quella che gli spettava.
Per questo la domanda fondamentale non è se ci fidiamo o meno di Donald Trump.
La domanda è se le istituzioni statunitensi conservano la capacità di dire no a qualsiasi presidente quando supera i limiti del proprio potere.
Gli avvenimenti recenti dimostrano che possono ancora farlo.
