CBS, TRUMP: UN ARMA DE DOS FILOS


La presión externa puede debilitar al régimen. La ilusión de una salvación externa puede debilitar a la oposición.

 

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

El reportaje de CBS News, reproducido por Martí Noticias, según el cual el Pentágono ha revisado diversos planes de contingencia relacionados con Cuba, merece una lectura que va más allá del titular. Funcionarios estadounidenses aclararon que no existe una decisión de intervenir militarmente y que se trata de ejercicios normales de planificación. Sin embargo, el impacto político y psicológico de la información puede ser considerable.

 

La noticia tampoco aparece en el vacío.

 

Durante los últimos meses, el presidente Donald Trump ha endurecido progresivamente su discurso hacia el régimen castrista. Ha afirmado que "liberará Cuba", que Estados Unidos "puede hacer cualquier cosa" respecto a la isla y, recientemente, advirtió que si se confirma la presencia de drones militares iraníes en territorio cubano, "nos ocuparemos del asunto". A ello se suman las sanciones económicas, las acusaciones judiciales contra Raúl Castro y otros altos dirigentes, la presión sobre GAESA y una política exterior mucho más agresiva hacia La Habana.

 

Vista en conjunto, esa secuencia proyecta un mensaje claro: Washington quiere que el régimen castrista sepa que ninguna opción ha sido descartada.

 

Desde el punto de vista estratégico, esa percepción puede ser útil. Los gobiernos autoritarios no solo reaccionan ante hechos consumados; también reaccionan ante la incertidumbre. Si la dirigencia castrista cree que determinadas acciones —como profundizar una cooperación militar con Irán o convertir a Cuba en una plataforma para intereses estratégicos de potencias adversarias— podrían provocar una respuesta estadounidense, es posible que modifique algunos de sus cálculos.

 

Pero aquí aparece un aspecto del que casi no se habla.

 

La guerra psicológica no distingue entre amigos y enemigos. Un mismo mensaje puede producir efectos completamente distintos según quién lo reciba.

 

El régimen probablemente interpreta estas señales como una advertencia. Millones de cubanos, en cambio, pueden interpretarlas como una promesa.

 

Y ahí reside el verdadero peligro.

 

Después de más de seis décadas de dictadura, resulta perfectamente comprensible que muchos cubanos deseen creer que la libertad está cerca y que dependerá de una decisión tomada en Washington. Sin embargo, esa esperanza puede transformarse en una peligrosa ilusión si conduce a pensar que el destino de Cuba será decidido por otros.

 

Cuando un pueblo comienza a esperar que otro haga por él lo que solo él puede consolidar, la iniciativa política se debilita. La organización, la resistencia cívica, la preparación para una transición y la construcción de una alternativa democrática pueden quedar relegadas por la expectativa de una solución externa.

 

La historia demuestra que la presión internacional puede acelerar la caída de una dictadura, pero rara vez sustituye el papel de la sociedad que debe construir el país después.

 

Además, conviene no perder de vista el contexto en el que opera la administración Trump. Estados Unidos enfrenta simultáneamente desafíos en Irán, el Indo-Pacífico, Europa, la competencia estratégica con China y la seguridad hemisférica. A ello se suma la política interna: la oposición demócrata, el escrutinio del Congreso, el impacto sobre la opinión pública y la proximidad de las elecciones de medio período, factores que inevitablemente influyen en cualquier decisión de gran alcance. Cuba es un asunto importante para Washington, pero forma parte de un tablero mucho más amplio, donde las prioridades pueden cambiar rápidamente según evolucionen los acontecimientos internacionales y las circunstancias políticas dentro de Estados Unidos.

 

Por ello, interpretar las declaraciones de Trump o los planes de contingencia del Pentágono como el anuncio de una intervención inminente sería una conclusión apresurada. Es mucho más razonable entenderlas como parte de una estrategia destinada a aumentar la presión sobre el régimen y a mantener abiertas todas las opciones sin comprometerse públicamente con ninguna de ellas.

 

Ese mensaje puede ser eficaz para aumentar la incertidumbre dentro del aparato de poder castrista.

 

Pero no debería convertirse en un motivo para que los cubanos deleguen su responsabilidad histórica.

 

La ayuda internacional puede ser decisiva. Estados Unidos y las democracias occidentales pueden ejercer presión económica, diplomática y política; pueden respaldar una transición, proteger a la población frente a una represión masiva e incluso actuar en circunstancias extraordinarias si estuvieran en juego intereses vitales para la seguridad regional.

 

Sin embargo, ninguna potencia extranjera puede sustituir la voluntad de un pueblo decidido a recuperar su libertad.

 

La noticia de CBS News debe entenderse, por tanto, como un arma de dos filos. Puede fortalecer la presión sobre el régimen, pero también alimentar la expectativa de una salvación externa.

 

Los cubanos harían bien en recibirla con esperanza, pero también con realismo. Porque la libertad de Cuba podrá contar con aliados poderosos, pero, en última instancia, dependerá de la decisión, el valor y la perseverancia de los propios cubanos.

 

Creo que esta versión sitúa el debate en un plano estratégico más que coyuntural. No cuestiona las intenciones de la administración Trump ni desestima la importancia del apoyo de Estados Unidos, pero recuerda un principio que ha acompañado a todos los procesos exitosos de democratización: la ayuda externa puede crear condiciones favorables, pero la libertad solo se consolida cuando un pueblo asume el protagonismo de su propia historia.

 

 


CBS, TRUMP: A DOUBLE-EDGED SWORD

External pressure can weaken the regime. The illusion of external salvation can weaken the opposition.

By Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

The CBS News report, later republished by Martí Noticias, stating that the Pentagon has reviewed a range of contingency plans related to Cuba deserves to be read beyond the headline. U.S. officials emphasized that no decision has been made to intervene militarily and that such planning is part of the Pentagon's normal contingency process. Even so, the political and psychological impact of the report could be significant.

 

The story does not emerge in a vacuum.

 

Over the past several months, President Donald Trump has steadily intensified his rhetoric toward the Castro regime. He has declared that he will "free Cuba," that the United States "can do anything" regarding the island, and more recently warned that if reports of Iranian military drones in Cuba are confirmed, "we'll take care of it." These statements come alongside economic sanctions, criminal charges against Raúl Castro and other senior officials, mounting pressure on GAESA, and a much more assertive U.S. policy toward Havana.

 

Taken together, these developments send a clear message: Washington wants the Castro regime to understand that no option has been ruled out.

 

From a strategic standpoint, that perception may be useful. Authoritarian governments do not respond only to actions already taken; they also respond to uncertainty. If the Cuban leadership believes that certain moves—such as expanding military cooperation with Iran or turning Cuba into a platform for the strategic interests of hostile powers—could trigger an American response, it may adjust some of its calculations.

 

But there is another aspect that receives far less attention.

 

Psychological warfare does not distinguish between friends and enemies. The same message can produce entirely different effects depending on who receives it.

 

The regime is likely to interpret these signals as a warning. Millions of Cubans, however, may interpret them as a promise.

 

That is where the real danger lies.

 

After more than six decades of dictatorship, it is entirely understandable that many Cubans want to believe freedom is near and that it will result from a decision made in Washington. Yet that hope can become a dangerous illusion if it leads people to believe that Cuba's future will ultimately be decided by others.

 

When a people begin to expect someone else to accomplish what only they themselves can ultimately secure, political initiative begins to fade. Organization, civic resistance, preparation for democratic transition, and the construction of a viable alternative may all be displaced by the expectation of an external solution.

 

History shows that international pressure can accelerate the collapse of a dictatorship, but it rarely replaces the role of the society that must rebuild the nation afterward.

 

It is also important to keep in mind the broader context in which the Trump administration operates. The United States is simultaneously confronting challenges in Iran, the Indo-Pacific, Europe, strategic competition with China, and security throughout the Western Hemisphere. Domestic politics also play an important role: Democratic opposition, congressional oversight, public opinion, and the approaching midterm elections inevitably influence any major foreign policy decision. Cuba remains an important issue for Washington, but it is only one piece of a much larger strategic puzzle whose priorities can shift rapidly as international events and domestic political realities evolve.

 

For that reason, interpreting Trump's statements or the Pentagon's contingency planning as evidence of an imminent military intervention would be premature. It is far more reasonable to view them as part of a broader strategy designed to increase pressure on the regime while keeping every option available without publicly committing to any particular course of action.

 

Such a strategy may succeed in increasing uncertainty within the Castro regime's inner circle.

 

But it should not become a reason for Cubans to surrender their own historic responsibility.

 

International support can be decisive. The United States and the Western democracies can apply economic, diplomatic, and political pressure; they can support a democratic transition, protect civilians against large-scale repression, and even act under extraordinary circumstances if vital regional security interests are at stake.

 

Yet no foreign power can replace the determination of a people committed to reclaiming their own freedom.

 

The CBS News report should therefore be understood as a double-edged sword. It may strengthen pressure on the regime while simultaneously encouraging expectations of external salvation.

 

Cubans would do well to receive the news with hope—but also with realism. Cuba's future may well benefit from powerful allies, but in the end its freedom will depend upon the determination, courage, and perseverance of the Cuban people themselves.

 

This perspective places the discussion on a strategic rather than merely tactical level. It neither questions the intentions of the Trump administration nor minimizes the importance of U.S. support. Instead, it recalls a principle common to successful democratic transitions throughout history: external assistance can create favorable conditions, but freedom is secured only when a people assume responsibility for shaping their own destiny.

 

 


CBS, TRUMP : UNE ARME À DOUBLE TRANCHANT

La pression extérieure peut affaiblir le régime. L'illusion d'un salut venu de l'extérieur peut affaiblir l'opposition.

Par Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Le reportage de CBS News, repris par Martí Noticias, selon lequel le Pentagone a récemment examiné plusieurs plans d'urgence concernant Cuba, mérite une lecture qui dépasse largement son titre. Des responsables américains ont précisé qu'aucune décision d'intervention militaire n'avait été prise et qu'il s'agissait d'exercices habituels de planification stratégique. Néanmoins, l'impact politique et psychologique de cette information pourrait être considérable.

 

Cette nouvelle n'apparaît pas dans un vide politique.

 

Au cours des derniers mois, le président Donald Trump a progressivement durci son discours à l'égard du régime castriste. Il a déclaré qu'il « libérerait Cuba », que les États-Unis « pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient » concernant l'île et, plus récemment, il a averti que si la présence de drones militaires iraniens à Cuba était confirmée, « nous nous en occuperons ». À cela s'ajoutent les sanctions économiques, les poursuites judiciaires engagées contre Raúl Castro et d'autres hauts responsables, la pression exercée sur le groupe GAESA ainsi qu'une politique américaine beaucoup plus ferme à l'égard de La Havane.

 

Pris dans leur ensemble, ces éléments envoient un message clair : Washington veut que le régime castriste comprenne qu'aucune option n'est exclue.

 

D'un point de vue stratégique, cette perception peut être utile. Les régimes autoritaires ne réagissent pas uniquement aux faits accomplis ; ils réagissent également à l'incertitude. Si les dirigeants cubains pensent que certaines initiatives — comme un renforcement de la coopération militaire avec l'Iran ou la transformation de Cuba en plateforme stratégique au service de puissances hostiles — pourraient provoquer une réaction américaine, ils pourraient revoir une partie de leurs calculs.

 

Mais un autre aspect est rarement évoqué.

 

La guerre psychologique ne distingue pas les amis des ennemis. Un même message peut produire des effets totalement différents selon celui qui le reçoit.

 

Le régime interprète probablement ces signaux comme un avertissement. En revanche, des millions de Cubains risquent de les percevoir comme une promesse.

 

C'est là que réside le véritable danger.

 

Après plus de six décennies de dictature, il est parfaitement compréhensible que de nombreux Cubains souhaitent croire que la liberté est proche et qu'elle dépendra d'une décision prise à Washington. Pourtant, cet espoir peut se transformer en une dangereuse illusion s'il conduit à penser que le destin de Cuba sera décidé par d'autres.

 

Lorsqu'un peuple commence à attendre qu'un autre accomplisse à sa place ce que lui seul peut réellement conquérir, son initiative politique s'affaiblit. L'organisation, la résistance civique, la préparation d'une transition démocratique et la construction d'une véritable alternative risquent alors d'être reléguées au second plan par l'attente d'une solution extérieure.

 

L'histoire montre que la pression internationale peut accélérer la chute d'une dictature, mais qu'elle ne remplace presque jamais le rôle de la société qui devra reconstruire le pays.

 

Il convient également de garder à l'esprit le contexte dans lequel évolue l'administration Trump. Les États-Unis sont confrontés simultanément aux défis posés par l'Iran, l'Indo-Pacifique, l'Europe, la rivalité stratégique avec la Chine et la sécurité de l'hémisphère occidental. À cela s'ajoute la politique intérieure américaine : l'opposition démocrate, le contrôle exercé par le Congrès, l'influence de l'opinion publique et la proximité des élections de mi-mandat, autant de facteurs qui pèsent inévitablement sur toute décision d'envergure. Cuba constitue certes un dossier important pour Washington, mais il ne représente qu'un élément d'un échiquier stratégique beaucoup plus vaste, où les priorités peuvent évoluer rapidement en fonction des événements internationaux et des réalités politiques américaines.

 

Dans ces conditions, interpréter les déclarations de Donald Trump ou les plans de contingence du Pentagone comme l'annonce d'une intervention militaire imminente serait une conclusion hâtive. Il est beaucoup plus raisonnable d'y voir une stratégie destinée à accroître la pression sur le régime tout en laissant ouvertes toutes les options, sans s'engager publiquement sur l'une d'elles.

 

Cette stratégie peut effectivement accroître l'incertitude au sein de l'appareil de pouvoir castriste.

 

Mais elle ne devrait pas devenir un prétexte pour que les Cubains renoncent à leur propre responsabilité historique.

 

Le soutien international peut être déterminant. Les États-Unis et les démocraties occidentales peuvent exercer des pressions économiques, diplomatiques et politiques ; ils peuvent accompagner une transition démocratique, protéger la population contre une répression massive et, dans des circonstances exceptionnelles, intervenir si des intérêts essentiels pour la sécurité régionale sont en jeu.

 

Cependant, aucune puissance étrangère ne peut remplacer la volonté d'un peuple décidé à reconquérir sa liberté.

 

Le reportage de CBS News doit donc être compris comme une arme à double tranchant. Il peut renforcer la pression exercée sur le régime, mais aussi nourrir l'attente d'un salut venu de l'extérieur.

 

Les Cubains auraient tout intérêt à accueillir cette

 

 


CBS, TRUMP: UN'ARMA A DOPPIO TAGLIO

La pressione esterna può indebolire il regime. L'illusione di una salvezza proveniente dall'esterno può indebolire l'opposizione.

Di Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Il servizio di CBS News, successivamente ripreso da Martí Noticias, secondo cui il Pentagono ha esaminato diversi piani di emergenza relativi a Cuba, merita una lettura che vada oltre il titolo. I funzionari statunitensi hanno precisato che non è stata presa alcuna decisione di intervenire militarmente e che tali valutazioni rientrano nella normale pianificazione strategica del Dipartimento della Difesa. Tuttavia, l'impatto politico e psicologico di questa notizia potrebbe essere considerevole.

 

La notizia, inoltre, non nasce nel vuoto.

 

Negli ultimi mesi il presidente Donald Trump ha progressivamente inasprito il proprio linguaggio nei confronti del regime castrista. Ha dichiarato che "libererà Cuba", che gli Stati Uniti "possono fare qualsiasi cosa" riguardo all'isola e, più recentemente, ha avvertito che, se verrà confermata la presenza di droni militari iraniani a Cuba, "ce ne occuperemo". A ciò si aggiungono le sanzioni economiche, le incriminazioni nei confronti di Raúl Castro e di altri alti dirigenti, la crescente pressione su GAESA e una politica estera molto più decisa nei confronti dell'Avana.

 

Considerati nel loro insieme, questi elementi trasmettono un messaggio chiaro: Washington vuole che il regime castrista comprenda che nessuna opzione è stata esclusa.

 

Da un punto di vista strategico, questa percezione può essere utile. I regimi autoritari non reagiscono soltanto ai fatti compiuti; reagiscono anche all'incertezza. Se la leadership cubana ritiene che determinate iniziative — come rafforzare la cooperazione militare con l'Iran o trasformare Cuba in una piattaforma strategica al servizio di potenze ostili — possano provocare una risposta degli Stati Uniti, è possibile che riveda parte dei propri calcoli.

 

Ma c'è un altro aspetto di cui si parla molto meno.

 

La guerra psicologica non distingue tra amici e nemici. Lo stesso messaggio può produrre effetti completamente diversi a seconda di chi lo riceve.

 

Il regime probabilmente interpreta questi segnali come un avvertimento. Milioni di cubani, invece, potrebbero interpretarli come una promessa.

 

Ed è qui che risiede il vero pericolo.

 

Dopo oltre sessant'anni di dittatura, è perfettamente comprensibile che molti cubani desiderino credere che la libertà sia vicina e che dipenda da una decisione presa a Washington. Tuttavia, questa speranza può trasformarsi in una pericolosa illusione se porta a credere che il destino di Cuba sarà deciso da altri.

 

Quando un popolo comincia ad aspettarsi che siano altri a realizzare ciò che solo esso stesso può conquistare e consolidare, l'iniziativa politica si indebolisce. L'organizzazione, la resistenza civile, la preparazione di una transizione democratica e la costruzione di un'alternativa credibile rischiano di essere sostituite dall'attesa di una soluzione proveniente dall'esterno.

 

La storia dimostra che la pressione internazionale può accelerare la caduta di una dittatura, ma raramente sostituisce il ruolo della società che dovrà ricostruire il Paese.

 

È inoltre importante considerare il contesto nel quale opera l'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti si trovano contemporaneamente ad affrontare le sfide poste dall'Iran, dall'Indo-Pacifico, dall'Europa, dalla competizione strategica con la Cina e dalla sicurezza dell'emisfero occidentale. A questo si aggiunge la politica interna: l'opposizione democratica, il controllo esercitato dal Congresso, il peso dell'opinione pubblica e l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine, fattori che inevitabilmente influenzano qualsiasi decisione di grande portata. Cuba rappresenta certamente una questione importante per Washington, ma è soltanto uno degli elementi di uno scenario strategico molto più ampio, nel quale le priorità possono cambiare rapidamente in funzione degli sviluppi internazionali e delle dinamiche politiche interne degli Stati Uniti.

 

Per questo motivo, interpretare le dichiarazioni di Donald Trump o i piani di emergenza del Pentagono come l'annuncio di un'imminente operazione militare sarebbe una conclusione affrettata. È molto più ragionevole considerarli parte di una strategia destinata ad aumentare la pressione sul regime, mantenendo allo stesso tempo aperte tutte le opzioni senza impegnarsi pubblicamente in nessuna di esse.

 

Questo messaggio può effettivamente aumentare l'incertezza all'interno dell'apparato di potere castrista.

 

Ma non dovrebbe diventare una ragione affinché i cubani rinuncino alla propria responsabilità storica.

 

Il sostegno internazionale può essere decisivo. Gli Stati Uniti e le democrazie occidentali possono esercitare pressioni economiche, diplomatiche e politiche; possono sostenere una transizione democratica, proteggere la popolazione da una repressione di massa e persino intervenire in circostanze straordinarie qualora fossero in gioco interessi vitali per la sicurezza regionale.

 

Tuttavia, nessuna potenza straniera può sostituire la volontà di un popolo determinato a riconquistare la propria libertà.

 

Il servizio di CBS News deve quindi essere interpretato come un'arma a doppio taglio. Può rafforzare la pressione sul regime, ma può anche alimentare l'aspettativa di una salvezza proveniente dall'esterno.

 

I cubani farebbero bene ad accogliere questa notizia con speranza, ma anche con realismo. La libertà di Cuba potrà certamente contare su alleati potenti, ma alla fine dipenderà dalla determinazione, dal coraggio e dalla perseveranza del popolo cubano.

 

Questa prospettiva colloca il dibattito su un piano strategico piuttosto che puramente contingente. Non mette in discussione le intenzioni dell'amministrazione Trump né minimizza l'importanza del sostegno degli Stati Uniti. Ricorda semplicemente un principio che accomuna tutte le transizioni democratiche di successo: l'aiuto esterno può creare condizioni favorevoli, ma la libertà si consolida soltanto quando un popolo assume il ruolo di protagonista della propria storia.

 

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¿POR QUÉ AHORA? LA CONSPIRACIÓN DE LA MOTO ACUÁTICA


Huber Matos Araluce, San Jos
é, Costa Rica

 

Los procesos judiciales también tienen su calendario político. En las dictaduras, el momento en que un caso se hace público puede ser tan importante como los hechos que se juzgan. Por eso, antes de examinar la llamada "conspiración de la moto acuática", conviene formular una pregunta elemental: ¿por qué ahora?

 

La Fiscalía General del régimen castrista acaba de solicitar penas de hasta 30 años de prisión contra Ardenys García Álvarez y otros 29 acusados de integrar una supuesta conspiración armada organizada desde el exilio. La gravedad de las acusaciones no es lo único que llama la atención. También sorprende que un caso que, según la propia versión oficial, fue descubierto cuando los implicados fueron capturados "con las manos en la masa", haya permanecido casi tres años antes de llegar a juicio.

 

El momento escogido difícilmente puede separarse del contexto político. Mientras la crisis económica y social se profundiza, el régimen ha intensificado su campaña para responsabilizar a Estados Unidos de todos los males que padecen los cubanos. El embargo, las sanciones y la supuesta "agresión permanente" ocupan nuevamente el centro de la propaganda oficial. La presentación de una presunta conspiración armada organizada desde el exilio añade ahora un ingrediente particularmente útil: ya no se trataría únicamente de una guerra económica, sino también de una amenaza violenta dirigida contra el Estado cubano. La coincidencia entre ambas narrativas invita a preguntarse si el calendario judicial respondió únicamente a razones procesales o también a necesidades políticas.

 

La segunda interrogante conduce al episodio más llamativo de toda la historia: la llegada del principal acusado a Cuba en una moto acuática cargada, según la Fiscalía, con armas, municiones y equipos de comunicación para organizar células armadas en varias provincias. Más que una operación clandestina, el relato parece inspirado en una novela de espionaje. No porque cruzar el Estrecho de la Florida en una moto acuática sea imposible —existen precedentes—, sino porque resulta difícil imaginar que una organización con experiencia militar eligiera un método tan expuesto para iniciar una insurrección en uno de los países con mayor control policial del continente.

 

Pero el verdadero problema no es la moto acuática. Es la lógica de toda la operación. Si existía una organización armada distribuida en varias provincias, ¿qué papel desempeñaba realmente Ardenys García Álvarez? ¿Era el jefe? Si lo era, ¿por qué asumir personalmente la misión más peligrosa? ¿Y si era solo un enlace, quién dirigía entonces la supuesta organización dentro de Cuba? ¿Cómo llegaron a integrarse los otros veintinueve acusados? ¿Quién los reclutó? ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué funciones concretas desempeñaba cada uno?

 

La experiencia de la oposición cubana hace que estas preguntas sean aún más relevantes. Durante décadas, la Seguridad del Estado ha demostrado una notable capacidad para infiltrar organizaciones, reclutar informantes y desarticular grupos opositores. Quienes han vivido esa realidad saben que incluso organizar una acción de sabotaje entre tres o cuatro personas implica enormes riesgos de detección. Pensar en una red armada distribuida por varias provincias, operando durante meses sin haber sido infiltrada, exige un grado de credibilidad que la acusación, hasta ahora, no ha logrado proporcionar.

 

Existe además otro elemento que no puede ignorarse. La Seguridad del Estado posee una larga experiencia en el reclutamiento de colaboradores mediante promesas, presiones, amenazas o chantajes. Del mismo modo, las denuncias sobre interrogatorios prolongados, aislamiento e incomunicación han acompañado durante décadas los procesos políticos en Cuba. La historia de los regímenes comunistas ofrece numerosos ejemplos de confesiones obtenidas bajo condiciones que hoy serían incompatibles con las garantías de un debido proceso. En ese contexto, una confesión no constituye necesariamente una confirmación independiente de los hechos; también puede formar parte del relato que el poder necesita construir.

 

Todo ello conduce a una hipótesis que merece ser examinada. ¿Y si el objetivo principal no era descubrir una conspiración, sino presentar una? ¿Y si la operación fue infiltrada, controlada o incluso inducida desde sus primeras etapas para fabricar un caso que reforzara la narrativa de una agresión organizada desde Estados Unidos? Con la información disponible no es posible responder de manera definitiva a esas preguntas. Pero tampoco pueden descartarse cuando se analiza la cronología del caso, la oportunidad política con que reaparece y los métodos que históricamente ha empleado la policía política cubana.

 

Quizás la pregunta más importante no sea si un hombre cruzó el Estrecho de la Florida en una moto acuática. La verdadera pregunta es otra: ¿quién necesitaba que los cubanos y el mundo creyeran esta historia precisamente ahora? Porque cuando un régimen pierde credibilidad y la realidad contradice su discurso, la propaganda deja de ser un instrumento de gobierno para convertirse en una necesidad de supervivencia

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JOHN BOLTON; CON IRÁN LOS ESTADOS UNIDOS DEBEN IMPONERSE POR LA FUERZA


Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

En el artículo “Irán es demasiado débil para hacer la paz” publicado en el periódico Wall St. Journal, este 12 de Julio, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton propone que Estados Unidos debe imponerse por la fuerza para que el tránsito por la vía marítima donde se encuentra el estrecho de Ormuz sea seguro.

 

En su análisis Bolton sostiene que el memorando de entendimiento y el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán estaban condenados al fracaso desde el principio porque, tras la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel, el régimen iraní dejó de contar con una estructura de poder capaz de negociar y hacer cumplir acuerdos. A su juicio, la campaña militar destruyó la cohesión del liderazgo iraní hasta el punto de que ya no existe un centro de decisión con autoridad efectiva sobre el conjunto del Estado.

 

Bolton afirma que los ataques eliminaron a numerosos dirigentes políticos y militares, debilitando gravemente el funcionamiento del Gobierno. Señala que la dirección civil quedó desarticulada y que incluso la Guardia Revolucionaria Islámica enfrenta dificultades para ejercer un mando unificado sobre sus distintas unidades, debido tanto a las pérdidas sufridas como a la tradicional descentralización de su estructura militar. Al mismo tiempo, sostiene que dentro del estamento religioso y de las familias vinculadas al poder existen profundas discrepancias sobre el futuro del régimen tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

 

En lugar de un gobierno cohesionado, explica Bolton, han surgido diversos centros de poder que compiten entre sí sin que ninguno consiga imponerse de forma estable. Según su análisis, esa fragmentación explica las contradicciones observadas en el comportamiento iraní desde el final de los combates: mientras algunos sectores continúan promoviendo ataques contra Estados Unidos y contra el presidente Donald Trump, otros mantienen conversaciones con representantes estadounidenses buscando algún tipo de entendimiento.

 

El autor considera que esta desintegración institucional tiene importantes consecuencias para la política de Washington. A su juicio, los negociadores estadounidenses dialogan con funcionarios que carecen de poder real para comprometer al régimen. Describe al presidente Masoud Pezeshkian como una figura administrativa con escasa influencia política; al presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, como un dirigente cuyo órgano apenas ha incidido en las decisiones estratégicas del país; y al canciller Abbas Aragchi como un diplomático sin control sobre las acciones de la Guardia Revolucionaria.

 

Bolton critica además la tendencia de sucesivas administraciones estadounidenses a buscar interlocutores moderados dentro del régimen iraní. Argumenta que, históricamente, los diplomáticos civiles han servido para negociar con Occidente mientras las decisiones fundamentales sobre el programa nuclear, la política de defensa y las operaciones militares permanecían bajo control del líder supremo y de la Guardia Revolucionaria. En consecuencia, sostiene que los llamados moderados carecen de capacidad para modificar las políticas estratégicas del Estado.

 

Respecto a la situación actual, Bolton afirma que la Guardia Revolucionaria continúa lanzando misiles contra bases estadounidenses en la zona, atacando embarcaciones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, además de intentar reconstruir el programa nuclear iraní y reactivar organizaciones aliadas como Hamás y Hezbolá. Para él, estos hechos demuestran que cualquier negociación con funcionarios civiles resulta inútil mientras quienes poseen el poder militar continúen actuando con autonomía.

 

Como alternativa, propone que Estados Unidos abandone la estrategia de distinguir entre moderados y sectores duros dentro del régimen y adopte una política de presión mucho más intensa. Recomienda reforzar las sanciones económicas, restablecer un bloqueo efectivo sobre Irán para reducir sus ingresos petroleros y, si fuera necesario, reanudar operaciones militares de gran escala en lugar de limitarse a respuestas puntuales.

 

Bolton advierte que prolongar las negociaciones permitirá a Teherán ganar tiempo para reconstruir sus capacidades militares y aumentar sus ingresos mediante las exportaciones de petróleo. A su juicio, cuanto más se demore Washington, mayor será la capacidad del régimen para reorganizarse y recuperar influencia en la región.

 

Finalmente, concluye que Irán ya no dispone de un gobierno funcional en materia de seguridad nacional y considera que esa situación es consecuencia directa del éxito de la campaña militar estadounidense e israelí. Sostiene que Estados Unidos debería aprovechar esa circunstancia para debilitar definitivamente al régimen, comenzando por garantizar nuevamente la libre navegación en el estrecho de Ormuz, incluso mediante el uso de la fuerza si fuera necesario.

 

Sobre el autor: John Bolton fue asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca entre 2018 y 2019. Es autor del libro The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca).

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¿UN PASO HACIA LA OTAN? LA DECISIÓN DE TRUMP QUE PUEDE CAMBIAR EL FUTURO DE UCRANIA

 


Por Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

Las guerras también producen decisiones que transforman el equilibrio estratégico durante décadas. La declaración del presidente Donald Trump de que autorizará a Ucrania a fabricar misiles Patriot bajo licencia estadounidense es una de ellas.

 

Se trata de una decisión sin precedentes. Estados Unidos nunca ha concedido con tanta claridad a un país que combate una guerra de alta intensidad la posibilidad de producir uno de sus sistemas de defensa aérea más avanzados. No es únicamente una transferencia tecnológica. Es una señal política de enorme alcance.

 

Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha demostrado una extraordinaria capacidad para innovar, producir drones, desarrollar misiles y adaptar su industria militar a un ritmo que pocos países europeos han logrado. La autorización para fabricar misiles Patriot consolida ese proceso y convierte a Ucrania en un futuro productor de uno de los pilares de la defensa occidental.

 

El beneficio no será exclusivamente ucraniano. Europa necesita reforzar urgentemente su capacidad industrial de defensa. La experiencia adquirida por Ucrania durante más de cuatro años de guerra la convierte en un socio indispensable para la seguridad del continente. Ningún otro país europeo posee hoy un conocimiento tan amplio del combate moderno contra el ejército ruso.

 

Por eso, esta decisión trasciende el campo militar. Representa un reconocimiento implícito de que Ucrania ya forma parte del sistema estratégico occidental. Aunque no equivalga jurídicamente a un ingreso en la OTAN, resulta difícil imaginar que Washington autorice la fabricación local de un sistema tan sensible sin considerar a Ucrania un aliado permanente.

 

En la práctica, la industria de defensa ucraniana pasaría a integrarse con la de Estados Unidos y la Alianza Atlántica. Eso fortalecería la capacidad de disuasión europea y reduciría la dependencia de unas pocas plantas de producción occidentales.

 

Para Moscú, el mensaje es igualmente claro. Cuanto más prolongue la guerra, más integrada estará Ucrania en la arquitectura de seguridad de Occidente y mayor será su capacidad militar e industrial.

 

Paradójicamente, la invasión que pretendía impedir la aproximación de Ucrania a la OTAN puede estar acelerando exactamente el resultado contrario. La licencia para fabricar misiles Patriot no constituye todavía una membresía formal, pero puede interpretarse como uno de los pasos estratégicos más significativos dados hasta ahora hacia esa integración. En la historia de las alianzas militares, a menudo la realidad precede a los tratados.

 


A STEP TOWARD NATO? TRUMP'S DECISION THAT COULD CHANGE UKRAINE'S FUTURE

By Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Wars also produce decisions that reshape the strategic balance for decades. President Donald Trump's announcement that he will authorize Ukraine to manufacture Patriot missiles under U.S. license is one of them.

 

This is an unprecedented decision. Never before has the United States so clearly granted a country engaged in a high-intensity war the ability to produce one of its most advanced air defense systems. It is not merely a transfer of technology. It is a political signal of enormous significance.

 

Since the beginning of the Russian invasion, Ukraine has demonstrated an extraordinary ability to innovate, produce drones, develop missiles, and adapt its defense industry at a pace few European countries have matched. The authorization to manufacture Patriot missiles consolidates that process and transforms Ukraine into a future producer of one of the pillars of Western defense.

 

The benefits will not be limited to Ukraine. Europe urgently needs to strengthen its defense industrial capacity. The experience Ukraine has gained during more than four years of war makes it an indispensable partner in the continent's security. No other European country today possesses such extensive knowledge of modern warfare against the Russian military.

 

For that reason, this decision goes beyond the military sphere. It represents an implicit acknowledgment that Ukraine has already become part of the Western strategic system. Although it does not legally amount to NATO membership, it is difficult to imagine Washington authorizing the local production of such a sensitive weapons system without viewing Ukraine as a permanent ally.

 

In practice, Ukraine's defense industry would become integrated with that of the United States and the Atlantic Alliance. This would strengthen Europe's deterrence capabilities while reducing dependence on a limited number of Western production facilities.

 

For Moscow, the message is equally clear. The longer the war continues, the more deeply Ukraine will become integrated into the West's security architecture and the greater its military and industrial capabilities will become.

 

Paradoxically, the invasion that was intended to prevent Ukraine from moving closer to NATO may now be accelerating exactly the opposite outcome. The license to manufacture Patriot missiles does not yet constitute formal membership, but it can be interpreted as one of the most significant strategic steps taken so far toward that integration. In the history of military alliances, reality often precedes treaties.

 

 


UN PAS VERS L'OTAN ? LA DÉCISION DE TRUMP QUI POURRAIT CHANGER L'AVENIR DE L'UKRAINE

Par Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Les guerres produisent aussi des décisions qui transforment l'équilibre stratégique pour des décennies. La déclaration du président Donald Trump annonçant qu'il autorisera l'Ukraine à fabriquer des missiles Patriot sous licence américaine en est une.

 

Il s'agit d'une décision sans précédent. Jamais les États-Unis n'avaient accordé aussi clairement à un pays engagé dans une guerre de haute intensité la possibilité de produire l'un de leurs systèmes de défense aérienne les plus avancés. Il ne s'agit pas seulement d'un transfert de technologie. C'est un signal politique d'une portée considérable.

 

Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a démontré une capacité extraordinaire à innover, produire des drones, développer des missiles et adapter son industrie de défense à un rythme que peu de pays européens ont atteint. L'autorisation de fabriquer des missiles Patriot consolide ce processus et fait de l'Ukraine un futur producteur de l'un des piliers de la défense occidentale.

 

Les bénéfices ne seront pas exclusivement ukrainiens. L'Europe doit renforcer de toute urgence sa capacité industrielle de défense. L'expérience acquise par l'Ukraine au cours de plus de quatre années de guerre en fait un partenaire indispensable pour la sécurité du continent. Aucun autre pays européen ne possède aujourd'hui une connaissance aussi approfondie de la guerre moderne contre l'armée russe.

 

C'est pourquoi cette décision dépasse le seul domaine militaire. Elle constitue une reconnaissance implicite du fait que l'Ukraine fait déjà partie du système stratégique occidental. Même si elle ne correspond pas juridiquement à une adhésion à l'OTAN, il est difficile d'imaginer que Washington autorise la production locale d'un système aussi sensible sans considérer l'Ukraine comme un allié permanent.

 

En pratique, l'industrie de défense ukrainienne s'intégrerait à celle des États-Unis et de l'Alliance atlantique. Cela renforcerait la capacité de dissuasion de l'Europe tout en réduisant sa dépendance à l'égard d'un nombre limité de sites de production occidentaux.

 

Pour Moscou, le message est tout aussi clair. Plus la guerre se prolongera, plus l'Ukraine sera intégrée à l'architecture de sécurité occidentale, et plus ses capacités militaires et industrielles se renforceront.

 

Paradoxalement, l'invasion qui visait à empêcher le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN est peut-être en train d'accélérer exactement le résultat inverse. La licence de fabrication des missiles Patriot ne constitue pas encore une adhésion formelle, mais elle peut être interprétée comme l'une des étapes stratégiques les plus importantes franchies jusqu'à présent vers cette intégration. Dans l'histoire des alliances militaires, la réalité précède souvent les traités.

 


 

UN PASSO VERSO LA NATO? LA DECISIONE DI TRUMP CHE POTREBBE CAMBIARE IL FUTURO DELL'UCRAINA

Di Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Le guerre producono anche decisioni che trasformano l'equilibrio strategico per decenni. La dichiarazione del presidente Donald Trump di autorizzare l'Ucraina a produrre missili Patriot su licenza statunitense è una di queste.

 

Si tratta di una decisione senza precedenti. Gli Stati Uniti non avevano mai concesso con tanta chiarezza a un Paese impegnato in una guerra ad alta intensità la possibilità di produrre uno dei loro più avanzati sistemi di difesa aerea. Non si tratta soltanto di un trasferimento di tecnologia. È un segnale politico di enorme portata.

 

Dall'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha dimostrato una straordinaria capacità di innovare, produrre droni, sviluppare missili e adattare la propria industria della difesa a un ritmo che pochi Paesi europei sono riusciti a raggiungere. L'autorizzazione a produrre missili Patriot consolida questo processo e trasforma l'Ucraina in un futuro produttore di uno dei pilastri della difesa occidentale.

 

I benefici non saranno esclusivamente ucraini. L'Europa ha urgente bisogno di rafforzare la propria capacità industriale nel settore della difesa. L'esperienza maturata dall'Ucraina in oltre quattro anni di guerra la rende un partner indispensabile per la sicurezza del continente. Nessun altro Paese europeo possiede oggi una conoscenza così approfondita della guerra moderna contro l'esercito russo.

 

Per questo motivo, questa decisione va ben oltre l'ambito militare. Rappresenta un riconoscimento implicito del fatto che l'Ucraina fa già parte del sistema strategico occidentale. Pur non equivalendo giuridicamente all'adesione alla NATO, è difficile immaginare che Washington autorizzi la produzione locale di un sistema così sensibile senza considerare l'Ucraina un alleato permanente.

 

In pratica, l'industria della difesa ucraina verrebbe integrata con quella degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica. Ciò rafforzerebbe la capacità di deterrenza dell'Europa e ridurrebbe la dipendenza da un numero limitato di impianti produttivi occidentali.

 

Per Mosca, il messaggio è altrettanto chiaro. Più a lungo durerà la guerra, più profondamente l'Ucraina sarà integrata nell'architettura di sicurezza dell'Occidente e maggiori saranno le sue capacità militari e industriali.

 

Paradossalmente, l'invasione che mirava a impedire l'avvicinamento dell'Ucraina alla NATO potrebbe finire per accelerare esattamente il risultato opposto. La licenza per produrre missili Patriot non rappresenta ancora un'adesione formale, ma può essere interpretata come uno dei passi strategici più significativi compiuti finora verso tale integrazione. Nella storia delle alleanze militari, spesso la realtà precede i trattati.

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CUANDO LA ESTABILIDAD RETRASA LA DEMOCRACIA


Por Francisco Condis y Troyano

Miembro del Comité Ejecutivo del Cuba Independiente y Democrática (CID)

 

"El ser humano aprende con sus errores y, como le gusta aprender, sigue cometiendo los mismos errores."

 

La política impulsada por Donald Trump y Marco Rubio parece partir de la premisa de que la estabilidad económica y política de los regímenes autoritarios constituye un paso previo para crear las condiciones de una futura transición democrática. Paralelamente, ese enfoque buscaría preservar y fortalecer los intereses estratégicos de Estados Unidos en esos países.

 

No es una política nueva. Distintas administraciones estadounidenses intentaron aplicarla anteriormente en Afganistán, Irak y Vietnam, con resultados ampliamente conocidos. Estados Unidos parece ser uno de los pocos países que insiste en repetir la misma estrategia, convencido de que, como decía un pensador húngaro cuyo nombre hoy no recuerdo: "El ser humano aprende con sus errores y, como le gusta aprender, sigue cometiendo los mismos errores."

 

Quisiera analizar esa política a la luz de mi propia experiencia en Polonia.

 

Durante las décadas de 1970 y 1980, las democracias occidentales observaron prácticamente en silencio cómo los polacos intentaban liberarse del dominio comunista. Al mismo tiempo, los gobiernos occidentales concedieron enormes préstamos al propio régimen comunista para estabilizar la economía del país. Cuando el sistema finalmente colapsó, la deuda externa ascendía a unos 40.000 millones de dólares.

 

En aquellos años, la prioridad era la estabilidad; la democracia podía esperar.

 

Incluso cuando en 1980 la Unión Soviética amenazó con intervenir militarmente para aplastar el naciente movimiento Solidaridad, la Administración de Ronald Reagan mostró firmeza frente a Moscú y el Kremlin prefirió dejar que fueran los propios comunistas polacos quienes resolvieran la crisis. El resultado fue el autogolpe del general Wojciech Witold Jaruzelski en diciembre de 1981, que impuso la ley marcial y prolongó durante varios años la supervivencia del régimen.

 

La ayuda financiera occidental permitió que el sistema comunista sobreviviera casi dos décadas más. Durante ese tiempo, la nomenclatura acumuló privilegios y recursos que posteriormente le facilitarían apropiarse legalmente de una parte importante de la economía polaca cuando llegó la democracia en 1989.

 

La estabilidad volvió a imponerse sobre la democracia, a costa del sufrimiento del pueblo polaco.

 

Sin embargo, Polonia tenía una circunstancia que hoy no existe ni en Cuba ni en Venezuela.

 

El general Wojciech Witold Jaruzelski —a quien tuve el honor de conocer y con quien conversé en dos ocasiones— era un militar profundamente patriota. De origen noble y católico, amaba sinceramente a Polonia y entendía que el país necesitaba encontrar una salida. Nada semejante puede decirse de las actuales cúpulas militares cubanas o venezolanas.

 

A finales de los años ochenta la economía polaca estaba destruida. Las huelgas crecían, la población había perdido toda confianza en el régimen y, además, la llegada de la perestroika impulsada por Mijaíl Gorbachov modificaba profundamente el escenario internacional. En ese contexto, Jaruzelski aceptó negociar con Lech Wałęsa, líder del movimiento Solidaridad, que ya reunía a más de dos millones de afiliados.

 

Así nació la Mesa Redonda de 1989.

 

De aquellas negociaciones surgió un acuerdo para celebrar elecciones parcialmente libres. Todos los escaños del Senado quedarían abiertos a la competencia electoral, mientras que únicamente el 35 % de los escaños del Sejm —la cámara que elegía al primer ministro— serían disputados libremente. El restante 65 % permanecería reservado al Partido Obrero Unificado Polaco y a sus aliados comunistas.

 

Los resultados sorprendieron a todos.

 

Solidaridad obtuvo el 99 % de los escaños del Senado y conquistó la totalidad de los puestos del Sejm que estaban abiertos a la oposición. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó en el momento de elegir al nuevo jefe de gobierno. El Partido Campesino, aliado tradicional de los comunistas, rompió la coalición oficialista tras alcanzar un acuerdo con Bronisław Geremek y Lech Wałęsa. Gracias a ese cambio de alianzas, el intelectual católico Tadeusz Mazowiecki fue elegido primer ministro el 24 de agosto de 1989, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno no comunista de todo el bloque soviético desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1990 tuve el privilegio de recibir en mi universidad a varios ministros de ese nuevo gobierno.

 

La experiencia polaca deja una enseñanza clara. La pérdida de credibilidad de un régimen autoritario y su incapacidad para responder a las necesidades de la población no producen, por sí solas, una transición democrática. Es indispensable la existencia de una sociedad organizada, capaz de ejercer una presión sostenida sobre el poder y obligarlo a negociar cambios reales.

 

A esa misma conclusión llega el estudio de Izabela Tkocz y Jesús Adolfo Trujillo, publicado en 2020 por la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, titulado ¿Qué valió la pena? Treinta años de la Mesa Redonda en Polonia (1989-2019).

 

El llamado "milagro polaco" fue posible gracias a la coincidencia de cinco factores: un papa polaco (Juan Pablo II), un dirigente reformista en Moscú (Mijaíl Gorbachov), un general que antepuso su país a la ideología (Wojciech Witold Jaruzelski), un líder obrero con legitimidad nacional (Lech Wałęsa) y, por encima de todo, un pueblo decidido a recuperar su libertad.

 

La experiencia de Polonia demuestra que la estabilidad de un régimen autoritario no conduce automáticamente a la democracia. Cuando esa estabilidad no va acompañada del fortalecimiento de una oposición organizada y de una sociedad civil capaz de exigir cambios, termina prolongando la vida de la dictadura. La democracia no nace de la estabilidad del poder, sino de la voluntad de un pueblo decidido a conquistar su libertad.

 

¿Se cometerá ahora en Venezuela y Cuba el mismo error de priorizar la estabilidad dictatorial como supuesto camino hacia la democracia?

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LA VIVIENDA Y EL CAPITAL SOCIAL EN CUBA


Por Por Roxana Rodríguez, Secretaria de Relaciones Internacionales del CID.

 

Según la denuncia de la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, una madre que vive en un antiguo local abandonado del INDER en La Boca, Mariel, Artemisa, y que, según los vecinos, había terminado convertido en un basurero y baño público, ha sido amenazada de desalojo por funcionarios estatales. La madre no ocupó una vivienda habitada. Buscó refugio donde nadie vivía y, según su propio testimonio, le han advertido que puede perder hasta la custodia de sus hijos.

 

Su historia conmueve. Pero, sobre todo, obliga a mirar más allá de un caso individual porque estamos ante el rostro humano de la crisis habitacional más profunda que ha vivido Cuba en generaciones.

 

¿Qué ocurre en un país cuando más de la mitad de su población vive afectada por una crisis habitacional? La respuesta no se limita a la falta de viviendas. También se deterioran la salud mental, la convivencia familiar y el capital social sobre el que descansa el futuro de una nación.

 

Las cifras oficiales son contundentes. El Ministerio de la Construcción reconoce un déficit superior a 805.000 viviendas. Al mismo tiempo, alrededor del 35 % del fondo habitacional, equivalente a más de 1,3 millones de viviendas, se encuentra en estado regular o malo, mientras la construcción de nuevas viviendas continúa muy por debajo de las necesidades reales del país.

 

En conjunto, esto significa que más de 2,1 millones de viviendas faltan o presentan un deterioro significativo. Aunque ambas categorías pueden superponerse parcialmente, la magnitud del problema permite estimar que más de cinco millones de cubanos viven afectados directa o indirectamente por la crisis habitacional. No se trata únicamente de casas que necesitan reparación. Se trata de millones de personas cuya vida cotidiana transcurre bajo techos inseguros, paredes agrietadas, filtraciones permanentes, hacinamiento o el temor constante de perder el lugar donde viven.

 

Estas circunstancias son el resultado de la incompetencia y el nivel de corrupción del régimen castrista que, durante más de seis décadas, ha dedicado la mayor parte de sus recursos al mantenimiento de su aparato de represión, su monopolio de información y propaganda, y el turismo, relegando la generación de electricidad, el abastecimiento de agua, el sistema de salud, la producción de alimentos, el transporte público y la construcción de viviendas.

 

Las cifras describen la magnitud del problema. Pero no alcanzan a explicar su costo humano y cultural. La ciencia lleva años estudiándolo.

 

Una revisión sistemática publicada en 2025 por investigadores de la University College London (UCL), la Queen Mary University of London y la Universidad de Bristol, en el Journal of Environmental Psychology, analizó 34 investigaciones realizadas en 18 países y concluyó que el hacinamiento, el deterioro de las viviendas y la inseguridad habitacional incrementan significativamente los problemas emocionales y de conducta en niños y adolescentes, además de aumentar los niveles de ansiedad, depresión e hiperactividad.

 

Otra revisión sistemática, realizada por investigadores de la Universidad de Sheffield, analizó 59 estudios y llegó a conclusiones similares. La inseguridad habitacional altera el sueño, dificulta el aprendizaje, deteriora el bienestar psicológico y aumenta los conflictos familiares. Los investigadores concluyen que reducir la inseguridad habitacional debe constituir una prioridad de política pública para proteger el desarrollo de los niños y la estabilidad de las familias.

 

Estas investigaciones permiten comprender la magnitud con que una crisis de vivienda afecta a las personas. Es dentro de ese espacio donde los niños aprenden a confiar en los demás, a convivir, a compartir responsabilidades, a respetar normas y a construir vínculos estables con padres, hermanos y abuelos. Allí se forman muchos de los hábitos, valores y relaciones de confianza que más tarde acompañarán a esas personas en la escuela, el trabajo y la comunidad.

 

Por eso la vivienda no constituye únicamente un derecho social ni una necesidad material. También representa una inversión en el futuro de una nación.

 

Las ciencias sociales llaman capital social a esa red de confianza, cooperación y solidaridad que mantiene cohesionada a una sociedad. Buena parte de ese capital comienza a construirse o a deteriorarse precisamente dentro del entorno familiar.

 

Por estas razones, el problema habitacional de Cuba implica mucho más que el altísimo déficit de viviendas y el deterioro de otras. También se mide en millones de horas de ansiedad; en niños que estudian sin privacidad; en padres que sienten que no pueden ofrecer seguridad a sus hijos; y en familias que viven cada día con la incertidumbre de no saber si mañana seguirán teniendo un techo.

 

Por estas razones, en el desarrollo de una Cuba democrática, la vivienda y la atención a los niños y jóvenes son prioridades del Partido Cuba Independiente y Democrática. 

 

Fortalecer el capital social de nuestro país es tan importante como el desarrollo en otros aspectos. La visión de José Martí es más vigente que nunca:

 

"Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad. Cuanto más se hace por los demás, más se hace por sí mismo."

 

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