EL PRECIO DE NO PARECER DÉBIL


Huber Matos Araluce, 
San José, Costa Rica

 

Cuando Irán decidió atacar Israel, sabía exactamente lo que estaba arriesgando. Sabía que Israel podía alcanzar sus bases de misiles, sus sistemas de defensa aérea y parte de la infraestructura industrial que sostiene su poder militar. Sabía que cualquier intercambio militar probablemente le costaría más de lo que podía infligir. Sin embargo, atacó de todos modos.

 

Algunos analistas interpretaron esta decisión como una señal de creciente confianza dentro de la República Islámica. Amir Azimi, editor de BBC Persian, sugirió que los líderes iraníes podrían haber actuado convencidos de que el régimen había demostrado su resiliencia después de años de sanciones, presiones militares y dificultades económicas. Según esta interpretación, Irán habría salido fortalecido psicológicamente de los conflictos recientes y estaría dispuesto a imponer nuevas líneas rojas.

 

Sin embargo, la evidencia apunta a una conclusión diferente.

Irán no atacó porque se sintiera más fuerte. Atacó porque no podía permitirse parecer débil.

 

La mayoría de los misiles iraníes no produjeron resultados militares significativos. Israel mantuvo intacta su capacidad operativa, sus fuerzas armadas continuaron funcionando normalmente y el equilibrio estratégico no cambió de manera apreciable. Desde el punto de vista militar, Teherán obtuvo pocos beneficios concretos.

 

La respuesta israelí fue muy diferente.

 

Los ataques de represalia se concentraron en algunos de los activos más importantes de la estructura militar iraní. Entre los objetivos reportados figuraron instalaciones de lanzamiento de misiles, infraestructura relacionada con la producción y almacenamiento de armamento, sistemas de defensa aérea y centros industriales vinculados al programa misilístico iraní.

 

Particularmente importante fue el complejo Ahmad Kazemi, cerca de Isfahán, considerado uno de los centros más relevantes para la producción, ensamblaje, almacenamiento y despliegue de misiles de la Guardia Revolucionaria. Este tipo de instalaciones representan décadas de inversión y constituyen la base de la capacidad de disuasión convencional de Irán.

 

Los ataques también alcanzaron sectores petroquímicos e industriales estratégicos. Estas instalaciones no solo generan ingresos vitales para la economía iraní, sino que además producen materiales de doble uso que pueden apoyar la fabricación de misiles y otros sistemas militares. Al demostrar que podía amenazar estos activos, Israel dejó claro que una futura escalada podría extenderse mucho más allá del campo de batalla.

 

La importancia de estos daños no debe subestimarse. Un misil puede reemplazarse. Un lanzador puede reconstruirse. Pero restaurar complejos industriales, redes de producción, sistemas integrados de defensa aérea y cadenas logísticas puede requerir años de trabajo y enormes recursos económicos.

 

Si los líderes iraníes sabían que estos activos eran vulnerables, surge una pregunta inevitable: ¿por qué decidieron atacar?

 

La respuesta más convincente es la credibilidad.

 

Durante décadas, Irán ha construido una red regional de aliados y organizaciones armadas basada en la percepción de que respaldará a sus socios cuando sean desafiados. Hezbolá, los hutíes, las milicias iraquíes y otros miembros del llamado Eje de la Resistencia dependen, en distintos grados, de esa reputación.

 

Si Teherán hubiera permanecido pasivo después de emitir amenazas públicas y prometer represalias, aliados y adversarios habrían comenzado a cuestionar la seriedad de sus compromisos. Para el liderazgo iraní, el daño político de parecer incapaz o poco dispuesto a responder podía resultar más peligroso que los daños materiales causados por Israel.

 

Por eso Irán aceptó un intercambio militar que sabía desfavorable.

 

Los dirigentes iraníes conocían la superioridad tecnológica, aérea y de inteligencia de Israel. Sabían que sus bases de misiles, defensas aéreas e instalaciones estratégicas estaban expuestas. También sabían que los daños que podían causar a Israel serían probablemente menores que los que Israel podía infligirles a ellos.

 

Sin embargo, consideraron que no responder era una opción todavía peor.

 

Esta realidad hace difícil aceptar la idea de que el ataque fue una demostración de confianza creciente. Los Estados que se sienten fuertes suelen preservar sus ventajas y evitar riesgos innecesarios. Los Estados que se sienten vulnerables, por el contrario, a menudo asumen riesgos precisamente porque temen las consecuencias de no actuar.

 

La ironía es evidente. El ataque destinado a demostrar fortaleza terminó exponiendo vulnerabilidades. Mientras los daños causados a Israel fueron limitados, la represalia israelí puso de relieve la fragilidad de algunos de los activos militares e industriales más importantes de Irán.

 

Por ello, la interpretación más convincente no es que la República Islámica actuó porque se sintiera más fuerte. Actuó porque consideró que el costo político de parecer débil era mayor que el costo militar de la represalia.

 

Irán no atacó porque estuviera seguro de ganar. Atacó porque creyó que no podía permitirse no hacerlo.

 

 

THE PRICE OF NOT APPEARING WEAK

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

When Iran decided to attack Israel, it knew exactly what it was risking. It knew that Israel could strike its missile bases, its air-defense systems, and part of the industrial infrastructure that sustains its military power. It knew that any military exchange would likely cost it more than it could inflict on its adversary. Yet it attacked anyway.

 

Some analysts interpreted this decision as a sign of growing confidence within the Islamic Republic. Amir Azimi, editor of BBC Persian, suggested that Iran's leaders may have acted on the belief that the regime had demonstrated resilience after years of sanctions, military pressure, and economic hardship. According to this interpretation, Iran emerged psychologically stronger from recent conflicts and was therefore willing to enforce new red lines.

 

The evidence, however, points to a different conclusion.

Iran did not attack because it felt stronger. It attacked because it could not afford to appear weak.

 

Most of Iran's missiles failed to produce meaningful military results. Israel maintained its operational capabilities, its armed forces continued to function normally, and the strategic balance remained largely unchanged. From a military standpoint, Tehran gained little of tangible value.

 

Israel's response was very different.

 

The retaliatory strikes reportedly focused on some of the most important assets within Iran's military structure. Among the reported targets were missile-launch facilities, missile production and storage infrastructure, air-defense systems, and industrial sites linked to Iran's missile program.

 

Particularly significant was the Ahmad Kazemi complex near Isfahan, considered one of the Revolutionary Guard's most important centers for missile production, assembly, storage, and deployment. Facilities like this represent decades of investment and form the foundation of Iran's conventional deterrent capability.

 

The strikes also targeted strategic petrochemical and industrial sectors. These facilities not only generate vital revenue for the Iranian economy but also produce dual-use materials that can support missile manufacturing and other military programs. By demonstrating its ability to threaten these assets, Israel sent a clear message that future confrontations could extend far beyond the battlefield.

 

The significance of such damage should not be underestimated. A missile can be replaced. A launcher can be rebuilt. But restoring industrial complexes, production networks, integrated air-defense systems, and logistical chains can take years and require enormous financial resources.

 

If Iranian leaders understood that these assets were vulnerable, an obvious question arises: why did they attack?

The most convincing answer is credibility.

 

For decades, Iran has built a regional network of allies and armed organizations based on the perception that it will stand behind its partners when challenged. Hezbollah, the Houthis, Iraqi militias, and other members of the so-called Axis of Resistance all depend, to varying degrees, on that reputation.

 

Had Tehran remained passive after issuing public threats and promising retaliation, both allies and adversaries would have begun to question the seriousness of its commitments. For Iran's leadership, the political damage of appearing unwilling or unable to respond may have been more dangerous than the material damage inflicted by Israel.

 

That is why Iran accepted a military exchange it knew was unfavorable.

 

Iranian leaders were fully aware of Israel's technological, intelligence, and air-power advantages. They knew that their missile bases, air defenses, and strategic facilities were vulnerable. They also knew that the damage they could inflict on Israel would likely be far smaller than the damage Israel could inflict on them.

 

Yet they concluded that failing to respond was an even worse option.

 

This reality makes it difficult to accept the argument that the attack was a demonstration of growing confidence. States that feel strong generally seek to preserve their advantages and avoid unnecessary risks. States that feel vulnerable, by contrast, often take risks precisely because they fear the consequences of inaction.

 

The irony is obvious. The attack intended to demonstrate strength ultimately exposed weakness. While the damage inflicted on Israel was limited, Israel's retaliation highlighted the vulnerability of some of Iran's most important military and industrial assets.

 

For this reason, the most convincing interpretation is not that the Islamic Republic acted because it felt stronger. It acted because it believed that the political cost of appearing weak was greater than the military cost of retaliation.

 

Iran did not attack because it was confident of victory. It attacked because it believed it could not afford not to.


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EL VERDADERO RIESGO NO ES EL COLAPSO DE CUBA


Respuesta al artículo de Walter Russell Mead “The Perils of a Cuban Collapse”, publicado en The Wall Street Journal el 8 de junio de 2026

 

Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

En su artículo publicado el 8 de junio de 2026 en The Wall Street Journal, titulado “The Perils of a Cuban Collapse”, Walter Russell Mead plantea una pregunta importante: ¿qué ocurriría si finalmente cae el régimen comunista cubano?

 

Sus preocupaciones merecen ser tomadas en serio. La inestabilidad política, las presiones migratorias, la criminalidad y la debilidad institucional son desafíos que pueden acompañar cualquier transición democrática. La historia ofrece numerosos ejemplos de sistemas autoritarios cuyo colapso generó períodos difíciles de ajuste.

 

Sin embargo, el análisis de Mead parte de una premisa que merece ser examinada con más detenimiento: que la Cuba actual representa estabilidad y que el principal peligro reside en lo que podría ocurrir después de la desaparición del régimen.

 

La realidad es muy distinta. Cuba no se acerca al colapso. Cuba ya lo está viviendo.

 

El sistema eléctrico nacional se encuentra al borde del fracaso. Provincias enteras pasan gran parte de sus días en la oscuridad. El transporte público apenas funciona. Los hospitales sufren una escasez crónica de medicamentos e insumos. La producción de alimentos continúa deteriorándose. La infraestructura del país se desmorona. Cientos de miles de cubanos han abandonado la Isla en una de las mayores oleadas migratorias de la historia moderna del hemisferio occidental.

 

El caos social y económico que Mead teme como una posibilidad futura es cada vez más visible en la realidad presente de Cuba.

 

El argumento de que la caída del régimen podría generar inestabilidad parte de la idea de que el sistema actual todavía proporciona estabilidad. Cada día resulta más difícil sostener esa afirmación.

 

Durante décadas, la dirigencia comunista sobrevivió gracias a una combinación de represión política, subsidios extranjeros, remesas familiares y aperturas económicas cuidadosamente controladas. Primero fue la Unión Soviética. Más tarde fue Venezuela. Los inversionistas extranjeros aportaron divisas. Los exiliados cubanos enviaron miles de millones de dólares para sostener a sus familiares atrapados en la Isla.

 

Pero sobrevivir no es lo mismo que tener éxito.

 

El principal logro del régimen cubano no ha sido la creación de prosperidad, oportunidades o instituciones sólidas. Su principal logro ha sido preservar su propio poder político mientras la capacidad productiva de la nación se deterioraba año tras año.

 

Mead señala correctamente que las instituciones cubanas se han debilitado de manera dramática. Donde muchos cubanos discreparían es en la causa de ese deterioro.

 

Las instituciones no se debilitaron porque la democracia llegara demasiado pronto.

Se debilitaron porque la democracia nunca llegó.

 

Un gobierno puede silenciar las protestas, encarcelar opositores y restringir la información. Lo que no puede hacer indefinidamente es suprimir la realidad económica. El deterioro que hoy se observa en Cuba no es consecuencia de una transición democrática fallida. Es el resultado acumulado de más de seis décadas de monopolio político.

 

Tampoco debe verse a la diáspora cubana únicamente como una fuente potencial de presión migratoria. La diáspora constituye uno de los mayores activos estratégicos de una futura Cuba democrática.

 

Millones de cubanos en el exterior poseen capital, experiencia empresarial, conocimientos profesionales, capacidad de gestión y profundos vínculos familiares con la Isla. A diferencia de muchos países que enfrentan procesos de transición, Cuba cuenta con una extensa red global capaz de contribuir a la reconstrucción económica, la inversión productiva y el fortalecimiento institucional.

 

La experiencia de Europa del Este ofrece una lección importante. Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, la República Checa y otros países enfrentaron enormes incertidumbres tras el colapso del comunismo. Sin embargo, la transición democrática terminó produciendo instituciones más fuertes, mayores niveles de prosperidad, más libertad política y una soberanía nacional más sólida.

 

El mayor peligro que enfrenta Cuba hoy no es la incertidumbre del cambio.

Es la certeza de la decadencia continua.

 

Cada año que transcurre bajo el modelo actual significa más emigración, más deterioro de la infraestructura, más empobrecimiento y menos jóvenes dispuestos a construir su futuro en el país.

 

El debate no debería plantearse como una elección entre estabilidad y cambio.

 

La verdadera elección es entre una transición democrática ordenada y una decadencia nacional descontrolada.

 

Walter Russell Mead tiene razón al preguntar qué ocurrirá después del comunismo.

 

Pero los cubanos también debemos preguntarnos qué ocurrirá si el comunismo nunca termina.

 

Después de más de seis décadas de fracaso económico, represión política, deterioro institucional y empobrecimiento nacional, esa puede ser la pregunta más urgente de todas.

 

El verdadero peligro no es que Cuba colapse después del comunismo.

 

El verdadero peligro es que Cuba siga colapsando bajo él.

 

 

THE REAL RISK IS NOT A CUBAN COLLAPSE

A Response to Walter Russell Mead's Wall Street Journal Column "The Perils of a Cuban Collapse" (June 8, 2026)

 

By Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

In his June 8, 2026 Wall Street Journal column, "The Perils of a Cuban Collapse," Walter Russell Mead raises an important question: What would happen if Cuba's communist regime finally falls?

 

His concerns deserve serious consideration. Political instability, migration pressures, criminal activity, and institutional weakness are challenges that can accompany democratic transitions. History offers many examples where the collapse of authoritarian systems created difficult periods of adjustment.

 

Yet Mr. Mead's analysis begins with an assumption that deserves closer examination: that Cuba today represents stability and that the principal danger lies in what might happen after the regime disappears.

 

The reality is very different.

Cuba is not approaching collapse.

Cuba is already living through one.

 

The country's electrical system is failing. Entire provinces spend much of their lives in darkness. Public transportation barely functions. Hospitals suffer chronic shortages of medicines and supplies. Food production continues to deteriorate. Infrastructure is crumbling across the island. Hundreds of thousands of Cubans have already fled their homeland in one of the largest migration waves in the modern history of the Western Hemisphere.

 

The social and economic chaos that Mr. Mead fears as a future possibility is increasingly visible in Cuba's present reality.

 

The argument that regime change could produce instability assumes that the current system still provides stability. Increasingly, it does not.

 

For decades, Cuba's communist leadership survived through a combination of repression, foreign subsidies, remittances, and carefully controlled economic openings. The Soviet Union sustained it. Later, Venezuela sustained it. Foreign investors brought hard currency. Cuban exiles sent billions of dollars to relatives trapped on the island.

 

But survival should not be confused with success.

 

The central achievement of the Cuban regime has not been the creation of prosperity, opportunity, or institutional strength. Its primary achievement has been preserving its own political power while the productive capacity of the nation steadily declined.

 

Mr. Mead correctly notes that Cuban institutions have weakened dramatically. Where many Cubans would disagree is on the cause.

 

Those institutions did not deteriorate because democracy arrived too early.

 

They deteriorated because democracy never arrived at all.

 

A government can silence dissent, imprison opponents, and restrict information. It cannot indefinitely suppress economic reality. The deterioration visible across Cuba today is not the product of democratic reform. It is the accumulated result of more than six decades of one-party rule.

 

Nor should the Cuban diaspora be viewed primarily as a source of migration pressure. The diaspora is one of Cuba's greatest strategic assets.

 

Millions of Cubans living abroad possess capital, professional expertise, managerial experience, entrepreneurial skills, and strong family ties to the island. Unlike many countries facing political transitions, Cuba already possesses a global network capable of supporting reconstruction, investment, institution-building, and economic recovery.

 

The experience of Eastern Europe offers an important lesson. Poland, Estonia, Lithuania, Latvia, the Czech Republic, and many other countries emerged from communist rule facing enormous uncertainty. Yet democratic transition ultimately produced stronger institutions, higher living standards, greater political freedom, and more durable national sovereignty.

 

The greatest danger facing Cuba today is not the uncertainty of change. It is the certainty of continued decline.

 

Every year that passes under the current model brings more emigration, more infrastructure collapse, more economic deterioration, and fewer young people willing to invest their future in the country.

 

The debate should not be framed as a choice between stability and change.

The real choice is between a managed democratic transition and unmanaged national decay.

 

Mr. Mead is right to ask what comes after communism.

But Cubans must also ask what comes if communism never ends.

 

After more than six decades of economic failure, political repression, institutional deterioration, and national impoverishment, that may be the more urgent question.

 

The real danger is not that Cuba may collapse after communism.

 

The real danger is that Cuba continues collapsing under it.

 

Patria, Pueblo y Libertad
June 2026



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¿QUIÉN ES EL VERDADERO LÍDER LATINOAMERICANO FRUSTRADO? ¿LULA O MARCO RUBIO?

 
Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica 

 

El primer deber de un demócrata no es con una ideología, un partido o una revolución, sino con la dignidad humana. La democracia no se define únicamente por la forma en que un gobernante llega al poder, sino por los principios que está dispuesto a defender una vez que lo ejerce. Haber sido elegido en las urnas otorga legitimidad electoral, pero no convierte automáticamente a nadie en demócrata. Un verdadero demócrata está obligado a defender los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas sin importar quién sea la víctima o quién sea el opresor.

 

Cuando un dirigente guarda silencio ante la represión, justifica a los tiranos por afinidad política o aplica un doble rasero frente a las violaciones de derechos humanos, deja de actuar por principios y comienza a actuar por conveniencia. En ese momento ya no estamos ante un demócrata, sino ante un oportunista que coloca sus intereses políticos por encima de los valores que dice representar.

 

El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, una de las grandes voces morales del siglo XX, advirtió que "si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor". La frase no fue concebida para una ideología o un país en particular, sino como una advertencia universal sobre la responsabilidad moral de quienes poseen influencia pública.

 

Cuando las libertades fundamentales son suprimidas, cuando los opositores son encarcelados o cuando el miedo sustituye al derecho, el silencio deja de ser neutralidad y se convierte en una forma de complicidad. Un verdadero demócrata no puede seleccionar qué víctimas merecen solidaridad y cuáles deben ser ignoradas según la conveniencia política del momento.

 

La trayectoria política de Luiz Inácio Lula da Silva respecto a Cuba no puede entenderse como una relación diplomática ordinaria entre dos Estados. Durante más de tres décadas, Lula mantuvo una estrecha amistad personal y política con Fidel Castro, a quien describió repetidamente como un referente histórico para América Latina. Junto al líder cubano impulsó en 1990 la creación del Foro de São Paulo, una organización concebida para articular a partidos y movimientos de izquierda de toda la región tras el colapso de la Unión Soviética.

 

Desde entonces, Lula y Castro colaboraron estrechamente en la construcción de redes políticas internacionales que sirvieron de plataforma para numerosos proyectos de integración y coordinación ideológica en América Latina.

 

Lo que resulta más controvertido no es la existencia de esa amistad, sino la actitud que Lula mantuvo frente a las denuncias de represión política en Cuba. Durante décadas evitó condenar públicamente la existencia de presos políticos, la ausencia de elecciones libres, la persecución de la disidencia y las restricciones a las libertades fundamentales denunciadas por organizaciones internacionales. Incluso en momentos de fuerte presión internacional sobre el régimen cubano, Lula optó por minimizar las críticas o defender al gobierno de La Habana.

 

El caso más emblemático ocurrió tras la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo en 2010, cuando sus declaraciones fueron interpretadas por numerosos activistas y organizaciones de derechos humanos como una justificación indirecta de la conducta del régimen.

 

La relación de Lula con el régimen cubano tampoco se limitó al terreno político. Durante sus gobiernos, Brasil facilitó importantes líneas de financiamiento para proyectos estratégicos en Cuba, siendo el caso más conocido la ampliación y modernización del Puerto de Mariel. El proyecto fue ejecutado por Odebrecht, empresa que años más tarde se convertiría en el símbolo del mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña. Aunque los defensores de Lula argumentan que se trató de una operación comercial legítima destinada a fortalecer la presencia económica de Brasil en la región, la iniciativa fue duramente cuestionada dentro del propio Brasil.

 

Numerosos ciudadanos se preguntaron por qué se destinaban cientos de millones de dólares respaldados por el Estado brasileño a una dictadura extranjera mientras persistían enormes necesidades de infraestructura dentro del país. Las controversias sobre las condiciones del financiamiento, las garantías ofrecidas por Cuba y las investigaciones derivadas de los escándalos de corrupción contribuyeron a reforzar la percepción de una relación privilegiada entre el gobierno de Lula y el régimen castrista.

 

Para muchos críticos, Mariel terminó simbolizando algo más profundo que una simple inversión: representó la materialización económica de una alianza política e ideológica construida durante décadas entre Lula y los hermanos Castro.

 

Para quienes defienden una visión universal de los derechos humanos, esta conducta plantea una cuestión fundamental. Un dirigente democrático no es juzgado únicamente por las elecciones que gana en su propio país, sino también por su disposición a defender la dignidad humana allí donde esta es vulnerada. La cercanía política y personal de Lula con Fidel Castro, su participación en proyectos políticos impulsados junto al régimen cubano y su reiterada negativa a denunciar sus abusos han llevado a muchos críticos a concluir que su relación con la dictadura cubana fue mucho más allá de la diplomacia.

 

A su juicio, Lula no actuó como un observador neutral frente a uno de los regímenes más longevos y represivos del continente, sino como un aliado político que contribuyó a su legitimación internacional.

 

El declive de Luiz Inácio Lula da Silva como referente político de América Latina no puede entenderse únicamente a partir de la situación interna de Brasil. Durante años, Lula fue presentado como el rostro más exitoso y respetado de una nueva izquierda latinoamericana que prometía combinar crecimiento económico, justicia social e integración regional.

 

Sin embargo, el paso del tiempo terminó asociando ese proyecto político con una larga lista de fracasos y decepciones. Daniel Ortega transformó la revolución sandinista en uno de los sistemas más represivos del continente; el chavismo condujo a Venezuela a una profunda crisis política, económica y humanitaria; Evo Morales dañó su legado al intentar perpetuarse en el poder; Rafael Correa fue acusado de concentrar poder y debilitar contrapesos institucionales; y el kirchnerismo argentino quedó marcado por reiteradas denuncias de corrupción y deterioro institucional.

 

Aunque Lula no es responsable directo de cada uno de estos procesos, su figura estuvo estrechamente vinculada a ese espacio político regional. Como consecuencia, el prestigio continental que alguna vez disfrutó comenzó a erosionarse junto con el descrédito de muchos de los gobiernos y líderes que compartieron su proyecto histórico. Lo que alguna vez fue presentado como una alternativa democrática y renovadora para América Latina terminó siendo percibido por millones de ciudadanos como una experiencia marcada por el autoritarismo, la corrupción, el caudillismo y la tolerancia hacia las violaciones de los derechos humanos.

 

En ese contexto, Lula dejó de ser visto como el estadista continental indiscutible de principios del siglo XXI y pasó a convertirse en una figura cada vez más cuestionada, cuyo legado está inseparablemente ligado al ascenso y posterior desgaste de la izquierda latinoamericana que ayudó a construir.

 

Lula llamó a Marco Rubio un "latinoamericano frustrado". Sin embargo, la historia podría llegar a una conclusión diferente. Rubio es hoy uno de los funcionarios más influyentes de los Estados Unidos y uno de los principales defensores de la democracia y los derechos humanos frente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

 

Lula, por el contrario, dedicó buena parte de su carrera política latinoamericana a construir alianzas con líderes y movimientos que prometían libertad, justicia social y renovación democrática, pero que en demasiados casos terminaron asociados al autoritarismo, la corrupción, la concentración del poder y la violación de los derechos humanos.

 

Si existe un líder latinoamericano frustrado, no es quien denunció a las dictaduras, sino quien vio cómo el proyecto político continental que ayudó a construir perdió gran parte de su prestigio moral y de su credibilidad democrática.

 

La frustración no nace de combatir a los tiranos, sino de contemplar el fracaso de quienes prometieron liberar a los pueblos y terminaron decepcionándolos. El verdadero legado de un líder no se mide por los discursos que pronuncia ni por los cargos que ocupa, sino por los principios que defendió cuando era políticamente costoso hacerlo. Y en la historia de América Latina, pocos principios son más importantes que la libertad, la democracia y la dignidad humana.


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PUTIN Y EL ERROR DE LOS HOMBRES QUE QUIEREN HACER HISTORIA

 


Por Huber Matos Ataluce, San José, Costa Rica

 

Uno de los mayores riesgos para cualquier líder es enamorarse de la historia que desea protagonizar. Vladimir Putin parece haber caído en esa trampa. Admirador de gobernantes que expandieron el poder ruso y dejaron una huella duradera en la historia, desde Pedro el Grande hasta Stalin, terminó viendo su papel no como el de un administrador temporal del Estado, sino como el de un hombre destinado a restaurar la grandeza de Rusia. Como ocurrió con otros líderes antes que él, la admiración por las figuras del pasado pudo haber terminado nublando su capacidad para evaluar con objetividad los riesgos del presente.

 

La invasión de Ucrania fue mucho más que una operación militar. Fue una apuesta geopolítica destinada a demostrar que Estados Unidos ya no podía imponer su voluntad al resto del mundo. Una rápida victoria rusa habría humillado a Washington, debilitado la credibilidad de sus alianzas y consolidado la asociación estratégica entre Rusia y China como alternativa al orden internacional liderado por Estados Unidos. Para Putin, el triunfo en Ucrania debía convertirse en el acontecimiento que lo colocara entre los grandes protagonistas de la historia rusa.

 

Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La invasión fortaleció a la OTAN, provocó el ingreso de Finlandia y Suecia en la alianza, consolidó la cooperación militar occidental y aceleró el rearme europeo. También expuso debilidades inesperadas de las fuerzas armadas rusas y ofreció a Estados Unidos una oportunidad estratégica excepcional. En abril de 2022, el entonces Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Washington quería ver a Rusia "debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania". Lo que Putin esperaba que fuera una demostración de fuerza terminó convirtiéndose en una guerra de desgaste que permitió a sus adversarios erosionar gradualmente el poder militar y económico ruso.

 

Los recientes ataques ucranianos contra San Petersburgo, bases aéreas, fábricas de armamento, refinerías e infraestructuras energéticas dentro de Rusia reflejan hasta qué punto han cambiado las circunstancias desde 2022. Lejos de enfrentarse a una Ucrania derrotada, Putin se enfrenta hoy a un país más experimentado, más innovador y respaldado por gobiernos que consideran fundamental impedir una victoria rusa. 

 

Cada ataque contra objetivos que antes parecían intocables recuerda una realidad incómoda para el Kremlin: la guerra que debía demostrar la decadencia de Occidente terminó fortaleciendo a sus adversarios. La historia decidirá si Putin será recordado como el hombre que restauró la grandeza de Rusia o como el líder que, en su intento de desafiar a Estados Unidos y cambiar el orden mundial, provocó uno de los mayores errores estratégicos del siglo XXI.

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VOLVER A LA CONSTITUCIÓN DE 1940 ES CONTRARIO A MARTĺ Y AGRAMONTE


Por Faisel Iglesias

 

La historia constitucional cubana suele contemplar la Constitución de 1940 como la obra jurídica más avanzada de la República. Sus defensores destacan con razón la amplitud de su catálogo de derechos, sus garantías procesales, su reconocimiento de la justicia social y su intento de modernizar las instituciones nacionales. Sin embargo, toda constitución debe ser examinada no solamente por las libertades que proclama, sino también por la concepción de la soberanía sobre la cual descansa. Y es precisamente en ese punto donde emerge una de las contradicciones más profundas de la historia política cubana. 


 

La Constitución de 1940 no fue simplemente el resultado de la evolución natural del pensamiento político cubano. Fue también el producto de una época en la que las grandes corrientes ideológicas europeas ejercían una poderosa influencia sobre América Latina. El liberalismo clásico del siglo XIX se encontraba en retirada. La Gran Depresión había desacreditado amplios sectores del capitalismo liberal. El comunismo soviético aparecía para muchos intelectuales como una promesa de justicia social. El fascismo italiano se presentaba como una alternativa de organización nacional frente al caos parlamentario. El nacionalsocialismo alemán proyectaba una imagen de eficacia estatal y movilización colectiva. Al mismo tiempo, el constitucionalismo social de Weimar y de la Constitución mexicana de 1917 promovía una creciente intervención del Estado en la vida económica y social.

 

 

La Convención Constituyente de 1940 no estuvo aislada de ese contexto histórico. En ella participaron hombres procedentes de tradiciones ideológicas profundamente diversas. Entre ellos se encontraban representantes del Partido Comunista, encabezados por Blas Roca, organización estrechamente vinculada al movimiento comunista internacional dirigido desde Moscú. También figuraban personalidades formadas en la cultura política europea de finales del siglo XIX y principios del XX, entre ellas Orestes Ferrara, cuyas concepciones políticas reflejaban la influencia de corrientes nacionalistas y corporativistas surgidas en Europa. A ello se añadían liberales, reformistas, nacionalistas y socialdemócratas que compartían una convicción común: el Estado debía asumir un papel mucho más amplio en la organización de la sociedad.

 

 

El resultado fue una constitución extraordinariamente compleja, donde convivieron principios liberales tradicionales con concepciones estatistas propias del constitucionalismo social europeo. No se trató de una constitución comunista, fascista o nacionalsocialista. Sería una simplificación histórica afirmarlo. Pero sí fue una constitución que absorbió elementos intelectuales provenientes de una época en la que todas esas corrientes compartían una característica común: la creciente subordinación del individuo a entidades colectivas superiores.

 

 

La manifestación más significativa de ese fenómeno aparece en el artículo segundo, cuando la Constitución proclama que la soberanía reside en el pueblo. Allí se encuentra el verdadero núcleo filosófico del texto constitucional. La fórmula parece inocente. Durante generaciones se ha repetido como expresión natural de la democracia. Sin embargo, detrás de esas palabras se esconde una de las transformaciones más profundas de la teoría política moderna.

 

 

La soberanía popular es una creación característica de la tradición del contrato social europeo. Su formulación clásica puede encontrarse en Rousseau y en los pensadores que inspiraron la Revolución Francesa. Según esta concepción, la fuente originaria del poder no es el individuo sino una voluntad colectiva denominada pueblo. Los derechos dejan de aparecer como anteriores al Estado para convertirse en creaciones jurídicas de la comunidad política organizada.

 

 

La tradición norteamericana siguió un camino distinto.

 

 

Los Padres Fundadores partieron de la premisa de que el hombre fue creado por Dios y dotado de derechos inalienables que ningún gobierno puede conceder ni retirar legítimamente. El poder político surge de los ciudadanos y permanece limitado por los derechos de esos mismos ciudadanos. La Constitución federal no crea la libertad; la reconoce. No crea la soberanía; la presupone en cada individuo.

 

 

Esta diferencia filosófica es esencial porque determina la estructura completa del sistema político.

 

 

Cuando la soberanía reside en el ciudadano, el Estado aparece como un instrumento. Cuando la soberanía reside en el pueblo, el Estado termina convirtiéndose en intérprete de una voluntad colectiva superior.



Ignacio Agramonte comprendió esta diferencia con extraordinaria claridad cuando afirmó que el individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses. En esa frase se encuentra condensada una concepción del derecho radicalmente distinta de la tradición europea continental. El sujeto originario del poder no es una colectividad abstracta sino la persona concreta. El Estado no es el propietario de la soberanía ni su administrador permanente. Es apenas un delegado temporal del ciudadano.

 

 

José Martí se movió dentro de esa misma tradición intelectual. Toda su obra política gira alrededor de la dignidad humana como fundamento de la República. Cuando proclama que desea que la primera ley de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, está colocando a la persona por encima de cualquier construcción ideológica, estatal o colectiva. Martí no pensaba la nación como un fin en sí mismo. La concebía como el instrumento necesario para garantizar la libertad del hombre.

 

 

Desde esta perspectiva, la Constitución de 1940 representa una ruptura histórica con la línea de pensamiento que une a Varela, Agramonte y Martí.

 

 

Su grandeza jurídica no elimina esa contradicción filosófica. Por el contrario, la hace más significativa. Precisamente porque se trataba de una constitución avanzada, sus fundamentos teóricos adquirieron una enorme influencia sobre la evolución posterior del país.

 

 

La adopción de la soberanía popular abrió el camino para una progresiva expansión del poder estatal. El ciudadano dejó de ser el centro absoluto del sistema político. En su lugar apareció el pueblo como sujeto colectivo de la soberanía. A partir de ese momento la cuestión fundamental pasó a ser quién tenía autoridad para interpretar la voluntad popular.

 

 

La historia posterior de Cuba ofrece una respuesta inquietante.

 

 

Durante la República fueron los partidos políticos quienes afirmaron representar al pueblo. Después de 1959 esa representación fue asumida por el Estado revolucionario y posteriormente por el Partido Comunista. La lógica conceptual permaneció esencialmente intacta. Solamente cambió el intérprete de la voluntad colectiva.

 

 

La tragedia de Cuba durante la segunda mitad del siglo XX demuestra los peligros inherentes a toda teoría política que sustituye al ciudadano por abstracciones colectivas. Cuando el soberano deja de ser una persona concreta para convertirse en una entidad abstracta, inevitablemente surge una élite encargada de interpretar sus intereses. Y cuando esa élite monopoliza el poder, la soberanía desaparece.

 

 

Por ello, el debate contemporáneo sobre el futuro constitucional de Cuba no debe girar en torno a la restauración de la Constitución de 1940. La verdadera cuestión consiste en determinar si la futura República continuará fundada sobre el principio europeo de la soberanía popular o si finalmente adoptará la tradición agramontista y Marti Ana de la soberanía ciudadana.

 

 

La restauración de la Constitución de 1940 significaría regresar a una etapa superada de la historia de la humanidad. No resolvería el problema filosófico que ha acompañado a Cuba desde su nacimiento como nación independiente. Ese problema consiste en identificar quién es realmente el soberano: ¿el estado, la nación, el pueblo, los partidos o el ciudadano?

 

 

La respuesta de la tradición europea fue el pueblo. La respuesta de Agramonte fue el ciudadano. La respuesta de Martí fue la dignidad del hombre.

 

 

Y quizá la gran tarea constitucional del siglo XXI consista precisamente en concluir esa evolución histórica pendiente: sustituir definitivamente la soberanía popular por la soberanía ciudadana, devolviendo al individuo el lugar que nunca debió perder como origen, fundamento y límite de todo poder político legítimo.

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IVÁN CEPEDA, FIDEL CASTRO Y LA PREGUNTA MORAL QUE COLOMBIA NO DEBE EVITAR


Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia dejaron una sorpresa política. Contra muchos pronósticos, Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar, mientras que Iván Cepeda, candidato del oficialismo y heredero político de Gustavo Petro, terminó segundo con el 40,9% de los votos y disputará la presidencia en una segunda vuelta decisiva.

 

Sería un error concluir que ese respaldo electoral representa una adhesión masiva de los colombianos al castrismo o a la Revolución Cubana. El propio Wall Street Journal señaló que muchos votantes apoyaron a Cepeda debido a medidas económicas concretas, como el aumento del 23% del salario mínimo decretado por el gobierno de Petro. Para millones de ciudadanos, las preocupaciones cotidianas pesan más que los debates ideológicos sobre Cuba.

 

Sin embargo, existe una cuestión que trasciende la coyuntura económica y merece ser analizada desde una perspectiva moral. Iván Cepeda ha expresado públicamente admiración por Fidel Castro, afirmando que le enseñó el significado de la dignidad y la soberanía, y describiéndolo como una de las figuras revolucionarias más importantes de nuestro tiempo.

 

La pregunta no es si Cepeda propone convertir a Colombia en Cuba. La pregunta es qué significado tienen esas declaraciones cuando provienen de un aspirante a la presidencia de una democracia.

 

Aquí resulta pertinente recordar a Desmond Tutu, quien sostuvo que “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. El líder sudafricano no hablaba únicamente de la acción directa; hablaba también del silencio frente a los abusos y de la responsabilidad moral de quienes ejercen liderazgo público.

 

Fidel Castro gobernó Cuba durante décadas sin elecciones libres, con partido único, censura de prensa, persecución de opositores y miles de presos políticos. Hoy el resultado de ese sistema es visible para todo el mundo: una economía colapsada, millones de cubanos emigrados, apagones permanentes, hospitales en crisis y una población sometida a enormes privaciones.

 

Por ello, cuando una figura pública elogia a Fidel Castro sin reconocer simultáneamente a las víctimas de su régimen, surge una cuestión ética legítima. No se trata de exigir unanimidad política ni de prohibir opiniones. Se trata de preguntarse si es moralmente aceptable exaltar a un gobernante sin mencionar el costo humano de su legado.

 

A diferencia de décadas pasadas, la mayoría de los latinoamericanos ya no observa a Cuba como un modelo de prosperidad o justicia social. Las imágenes del deterioro económico y la represión han reducido considerablemente el atractivo que alguna vez tuvo la Revolución Cubana. Sin embargo, persiste un problema más profundo: la tendencia de ciertos sectores políticos a romantizar figuras autoritarias cuando comparten sus objetivos ideológicos.

 

Las elecciones colombianas no decidirán el futuro de Cuba. Pero sí ofrecen una oportunidad para debatir una cuestión fundamental para toda América Latina: si estamos dispuestos a juzgar a los líderes políticos por el respeto que muestran hacia la libertad humana o si seguiremos excusando los abusos cuando son cometidos por figuras ideológicamente afines.

 

Desmond Tutu enseñó que el silencio frente a la injusticia favorece al opresor. Por eso la pregunta que Iván Cepeda aún debe responder no es si admira a Fidel Castro. Eso ya lo ha dicho públicamente. La verdadera pregunta es si está dispuesto a reconocer que detrás de la imagen romántica de la revolución existió una dictadura que privó de libertad a generaciones de cubanos y condujo al país a una ruina de la que todavía no logra escapar.

 

Porque quien elogia a Fidel Castro sin reconocer a sus víctimas no está hablando solamente del pasado de Cuba. Está revelando su propia escala de valores para juzgar el poder, la libertad y la dignidad humana.

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MAURICIO CLAVER-CARONE: UNA FIGURA CLAVE EN LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA VENEZUELA


Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Cuando se analiza la política de Estados Unidos hacia Venezuela durante la última década, pocos nombres han tenido tanta influencia como Mauricio Claver-Carone. Aunque no suele ocupar los titulares con la frecuencia de otros funcionarios, ha sido una de las figuras más influyentes en la formulación de la estrategia de Washington hacia América Latina, especialmente en relación con Cuba y Venezuela.

 

Nacido en Miami en 1975 dentro de una familia de origen cubano y español, Claver-Carone creció marcado por la experiencia del exilio y por una visión crítica de los regímenes autoritarios de la región. Su formación académica incluye estudios en Rollins College, un doctorado en Derecho por la Universidad Católica de América y una maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Georgetown, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos en materia de relaciones internacionales.

 

Antes de ingresar al gobierno, se destacó como director de Cuba Democracy Advocates, una organización dedicada a promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Desde esa posición desarrolló una reputación de firme defensor de políticas de presión contra los gobiernos de La Habana y Caracas.

 

Su ascenso político comenzó durante la primera administración de Donald Trump. Primero trabajó en el Departamento del Tesoro y luego representó a Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, su verdadera influencia comenzó cuando fue nombrado Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Desde allí participó activamente en el diseño de la política de “máxima presión” contra el régimen de Nicolás Maduro, basada en sanciones económicas, aislamiento diplomático y apoyo a la oposición democrática venezolana.

 

Uno de los factores más importantes para comprender su influencia es su estrecha relación con Marco Rubio. Ambos comparten raíces cubanoamericanas, hablan español como lengua habitual y mantienen una visión muy similar sobre los desafíos políticos de América Latina. Durante años han trabajado en coordinación en temas relacionados con Cuba, Venezuela y Nicaragua, convirtiéndose en dos de las voces más influyentes del Partido Republicano en asuntos hemisféricos.

 

En 2020, Claver-Carone hizo historia al convertirse en el primer ciudadano estadounidense elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Claver-Carone volvió a ocupar un papel central al ser designado Enviado Especial para América Latina. Su nombramiento fue interpretado como una señal de continuidad de una política firme frente a los regímenes de Cuba y Venezuela.

 

Hoy muchos analistas consideran que Claver-Carone es una de las figuras más influyentes en la definición de la estrategia estadounidense hacia Venezuela. Gracias a su experiencia, su conocimiento de la región y su estrecha relación con Marco Rubio, es visto por numerosos observadores como uno de los principales arquitectos de cualquier política futura orientada a promover una transición democrática en ese país. Su influencia puede no ser siempre visible, pero continúa siendo una de las más importantes dentro de la política exterior estadounidense hacia América Latina.


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Detenida en Miami hija de general castrista


Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

La detención en Estados Unidos de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general castrista Ulises Rosales del Toro, ha vuelto a colocar bajo atención pública a una de las figuras históricas más influyentes y controvertidas del aparato militar y político de la dictadura.  Presidió el Tribunal de Honor militar que degradó públicamente a Ochoa antes del juicio y respaldó la narrativa oficial impulsada por la cúpula gobernante. Mientras Ochoa y otros oficiales eran ejecutados o encarcelados, Rosales del Toro salió fortalecido políticamente y consolidó aún más su posición dentro del núcleo de confianza de Raúl Castro.

 

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a su hija, Rosales Aguirreurreta, médico de profesión en Cuba, quien residía en el sur de Florida tras haber ingresado al país en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana. La información fue confirmada por ICE. 

 

El arresto ocurre en medio de una política más agresiva de Washington hacia personas vinculadas a la élite gobernante cubana y sus familiares. Días antes también fue detenida Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, vinculada al conglomerado militar GAESA, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ampliaba sanciones contra figuras relacionadas con la estructura económica y militar del régimen. 

 

En ese contexto, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos no permitiría que personas asociadas con amenazas a la seguridad nacional vivieran “con lujos” en territorio estadounidense.

 

Ulises Rosales del Toro representa precisamente a esa vieja guardia militar que consolidó el poder del castrismo durante décadas. Aunque participó en la lucha guerrillera en la Sierra Maestra antes de 1959, no fue una de las figuras legendarias de la guerra revolucionaria ni se destacó en combates históricos decisivos. 

 

Terminó la guerra con un rango relativamente bajo dentro del Ejército Rebelde. Su verdadero ascenso comenzó después del triunfo revolucionario, cuando se convirtió en un oficial completamente alineado con la estructura militar dirigida por Raúl Castro.

 

A diferencia de otros comandantes carismáticos o independientes, Rosales del Toro cultivó un perfil disciplinado, técnico y políticamente obediente. Se formó dentro del modelo militar soviético adoptado por Cuba y fue ganando posiciones de confianza dentro de las FAR hasta convertirse en jefe del Estado Mayor General, ministro del Azúcar, ministro de Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros. Su cercanía con Raúl Castro fue uno de los factores fundamentales de su ascenso.

 

Uno de los episodios más controvertidos de su carrera ocurrió durante la “Causa No. 1” de 1989, el proceso que terminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa. Aunque ambos habían compartido años de servicio y campañas militares internacionalistas en África, Rosales del Toro se alineó completamente con Fidel y Raúl Castro durante la purga. 

 


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FIDEL CASTRO NUNCA FUE UNA FUERZA GLOBAL: FUE UN INSTRUMENTO DE LA URSS


Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

El artículo del Wall Street Journal titulado “A Look Back at When Cuba Was a Global Force to Reckon With” intenta presentar al régimen castrista como una potencia revolucionaria independiente capaz de desafiar militarmente a Estados Unidos y proyectar influencia global por mérito propio. Sin embargo, esa interpretación es profundamente engañosa. Cuba jamás tuvo la economía, la industria, la tecnología ni los recursos financieros necesarios para sostener las llamadas “aventuras internacionales” atribuidas a Fidel Castro. Todas esas operaciones militares, de inteligencia y subversión fueron financiadas, armadas y sostenidas por la Unión Soviética. Sin Moscú, el castrismo nunca habría podido actuar más allá de sus fronteras.

 

Durante los años de mayor influencia internacional del régimen, Cuba era una economía improductiva y completamente dependiente del subsidio soviético. La isla no producía combustible suficiente, no fabricaba armamento pesado, no poseía tecnología militar avanzada ni contaba con divisas para mantener operaciones militares en varios continentes. Aun así, el artículo intenta retratar a Cuba como una potencia global. La respuesta real es evidente: ese poder provenía de Moscú.

 

La URSS mantenía artificialmente vivo al régimen cubano mediante petróleo subsidiado, compras infladas de azúcar cubano, créditos blandos, armamento gratuito o altamente subsidiado, entrenamiento militar, logística y apoyo diplomático. El castrismo era útil para la estrategia soviética como base avanzada de inteligencia, exportador de revoluciones y fuerza proxy en conflictos del Tercer Mundo. Eso no convierte a Cuba en una potencia independiente; la convierte en un Estado cliente soviético.

 

El artículo menciona las intervenciones cubanas en África y Medio Oriente, pero omite el dato central: Cuba no podía financiar ninguna de ellas. Los tanques T-62 utilizados en Siria eran soviéticos. Los MIGs eran soviéticos. El combustible era soviético. La logística marítima y aérea era soviética. Incluso el despliegue militar cubano en Angola habría sido imposible sin el apoyo total de Moscú. La idea de que un pequeño país pobre podía sostener por sí solo operaciones militares en varios continentes desafía toda lógica económica y militar.

 

La mejor prueba de esta dependencia llegó con la caída de la URSS en 1991. En cuanto desaparecieron los subsidios soviéticos, la economía cubana colapsó de inmediato. El ejército perdió capacidad operativa, las operaciones internacionales desaparecieron y comenzó el llamado “Período Especial”. Una verdadera potencia regional no se derrumba en cuestión de meses porque otro país deja de financiarla. Cuba sí se derrumbó.

 

En muchos sentidos, la Cuba castrista funcionó como lo que hoy llamaríamos un proxy estratégico, parecido a cómo Irán utiliza actualmente a Hezbollah. La diferencia es que Cuba tenía asiento en la ONU y apariencia de Estado soberano. Pero incluso esa soberanía resulta cuestionable cuando un régimen depende completamente de una superpotencia extranjera para sobrevivir militar y económicamente. La Crisis de los Misiles de 1962 dejó claro cuáles eran los límites reales de la autonomía cubana: Moscú negoció directamente con Washington la retirada de los misiles nucleares sin incluir verdaderamente a Fidel Castro en la decisión final.

 

El verdadero legado internacional del castrismo no fue el de una potencia independiente, sino el de un régimen subsidiado que sirvió durante décadas como brazo regional de la estrategia global soviética. Tras la desaparición de la URSS, Cuba buscó otro patrocinador externo en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La historia real no es la de un pequeño país heroico que desafió por sí solo a Estados Unidos, sino la de un régimen dependiente que actuó durante décadas como proxy geopolítico de la Unión Soviética.


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