LA LEGITIMIDAD DE EDMUNDO GONZÁLEZ NO PUEDE SER IGNORADA
LA LEGITIMIDAD DE EDMUNDO GONZÁLEZ NO PUEDE SER IGNORADA
Por Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
En Venezuela se negocian acuerdos sobre el futuro político del país y la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Pero existe una cuestión previa que no puede dejarse a un lado: la legitimidad. La oposición insiste con toda razón en que solo desde la legitimidad de un gobierno elegido por el pueblo pueden alcanzarse acuerdos que respeten plenamente el marco constitucional y la soberanía popular.
Por eso, antes de decidir cuándo serán las próximas elecciones o quiénes integrarán las instituciones encargadas de supervisarlas, hay que responder una pregunta: ¿qué ocurrió con la legitimidad y los derechos de Edmundo González Urrutia, derivados de la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024?
No necesitamos discutir nuevamente quién ganó, eso está ampliamente probado. Lo que interesa ahora es determinar qué ocurrió constitucionalmente con el derecho del candidato elegido cuando se le impidió tomar posesión.
Nuestra tesis es que esa legitimidad otorga a González Urrutia la autoridad moral y legal para llamar a nuevas elecciones y proponer una fecha.
DOS ARGUMENTOS CONSTITUCIONALES
La Constitución permite abordar el problema desde dos perspectivas distintas que terminan reforzándose mutuamente.
La primera es que el período constitucional para el cual González fue elegido todavía está vigente.
El artículo 228 establece que se proclama electo al candidato que obtiene la mayoría de los votos válidos. El artículo 230 fija el período presidencial en seis años y el 231 establece que el candidato elegido toma posesión el 10 de enero del primer año de ese período.
El período correspondiente a las elecciones de 2024 comenzó, por tanto, el 10 de enero de 2025 y todavía no ha terminado.
Esto no significa que González pueda comenzar seis años nuevos si llegara posteriormente a ejercer la Presidencia. El período constitucional ya está corriendo.
La segunda interpretación es independiente de la primera y resulta especialmente importante: la Constitución no dice que impedir por la fuerza al presidente electo tomar posesión extinga el derecho que recibió de los electores.
El artículo 233 reconoce expresamente la existencia de un “Presidente electo” antes de tomar posesión. Además, enumera las causas por las cuales el cargo queda definitivamente vacante: muerte, renuncia, destitución, incapacidad permanente, abandono del cargo y revocación popular del mandato. Que terceros impidan al presidente electo tomar posesión no figura entre ellas.
La fuerza pudo impedirle ejercer el mandato; falta demostrar que constitucionalmente podía extinguirlo.
El artículo 333 refuerza esta interpretación. La propia Constitución establece que no pierde su vigencia si deja de observarse por un acto de fuerza y obliga a colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Por tanto, impedir materialmente el ejercicio de un derecho y extinguir jurídicamente ese derecho son dos cosas diferentes.
EL DERECHO A RENUNCIAR
Aquí aparece otro elemento constitucional importante.
La Constitución establece varias situaciones en las que el derecho de un presidente a ocupar el cargo termina definitivamente. Una de ellas es la renuncia. También contempla expresamente el caso de un presidente electo que, antes de tomar posesión, deja definitivamente vacante el cargo. En ese caso corresponde celebrar una nueva elección universal, directa y secreta.
Expresado sencillamente: si González conserva el derecho nacido de su elección, también conserva la capacidad de renunciar a ese derecho.
Esto tiene enorme importancia ante la posibilidad de celebrar nuevas elecciones.
González podría renunciar al derecho que reivindica y llamar a los venezolanos a escoger nuevamente a su presidente. No organizaría las elecciones ni sustituiría al organismo electoral. Pero podría hacer el llamamiento y proponer una fecha concreta para que se celebren.
¿DE DÓNDE PROCEDE ESA AUTORIDAD?
No procedería de una negociación entre partidos, de un gobierno extranjero ni de una designación política.
Procedería originalmente del pueblo venezolano.
El artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que los órganos del Estado emanan de esa soberanía y están sometidos a ella.
Por eso un llamamiento de González tendría un peso moral indudable, pero también un fundamento jurídico-democrático que no debería ser ignorado.
Si aceptamos las dos interpretaciones anteriores, el razonamiento es sencillo:
González fue elegido por voluntad popular. El período para el cual fue elegido todavía está vigente. La Constitución no establece que haber sido impedido por la fuerza de tomar posesión extinga su derecho. Y la propia Constitución reconoce la renuncia como una forma de poner fin al mandato.
Por tanto, existe un argumento constitucional para sostener que González conserva autoridad para renunciar al derecho derivado de aquella elección y llamar a una nueva elección presidencial, proponiendo una fecha para devolver la decisión al pueblo.
Las autoridades electorales legítimas e independientes serían posteriormente las responsables de organizarla y formalizar su calendario.
La cuestión fundamental no es conceder a González un privilegio personal. Es exactamente lo contrario: reconocer el mandato que recibió para que pueda devolver voluntariamente la decisión a quien se lo otorgó.
Al final, todo vuelve al principio establecido por la propia Constitución: la soberanía pertenece al pueblo.
NOTA: El documento que Edmundo González firmó antes de salir de Venezuela en septiembre de 2024 no contiene una renuncia expresa al mandato derivado de las elecciones del 28 de julio. Además, González declaró posteriormente que lo firmó bajo coacción, chantaje y presiones. Por tanto, aquel documento no debe confundirse con la renuncia a la que se refiere este artículo.
EDMUNDO GONZÁLEZ'S LEGITIMACY CANNOT BE IGNORED
By Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
In Venezuela, agreements are being negotiated over the country's political future and the holding of new presidential elections. But there is a prior issue that cannot be set aside: legitimacy. The opposition rightly insists that only the legitimacy of a government elected by the people can provide the basis for agreements that fully respect the constitutional framework and popular sovereignty.
Therefore, before deciding when the next elections will be held or who will make up the institutions responsible for supervising them, one question must be answered: what happened to the legitimacy and rights of Edmundo González Urrutia, derived from the popular will expressed in the 2024 elections?
There is no need to debate again who won; that has been amply demonstrated. What matters now is determining what happened constitutionally to the rights of the elected candidate when he was prevented from taking office.
Our thesis is that this legitimacy gives González Urrutia the moral and legal authority to call for new elections and propose a date.
TWO CONSTITUTIONAL ARGUMENTS
The Constitution allows the issue to be approached from two different perspectives that ultimately reinforce one another.
The first is that the constitutional term for which González was elected is still in effect.
Article 228 establishes that the candidate who obtains the majority of valid votes is proclaimed elected. Article 230 sets the presidential term at six years, and Article 231 establishes that the elected candidate takes office on January 10 of the first year of that term.
The term corresponding to the 2024 election therefore began on January 10, 2025, and has not yet ended.
This does not mean that González could begin a new six-year term if he were later able to exercise the presidency. The constitutional term is already running.
The second interpretation is independent of the first and is especially important: the Constitution does not say that preventing the president-elect by force from taking office extinguishes the right he received from the voters.
Article 233 expressly recognizes the existence of a “President-elect” before taking office. It also lists the circumstances under which the office becomes definitively vacant: death, resignation, removal, permanent incapacity, abandonment of office and popular recall. Preventing the president-elect from taking office is not among them.
Force may have prevented him from exercising the mandate; it remains to be shown that constitutionally it could extinguish it.
Article 333 reinforces this interpretation. The Constitution itself establishes that it does not lose its validity if it ceases to be observed because of an act of force, and it requires cooperation in restoring its effective application.
Therefore, materially preventing the exercise of a right and legally extinguishing that right are two different things.
THE RIGHT TO RESIGN
Another important constitutional element appears here.
The Constitution establishes several circumstances in which a president's right to occupy the office ends definitively. One of them is resignation. It also expressly contemplates the case of a president-elect who, before taking office, leaves the office definitively vacant. In that event, a new universal, direct and secret election must be held.
Put simply: if González retains the right born from his election, he also retains the ability to relinquish that right.
This is enormously important when considering the possibility of new elections.
González could relinquish the right he claims and call on Venezuelans to choose their president again. He would not organize the election or replace the electoral authority. But he could issue the call and propose a specific date for it to be held.
WHERE DOES THAT AUTHORITY COME FROM?
It would not come from negotiations between political parties, from a foreign government or from a political appointment.
It would originate with the Venezuelan people.
Article 5 establishes that sovereignty resides inalienably in the people and that the organs of the State emanate from that sovereignty and are subject to it.
For that reason, a call by González would carry undeniable moral weight, but also a legal-democratic foundation that should not be ignored.
If we accept the two interpretations above, the reasoning is straightforward:
González was elected by popular will. The term for which he was elected remains in effect. The Constitution does not establish that being prevented by force from taking office extinguishes his right. And the Constitution itself recognizes resignation as a way of ending the mandate.
There is therefore a constitutional argument for maintaining that González retains the authority to relinquish the right derived from that election and call for a new presidential election, proposing a date in order to return the decision to the people.
Legitimate and independent electoral authorities would subsequently be responsible for organizing it and formalizing the electoral calendar.
The fundamental issue is not to grant González a personal privilege. It is exactly the opposite: to recognize the mandate he received so that he can voluntarily return the decision to those who granted it.
In the end, everything returns to the principle established by the Constitution itself: sovereignty belongs to the people.
NOTE: The document Edmundo González signed before leaving Venezuela in September 2024 does not contain an explicit resignation from the mandate derived from the July 28 election. González also subsequently stated that he signed it under coercion, blackmail and pressure. Therefore, that document should not be confused with the resignation discussed in this article.
LA LÉGITIMITÉ D'EDMUNDO GONZÁLEZ NE PEUT ÊTRE IGNORÉE
Par Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
Au Venezuela, des accords sont négociés sur l'avenir politique du pays et la tenue de nouvelles élections présidentielles. Mais une question préalable ne peut être laissée de côté : la légitimité. L'opposition insiste, à juste titre, sur le fait que seule la légitimité d'un gouvernement élu par le peuple peut servir de base à des accords respectant pleinement le cadre constitutionnel et la souveraineté populaire.
Avant de décider quand auront lieu les prochaines élections ou qui composera les institutions chargées de les superviser, il faut donc répondre à une question : qu'est-il advenu de la légitimité et des droits d'Edmundo González Urrutia, issus de la volonté populaire exprimée lors des élections de 2024 ?
Il n'est pas nécessaire de discuter à nouveau de celui qui a gagné ; cela a été largement démontré. Ce qui importe maintenant est de déterminer ce qu'il est advenu, sur le plan constitutionnel, du droit du candidat élu lorsqu'il a été empêché de prendre ses fonctions.
Notre thèse est que cette légitimité confère à González Urrutia l'autorité morale et juridique nécessaire pour appeler à de nouvelles élections et proposer une date.
DEUX ARGUMENTS CONSTITUTIONNELS
La Constitution permet d'aborder le problème selon deux perspectives différentes qui finissent par se renforcer mutuellement.
La première est que la période constitutionnelle pour laquelle González a été élu est toujours en vigueur.
L'article 228 établit que le candidat qui obtient la majorité des votes valides est proclamé élu. L'article 230 fixe la durée du mandat présidentiel à six ans et l'article 231 dispose que le candidat élu prend ses fonctions le 10 janvier de la première année de cette période.
La période correspondant aux élections de 2024 a donc commencé le 10 janvier 2025 et n'est pas encore terminée.
Cela ne signifie pas que González pourrait commencer un nouveau mandat de six ans s'il parvenait ultérieurement à exercer la présidence. La période constitutionnelle est déjà en cours.
La seconde interprétation est indépendante de la première et revêt une importance particulière : la Constitution ne dit pas que le fait d'empêcher par la force le président élu de prendre ses fonctions éteint le droit qu'il a reçu des électeurs.
L'article 233 reconnaît expressément l'existence d'un « Président élu » avant son entrée en fonctions. Il énumère également les causes pour lesquelles la fonction devient définitivement vacante : décès, démission, destitution, incapacité permanente, abandon de la fonction et révocation populaire du mandat. Empêcher le président élu de prendre ses fonctions n'en fait pas partie.
La force a pu l'empêcher d'exercer son mandat ; il reste à démontrer qu'elle pouvait constitutionnellement l'éteindre.
L'article 333 renforce cette interprétation. La Constitution elle-même établit qu'elle ne perd pas sa validité si elle cesse d'être respectée en raison d'un acte de force et impose de collaborer au rétablissement de son application effective.
Empêcher matériellement l'exercice d'un droit et éteindre juridiquement ce droit sont donc deux choses différentes.
LE DROIT DE RENONCER
Un autre élément constitutionnel important apparaît ici.
La Constitution prévoit plusieurs situations dans lesquelles le droit d'un président à occuper la fonction prend définitivement fin. La démission en fait partie. Elle envisage également expressément le cas d'un président élu qui, avant de prendre ses fonctions, laisse définitivement la fonction vacante. Dans ce cas, une nouvelle élection universelle, directe et secrète doit être organisée.
En termes simples : si González conserve le droit né de son élection, il conserve également la possibilité de renoncer à ce droit.
Cela revêt une importance considérable face à la possibilité de nouvelles élections.
González pourrait renoncer au droit qu'il revendique et appeler les Vénézuéliens à choisir de nouveau leur président. Il n'organiserait pas les élections et ne remplacerait pas l'autorité électorale. Mais il pourrait lancer cet appel et proposer une date précise pour leur tenue.
D'OÙ VIENT CETTE AUTORITÉ ?
Elle ne viendrait ni d'une négociation entre partis, ni d'un gouvernement étranger, ni d'une désignation politique.
Elle proviendrait à l'origine du peuple vénézuélien.
L'article 5 établit que la souveraineté réside de manière intransférable dans le peuple et que les organes de l'État émanent de cette souveraineté et lui sont soumis.
C'est pourquoi un appel de González aurait un poids moral indéniable, mais aussi un fondement juridico-démocratique qui ne devrait pas être ignoré.
Si nous acceptons les deux interprétations précédentes, le raisonnement est simple :
González a été élu par la volonté populaire. La période pour laquelle il a été élu est toujours en vigueur. La Constitution ne prévoit pas que le fait d'avoir été empêché par la force de prendre ses fonctions éteigne son droit. Et la Constitution elle-même reconnaît la démission comme un moyen de mettre fin au mandat.
Il existe donc un argument constitutionnel permettant de soutenir que González conserve l'autorité nécessaire pour renoncer au droit issu de cette élection et appeler à une nouvelle élection présidentielle, en proposant une date afin de rendre la décision au peuple.
Des autorités électorales légitimes et indépendantes seraient ensuite chargées de l'organiser et d'officialiser le calendrier électoral.
La question fondamentale n'est pas d'accorder à González un privilège personnel. C'est exactement le contraire : reconnaître le mandat qu'il a reçu afin qu'il puisse volontairement rendre la décision à ceux qui la lui ont confiée.
En fin de compte, tout revient au principe établi par la Constitution elle-même : la souveraineté appartient au peuple.
NOTE : Le document qu'Edmundo González a signé avant de quitter le Venezuela en septembre 2024 ne contient pas de renonciation expresse au mandat issu des élections du 28 juillet. González a également déclaré par la suite l'avoir signé sous la contrainte, le chantage et les pressions. Ce document ne doit donc pas être confondu avec la renonciation dont il est question dans cet article.
LA LEGITTIMITÀ DI EDMUNDO GONZÁLEZ NON PUÒ ESSERE IGNORATA
Di Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
In Venezuela si stanno negoziando accordi sul futuro politico del paese e sulla celebrazione di nuove elezioni presidenziali. Ma esiste una questione preliminare che non può essere ignorata: la legittimità. L'opposizione insiste, a giusta ragione, sul fatto che solo la legittimità di un governo eletto dal popolo può costituire la base di accordi che rispettino pienamente il quadro costituzionale e la sovranità popolare.
Prima di decidere quando si terranno le prossime elezioni o chi farà parte delle istituzioni incaricate di supervisionarle, bisogna quindi rispondere a una domanda: che cosa è accaduto alla legittimità e ai diritti di Edmundo González Urrutia, derivati dalla volontà popolare espressa nelle elezioni del 2024?
Non è necessario discutere nuovamente chi abbia vinto; ciò è stato ampiamente dimostrato. Ciò che interessa ora è stabilire che cosa sia accaduto, dal punto di vista costituzionale, al diritto del candidato eletto quando gli è stato impedito di assumere la carica.
La nostra tesi è che tale legittimità conferisce a González Urrutia l'autorità morale e giuridica per chiedere nuove elezioni e proporre una data.
DUE ARGOMENTI COSTITUZIONALI
La Costituzione consente di affrontare il problema da due prospettive diverse che finiscono per rafforzarsi reciprocamente.
La prima è che il periodo costituzionale per il quale González è stato eletto è ancora in vigore.
L'articolo 228 stabilisce che viene proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi. L'articolo 230 fissa il mandato presidenziale in sei anni e l'articolo 231 stabilisce che il candidato eletto assume la carica il 10 gennaio del primo anno di quel periodo.
Il periodo corrispondente alle elezioni del 2024 è quindi iniziato il 10 gennaio 2025 e non è ancora terminato.
Ciò non significa che González possa iniziare un nuovo mandato di sei anni se in seguito riuscisse a esercitare la Presidenza. Il periodo costituzionale è già in corso.
La seconda interpretazione è indipendente dalla prima ed è particolarmente importante: la Costituzione non afferma che impedire con la forza al presidente eletto di assumere la carica estingua il diritto ricevuto dagli elettori.
L'articolo 233 riconosce espressamente l'esistenza di un “Presidente eletto” prima dell'assunzione della carica. Elenca inoltre le cause per le quali la carica diventa definitivamente vacante: morte, dimissioni, destituzione, incapacità permanente, abbandono della carica e revoca popolare del mandato. Impedire al presidente eletto di assumere la carica non figura tra queste.
La forza può avergli impedito di esercitare il mandato; resta da dimostrare che costituzionalmente potesse estinguerlo.
L'articolo 333 rafforza questa interpretazione. La stessa Costituzione stabilisce che non perde la propria validità se cessa di essere osservata a causa di un atto di forza e impone di collaborare al ripristino della sua effettiva applicazione.
Pertanto, impedire materialmente l'esercizio di un diritto ed estinguere giuridicamente quel diritto sono due cose diverse.
IL DIRITTO DI RINUNCIARE
Qui appare un altro importante elemento costituzionale.
La Costituzione stabilisce diverse situazioni nelle quali il diritto di un presidente a occupare la carica termina definitivamente. Una di queste è la rinuncia. Contempla inoltre espressamente il caso di un presidente eletto che, prima di assumere la carica, la lasci definitivamente vacante. In tal caso deve essere celebrata una nuova elezione universale, diretta e segreta.
In termini semplici: se González conserva il diritto derivato dalla sua elezione, conserva anche la possibilità di rinunciare a quel diritto.
Questo assume enorme importanza davanti alla possibilità di nuove elezioni.
González potrebbe rinunciare al diritto che rivendica e invitare i venezuelani a scegliere nuovamente il loro presidente. Non organizzerebbe le elezioni né sostituirebbe l'autorità elettorale. Ma potrebbe fare l'appello e proporre una data concreta per la loro celebrazione.
DA DOVE PROVIENE QUESTA AUTORITÀ?
Non deriverebbe da una negoziazione tra partiti, da un governo straniero né da una designazione politica.
Deriverebbe originariamente dal popolo venezuelano.
L'articolo 5 stabilisce che la sovranità risiede in modo intrasferibile nel popolo e che gli organi dello Stato emanano da tale sovranità e sono ad essa sottoposti.
Per questo un appello di González avrebbe un indubbio peso morale, ma anche un fondamento giuridico-democratico che non dovrebbe essere ignorato.
Se accettiamo le due interpretazioni precedenti, il ragionamento è semplice:
González è stato eletto dalla volontà popolare. Il periodo per il quale è stato eletto è ancora in vigore. La Costituzione non stabilisce che l'essere stato impedito con la forza di assumere la carica estingua il suo diritto. E la stessa Costituzione riconosce le dimissioni come un modo per porre fine al mandato.
Esiste quindi un argomento costituzionale per sostenere che González conserva l'autorità per rinunciare al diritto derivato da quella elezione e chiedere una nuova elezione presidenziale, proponendo una data per restituire la decisione al popolo.
Autorità elettorali legittime e indipendenti sarebbero successivamente responsabili della sua organizzazione e della formalizzazione del calendario elettorale.
La questione fondamentale non è concedere a González un privilegio personale. È esattamente il contrario: riconoscere il mandato che ha ricevuto affinché possa restituire volontariamente la decisione a chi gliel'ha affidata.
Alla fine, tutto ritorna al principio stabilito dalla stessa Costituzione: la sovranità appartiene al popolo.
NOTA: Il documento che Edmundo González firmò prima di lasciare il Venezuela nel settembre 2024 non contiene una rinuncia espressa al mandato derivato dalle elezioni del 28 luglio. González dichiarò inoltre successivamente di averlo firmato sotto coercizione, ricatto e pressioni. Pertanto, quel documento non deve essere confuso con la rinuncia di cui si parla in questo articolo.
