EL RÉGIMEN CULPA AL CLIMA, PERO COLAPSO ES POR DÉCADAS DE ABANDONO

EL RÉGIMEN CULPA AL CLIMA, PERO COLAPSO ES POR DÉCADAS DE ABANDONO

 

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

¿Dónde ocurrió el “evento meteorológico” que, según el régimen castrista, provocó el segundo apagón nacional en menos de 24 horas? ¿Fue un rayo, una tormenta eléctrica, una descarga sobre una subestación o la caída de una línea de transmisión? ¿Qué instalaciones y unidades generadoras fueron afectadas?

 

La Unión Eléctrica no ha ofrecido esos datos. Se limitó a afirmar que “eventos meteorológicos” dañaron la red durante el proceso de restablecimiento y afectaron directamente las unidades que estaban funcionando. Una explicación tan imprecisa impide comprobar lo sucedido y traslada convenientemente la responsabilidad hacia la naturaleza.

 

Un fenómeno meteorológico pudo desencadenar la caída. Pero no explica por qué la avería de una línea o una subestación puede dejar sin electricidad a prácticamente todo un país.

 

Un sistema eléctrico en condiciones razonables debe soportar la desconexión repentina de una línea de transmisión o una unidad generadora sin derrumbarse completamente. Para ello necesita reservas de generación, redes protegidas, equipos modernos y centrales confiables. El Sistema Electroenergético Nacional carece de ese margen de seguridad.

 

Durante la recuperación del primer apagón, el SEN operaba mediante pequeñas “islas eléctricas”. Había pocas unidades conectadas y varias centrales termoeléctricas esperaban para incorporarse. En esas condiciones, una avería pudo provocar un desequilibrio entre generación y consumo y hacer que las protecciones automáticas desconectaran las unidades restantes.

 

El fenómeno meteorológico pudo desencadenar la caída. Pero fue el abandono del sistema durante décadas lo que convirtió una avería en otro apagón nacional.

 

EL PETRÓLEO NACIONAL EXISTE

 

El régimen insiste en presentar la falta de petróleo importado y la presión de Estados Unidos como las causas principales de la crisis. Esa versión omite un dato fundamental: la isla produce aproximadamente 40.000 barriles diarios de petróleo, utilizados principalmente por las grandes centrales termoeléctricas.

 

Esas plantas aportan alrededor del 40% de la capacidad de generación y constituyen la columna vertebral del SEN. Sus averías y constantes salidas de servicio no pueden atribuirse directamente a la falta de combustible importado.

 

Los grupos electrógenos y motores de generación distribuida sí necesitan diésel o fueloil, en buena medida importados. La escasez de esos combustibles disminuye la generación disponible, elimina reservas y agrava la crisis. Pero no explica por qué las termoeléctricas abastecidas con petróleo nacional se encuentran frecuentemente averiadas.

 

Tampoco los más de 100.000 barriles diarios que, según diversas estimaciones, necesitaría el país se destinarían exclusivamente a generar electricidad. Esa demanda incluye transporte, agricultura, industria, aviación y otras actividades. Compararla directamente con los 40.000 barriles producidos en la isla crea una impresión equivocada sobre las verdaderas causas de los apagones.

 

EL PROBLEMA ES CONVERTIR EL PETRÓLEO EN ELECTRICIDAD

 

El crudo cubano es pesado y tiene un elevado contenido de azufre. Las centrales fueron adaptadas para utilizarlo, pero acelera el desgaste de calderas, tuberías y otros componentes. Su empleo exige mantenimiento constante, piezas apropiadas y renovación periódica de los equipos.

 

El régimen tuvo décadas para realizar esas inversiones. Recibió petróleo subsidiado de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela, además de cuantiosos ingresos del turismo, las remesas y otros sectores. Sin embargo, no modernizó integralmente las termoeléctricas ni construyó una red suficientemente resistente.

 

Mientras el SEN envejecía, enormes recursos fueron destinados a hoteles y otras inversiones o destinos controlados por GAESA, la estructura económica y militar creada por Raúl Castro. Muchas de esas instalaciones permanecen con una ocupación muy baja, mientras millones de cubanos pasan días enteros sin electricidad.

 

Las sanciones estadounidenses y la falta de combustible importado agravan la crisis, especialmente al paralizar parte de la generación distribuida. Pero no pueden borrar la responsabilidad de quienes han administrado durante más de seis décadas los recursos energéticos y financieros de la nación.

 

No es Cuba la responsable. Cuba es la víctima.

 

La responsabilidad corresponde al régimen que monopolizó la economía, administró los recursos sin transparencia y prefirió proteger sus estructuras de poder antes que garantizar los servicios esenciales.

 

El mal tiempo pudo provocar la última desconexión. Pero no envejeció las centrales, no postergó su mantenimiento ni desvió hacia hoteles improductivos los recursos necesarios para modernizar el sistema.

 

La tormenta pudo encender la chispa. El régimen construyó el desastre.

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LA DIFERENCIA ENTRE UNA DEMOCRACIA Y UNA DICTADURA

LA DIFERENCIA ENTRE UNA DEMOCRACIA Y UNA DICTADURA

 

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

Con información de The Wall Street Journal. Reportaje de Natalie Andrews y Josh Dawsey.

 

Jeanine Pirro ha sido durante años una de las defensoras más firmes de Donald Trump. Desde su programa en Fox News lo apoyó durante algunas de las controversias más difíciles de su primer mandato. Trump, por su parte, indultó en 2021 a Albert Pirro, exmarido de la presentadora, quien había sido condenado por conspiración y evasión fiscal.

 

Posteriormente, Trump nombró a Jeanine Pirro fiscal federal del Distrito de Columbia. Primero ocupó el cargo de manera interina y después fue confirmada por el Senado. No se trataba, por tanto, de una funcionaria perteneciente a la oposición ni de una enemiga política infiltrada dentro del Gobierno. Era una persona escogida por el presidente y reconocida por su lealtad hacia él.

 

Precisamente por eso resulta tan importante lo ocurrido con el estanque reflectante del monumento a Lincoln, en Washington.

 

Durante meses, Trump y sus colaboradores sostuvieron que los daños sufridos por el fondo del estanque habían sido causados por vándalos. La Fiscalía dirigida por Pirro respaldó inicialmente esa versión y consiguió que David Hearn, antiguo competidor olímpico de canotaje, fuera acusado de destrucción de propiedad federal. El delito podía ser castigado con una pena máxima de diez años de prisión. Otras tres personas enfrentaron cargos menores.

 

Sin embargo, aparecieron nuevas pruebas.

 

Documentos del Departamento del Interior y una inspección visual indicaron que el revestimiento se había desprendido en numerosas partes del estanque, incluso en zonas centrales donde difícilmente habría podido actuar un supuesto vándalo. Las evidencias apuntaban hacia otra explicación: una instalación defectuosa realizada apresuradamente para terminar las obras antes de las celebraciones del 4 de julio.

 

El proyecto había costado 16 millones de dólares y fue adjudicado a una empresa de Virginia sin un proceso completo de licitación. Poco después de su terminación, el fondo comenzó a desprenderse y la proliferación de algas cambió el color del agua.

 

Ante las nuevas evidencias, la Fiscalía retiró los cargos.

 

Pirro permitió así que su oficina contradijera públicamente la versión sostenida por el mismo presidente que la había nombrado. Trump reaccionó con indignación. Dijo sentirse decepcionado, afirmó que la fiscal se había “plegado como un paraguas” y discutió con sus asesores la posibilidad de destituirla.

 

Pero Pirro no se plegó. Hizo lo que correspondía hacer.

 

Una Fiscalía no tiene como misión defender las declaraciones del presidente ni demostrar que el gobernante siempre tiene razón. Su obligación es aplicar la ley con base en las pruebas disponibles. Cuando aparecen evidencias que debilitan seriamente una acusación, mantenerla para complacer al poder político sería una injusticia.

 

Un hombre podía ser condenado a diez años de prisión. Ante esa posibilidad, la lealtad personal debía terminar exactamente donde comenzaban la ley, las pruebas y los derechos del acusado.

 

Esta es una de las diferencias esenciales entre una democracia y una dictadura.

 

En una dictadura, la versión del gobernante se convierte en la verdad oficial. Los fiscales buscan pruebas para justificarla, los tribunales confirman las acusaciones y los medios repiten la explicación autorizada. El acusado deja de ser una persona protegida por derechos y se convierte en el instrumento necesario para demostrar que el jefe nunca se equivoca.

 

En una democracia, por el contrario, las instituciones pueden corregir al gobernante. Los documentos de una dependencia oficial pueden contradecir las declaraciones del presidente. Una fiscal nombrada por él puede retirar una acusación que ya no considera sostenible. Los medios pueden informar sobre el conflicto y la sociedad puede juzgar la conducta de todos los involucrados.

 

Eso no significa que el sistema democrático sea perfecto. La reacción de Trump demuestra que la independencia institucional siempre puede estar amenazada. Si un fiscal teme ser despedido cada vez que los hechos contradicen al presidente, la justicia corre el peligro de convertirse en un instrumento de obediencia política.

 

Por eso este caso contiene dos lecciones inseparables. La primera es que las instituciones estadounidenses todavía poseen capacidad para corregir una acusación cuando las pruebas la debilitan. La segunda es que esa independencia debe defenderse incluso frente a las presiones del presidente.

 

La democracia no consiste en que el gobernante nunca se equivoque. Consiste en que existan instituciones capaces de señalar su error, funcionarios dispuestos a cumplir la ley y ciudadanos protegidos contra una acusación que ya no puede sostenerse.

 

En una dictadura, la palabra del jefe determina los hechos. En una democracia, los hechos pueden imponerse incluso sobre la palabra del presidente.

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LA BOMBA DE MOSCÚ: ¿UN NUEVO ATAQUE CONTRA LA CÚPULA MILITAR RUSA?

LA BOMBA DE MOSCÚ: ¿UN NUEVO ATAQUE CONTRA LA CÚPULA MILITAR RUSA?

 

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

Con información de Reuters, Associated Press, The Times, Kommersant y el Consejo de la Unión Europea.

 

La bomba que explotó el sábado 1 de agosto en la entrada del restaurante Balzi Rossi, en el centro de Moscú, parece tener las características de un atentado selectivo contra una figura importante de la jerarquía militar rusa, y no las de un ataque indiscriminado contra la población.

 

El artefacto estalló poco antes de las 8:00 de la noche en el exclusivo establecimiento de la plaza Kudrinskaya, que estaba cerrado al público porque se celebraba una reunión privada. Una mujer intentó entrar con una caja presentada como regalo, pero fue detenida por un guardia de seguridad. La explosión mató a la mujer, al guardia y tres personas más, y dejó al menos 21 heridos.

 

Algunos medios rusos informaron posteriormente del fallecimiento de otras dos personas, pero el balance oficial continúa siendo de tres muertos. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el hecho como un “brutal atentado terrorista”.

 

La investigación intenta determinar si la mujer sabía que transportaba una bomba. El diario Kommersant sostiene que pudo haber sido utilizada como repartidora y que el artefacto habría sido activado a distancia cuando el guardia examinaba el paquete. También se ha informado que la bomba contenía bolas metálicas y tenía una potencia aproximada de un kilogramo de TNT.

 

Diversos medios identifican como posible objetivo al coronel general Aleksandr Chaiko, quien presuntamente celebraba en el restaurante su cumpleaños número 55. Imágenes de los preparativos mostraban una referencia a “Aleksandr 55”, aunque las autoridades rusas todavía no han confirmado la presencia del general.

 

Chaiko no es un oficial cualquiera. Fue comandante del Distrito Militar Oriental y el militar ruso de mayor rango desplegado sobre el terreno al comenzar la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Era el principal comandante ruso cuando sus tropas entraron en Bucha.

 

En marzo de 2026, la Unión Europea lo sancionó junto con otros ocho militares rusos por su responsabilidad en las atrocidades cometidas en Bucha y otras localidades cercanas a Kyiv. El Consejo de la UE señaló que las fuerzas bajo su mando participaron en ejecuciones, torturas, saqueos y otros crímenes contra civiles.

 

Si Chaiko se encontraba realmente en el restaurante, el atentado adquiere una clara lógica militar y política. Sus organizadores habrían conocido el lugar y la fecha de la celebración, además de encontrar la manera de acercar el explosivo a los invitados. Una operación semejante habría requerido vigilancia previa o información procedente del entorno del general.

 

También circulan versiones según las cuales en la reunión participaban altos oficiales, funcionarios y miembros de los servicios de seguridad. Esos informes no han sido verificados, pero plantean la posibilidad de que el objetivo fuera más amplio: golpear simultáneamente a varias figuras de la élite militar y gubernamental rusa.

 

La intervención del guardia probablemente impidió una matanza mucho mayor. La bomba explotó en la entrada y no dentro del salón donde se encontraba la mayoría de los asistentes.

 

El método empleado encaja con una cadena de ataques contra militares, funcionarios y propagandistas vinculados con la guerra de Ucrania. En agosto de 2022, Daria Dúguina, hija del ideólogo nacionalista Alexandr Duguin, murió al explotar una bomba colocada en su automóvil.

 

En abril de 2023, el bloguero militar Vladlen Tatarsky murió en un café de San Petersburgo cuando estalló una bomba escondida dentro de una estatuilla que una mujer le había entregado como regalo. La similitud con el paquete llevado al restaurante Balzi Rossi resulta evidente.

 

En diciembre de 2024, el teniente general Ígor Kirílov, jefe de las fuerzas rusas de protección nuclear, biológica y química, murió en Moscú por una bomba oculta en un patinete eléctrico. Fuentes ucranianas asumieron la responsabilidad de aquella operación.

 

Cuatro meses después, el teniente general Yaroslav Moskálik, alto funcionario del Estado Mayor ruso, murió cerca de Moscú por la explosión de un automóvil cargado con explosivos. En diciembre de 2025, el teniente general Fanil Sarvárov, responsable de la dirección de entrenamiento operativo del Estado Mayor, perdió la vida al estallar una bomba colocada debajo de su vehículo.

 

Esta sucesión de operaciones demuestra que la distancia del frente ya no garantiza la seguridad de los altos mandos relacionados con la guerra. También obliga al Kremlin a proteger no solo las instalaciones militares, sino las residencias, vehículos, reuniones privadas y actividades cotidianas de centenares de funcionarios y oficiales.

 

Nadie ha reivindicado el atentado contra el restaurante Balzi Rossi. Blogueros militares rusos responsabilizaron inmediatamente a Ucrania, pero Moscú todavía no ha presentado pruebas y Kyiv no ha comentado el caso.

 

Tampoco puede descartarse por completo una lucha interna dentro de las estructuras rusas o la participación de otro grupo. Sin embargo, la selección del lugar, el supuesto cumpleaños de Chaiko, el paquete presentado como regalo y el intento de penetrar una reunión privada se parecen más a una operación de asesinato político o militar que a un atentado yihadista destinado a provocar víctimas indiscriminadas.

 

La identidad del objetivo será probablemente la clave para esclarecer el caso. Si se confirma que Chaiko presidía la celebración, la bomba de Moscú formaría parte de una campaña dirigida a llevar la guerra hasta quienes participan en su conducción, incluso dentro de los espacios que la élite rusa consideraba seguros.

 

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TIERRA Y EMPRESA PRIVADA EN CUBA: CONCESIONES PARA PRODUCIR, PRIVILEGIOS PARA CONTROLAR

TIERRA Y EMPRESA PRIVADA EN CUBA: CONCESIONES PARA PRODUCIR, PRIVILEGIOS PARA CONTROLAR

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

TE LO DOY TE LO QUITO

La nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal permite entregar en usufructo hasta 67 hectáreas inicialmente, ampliables de manera gradual hasta 268. También autoriza que mipymes privadas o mixtas reciban terrenos estatales para desarrollar proyectos agropecuarios.

 

A primera vista, las medidas parecen reconocer que la iniciativa privada resulta indispensable para enfrentar la crisis alimentaria. Sin embargo, contempladas a la luz de la historia del castrismo, no representan una verdadera reforma de la propiedad. Constituyen otra apertura controlada mediante la cual el régimen necesita que los ciudadanos produzcan, pero evita que adquieran independencia económica.

 

El productor recibe tierra para trabajar, pero no la propiedad plena. No puede hipotecarla, arrendarla libremente ni decidir sin autorización administrativa sobre su transmisión. Además, conceptos imprecisos como “falta de productividad”, “abandono injustificado” o “uso no autorizado” pueden provocar la pérdida definitiva de la tierra y de los bienes agropecuarios, que pasarían a manos del Estado.

 

En esas condiciones, el usufructuario no recibe un derecho estable, sino una concesión revocable. Sabe que un funcionario municipal o una comisión agraria puede determinar si conserva la tierra, amplía su explotación o pierde lo que ha construido. Esa dependencia tiene consecuencias políticas: quien teme perder su medio de vida evitará protestar, criticar al régimen o vincularse con organizaciones independientes.

 

La obediencia no necesita aparecer expresamente en la ley. Está incorporada en el sistema de permisos.

 

Desde 1959, el régimen ha seguido el mismo patrón. Primero prometió entregar la tierra a los campesinos; después concentró la mayor parte de ella en manos del Estado. Cuando la producción estatal fracasó, permitió espacios limitados para la iniciativa individual. Si los productores prosperaban y adquirían autonomía, volvía a restringirlos.

 

Los mercados libres campesinos, autorizados en 1980 y clausurados en 1986, son un ejemplo. El trabajo por cuenta propia fue tolerado durante el Período Especial, pero quedó sometido a impuestos, prohibiciones y campañas contra el enriquecimiento. Las tierras ociosas comenzaron a entregarse nuevamente en usufructo a partir de 2008, sin conceder a los productores la seguridad jurídica necesaria. Las mipymes, autorizadas desde 2021 por la gravedad de la crisis, enfrentaron posteriormente nuevas restricciones.

 

El régimen avanza cuando necesita que los cubanos resuelvan lo que el Estado ha destruido y retrocede cuando teme que la prosperidad genere independencia.

 

La nueva legislación también abre espacios para el favoritismo y la corrupción. Los funcionarios encargados de distribuir tierras, aprobar proyectos y determinar su productividad tendrán poder para beneficiar a familiares, dirigentes locales, militares retirados y personas vinculadas con las estructuras gubernamentales. El protegido podrá recibir mejores terrenos, acceso a insumos, contratos turísticos o decisiones favorables; al ciudadano políticamente incómodo se le aplicará la ley con toda severidad.

 

Existe, además, un peligro mayor. Miembros de la élite pueden utilizar información privilegiada y control administrativo para apropiarse indirectamente de activos estatales. Aunque la tierra continúe registrada como propiedad del Estado, su explotación puede quedar en manos de personas escogidas por el poder. Sería una privatización selectiva y encubierta: las ganancias para los favorecidos y la propiedad formal para un Estado que garantiza sus privilegios.

 

Así podría formarse una nueva clase económica dependiente del régimen. Sus integrantes quizá no sean comunistas convencidos, pero comprenderán que sus tierras, negocios y contratos dependen de mantener una conducta políticamente aceptable.

 

Incluso podría estar comenzando la transformación del poder político en patrimonio privado: funcionarios y personas relacionadas con el Gobierno preparándose para conservar riquezas y posiciones ante una futura transición

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Cuba necesita una reforma agraria auténtica: propiedad plena, libertad para producir y vender, acceso directo al crédito y a los insumos, derechos hereditarios, tribunales independientes y prohibición de confiscaciones administrativas. También necesita procesos públicos y transparentes que impidan que los bienes nacionales terminen en manos de quienes han administrado el fracaso.

 

El régimen no está distribuyendo libertad económica. Está administrando privilegios. Concede oportunidades sin reconocer derechos, exige dependencia a cambio de prosperidad y conserva la facultad de premiar la obediencia, castigar la independencia y enriquecer a sus redes de poder.

 

 

LAND AND PRIVATE ENTERPRISE IN CUBA: CONCESSIONS TO PRODUCE, PRIVILEGES TO CONTROL

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

I GIVE IT TO YOU, I TAKE IT AWAY

 

The new Agricultural and Forestry Land Law allows the government to grant up to 67 hectares initially under usufruct, with gradual increases of up to 268 hectares. It also authorizes private or mixed-ownership micro, small, and medium-sized enterprises to receive state land for agricultural projects.

 

At first glance, these measures seem to acknowledge that private initiative is indispensable to confronting the food crisis. Viewed in light of the history of Castroism, however, they do not constitute genuine property reform. They represent yet another controlled opening through which the regime needs citizens to produce while preventing them from achieving economic independence.

 

Producers receive land to work, but not full ownership. They cannot mortgage it, lease it freely, or transfer it without administrative authorization. Moreover, vague concepts such as “lack of productivity,” “unjustified abandonment,” or “unauthorized use” can result in the permanent loss of the land and agricultural assets, which would then pass into the hands of the State.

 

Under these conditions, usufruct holders do not receive a secure right, but a revocable concession. They know that a municipal official or agrarian commission can determine whether they keep the land, expand their operations, or lose everything they have built. This dependence has political consequences: those who fear losing their livelihood will avoid protesting, criticizing the regime, or becoming involved with independent organizations.

 

Obedience does not need to be explicitly required by law. It is built into the permit system.

 

Since 1959, the regime has followed the same pattern. First, it promised to give the land to the farmers; later, it concentrated most of it in the hands of the State. When state production failed, it permitted limited spaces for individual initiative. If producers prospered and gained autonomy, the regime restricted them once again.

 

The free farmers’ markets, authorized in 1980 and shut down in 1986, are one example. Self-employment was tolerated during the Special Period but remained subject to taxes, prohibitions, and campaigns against personal enrichment. Beginning in 2008, idle land was once again distributed under usufruct, without granting producers the legal certainty they needed. Private micro, small, and medium-sized enterprises, authorized in 2021 because of the severity of the crisis, subsequently faced new restrictions.

 

The regime moves forward when it needs Cubans to solve what the State has destroyed and retreats when it fears that prosperity will generate independence.

 

The new legislation also creates opportunities for favoritism and corruption. Officials responsible for distributing land, approving projects, and determining productivity will have the power to benefit relatives, local leaders, retired military officers, and people connected to government structures. Those with political protection may receive better land, access to supplies, tourism contracts, or favorable administrative decisions, while the law may be applied with full severity against politically inconvenient citizens.

 

There is an even greater danger. Members of the elite may use privileged information and administrative control to appropriate state assets indirectly. Although the land may remain formally registered as state property, its exploitation could be placed in the hands of people selected by those in power. It would amount to selective and concealed privatization: profits for the favored few and formal ownership retained by a State that guarantees their privileges.

 

This could create a new economic class dependent on the regime. Its members may not be committed communists, but they will understand that their land, businesses, and contracts depend on maintaining politically acceptable behavior.

 

The transformation of political power into private wealth may already be beginning, with officials and government-connected individuals preparing to preserve their wealth and positions in anticipation of a future transition.

 

Cuba needs genuine agrarian reform: full ownership, freedom to produce and sell, direct access to credit and supplies, inheritance rights, independent courts, and a prohibition against administrative confiscations. It also needs public and transparent procedures to prevent national assets from ending up in the hands of those who have presided over the country’s failure.

 

The regime is not distributing economic freedom. It is administering privileges. It grants opportunities without recognizing rights, demands dependence in exchange for prosperity, and retains the power to reward obedience, punish independence, and enrich its networks of influence.

 

 

TERRE ET ENTREPRISE PRIVÉE À CUBA : DES CONCESSIONS POUR PRODUIRE, DES PRIVILÈGES POUR CONTRÔLER

 

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

JE TE LE DONNE, JE TE LE REPRENDS

La nouvelle Loi sur les terres agricoles et forestières permet d’accorder initialement en usufruit jusqu’à 67 hectares, superficie pouvant être progressivement portée à 268 hectares. Elle autorise également les micro, petites et moyennes entreprises privées ou mixtes à recevoir des terres de l’État afin de développer des projets agricoles.

 

À première vue, ces mesures semblent reconnaître que l’initiative privée est indispensable pour faire face à la crise alimentaire. Cependant, considérées à la lumière de l’histoire du castrisme, elles ne représentent pas une véritable réforme de la propriété. Elles constituent une nouvelle ouverture contrôlée par laquelle le régime demande aux citoyens de produire, tout en les empêchant d’acquérir leur indépendance économique.

 

Le producteur reçoit une terre à travailler, mais n’en obtient pas la pleine propriété. Il ne peut pas l’hypothéquer, la louer librement ni décider de sa transmission sans autorisation administrative. En outre, des notions imprécises telles que le « manque de productivité », l’« abandon injustifié » ou l’« utilisation non autorisée » peuvent entraîner la perte définitive des terres et des biens agricoles, qui passeraient alors aux mains de l’État.

 

Dans ces conditions, l’usufruitier ne bénéficie pas d’un droit stable, mais d’une concession révocable. Il sait qu’un fonctionnaire municipal ou une commission agraire peut décider s’il conserve la terre, s’il agrandit son exploitation ou s’il perd tout ce qu’il a construit. Cette dépendance a des conséquences politiques : celui qui craint de perdre son moyen de subsistance évitera de protester, de critiquer le régime ou de se rapprocher d’organisations indépendantes.

 

L’obéissance n’a pas besoin d’être expressément inscrite dans la loi. Elle est intégrée au système d’autorisations.

 

Depuis 1959, le régime suit le même schéma. Il a d’abord promis de donner la terre aux paysans, puis en a concentré la plus grande partie entre les mains de l’État. Lorsque la production étatique a échoué, il a accordé des espaces limités à l’initiative individuelle. Si les producteurs prospéraient et gagnaient en autonomie, le régime imposait de nouveau des restrictions.

 

Les marchés paysans libres, autorisés en 1980 et fermés en 1986, en sont un exemple. Le travail indépendant a été toléré pendant la Période spéciale, mais il est resté soumis aux impôts, aux interdictions et aux campagnes contre l’enrichissement personnel. À partir de 2008, des terres inexploitées ont de nouveau été accordées en usufruit, sans que les producteurs bénéficient de la sécurité juridique nécessaire. Les micro, petites et moyennes entreprises privées, autorisées en 2021 en raison de la gravité de la crise, ont ensuite été confrontées à de nouvelles restrictions.

 

Le régime avance lorsqu’il a besoin que les Cubains réparent ce que l’État a détruit, puis recule lorsqu’il craint que la prospérité n’engendre l’indépendance.

 

La nouvelle législation ouvre également la voie au favoritisme et à la corruption. Les fonctionnaires chargés de distribuer les terres, d’approuver les projets et d’évaluer leur productivité disposeront du pouvoir de favoriser leurs proches, des dirigeants locaux, des militaires à la retraite et des personnes liées aux structures gouvernementales. Les protégés pourront recevoir de meilleures terres, accéder aux ressources, obtenir des contrats liés au tourisme ou bénéficier de décisions favorables, tandis que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur aux citoyens politiquement gênants.

 

Il existe en outre un danger plus grave. Des membres de l’élite peuvent utiliser des informations privilégiées et leur contrôle administratif pour s’approprier indirectement des actifs de l’État. Même si les terres restent officiellement enregistrées comme propriété étatique, leur exploitation peut être confiée à des personnes choisies par le pouvoir. Il s’agirait d’une privatisation sélective et dissimulée : les bénéfices reviendraient aux privilégiés, tandis que la propriété officielle resterait entre les mains d’un État garantissant leurs avantages.

 

Une nouvelle classe économique dépendante du régime pourrait ainsi se former. Ses membres ne seront peut-être pas des communistes convaincus, mais ils comprendront que leurs terres, leurs entreprises et leurs contrats dépendent du maintien d’un comportement politiquement acceptable.

 

La transformation du pouvoir politique en patrimoine privé pourrait même avoir déjà commencé : des fonctionnaires et des personnes liées au gouvernement se prépareraient à conserver leurs richesses et leurs positions dans la perspective d’une future transition.

 

Cuba a besoin d’une véritable réforme agraire : pleine propriété, liberté de produire et de vendre, accès direct au crédit et aux ressources, droits successoraux, tribunaux indépendants et interdiction des confiscations administratives. Elle a également besoin de procédures publiques et transparentes afin d’empêcher que le patrimoine national ne finisse entre les mains de ceux qui ont administré l’échec du pays.

 

Le régime ne distribue pas la liberté économique. Il administre des privilèges. Il accorde des possibilités sans reconnaître de droits, exige la dépendance en échange de la prospérité et conserve le pouvoir de récompenser l’obéissance, de punir l’indépendance et d’enrichir ses réseaux d’influence.

 

  

TERRA E IMPRESA PRIVATA A CUBA: CONCESSIONI PER PRODURRE, PRIVILEGI PER CONTROLLARE

 

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

TE LO DO, TE LO TOLGO

La nuova Legge sui terreni agricoli e forestali consente di assegnare inizialmente in usufrutto fino a 67 ettari, con la possibilità di aumentare gradualmente la superficie fino a 268 ettari. Autorizza inoltre le micro, piccole e medie imprese private o miste a ricevere terreni statali per sviluppare progetti agricoli.

 

A prima vista, queste misure sembrano riconoscere che l’iniziativa privata è indispensabile per affrontare la crisi alimentare. Tuttavia, considerate alla luce della storia del castrismo, non rappresentano una vera riforma della proprietà. Costituiscono un’altra apertura controllata, attraverso la quale il regime ha bisogno che i cittadini producano, ma impedisce loro di acquisire indipendenza economica.

 

Il produttore riceve la terra da lavorare, ma non ne ottiene la piena proprietà. Non può ipotecarla, affittarla liberamente né deciderne il trasferimento senza un’autorizzazione amministrativa. Inoltre, concetti imprecisi come “mancanza di produttività”, “abbandono ingiustificato” o “uso non autorizzato” possono provocare la perdita definitiva della terra e dei beni agricoli, che passerebbero nelle mani dello Stato.

 

In queste condizioni, l’usufruttuario non riceve un diritto stabile, ma una concessione revocabile. Sa che un funzionario municipale o una commissione agraria può decidere se conserverà la terra, amplierà la propria attività o perderà quanto ha costruito. Questa dipendenza ha conseguenze politiche: chi teme di perdere il proprio sostentamento eviterà di protestare, criticare il regime o aderire a organizzazioni indipendenti.

 

L’obbedienza non deve essere espressamente prevista dalla legge. È incorporata nel sistema delle autorizzazioni.

 

Dal 1959 il regime segue lo stesso modello. Inizialmente promise di consegnare la terra ai contadini; successivamente ne concentrò la maggior parte nelle mani dello Stato. Quando la produzione statale fallì, concesse spazi limitati all’iniziativa individuale. Se i produttori prosperavano e acquisivano autonomia, il regime tornava a imporre restrizioni.

 

I liberi mercati contadini, autorizzati nel 1980 e chiusi nel 1986, ne sono un esempio. Il lavoro autonomo fu tollerato durante il Periodo speciale, ma rimase soggetto a imposte, divieti e campagne contro l’arricchimento personale. A partire dal 2008, i terreni incolti furono nuovamente assegnati in usufrutto, senza concedere ai produttori la necessaria certezza giuridica. Le micro, piccole e medie imprese private, autorizzate nel 2021 a causa della gravità della crisi, dovettero successivamente affrontare nuove restrizioni.

 

Il regime avanza quando ha bisogno che i cubani risolvano ciò che lo Stato ha distrutto e torna indietro quando teme che la prosperità generi indipendenza.

 

La nuova legislazione crea inoltre spazi per il favoritismo e la corruzione. I funzionari incaricati di distribuire i terreni, approvare i progetti e valutarne la produttività avranno il potere di favorire familiari, dirigenti locali, militari in pensione e persone legate alle strutture governative. Chi gode di protezione politica potrà ricevere terreni migliori, accedere alle risorse, ottenere contratti turistici o beneficiare di decisioni favorevoli; al cittadino politicamente scomodo, invece, la legge potrà essere applicata con tutta la sua severità.

 

Esiste inoltre un pericolo ancora maggiore. I membri dell’élite possono utilizzare informazioni privilegiate e il controllo amministrativo per appropriarsi indirettamente dei beni dello Stato. Sebbene la terra continui a essere formalmente registrata come proprietà statale, il suo sfruttamento potrebbe essere affidato a persone scelte dal potere. Sarebbe una privatizzazione selettiva e occulta: i profitti andrebbero ai favoriti, mentre la proprietà formale rimarrebbe nelle mani di uno Stato che garantisce i loro privilegi.

 

Potrebbe così formarsi una nuova classe economica dipendente dal regime. I suoi membri forse non saranno comunisti convinti, ma comprenderanno che i loro terreni, le loro imprese e i loro contratti dipendono dal mantenimento di un comportamento politicamente accettabile.

 

Potrebbe perfino essere già iniziata la trasformazione del potere politico in patrimonio privato: funzionari e persone legate al governo si starebbero preparando a conservare ricchezze e posizioni in vista di una futura transizione.

 

Cuba ha bisogno di un’autentica riforma agraria: piena proprietà, libertà di produrre e vendere, accesso diretto al credito e alle risorse, diritti ereditari, tribunali indipendenti e divieto delle confische amministrative. Ha inoltre bisogno di procedure pubbliche e trasparenti che impediscano al patrimonio nazionale di finire nelle mani di coloro che hanno amministrato il fallimento del Paese.

 

Il regime non sta distribuendo libertà economica. Sta amministrando privilegi. Concede opportunità senza riconoscere diritti, esige dipendenza in cambio della prosperità e conserva la facoltà di premiare l’obbedienza, punire l’indipendenza e arricchire le proprie reti di potere.

 

 

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