CUANDO LA ESTABILIDAD RETRASA LA DEMOCRACIA


Por Francisco Condis y Troyano

Miembro del Comité Ejecutivo del Cuba Independiente y Democrática (CID)

 

"El ser humano aprende con sus errores y, como le gusta aprender, sigue cometiendo los mismos errores."

 

La política impulsada por Donald Trump y Marco Rubio parece partir de la premisa de que la estabilidad económica y política de los regímenes autoritarios constituye un paso previo para crear las condiciones de una futura transición democrática. Paralelamente, ese enfoque buscaría preservar y fortalecer los intereses estratégicos de Estados Unidos en esos países.

 

No es una política nueva. Distintas administraciones estadounidenses intentaron aplicarla anteriormente en Afganistán, Irak y Vietnam, con resultados ampliamente conocidos. Estados Unidos parece ser uno de los pocos países que insiste en repetir la misma estrategia, convencido de que, como decía un pensador húngaro cuyo nombre hoy no recuerdo: "El ser humano aprende con sus errores y, como le gusta aprender, sigue cometiendo los mismos errores."

 

Quisiera analizar esa política a la luz de mi propia experiencia en Polonia.

 

Durante las décadas de 1970 y 1980, las democracias occidentales observaron prácticamente en silencio cómo los polacos intentaban liberarse del dominio comunista. Al mismo tiempo, los gobiernos occidentales concedieron enormes préstamos al propio régimen comunista para estabilizar la economía del país. Cuando el sistema finalmente colapsó, la deuda externa ascendía a unos 40.000 millones de dólares.

 

En aquellos años, la prioridad era la estabilidad; la democracia podía esperar.

 

Incluso cuando en 1980 la Unión Soviética amenazó con intervenir militarmente para aplastar el naciente movimiento Solidaridad, la Administración de Ronald Reagan mostró firmeza frente a Moscú y el Kremlin prefirió dejar que fueran los propios comunistas polacos quienes resolvieran la crisis. El resultado fue el autogolpe del general Wojciech Witold Jaruzelski en diciembre de 1981, que impuso la ley marcial y prolongó durante varios años la supervivencia del régimen.

 

La ayuda financiera occidental permitió que el sistema comunista sobreviviera casi dos décadas más. Durante ese tiempo, la nomenclatura acumuló privilegios y recursos que posteriormente le facilitarían apropiarse legalmente de una parte importante de la economía polaca cuando llegó la democracia en 1989.

 

La estabilidad volvió a imponerse sobre la democracia, a costa del sufrimiento del pueblo polaco.

 

Sin embargo, Polonia tenía una circunstancia que hoy no existe ni en Cuba ni en Venezuela.

 

El general Wojciech Witold Jaruzelski —a quien tuve el honor de conocer y con quien conversé en dos ocasiones— era un militar profundamente patriota. De origen noble y católico, amaba sinceramente a Polonia y entendía que el país necesitaba encontrar una salida. Nada semejante puede decirse de las actuales cúpulas militares cubanas o venezolanas.

 

A finales de los años ochenta la economía polaca estaba destruida. Las huelgas crecían, la población había perdido toda confianza en el régimen y, además, la llegada de la perestroika impulsada por Mijaíl Gorbachov modificaba profundamente el escenario internacional. En ese contexto, Jaruzelski aceptó negociar con Lech Wałęsa, líder del movimiento Solidaridad, que ya reunía a más de dos millones de afiliados.

 

Así nació la Mesa Redonda de 1989.

 

De aquellas negociaciones surgió un acuerdo para celebrar elecciones parcialmente libres. Todos los escaños del Senado quedarían abiertos a la competencia electoral, mientras que únicamente el 35 % de los escaños del Sejm —la cámara que elegía al primer ministro— serían disputados libremente. El restante 65 % permanecería reservado al Partido Obrero Unificado Polaco y a sus aliados comunistas.

 

Los resultados sorprendieron a todos.

 

Solidaridad obtuvo el 99 % de los escaños del Senado y conquistó la totalidad de los puestos del Sejm que estaban abiertos a la oposición. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó en el momento de elegir al nuevo jefe de gobierno. El Partido Campesino, aliado tradicional de los comunistas, rompió la coalición oficialista tras alcanzar un acuerdo con Bronisław Geremek y Lech Wałęsa. Gracias a ese cambio de alianzas, el intelectual católico Tadeusz Mazowiecki fue elegido primer ministro el 24 de agosto de 1989, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno no comunista de todo el bloque soviético desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1990 tuve el privilegio de recibir en mi universidad a varios ministros de ese nuevo gobierno.

 

La experiencia polaca deja una enseñanza clara. La pérdida de credibilidad de un régimen autoritario y su incapacidad para responder a las necesidades de la población no producen, por sí solas, una transición democrática. Es indispensable la existencia de una sociedad organizada, capaz de ejercer una presión sostenida sobre el poder y obligarlo a negociar cambios reales.

 

A esa misma conclusión llega el estudio de Izabela Tkocz y Jesús Adolfo Trujillo, publicado en 2020 por la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, titulado ¿Qué valió la pena? Treinta años de la Mesa Redonda en Polonia (1989-2019).

 

El llamado "milagro polaco" fue posible gracias a la coincidencia de cinco factores: un papa polaco (Juan Pablo II), un dirigente reformista en Moscú (Mijaíl Gorbachov), un general que antepuso su país a la ideología (Wojciech Witold Jaruzelski), un líder obrero con legitimidad nacional (Lech Wałęsa) y, por encima de todo, un pueblo decidido a recuperar su libertad.

 

La experiencia de Polonia demuestra que la estabilidad de un régimen autoritario no conduce automáticamente a la democracia. Cuando esa estabilidad no va acompañada del fortalecimiento de una oposición organizada y de una sociedad civil capaz de exigir cambios, termina prolongando la vida de la dictadura. La democracia no nace de la estabilidad del poder, sino de la voluntad de un pueblo decidido a conquistar su libertad.

 

¿Se cometerá ahora en Venezuela y Cuba el mismo error de priorizar la estabilidad dictatorial como supuesto camino hacia la democracia?

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LA VIVIENDA Y EL CAPITAL SOCIAL EN CUBA


Por Por Roxana Rodríguez, Secretaria de Relaciones Internacionales del CID.

 

Según la denuncia de la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, una madre que vive en un antiguo local abandonado del INDER en La Boca, Mariel, Artemisa, y que, según los vecinos, había terminado convertido en un basurero y baño público, ha sido amenazada de desalojo por funcionarios estatales. La madre no ocupó una vivienda habitada. Buscó refugio donde nadie vivía y, según su propio testimonio, le han advertido que puede perder hasta la custodia de sus hijos.

 

Su historia conmueve. Pero, sobre todo, obliga a mirar más allá de un caso individual porque estamos ante el rostro humano de la crisis habitacional más profunda que ha vivido Cuba en generaciones.

 

¿Qué ocurre en un país cuando más de la mitad de su población vive afectada por una crisis habitacional? La respuesta no se limita a la falta de viviendas. También se deterioran la salud mental, la convivencia familiar y el capital social sobre el que descansa el futuro de una nación.

 

Las cifras oficiales son contundentes. El Ministerio de la Construcción reconoce un déficit superior a 805.000 viviendas. Al mismo tiempo, alrededor del 35 % del fondo habitacional, equivalente a más de 1,3 millones de viviendas, se encuentra en estado regular o malo, mientras la construcción de nuevas viviendas continúa muy por debajo de las necesidades reales del país.

 

En conjunto, esto significa que más de 2,1 millones de viviendas faltan o presentan un deterioro significativo. Aunque ambas categorías pueden superponerse parcialmente, la magnitud del problema permite estimar que más de cinco millones de cubanos viven afectados directa o indirectamente por la crisis habitacional. No se trata únicamente de casas que necesitan reparación. Se trata de millones de personas cuya vida cotidiana transcurre bajo techos inseguros, paredes agrietadas, filtraciones permanentes, hacinamiento o el temor constante de perder el lugar donde viven.

 

Estas circunstancias son el resultado de la incompetencia y el nivel de corrupción del régimen castrista que, durante más de seis décadas, ha dedicado la mayor parte de sus recursos al mantenimiento de su aparato de represión, su monopolio de información y propaganda, y el turismo, relegando la generación de electricidad, el abastecimiento de agua, el sistema de salud, la producción de alimentos, el transporte público y la construcción de viviendas.

 

Las cifras describen la magnitud del problema. Pero no alcanzan a explicar su costo humano y cultural. La ciencia lleva años estudiándolo.

 

Una revisión sistemática publicada en 2025 por investigadores de la University College London (UCL), la Queen Mary University of London y la Universidad de Bristol, en el Journal of Environmental Psychology, analizó 34 investigaciones realizadas en 18 países y concluyó que el hacinamiento, el deterioro de las viviendas y la inseguridad habitacional incrementan significativamente los problemas emocionales y de conducta en niños y adolescentes, además de aumentar los niveles de ansiedad, depresión e hiperactividad.

 

Otra revisión sistemática, realizada por investigadores de la Universidad de Sheffield, analizó 59 estudios y llegó a conclusiones similares. La inseguridad habitacional altera el sueño, dificulta el aprendizaje, deteriora el bienestar psicológico y aumenta los conflictos familiares. Los investigadores concluyen que reducir la inseguridad habitacional debe constituir una prioridad de política pública para proteger el desarrollo de los niños y la estabilidad de las familias.

 

Estas investigaciones permiten comprender la magnitud con que una crisis de vivienda afecta a las personas. Es dentro de ese espacio donde los niños aprenden a confiar en los demás, a convivir, a compartir responsabilidades, a respetar normas y a construir vínculos estables con padres, hermanos y abuelos. Allí se forman muchos de los hábitos, valores y relaciones de confianza que más tarde acompañarán a esas personas en la escuela, el trabajo y la comunidad.

 

Por eso la vivienda no constituye únicamente un derecho social ni una necesidad material. También representa una inversión en el futuro de una nación.

 

Las ciencias sociales llaman capital social a esa red de confianza, cooperación y solidaridad que mantiene cohesionada a una sociedad. Buena parte de ese capital comienza a construirse o a deteriorarse precisamente dentro del entorno familiar.

 

Por estas razones, el problema habitacional de Cuba implica mucho más que el altísimo déficit de viviendas y el deterioro de otras. También se mide en millones de horas de ansiedad; en niños que estudian sin privacidad; en padres que sienten que no pueden ofrecer seguridad a sus hijos; y en familias que viven cada día con la incertidumbre de no saber si mañana seguirán teniendo un techo.

 

Por estas razones, en el desarrollo de una Cuba democrática, la vivienda y la atención a los niños y jóvenes son prioridades del Partido Cuba Independiente y Democrática. 

 

Fortalecer el capital social de nuestro país es tan importante como el desarrollo en otros aspectos. La visión de José Martí es más vigente que nunca:

 

"Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad. Cuanto más se hace por los demás, más se hace por sí mismo."

 

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EL MUNDO SEGÚN EL PRESIDENTE DE FINLANDIA


Una reflexión sobre el nuevo equilibrio del poder mundial

 

Por Huber Matos Araluce.  San José, Costa Rica

 

Las grandes potencias no empiezan a perder influencia cuando aparecen nuevos enemigos. Empiezan a descubrir los límites de su poder cuando sus propios aliados se sienten con la libertad de decirles «no».

 

Alexander Stubb no habla de geopolítica desde la teoría, sino desde la experiencia de un país que ha luchado durante más de un siglo por preservar su independencia frente a Rusia. Durante la Guerra de Invierno (1939-1940), un pequeño ejército finlandés resistió durante meses la invasión soviética y protagonizó una de las mayores sorpresas militares del siglo XX.

 

Hoy, con apenas 5,6 millones de habitantes, Finlandia mantiene uno de los sistemas de defensa más sólidos de Europa, basado en el servicio militar obligatorio, una reserva cercana a los 900.000 ciudadanos entrenados y una extraordinaria capacidad de movilización. Cuando el presidente de Finlandia reflexiona sobre el futuro del orden internacional, conviene escucharlo.

 

Los grandes cambios del sistema internacional rara vez se anuncian mediante discursos. Se revelan cuando un aliado decide actuar de manera distinta a la esperada. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Arabia Saudita se negó inicialmente a facilitar una operación militar de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Más que un incidente diplomático, aquel episodio puede interpretarse como una señal de que el mundo está entrando en una nueva etapa, una transformación que Alexander Stubb anticipó en su libro The Triangle of Power: Rebalancing the New World Order.

 

Durante más de tres décadas, tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como la única superpotencia capaz de proyectar simultáneamente poder militar, económico, tecnológico y diplomático a escala global. Muchos llegaron a pensar que aquel orden unipolar sería permanente.

 

Sin embargo, Stubb sostiene que estamos asistiendo al nacimiento de un sistema diferente. No necesariamente uno dominado por otra potencia, sino un mundo caracterizado por una distribución más amplia del poder y por una creciente autonomía de los Estados para definir y defender sus propios intereses nacionales.

 

La pregunta resulta inevitable: ¿está ocurriendo realmente esa transformación o se trata únicamente de una teoría atractiva?

 

El episodio revelado por The Wall Street Journal sobre el enfrentamiento diplomático entre Washington y Arabia Saudita ofrece una oportunidad excepcional para poner a prueba la tesis de Stubb.

 

El desacuerdo saudita no comenzó con la operación en Ormuz. Desde las primeras semanas de la crisis, Riad había advertido a Washington que una guerra contra Irán podía cerrar el estrecho, sacudir los mercados petroleros y poner en riesgo la estabilidad del Golfo. Arabia Saudita y otros países árabes defendieron públicamente que sus bases y su espacio aéreo no debían ser utilizados para atacar a Irán.

 

La guerra, sin embargo, comenzó junto a Israel, y los temores sauditas se confirmaron cuando Irán respondió con ataques contra centros urbanos, infraestructura energética y aeropuertos del Golfo.

 

Para el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, el problema no era únicamente militar. Era estratégico. Washington había ignorado el cálculo de seguridad de uno de sus aliados más importantes.

 

LA PRUEBA DE STUBB

 

Esa diferencia de criterio explica lo ocurrido después.

 

Cuando Estados Unidos anunció la operación destinada a garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz, Arabia Saudita reaccionó con alarma. Consideró que la iniciativa podía provocar una nueva escalada iraní y volver a exponer la infraestructura energética del reino a nuevos ataques.

 

Por esa razón, Riad bloqueó inicialmente el acceso estadounidense a bases y espacio aéreo indispensables para la operación. No era una ruptura con Washington, pero sí una advertencia inequívoca: incluso un aliado histórico podía decir «no» cuando entendía que sus intereses vitales estaban en juego.

 

Si el episodio entre Washington y Riad hubiera sido un hecho aislado, podría explicarse como un desacuerdo circunstancial entre dos gobiernos. Pero observado a la luz de la interpretación de Alexander Stubb adquiere un significado mucho más profundo.

 

La negativa saudita no fue simplemente una diferencia táctica. Fue la expresión de un cambio en la forma en que los Estados entienden sus alianzas.

 

En The Triangle of Power: Rebalancing the New World Order, Stubb sostiene que el sistema internacional está dejando atrás la etapa unipolar surgida tras el colapso de la Unión Soviética. No afirma que Estados Unidos haya dejado de ser la principal potencia mundial ni que otra nación vaya a sustituirlo como centro exclusivo del poder.

 

Su tesis es más compleja y, probablemente, más realista.

 

El mundo está entrando en una etapa en la que el poder se distribuye entre varios centros de decisión y donde los Estados recuperan un margen creciente para definir y defender sus propios intereses nacionales.

 

Las alianzas no desaparecen.

 

La OTAN continúa siendo indispensable para la seguridad europea y la cooperación entre Estados Unidos y sus socios sigue siendo un elemento esencial del equilibrio internacional.

 

Lo que cambia es la naturaleza de esas relaciones.

 

Las alianzas dejan de funcionar por automatismo y pasan a sustentarse en decisiones cada vez más condicionadas por los intereses nacionales de cada uno de sus miembros.

 

El caso saudita ilustra con claridad esa evolución.

 

Riad no rompió su alianza con Washington. No expulsó a las fuerzas estadounidenses ni puso fin a décadas de cooperación militar.

 

Lo que hizo fue ejercer un derecho que durante muchos años parecía reservado únicamente a las grandes potencias: discrepar cuando consideró que la estrategia propuesta aumentaba los riesgos para su propia seguridad.

 

Ese «no» posee un significado que trasciende la crisis del estrecho de Ormuz.

 

Refleja la aparición de una nueva realidad internacional en la que incluso los aliados más cercanos se sienten hoy con la autoridad política suficiente para defender públicamente sus propios intereses cuando estos no coinciden plenamente con los de la potencia que encabeza la alianza.

 

La influencia continúa existiendo.

 

El liderazgo también.

 

Lo que parece haber terminado es la época en que una alianza implicaba obediencia automática.

 

Quizá ese sea el cambio más importante que Alexander Stubb intenta explicar: el poder no desaparece, pero empieza a ejercerse sobre aliados que han decidido pensar y actuar cada vez más por sí mismos.

 

EUROPA TAMBIÉN COMENZÓ A DECIDIR POR SÍ MISMA

 

Arabia Saudita no fue el único aliado que actuó siguiendo esa lógica.

 

Mientras Washington e Israel avanzaban hacia una confrontación militar con Irán, la mayoría de los gobiernos europeos adoptó una posición mucho más prudente. Respaldaron el derecho de Israel a defenderse y mantuvieron intactos sus compromisos con la OTAN, pero evitaron involucrarse directamente en una guerra regional que consideraban contraria a los intereses estratégicos del continente.

 

Europa comprendía que un conflicto prolongado en el Golfo amenazaba el suministro energético mundial, afectaba su economía y aumentaba el riesgo de una nueva desestabilización regional.

 

Su prioridad fue contener la escalada antes que ampliarla.

 

Ese comportamiento coincide plenamente con la interpretación de Alexander Stubb.

 

Las alianzas permanecen, pero funcionan de otra manera. La cooperación ya no excluye la discrepancia, y la solidaridad entre aliados deja espacio a una autonomía estratégica que hace apenas dos décadas habría parecido excepcional.

 

LA PARADOJA DE TRUMP

 

La transformación descrita por Stubb plantea un desafío para cualquier presidente estadounidense. En el caso de Donald Trump, ese desafío adquiere una dimensión especialmente interesante.

 

Trump ha insistido durante años en que los aliados deben asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad. Ha reclamado a los miembros de la OTAN un incremento de su gasto militar y ha pedido a Europa y a los países del Golfo depender menos del poder estadounidense.

 

Ese planteamiento responde a una lógica comprensible.

 

Estados Unidos ya no puede soportar en solitario el enorme costo político, económico y militar del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.

 

Pero esa estrategia contiene una paradoja.

 

A medida que los aliados adquieren mayores capacidades militares, económicas y políticas, también fortalecen su capacidad para decidir por sí mismos.

 

Y cuando esas decisiones no coinciden con las preferencias de Washington, surge inevitablemente la tensión.

 

Eso fue precisamente lo ocurrido con Arabia Saudita.

 

El reino actuó como Estados Unidos llevaba años pidiendo a sus aliados que actuaran: evaluó la situación desde la perspectiva de sus propios intereses nacionales.

 

Sin embargo, la conclusión a la que llegó fue distinta de la esperada por Washington.

 

La paradoja, en realidad, no pertenece únicamente a Trump.

 

Refleja un dilema histórico que probablemente marcará la política exterior estadounidense durante las próximas décadas:

 

¿Cómo mantener el liderazgo de una alianza cuyos miembros son cada vez más fuertes, más seguros de sí mismos y más autónomos?

 

EL DISCURSO QUE PUTIN NO QUERÍA ESCUCHAR

 

Recientemente Europa ofreció otra señal de esa misma transformación.

 

Durante la Conferencia para la Recuperación de Ucrania celebrada en Roma, el canciller alemán Friedrich Merz pronunció un discurso que trascendía ampliamente la guerra en Ucrania.

 

Más que anunciar nuevas medidas de apoyo, reveló un cambio profundo en la forma en que Europa empieza a concebir su propia seguridad.

 

Ese discurso merece una reflexión específica. Por esa razón le dediqué el ensayo "El discurso que Putin no quería escuchar", donde analizo cómo Europa comienza a asumir responsabilidades estratégicas que durante décadas descansaron principalmente sobre Estados Unidos.

 

Lo relevante para este artículo es que esa evolución confirma, desde un escenario completamente distinto, la tesis formulada por Alexander Stubb.

 

Merz no habló como el dirigente de un continente resignado a ser protegido.

 

Habló como representante de una Europa que empieza a comprender que su seguridad no puede depender exclusivamente de la voluntad de Washington.

 

Esa diferencia resulta decisiva.

 

Europa no está abandonando la alianza atlántica.

 

Está entendiendo que una alianza sólida exige socios capaces de asumir responsabilidades propias.

 

El punto central no es que Europa pretenda sustituir a Estados Unidos.

 

Es que comienza a comprender que su peso político dependerá cada vez más de su capacidad para actuar, invertir, defenderse y decidir.

 

Esa es precisamente la lógica de la nueva cultura estratégica.

 

Los aliados no dejan de ser aliados, pero ya no pueden permitirse actuar como simples dependencias estratégicas.

 

Si el discurso de Merz incomodó a Putin fue porque reveló que la guerra de Ucrania está produciendo un cambio que Moscú probablemente no esperaba: una Europa más consciente de sus vulnerabilidades, pero también más decidida a corregirlas.

 

Ese despertar europeo no contradice a Stubb.

 

Lo confirma.

 

El mundo que describe el presidente de Finlandia no es un mundo sin alianzas.

 

Es un mundo donde las alianzas solo podrán sobrevivir si están formadas por Estados que se respetan precisamente porque son capaces de decidir y asumir sus propias responsabilidades.

 

DEL GOLFO PÉRSICO A AMÉRICA LATINA

 

La tesis de Alexander Stubb no se agota en Europa ni en el Golfo Pérsico.

 

Si el orden internacional avanza hacia alianzas menos automáticas y más soberanas, América Latina tendrá que preguntarse cuál será su lugar en ese nuevo escenario.

 

Durante demasiado tiempo, nuestra región ha oscilado entre dos extremos igualmente estériles: la subordinación pasiva a una potencia externa o el antiamericanismo retórico que, con frecuencia, termina abriendo la puerta a nuevas formas de dependencia.

 

Ninguna de esas opciones responde a la lógica del mundo que Stubb describe.

 

La pregunta de fondo es otra.

 

¿Puede América Latina convertirse en una comunidad de naciones independientes, capaces de relacionarse con las principales potencias del mundo desde la dignidad de socios y no desde la fragilidad de protectorados?

 

Esa pregunta no es abstracta.

 

Afecta la seguridad, la economía, la tecnología, la energía, la migración y, sobre todo, la defensa de la democracia.

 

Un continente fragmentado, débil y sin una visión compartida seguirá siendo objeto de disputa entre las grandes potencias.

 

Un continente capaz de coordinar intereses, defender principios y construir alianzas responsables dispondrá de un margen mucho mayor para influir en su propio destino.

 

La nueva cultura estratégica no exige romper alianzas.

 

Exige algo más difícil y, al mismo tiempo, más valioso: construirlas desde la soberanía, la responsabilidad y el respeto mutuo.

 

CONCLUSIÓN

 

Alexander Stubb nos invita a mirar más allá de la guerra, más allá de la política cotidiana y más allá de los nombres de los gobernantes.

 

Su tesis no consiste en anunciar el fin de una potencia ni el ascenso inevitable de otra.

 

Consiste en advertir que el mundo está aprendiendo a funcionar de una manera diferente.

 

Si tiene razón, el episodio entre Washington y Arabia Saudita no será recordado únicamente por la crisis que provocó.

 

Será recordado porque puso de manifiesto algo mucho más profundo: las grandes potencias empiezan a descubrir los límites de su influencia cuando incluso sus propios aliados deciden ejercer plenamente su soberanía.

 

Las alianzas no desaparecen.

 

Pero dejan de descansar sobre la obediencia automática y comienzan a sostenerse sobre el respeto entre Estados que cooperan sin renunciar a decidir por sí mismos.

 

Esa reflexión trasciende a Europa, al Golfo Pérsico y a Estados Unidos.

 

También interpela a América Latina.

 

Porque, si el mundo avanza hacia alianzas entre Estados cada vez más soberanos, nuestra región tendrá que responder una pregunta que marcará buena parte de su futuro:

 

¿Quiere ser un conjunto de protectorados que gravitan alrededor de una gran potencia, o una comunidad de naciones independientes capaz de construir alianzas entre socios que se respetan mutuamente?

 

Hace más de un siglo, José Martí escribió una frase que hoy adquiere una sorprendente actualidad:

 

“La libertad cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio.”

 

Martí pensaba en la libertad de los pueblos.

 

Pero su advertencia también ilumina la libertad de los Estados para decidir su propio destino.

 

Finlandia la defendió frente a la invasión soviética.

 

Arabia Saudita intentó ejercerla al anteponer su propia evaluación estratégica.

 

Europa comienza a reivindicarla al asumir mayores responsabilidades sobre su seguridad.

 

Y Alexander Stubb la convierte en una de las claves para comprender el nuevo equilibrio del poder mundial.


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CUBA: LA VERDADERA CAUSA DE LA CRISIS HUMANITARIA


Por Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

La misión de las Naciones Unidas no consiste en administrar las consecuencias de las dictaduras, sino en tener el valor de señalar las causas que las producen.

 

Francisco Pichón, coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, tiene razón al describir la gravedad de la crisis humanitaria que padecen millones de cubanos. Lo que resulta discutible es su explicación. Presentar las sanciones estadounidenses y la falta de combustible como la causa principal del desastre cubano equivale a confundir el síntoma con la enfermedad.

 

La emergencia humanitaria de Cuba no comenzó ahora. Es el resultado de décadas de decisiones tomadas por un monopolio político y económico que concentra la mayor parte de los recursos nacionales, fija las prioridades de inversión y opera sin controles públicos efectivos ni verdadera rendición de cuentas. Mientras esa estructura permanezca intacta, cualquier intento de explicar la crisis atribuyéndola principalmente a factores externos será, inevitablemente, una explicación incompleta.

 

Ese monopolio es GAESA, el conglomerado construido bajo la autoridad de Raúl Castro y administrado por un reducido grupo de sus incondicionales. En los hechos, GAESA controla una parte dominante de la economía cubana: turismo, comercio en divisas, puertos, zonas francas, inmobiliarias, servicios financieros y otros sectores estratégicos. Mientras ese aparato concentre las principales fuentes de divisas y decida las prioridades nacionales, ninguna explicación seria puede colocar a Estados Unidos como el origen principal del desastre.

 

Las propias estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) respaldan esa conclusión. Durante varios años, la inversión en hoteles y restaurantes superó ampliamente la destinada a la agricultura, la industria alimentaria, la salud, los acueductos y otros servicios públicos esenciales. Esas cifras oficiales revelan cuáles fueron las prioridades del régimen: mientras el aparato económico controlado por el poder seguía expandiendo la infraestructura turística, la capacidad del país para producir alimentos, mantener hospitales y garantizar servicios básicos continuaba deteriorándose.

 

Durante años, el régimen destinó recursos enormes a inversiones turísticas, incluso cuando la ocupación hotelera caía y la población sufría una escasez creciente de alimentos, medicinas y servicios básicos. Mientras se construían hoteles, se reducía la prioridad de la agricultura, los hospitales, los acueductos, el alcantarillado, el transporte público, la compra de medicamentos y el control de plagas. Esa política de inversiones no fue un accidente; fue una decisión consciente del monopolio que controla la economía nacional.

 

La crisis alimentaria no puede explicarse por el embargo. Cuba dispone de tierras fértiles, abundante agua y condiciones climáticas privilegiadas. Lo que no tiene es libertad económica para producir. El monopolio estatal, los controles de precios, la inseguridad jurídica y la falta de incentivos destruyeron durante décadas la capacidad productiva del campo cubano. Paradójicamente, Estados Unidos ha sido durante años uno de los principales proveedores de alimentos y proteínas para Cuba, especialmente pollo, maíz y soya, vendidos bajo las excepciones humanitarias previstas en la legislación estadounidense.

 

Tampoco es cierto que las sanciones impidan la compra de medicamentos. La legislación de Estados Unidos contempla licencias para la exportación de medicamentos, equipos médicos y otros productos humanitarios. Si las farmacias cubanas permanecen vacías y los hospitales continúan deteriorándose, la explicación principal debe buscarse en las prioridades del monopolio económico que administra los recursos del país, no en Washington.

 

A ello se suma la deuda creciente con el Club de París, que alcanzó los 4.795 millones de dólares en 2025. Esa deuda no la contrajo Estados Unidos. Es el resultado de un Estado que durante años ha incumplido sus compromisos financieros mientras continuaba destinando cuantiosos recursos a sectores controlados por el propio monopolio. Ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido cuando pierde credibilidad financiera y utiliza las divisas disponibles para fortalecer la estructura del poder antes que el bienestar de sus ciudadanos.

 

La ayuda humanitaria internacional es necesaria y debe llegar al pueblo cubano. Pero la comunidad internacional no debe aceptar medias verdades. El problema central de Cuba no es que Estados Unidos le impida desarrollarse. El problema es que un monopolio económico y político decide qué se construye, qué se importa, quién recibe las divisas y qué sectores se abandonan.

 

La verdadera tragedia de Cuba no radica únicamente en la escasez de alimentos, medicinas o combustible. Reside en un sistema que durante más de seis décadas concentró el poder político y económico en un mismo monopolio, eliminó los mecanismos de control y convirtió las prioridades del Estado en las prioridades de quienes lo administran. Cuando desaparecen la transparencia y la rendición de cuentas, los recursos nacionales dejan de servir al bien común y terminan preservando el poder y los privilegios de una minoría, mientras la mayoría de la población se empobrece.

 

Francisco Pichón tiene una enorme responsabilidad ante la historia y ante el pueblo de Cuba. Como representante de las Naciones Unidas, no basta con describir el sufrimiento de los cubanos ni con repetir explicaciones parciales que desplazan la atención hacia factores externos. Su deber moral es señalar la causa estructural de esa tragedia: un monopolio político y económico que durante más de seis décadas ha desviado los recursos nacionales hacia la conservación del poder, mientras abandonaba la producción de alimentos, la salud pública, los servicios esenciales y el bienestar de los cubanos.

 

La misión de las Naciones Unidas no consiste en administrar las consecuencias de las dictaduras, sino en tener el valor de señalar las causas que las producen.

 


CUBA: THE TRUE CAUSE OF THE

 HUMANITARIAN CRISIS

The mission of the United Nations is not merely to manage the consequences of dictatorships, but to have the courage to identify the causes that create them.

By Huber Matos Araluce.  San José, Costa Rica

 

Francisco Pichón, the United Nations Resident Coordinator in Cuba, is right to describe the severity of the humanitarian crisis affecting millions of Cubans. What is open to question is his explanation. Presenting U.S. sanctions and fuel shortages as the primary cause of Cuba's collapse confuses the symptom with the disease.

 

Cuba's humanitarian emergency did not begin yesterday. It is the result of decades of decisions made by a political and economic monopoly that controls most of the nation's resources, determines investment priorities, and operates without effective public oversight or genuine accountability. As long as that structure remains intact, any attempt to explain the crisis primarily through external factors will inevitably be incomplete.

 

That monopoly is GAESA, the business conglomerate built under Raúl Castro's authority and managed by a small circle of his most trusted loyalists. In practice, GAESA dominates a substantial portion of the Cuban economy, including tourism, hard-currency retail, ports, free-trade zones, real estate, financial services, and other strategic sectors. As long as this apparatus controls the country's principal sources of revenue and determines national priorities, no serious analysis can portray the United States as the principal cause of Cuba's humanitarian disaster.

 

Official figures published by Cuba's National Office of Statistics and Information (ONEI) support this conclusion. For years, investment in hotels and restaurants vastly exceeded investment in agriculture, food production, healthcare, water infrastructure, and other essential public services. These official statistics reveal the regime's true priorities: while the economic apparatus controlled by those in power continued expanding the tourism sector, the country's ability to produce food, maintain hospitals, and provide basic services steadily deteriorated.

 

For years, the regime devoted enormous resources to tourism projects even as hotel occupancy declined and Cubans faced growing shortages of food, medicine, and essential services. While hotels continued to rise, agriculture, hospitals, water systems, sewage infrastructure, public transportation, medicine procurement, and pest-control programs were steadily neglected. This investment strategy was no accident; it reflected deliberate decisions made by the monopoly that controls Cuba's economy.

 

Cuba's food crisis cannot be explained by the U.S. embargo alone. The island possesses fertile land, abundant water, and favorable climatic conditions. What it lacks is economic freedom. State monopolies, price controls, legal insecurity, and the absence of incentives have destroyed agricultural productivity over several decades. Ironically, the United States has long been one of Cuba's principal suppliers of food and protein products—particularly chicken, corn, and soybeans—sold under humanitarian exemptions established in U.S. law.

 

Nor is it true that U.S. sanctions categorically prohibit the purchase of medicines. American legislation provides licenses for the export of medicines, medical equipment, and other humanitarian goods. If Cuban pharmacies remain empty and hospitals continue to deteriorate, the principal explanation lies not in Washington but in the priorities established by the monopoly that controls the country's economic resources.

 

Adding to this reality is Cuba's growing debt to the Paris Club, which reached $4.795 billion in 2025. The United States did not incur that debt. It is the consequence of a government that has repeatedly failed to honor its financial obligations while continuing to allocate vast resources to sectors controlled by that same monopoly. No nation can achieve sustainable development after losing financial credibility while directing scarce resources toward preserving its power structure instead of improving the well-being of its citizens.

 

International humanitarian assistance remains essential and should continue reaching the Cuban people. But the international community should not accept half-truths. Cuba's central problem is not that the United States prevents its development. The real problem is that a political and economic monopoly determines what gets built, what gets imported, who receives hard currency, and which sectors are abandoned.

 

Cuba's real tragedy is not merely the shortage of food, medicine, or fuel. It lies in a system that, for more than six decades, has concentrated political and economic power within a single monopoly, eliminated meaningful oversight, and transformed the priorities of the state into the priorities of those who control it. When transparency and accountability disappear, national resources cease serving the common good and instead preserve the power and privileges of a small minority while the overwhelming majority grows poorer.

 

Francisco Pichón bears a profound responsibility before history and before the Cuban people. As a representative of the United Nations, it is not enough to describe the suffering of Cubans while repeating partial explanations that shift attention toward external factors. His moral duty is to identify the structural cause of this tragedy: a political and economic monopoly that, for more than six decades, has diverted the nation's resources toward preserving its own power while neglecting food production, public health, essential services, and the welfare of the Cuban people.

 

The mission of the United Nations is not merely to manage the consequences of dictatorships, but to have the courage to identify the causes that create them.

 

 

CUBA : LA VÉRITABLE CAUSE DE LA 

CRISE HUMANITAIRE

La mission des Nations Unies ne consiste pas à gérer les conséquences des dictatures, mais à avoir le courage d'en dénoncer les causes.

 

Par Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

Francisco Pichón, coordinateur résident des Nations Unies à Cuba, a raison de décrire la gravité de la crise humanitaire qui frappe des millions de Cubains. Ce qui est discutable, en revanche, c'est son explication. Présenter les sanctions américaines et la pénurie de carburant comme la principale cause de l'effondrement de Cuba revient à confondre le symptôme avec la maladie.

 

L'urgence humanitaire à Cuba n'a pas commencé aujourd'hui. Elle est le résultat de décennies de décisions prises par un monopole politique et économique qui concentre l'essentiel des ressources nationales, fixe les priorités d'investissement et fonctionne sans véritable contrôle public ni réelle obligation de rendre des comptes. Tant que cette structure demeurera intacte, toute tentative d'expliquer la crise principalement par des facteurs extérieurs restera inévitablement incomplète.

 

Ce monopole s'appelle GAESA, le conglomérat économique développé sous l'autorité de Raúl Castro et administré par un cercle restreint de ses plus fidèles collaborateurs. Dans les faits, GAESA contrôle une part dominante de l'économie cubaine : le tourisme, le commerce en devises, les ports, les zones franches, l'immobilier, les services financiers ainsi que d'autres secteurs stratégiques. Tant que cet appareil contrôlera les principales sources de devises du pays et déterminera les priorités nationales, aucune analyse sérieuse ne pourra désigner les États-Unis comme la principale cause de la catastrophe humanitaire cubaine.

 

Les statistiques officielles de l'Office national des statistiques et de l'information (ONEI) confirment cette réalité. Pendant plusieurs années, les investissements dans les hôtels et la restauration ont largement dépassé ceux consacrés à l'agriculture, à l'industrie alimentaire, à la santé, aux réseaux d'eau potable et aux autres services publics essentiels. Ces chiffres révèlent clairement les véritables priorités du régime : tandis que l'appareil économique contrôlé par le pouvoir poursuivait l'expansion de l'infrastructure touristique, la capacité du pays à produire des aliments, à entretenir ses hôpitaux et à assurer les services essentiels ne cessait de se dégrader.

 

Pendant des années, le régime a consacré des ressources considérables aux investissements touristiques, alors même que le taux d'occupation des hôtels diminuait et que la population faisait face à des pénuries croissantes de nourriture, de médicaments et de services essentiels. Pendant que de nouveaux hôtels étaient construits, l'agriculture, les hôpitaux, les réseaux d'eau, les infrastructures d'assainissement, les transports publics, l'achat de médicaments et la lutte contre les nuisibles perdaient progressivement toute priorité. Cette politique d'investissement n'était pas le fruit du hasard ; elle résultait d'un choix délibéré du monopole qui contrôle l'économie nationale.

 

La crise alimentaire ne peut être expliquée uniquement par l'embargo américain. Cuba dispose de terres fertiles, d'abondantes ressources en eau et de conditions climatiques favorables. Ce qui lui manque, c'est la liberté économique. Le monopole de l'État, le contrôle des prix, l'insécurité juridique et l'absence d'incitations ont détruit, au fil des décennies, la capacité productive de l'agriculture cubaine. Paradoxalement, les États-Unis comptent depuis longtemps parmi les principaux fournisseurs de produits alimentaires et de protéines à Cuba, notamment de poulet, de maïs et de soja, exportés dans le cadre des exceptions humanitaires prévues par la législation américaine.

 

Il est tout aussi inexact d'affirmer que les sanctions empêchent l'achat de médicaments. La législation américaine prévoit des licences autorisant l'exportation de médicaments, d'équipements médicaux et d'autres produits humanitaires. Si les pharmacies cubaines sont vides et que les hôpitaux continuent de se dégrader, la principale explication se trouve non pas à Washington, mais dans les priorités du monopole économique qui administre les ressources du pays.

 

À cela s'ajoute la dette croissante de Cuba envers le Club de Paris, qui atteignait 4,795 milliards de dollars en 2025. Cette dette n'a pas été contractée par les États-Unis. Elle résulte d'un État qui, depuis des années, ne respecte pas ses engagements financiers tout en continuant à consacrer des ressources considérables aux secteurs contrôlés par ce même monopole. Aucun pays ne peut espérer un développement durable lorsqu'il perd sa crédibilité financière et privilégie le maintien de son appareil de pouvoir au détriment du bien-être de ses citoyens.

 

L'aide humanitaire internationale est indispensable et doit continuer à parvenir au peuple cubain. Mais la communauté internationale ne peut se satisfaire de demi-vérités. Le problème fondamental de Cuba n'est pas que les États-Unis empêchent son développement. Le véritable problème est qu'un monopole politique et économique décide de ce qui est construit, de ce qui est importé, de ceux qui reçoivent les devises et des secteurs qui sont abandonnés.

 

La véritable tragédie de Cuba ne réside pas seulement dans la pénurie de nourriture, de médicaments ou de carburant. Elle réside dans un système qui, depuis plus de six décennies, concentre le pouvoir politique et économique entre les mains d'un seul monopole, a supprimé les mécanismes de contrôle et a transformé les priorités de l'État en celles de ceux qui l'administrent. Lorsque la transparence et la responsabilité disparaissent, les ressources nationales cessent de servir l'intérêt général et finissent par préserver le pouvoir et les privilèges d'une minorité, tandis que la majorité de la population s'appauvrit.

 

Francisco Pichón porte une immense responsabilité devant l'Histoire et devant le peuple cubain. En tant que représentant des Nations Unies, il ne suffit pas de décrire les souffrances des Cubains ni de reprendre des explications partielles qui détournent l'attention vers des facteurs extérieurs. Son devoir moral est de désigner la cause structurelle de cette tragédie : un monopole politique et économique qui, depuis plus de six décennies, détourne les ressources nationales vers la préservation du pouvoir, tout en abandonnant la production alimentaire, la santé publique, les services essentiels et le bien-être des Cubains.

 

La mission des Nations Unies ne consiste pas à gérer les conséquences des dictatures, mais à avoir le courage d'en dénoncer les causes.




 

CUBA: LA VERA CAUSA DELLA CRISI UMANITARIA

La missione delle Nazioni Unite non consiste nel gestire le conseguenze delle dittature, ma nell'avere il coraggio di denunciarne le cause.

 

Di Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

Francisco Pichón, coordinatore residente delle Nazioni Unite a Cuba, ha ragione nel descrivere la gravità della crisi umanitaria che colpisce milioni di cubani. Ciò che invece è discutibile è la sua spiegazione. Presentare le sanzioni statunitensi e la carenza di carburante come la causa principale del disastro cubano significa confondere il sintomo con la malattia.

 

L'emergenza umanitaria a Cuba non è iniziata oggi. È il risultato di decenni di decisioni prese da un monopolio politico ed economico che concentra la maggior parte delle risorse nazionali, stabilisce le priorità degli investimenti e opera senza un effettivo controllo pubblico né una reale responsabilità istituzionale. Finché questa struttura rimarrà intatta, qualsiasi tentativo di spiegare la crisi attribuendola principalmente a fattori esterni sarà inevitabilmente incompleto.

 

Questo monopolio è GAESA, il conglomerato economico sviluppato sotto l'autorità di Raúl Castro e amministrato da un ristretto gruppo di suoi fedelissimi. Nei fatti, GAESA controlla una parte dominante dell'economia cubana: il turismo, il commercio in valuta estera, i porti, le zone franche, il settore immobiliare, i servizi finanziari e numerosi altri comparti strategici. Finché questo apparato controllerà le principali fonti di valuta del Paese e determinerà le priorità nazionali, nessuna analisi seria potrà indicare gli Stati Uniti come la causa principale della catastrofe umanitaria cubana.

 

Le stesse statistiche ufficiali dell'Ufficio Nazionale di Statistica e Informazione (ONEI) confermano questa realtà. Per diversi anni gli investimenti destinati agli alberghi e alla ristorazione hanno superato di gran lunga quelli destinati all'agricoltura, all'industria alimentare, alla sanità, alle infrastrutture idriche e agli altri servizi pubblici essenziali. Questi dati ufficiali mostrano con chiarezza quali fossero le vere priorità del regime: mentre l'apparato economico controllato dal potere continuava ad ampliare l'infrastruttura turistica, la capacità del Paese di produrre alimenti, mantenere gli ospedali e garantire i servizi essenziali continuava a deteriorarsi.

 

Per anni il regime ha destinato enormi risorse agli investimenti turistici, anche quando il tasso di occupazione alberghiera diminuiva e la popolazione soffriva una crescente scarsità di alimenti, medicinali e servizi fondamentali. Mentre si costruivano nuovi alberghi, agricoltura, ospedali, acquedotti, reti fognarie, trasporto pubblico, acquisto di medicinali e controllo dei parassiti perdevano progressivamente ogni priorità. Questa politica degli investimenti non è stata un caso, ma una scelta deliberata del monopolio che controlla l'economia nazionale.

 

La crisi alimentare non può essere spiegata soltanto con l'embargo americano. Cuba dispone di terre fertili, abbondanti risorse idriche e condizioni climatiche favorevoli. Ciò che manca è la libertà economica. Il monopolio statale, il controllo dei prezzi, l'insicurezza giuridica e la mancanza di incentivi hanno distrutto nel corso dei decenni la capacità produttiva dell'agricoltura cubana. Paradossalmente, gli Stati Uniti figurano da anni tra i principali fornitori di alimenti e proteine per Cuba, in particolare pollo, mais e soia, esportati nell'ambito delle eccezioni umanitarie previste dalla legislazione statunitense.

 

Non è nemmeno corretto affermare che le sanzioni impediscano l'acquisto di medicinali. La legislazione degli Stati Uniti prevede licenze per l'esportazione di medicinali, apparecchiature mediche e altri beni umanitari. Se le farmacie cubane restano vuote e gli ospedali continuano a deteriorarsi, la spiegazione principale va ricercata non a Washington, ma nelle priorità del monopolio economico che amministra le risorse del Paese.

 

A ciò si aggiunge il crescente debito di Cuba nei confronti del Club di Parigi, che nel 2025 ha raggiunto i 4,795 miliardi di dollari. Questo debito non è stato contratto dagli Stati Uniti. È il risultato di uno Stato che da anni non rispetta i propri impegni finanziari, continuando al tempo stesso a destinare ingenti risorse ai settori controllati dallo stesso monopolio. Nessun Paese può aspirare a uno sviluppo sostenibile quando perde credibilità finanziaria e utilizza le proprie risorse per rafforzare la struttura del potere anziché migliorare il benessere dei cittadini.

 

Gli aiuti umanitari internazionali sono indispensabili e devono continuare a raggiungere il popolo cubano. Tuttavia, la comunità internazionale non dovrebbe accontentarsi di mezze verità. Il problema fondamentale di Cuba non è che gli Stati Uniti ne impediscano lo sviluppo. Il vero problema è che un monopolio politico ed economico decide cosa costruire, cosa importare, chi riceve valuta estera e quali settori vengono abbandonati.

 

La vera tragedia di Cuba non consiste soltanto nella scarsità di alimenti, medicinali o carburante. Risiede in un sistema che, da oltre sei decenni, ha concentrato il potere politico ed economico in un unico monopolio, eliminando ogni effettivo meccanismo di controllo e trasformando le priorità dello Stato in quelle di chi lo amministra. Quando trasparenza e responsabilità vengono meno, le risorse nazionali cessano di servire il bene comune e finiscono per preservare il potere e i privilegi di una minoranza, mentre la maggioranza della popolazione sprofonda nella povertà.

 

Francisco Pichón porta una grande responsabilità nei confronti della storia e del popolo cubano. In qualità di rappresentante delle Nazioni Unite, non basta descrivere la sofferenza dei cubani né ripetere spiegazioni parziali che spostano l'attenzione verso fattori esterni. Il suo dovere morale è indicare la causa strutturale di questa tragedia: un monopolio politico ed economico che, da oltre sei decenni, devia le risorse nazionali verso la conservazione del potere, abbandonando la produzione alimentare, la sanità pubblica, i servizi essenziali e il benessere del popolo cubano.

 

La missione delle Nazioni Unite non consiste nel gestire le conseguenze delle dittature, ma nell'avere il coraggio di denunciarne le cause.

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