¿POR QUÉ AHORA? LA CONSPIRACIÓN DE LA MOTO ACUÁTICA


Huber Matos Araluce, San Jos
é, Costa Rica

 

Los procesos judiciales también tienen su calendario político. En las dictaduras, el momento en que un caso se hace público puede ser tan importante como los hechos que se juzgan. Por eso, antes de examinar la llamada "conspiración de la moto acuática", conviene formular una pregunta elemental: ¿por qué ahora?

 

La Fiscalía General del régimen castrista acaba de solicitar penas de hasta 30 años de prisión contra Ardenys García Álvarez y otros 29 acusados de integrar una supuesta conspiración armada organizada desde el exilio. La gravedad de las acusaciones no es lo único que llama la atención. También sorprende que un caso que, según la propia versión oficial, fue descubierto cuando los implicados fueron capturados "con las manos en la masa", haya permanecido casi tres años antes de llegar a juicio.

 

El momento escogido difícilmente puede separarse del contexto político. Mientras la crisis económica y social se profundiza, el régimen ha intensificado su campaña para responsabilizar a Estados Unidos de todos los males que padecen los cubanos. El embargo, las sanciones y la supuesta "agresión permanente" ocupan nuevamente el centro de la propaganda oficial. La presentación de una presunta conspiración armada organizada desde el exilio añade ahora un ingrediente particularmente útil: ya no se trataría únicamente de una guerra económica, sino también de una amenaza violenta dirigida contra el Estado cubano. La coincidencia entre ambas narrativas invita a preguntarse si el calendario judicial respondió únicamente a razones procesales o también a necesidades políticas.

 

La segunda interrogante conduce al episodio más llamativo de toda la historia: la llegada del principal acusado a Cuba en una moto acuática cargada, según la Fiscalía, con armas, municiones y equipos de comunicación para organizar células armadas en varias provincias. Más que una operación clandestina, el relato parece inspirado en una novela de espionaje. No porque cruzar el Estrecho de la Florida en una moto acuática sea imposible —existen precedentes—, sino porque resulta difícil imaginar que una organización con experiencia militar eligiera un método tan expuesto para iniciar una insurrección en uno de los países con mayor control policial del continente.

 

Pero el verdadero problema no es la moto acuática. Es la lógica de toda la operación. Si existía una organización armada distribuida en varias provincias, ¿qué papel desempeñaba realmente Ardenys García Álvarez? ¿Era el jefe? Si lo era, ¿por qué asumir personalmente la misión más peligrosa? ¿Y si era solo un enlace, quién dirigía entonces la supuesta organización dentro de Cuba? ¿Cómo llegaron a integrarse los otros veintinueve acusados? ¿Quién los reclutó? ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué funciones concretas desempeñaba cada uno?

 

La experiencia de la oposición cubana hace que estas preguntas sean aún más relevantes. Durante décadas, la Seguridad del Estado ha demostrado una notable capacidad para infiltrar organizaciones, reclutar informantes y desarticular grupos opositores. Quienes han vivido esa realidad saben que incluso organizar una acción de sabotaje entre tres o cuatro personas implica enormes riesgos de detección. Pensar en una red armada distribuida por varias provincias, operando durante meses sin haber sido infiltrada, exige un grado de credibilidad que la acusación, hasta ahora, no ha logrado proporcionar.

 

Existe además otro elemento que no puede ignorarse. La Seguridad del Estado posee una larga experiencia en el reclutamiento de colaboradores mediante promesas, presiones, amenazas o chantajes. Del mismo modo, las denuncias sobre interrogatorios prolongados, aislamiento e incomunicación han acompañado durante décadas los procesos políticos en Cuba. La historia de los regímenes comunistas ofrece numerosos ejemplos de confesiones obtenidas bajo condiciones que hoy serían incompatibles con las garantías de un debido proceso. En ese contexto, una confesión no constituye necesariamente una confirmación independiente de los hechos; también puede formar parte del relato que el poder necesita construir.

 

Todo ello conduce a una hipótesis que merece ser examinada. ¿Y si el objetivo principal no era descubrir una conspiración, sino presentar una? ¿Y si la operación fue infiltrada, controlada o incluso inducida desde sus primeras etapas para fabricar un caso que reforzara la narrativa de una agresión organizada desde Estados Unidos? Con la información disponible no es posible responder de manera definitiva a esas preguntas. Pero tampoco pueden descartarse cuando se analiza la cronología del caso, la oportunidad política con que reaparece y los métodos que históricamente ha empleado la policía política cubana.

 

Quizás la pregunta más importante no sea si un hombre cruzó el Estrecho de la Florida en una moto acuática. La verdadera pregunta es otra: ¿quién necesitaba que los cubanos y el mundo creyeran esta historia precisamente ahora? Porque cuando un régimen pierde credibilidad y la realidad contradice su discurso, la propaganda deja de ser un instrumento de gobierno para convertirse en una necesidad de supervivencia

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JOHN BOLTON; CON IRÁN LOS ESTADOS UNIDOS DEBEN IMPONERSE POR LA FUERZA


Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

En el artículo “Irán es demasiado débil para hacer la paz” publicado en el periódico Wall St. Journal, este 12 de Julio, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton propone que Estados Unidos debe imponerse por la fuerza para que el tránsito por la vía marítima donde se encuentra el estrecho de Ormuz sea seguro.

 

En su análisis Bolton sostiene que el memorando de entendimiento y el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán estaban condenados al fracaso desde el principio porque, tras la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel, el régimen iraní dejó de contar con una estructura de poder capaz de negociar y hacer cumplir acuerdos. A su juicio, la campaña militar destruyó la cohesión del liderazgo iraní hasta el punto de que ya no existe un centro de decisión con autoridad efectiva sobre el conjunto del Estado.

 

Bolton afirma que los ataques eliminaron a numerosos dirigentes políticos y militares, debilitando gravemente el funcionamiento del Gobierno. Señala que la dirección civil quedó desarticulada y que incluso la Guardia Revolucionaria Islámica enfrenta dificultades para ejercer un mando unificado sobre sus distintas unidades, debido tanto a las pérdidas sufridas como a la tradicional descentralización de su estructura militar. Al mismo tiempo, sostiene que dentro del estamento religioso y de las familias vinculadas al poder existen profundas discrepancias sobre el futuro del régimen tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

 

En lugar de un gobierno cohesionado, explica Bolton, han surgido diversos centros de poder que compiten entre sí sin que ninguno consiga imponerse de forma estable. Según su análisis, esa fragmentación explica las contradicciones observadas en el comportamiento iraní desde el final de los combates: mientras algunos sectores continúan promoviendo ataques contra Estados Unidos y contra el presidente Donald Trump, otros mantienen conversaciones con representantes estadounidenses buscando algún tipo de entendimiento.

 

El autor considera que esta desintegración institucional tiene importantes consecuencias para la política de Washington. A su juicio, los negociadores estadounidenses dialogan con funcionarios que carecen de poder real para comprometer al régimen. Describe al presidente Masoud Pezeshkian como una figura administrativa con escasa influencia política; al presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, como un dirigente cuyo órgano apenas ha incidido en las decisiones estratégicas del país; y al canciller Abbas Aragchi como un diplomático sin control sobre las acciones de la Guardia Revolucionaria.

 

Bolton critica además la tendencia de sucesivas administraciones estadounidenses a buscar interlocutores moderados dentro del régimen iraní. Argumenta que, históricamente, los diplomáticos civiles han servido para negociar con Occidente mientras las decisiones fundamentales sobre el programa nuclear, la política de defensa y las operaciones militares permanecían bajo control del líder supremo y de la Guardia Revolucionaria. En consecuencia, sostiene que los llamados moderados carecen de capacidad para modificar las políticas estratégicas del Estado.

 

Respecto a la situación actual, Bolton afirma que la Guardia Revolucionaria continúa lanzando misiles contra bases estadounidenses en la zona, atacando embarcaciones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, además de intentar reconstruir el programa nuclear iraní y reactivar organizaciones aliadas como Hamás y Hezbolá. Para él, estos hechos demuestran que cualquier negociación con funcionarios civiles resulta inútil mientras quienes poseen el poder militar continúen actuando con autonomía.

 

Como alternativa, propone que Estados Unidos abandone la estrategia de distinguir entre moderados y sectores duros dentro del régimen y adopte una política de presión mucho más intensa. Recomienda reforzar las sanciones económicas, restablecer un bloqueo efectivo sobre Irán para reducir sus ingresos petroleros y, si fuera necesario, reanudar operaciones militares de gran escala en lugar de limitarse a respuestas puntuales.

 

Bolton advierte que prolongar las negociaciones permitirá a Teherán ganar tiempo para reconstruir sus capacidades militares y aumentar sus ingresos mediante las exportaciones de petróleo. A su juicio, cuanto más se demore Washington, mayor será la capacidad del régimen para reorganizarse y recuperar influencia en la región.

 

Finalmente, concluye que Irán ya no dispone de un gobierno funcional en materia de seguridad nacional y considera que esa situación es consecuencia directa del éxito de la campaña militar estadounidense e israelí. Sostiene que Estados Unidos debería aprovechar esa circunstancia para debilitar definitivamente al régimen, comenzando por garantizar nuevamente la libre navegación en el estrecho de Ormuz, incluso mediante el uso de la fuerza si fuera necesario.

 

Sobre el autor: John Bolton fue asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca entre 2018 y 2019. Es autor del libro The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca).

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¿UN PASO HACIA LA OTAN? LA DECISIÓN DE TRUMP QUE PUEDE CAMBIAR EL FUTURO DE UCRANIA

 


Por Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

Las guerras también producen decisiones que transforman el equilibrio estratégico durante décadas. La declaración del presidente Donald Trump de que autorizará a Ucrania a fabricar misiles Patriot bajo licencia estadounidense es una de ellas.

 

Se trata de una decisión sin precedentes. Estados Unidos nunca ha concedido con tanta claridad a un país que combate una guerra de alta intensidad la posibilidad de producir uno de sus sistemas de defensa aérea más avanzados. No es únicamente una transferencia tecnológica. Es una señal política de enorme alcance.

 

Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha demostrado una extraordinaria capacidad para innovar, producir drones, desarrollar misiles y adaptar su industria militar a un ritmo que pocos países europeos han logrado. La autorización para fabricar misiles Patriot consolida ese proceso y convierte a Ucrania en un futuro productor de uno de los pilares de la defensa occidental.

 

El beneficio no será exclusivamente ucraniano. Europa necesita reforzar urgentemente su capacidad industrial de defensa. La experiencia adquirida por Ucrania durante más de cuatro años de guerra la convierte en un socio indispensable para la seguridad del continente. Ningún otro país europeo posee hoy un conocimiento tan amplio del combate moderno contra el ejército ruso.

 

Por eso, esta decisión trasciende el campo militar. Representa un reconocimiento implícito de que Ucrania ya forma parte del sistema estratégico occidental. Aunque no equivalga jurídicamente a un ingreso en la OTAN, resulta difícil imaginar que Washington autorice la fabricación local de un sistema tan sensible sin considerar a Ucrania un aliado permanente.

 

En la práctica, la industria de defensa ucraniana pasaría a integrarse con la de Estados Unidos y la Alianza Atlántica. Eso fortalecería la capacidad de disuasión europea y reduciría la dependencia de unas pocas plantas de producción occidentales.

 

Para Moscú, el mensaje es igualmente claro. Cuanto más prolongue la guerra, más integrada estará Ucrania en la arquitectura de seguridad de Occidente y mayor será su capacidad militar e industrial.

 

Paradójicamente, la invasión que pretendía impedir la aproximación de Ucrania a la OTAN puede estar acelerando exactamente el resultado contrario. La licencia para fabricar misiles Patriot no constituye todavía una membresía formal, pero puede interpretarse como uno de los pasos estratégicos más significativos dados hasta ahora hacia esa integración. En la historia de las alianzas militares, a menudo la realidad precede a los tratados.

 


A STEP TOWARD NATO? TRUMP'S DECISION THAT COULD CHANGE UKRAINE'S FUTURE

By Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Wars also produce decisions that reshape the strategic balance for decades. President Donald Trump's announcement that he will authorize Ukraine to manufacture Patriot missiles under U.S. license is one of them.

 

This is an unprecedented decision. Never before has the United States so clearly granted a country engaged in a high-intensity war the ability to produce one of its most advanced air defense systems. It is not merely a transfer of technology. It is a political signal of enormous significance.

 

Since the beginning of the Russian invasion, Ukraine has demonstrated an extraordinary ability to innovate, produce drones, develop missiles, and adapt its defense industry at a pace few European countries have matched. The authorization to manufacture Patriot missiles consolidates that process and transforms Ukraine into a future producer of one of the pillars of Western defense.

 

The benefits will not be limited to Ukraine. Europe urgently needs to strengthen its defense industrial capacity. The experience Ukraine has gained during more than four years of war makes it an indispensable partner in the continent's security. No other European country today possesses such extensive knowledge of modern warfare against the Russian military.

 

For that reason, this decision goes beyond the military sphere. It represents an implicit acknowledgment that Ukraine has already become part of the Western strategic system. Although it does not legally amount to NATO membership, it is difficult to imagine Washington authorizing the local production of such a sensitive weapons system without viewing Ukraine as a permanent ally.

 

In practice, Ukraine's defense industry would become integrated with that of the United States and the Atlantic Alliance. This would strengthen Europe's deterrence capabilities while reducing dependence on a limited number of Western production facilities.

 

For Moscow, the message is equally clear. The longer the war continues, the more deeply Ukraine will become integrated into the West's security architecture and the greater its military and industrial capabilities will become.

 

Paradoxically, the invasion that was intended to prevent Ukraine from moving closer to NATO may now be accelerating exactly the opposite outcome. The license to manufacture Patriot missiles does not yet constitute formal membership, but it can be interpreted as one of the most significant strategic steps taken so far toward that integration. In the history of military alliances, reality often precedes treaties.

 

 


UN PAS VERS L'OTAN ? LA DÉCISION DE TRUMP QUI POURRAIT CHANGER L'AVENIR DE L'UKRAINE

Par Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Les guerres produisent aussi des décisions qui transforment l'équilibre stratégique pour des décennies. La déclaration du président Donald Trump annonçant qu'il autorisera l'Ukraine à fabriquer des missiles Patriot sous licence américaine en est une.

 

Il s'agit d'une décision sans précédent. Jamais les États-Unis n'avaient accordé aussi clairement à un pays engagé dans une guerre de haute intensité la possibilité de produire l'un de leurs systèmes de défense aérienne les plus avancés. Il ne s'agit pas seulement d'un transfert de technologie. C'est un signal politique d'une portée considérable.

 

Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a démontré une capacité extraordinaire à innover, produire des drones, développer des missiles et adapter son industrie de défense à un rythme que peu de pays européens ont atteint. L'autorisation de fabriquer des missiles Patriot consolide ce processus et fait de l'Ukraine un futur producteur de l'un des piliers de la défense occidentale.

 

Les bénéfices ne seront pas exclusivement ukrainiens. L'Europe doit renforcer de toute urgence sa capacité industrielle de défense. L'expérience acquise par l'Ukraine au cours de plus de quatre années de guerre en fait un partenaire indispensable pour la sécurité du continent. Aucun autre pays européen ne possède aujourd'hui une connaissance aussi approfondie de la guerre moderne contre l'armée russe.

 

C'est pourquoi cette décision dépasse le seul domaine militaire. Elle constitue une reconnaissance implicite du fait que l'Ukraine fait déjà partie du système stratégique occidental. Même si elle ne correspond pas juridiquement à une adhésion à l'OTAN, il est difficile d'imaginer que Washington autorise la production locale d'un système aussi sensible sans considérer l'Ukraine comme un allié permanent.

 

En pratique, l'industrie de défense ukrainienne s'intégrerait à celle des États-Unis et de l'Alliance atlantique. Cela renforcerait la capacité de dissuasion de l'Europe tout en réduisant sa dépendance à l'égard d'un nombre limité de sites de production occidentaux.

 

Pour Moscou, le message est tout aussi clair. Plus la guerre se prolongera, plus l'Ukraine sera intégrée à l'architecture de sécurité occidentale, et plus ses capacités militaires et industrielles se renforceront.

 

Paradoxalement, l'invasion qui visait à empêcher le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN est peut-être en train d'accélérer exactement le résultat inverse. La licence de fabrication des missiles Patriot ne constitue pas encore une adhésion formelle, mais elle peut être interprétée comme l'une des étapes stratégiques les plus importantes franchies jusqu'à présent vers cette intégration. Dans l'histoire des alliances militaires, la réalité précède souvent les traités.

 


 

UN PASSO VERSO LA NATO? LA DECISIONE DI TRUMP CHE POTREBBE CAMBIARE IL FUTURO DELL'UCRAINA

Di Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Le guerre producono anche decisioni che trasformano l'equilibrio strategico per decenni. La dichiarazione del presidente Donald Trump di autorizzare l'Ucraina a produrre missili Patriot su licenza statunitense è una di queste.

 

Si tratta di una decisione senza precedenti. Gli Stati Uniti non avevano mai concesso con tanta chiarezza a un Paese impegnato in una guerra ad alta intensità la possibilità di produrre uno dei loro più avanzati sistemi di difesa aerea. Non si tratta soltanto di un trasferimento di tecnologia. È un segnale politico di enorme portata.

 

Dall'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha dimostrato una straordinaria capacità di innovare, produrre droni, sviluppare missili e adattare la propria industria della difesa a un ritmo che pochi Paesi europei sono riusciti a raggiungere. L'autorizzazione a produrre missili Patriot consolida questo processo e trasforma l'Ucraina in un futuro produttore di uno dei pilastri della difesa occidentale.

 

I benefici non saranno esclusivamente ucraini. L'Europa ha urgente bisogno di rafforzare la propria capacità industriale nel settore della difesa. L'esperienza maturata dall'Ucraina in oltre quattro anni di guerra la rende un partner indispensabile per la sicurezza del continente. Nessun altro Paese europeo possiede oggi una conoscenza così approfondita della guerra moderna contro l'esercito russo.

 

Per questo motivo, questa decisione va ben oltre l'ambito militare. Rappresenta un riconoscimento implicito del fatto che l'Ucraina fa già parte del sistema strategico occidentale. Pur non equivalendo giuridicamente all'adesione alla NATO, è difficile immaginare che Washington autorizzi la produzione locale di un sistema così sensibile senza considerare l'Ucraina un alleato permanente.

 

In pratica, l'industria della difesa ucraina verrebbe integrata con quella degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica. Ciò rafforzerebbe la capacità di deterrenza dell'Europa e ridurrebbe la dipendenza da un numero limitato di impianti produttivi occidentali.

 

Per Mosca, il messaggio è altrettanto chiaro. Più a lungo durerà la guerra, più profondamente l'Ucraina sarà integrata nell'architettura di sicurezza dell'Occidente e maggiori saranno le sue capacità militari e industriali.

 

Paradossalmente, l'invasione che mirava a impedire l'avvicinamento dell'Ucraina alla NATO potrebbe finire per accelerare esattamente il risultato opposto. La licenza per produrre missili Patriot non rappresenta ancora un'adesione formale, ma può essere interpretata come uno dei passi strategici più significativi compiuti finora verso tale integrazione. Nella storia delle alleanze militari, spesso la realtà precede i trattati.

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CUANDO LA ESTABILIDAD RETRASA LA DEMOCRACIA


Por Francisco Condis y Troyano

Miembro del Comité Ejecutivo del Cuba Independiente y Democrática (CID)

 

"El ser humano aprende con sus errores y, como le gusta aprender, sigue cometiendo los mismos errores."

 

La política impulsada por Donald Trump y Marco Rubio parece partir de la premisa de que la estabilidad económica y política de los regímenes autoritarios constituye un paso previo para crear las condiciones de una futura transición democrática. Paralelamente, ese enfoque buscaría preservar y fortalecer los intereses estratégicos de Estados Unidos en esos países.

 

No es una política nueva. Distintas administraciones estadounidenses intentaron aplicarla anteriormente en Afganistán, Irak y Vietnam, con resultados ampliamente conocidos. Estados Unidos parece ser uno de los pocos países que insiste en repetir la misma estrategia, convencido de que, como decía un pensador húngaro cuyo nombre hoy no recuerdo: "El ser humano aprende con sus errores y, como le gusta aprender, sigue cometiendo los mismos errores."

 

Quisiera analizar esa política a la luz de mi propia experiencia en Polonia.

 

Durante las décadas de 1970 y 1980, las democracias occidentales observaron prácticamente en silencio cómo los polacos intentaban liberarse del dominio comunista. Al mismo tiempo, los gobiernos occidentales concedieron enormes préstamos al propio régimen comunista para estabilizar la economía del país. Cuando el sistema finalmente colapsó, la deuda externa ascendía a unos 40.000 millones de dólares.

 

En aquellos años, la prioridad era la estabilidad; la democracia podía esperar.

 

Incluso cuando en 1980 la Unión Soviética amenazó con intervenir militarmente para aplastar el naciente movimiento Solidaridad, la Administración de Ronald Reagan mostró firmeza frente a Moscú y el Kremlin prefirió dejar que fueran los propios comunistas polacos quienes resolvieran la crisis. El resultado fue el autogolpe del general Wojciech Witold Jaruzelski en diciembre de 1981, que impuso la ley marcial y prolongó durante varios años la supervivencia del régimen.

 

La ayuda financiera occidental permitió que el sistema comunista sobreviviera casi dos décadas más. Durante ese tiempo, la nomenclatura acumuló privilegios y recursos que posteriormente le facilitarían apropiarse legalmente de una parte importante de la economía polaca cuando llegó la democracia en 1989.

 

La estabilidad volvió a imponerse sobre la democracia, a costa del sufrimiento del pueblo polaco.

 

Sin embargo, Polonia tenía una circunstancia que hoy no existe ni en Cuba ni en Venezuela.

 

El general Wojciech Witold Jaruzelski —a quien tuve el honor de conocer y con quien conversé en dos ocasiones— era un militar profundamente patriota. De origen noble y católico, amaba sinceramente a Polonia y entendía que el país necesitaba encontrar una salida. Nada semejante puede decirse de las actuales cúpulas militares cubanas o venezolanas.

 

A finales de los años ochenta la economía polaca estaba destruida. Las huelgas crecían, la población había perdido toda confianza en el régimen y, además, la llegada de la perestroika impulsada por Mijaíl Gorbachov modificaba profundamente el escenario internacional. En ese contexto, Jaruzelski aceptó negociar con Lech Wałęsa, líder del movimiento Solidaridad, que ya reunía a más de dos millones de afiliados.

 

Así nació la Mesa Redonda de 1989.

 

De aquellas negociaciones surgió un acuerdo para celebrar elecciones parcialmente libres. Todos los escaños del Senado quedarían abiertos a la competencia electoral, mientras que únicamente el 35 % de los escaños del Sejm —la cámara que elegía al primer ministro— serían disputados libremente. El restante 65 % permanecería reservado al Partido Obrero Unificado Polaco y a sus aliados comunistas.

 

Los resultados sorprendieron a todos.

 

Solidaridad obtuvo el 99 % de los escaños del Senado y conquistó la totalidad de los puestos del Sejm que estaban abiertos a la oposición. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó en el momento de elegir al nuevo jefe de gobierno. El Partido Campesino, aliado tradicional de los comunistas, rompió la coalición oficialista tras alcanzar un acuerdo con Bronisław Geremek y Lech Wałęsa. Gracias a ese cambio de alianzas, el intelectual católico Tadeusz Mazowiecki fue elegido primer ministro el 24 de agosto de 1989, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno no comunista de todo el bloque soviético desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1990 tuve el privilegio de recibir en mi universidad a varios ministros de ese nuevo gobierno.

 

La experiencia polaca deja una enseñanza clara. La pérdida de credibilidad de un régimen autoritario y su incapacidad para responder a las necesidades de la población no producen, por sí solas, una transición democrática. Es indispensable la existencia de una sociedad organizada, capaz de ejercer una presión sostenida sobre el poder y obligarlo a negociar cambios reales.

 

A esa misma conclusión llega el estudio de Izabela Tkocz y Jesús Adolfo Trujillo, publicado en 2020 por la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, titulado ¿Qué valió la pena? Treinta años de la Mesa Redonda en Polonia (1989-2019).

 

El llamado "milagro polaco" fue posible gracias a la coincidencia de cinco factores: un papa polaco (Juan Pablo II), un dirigente reformista en Moscú (Mijaíl Gorbachov), un general que antepuso su país a la ideología (Wojciech Witold Jaruzelski), un líder obrero con legitimidad nacional (Lech Wałęsa) y, por encima de todo, un pueblo decidido a recuperar su libertad.

 

La experiencia de Polonia demuestra que la estabilidad de un régimen autoritario no conduce automáticamente a la democracia. Cuando esa estabilidad no va acompañada del fortalecimiento de una oposición organizada y de una sociedad civil capaz de exigir cambios, termina prolongando la vida de la dictadura. La democracia no nace de la estabilidad del poder, sino de la voluntad de un pueblo decidido a conquistar su libertad.

 

¿Se cometerá ahora en Venezuela y Cuba el mismo error de priorizar la estabilidad dictatorial como supuesto camino hacia la democracia?

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LA VIVIENDA Y EL CAPITAL SOCIAL EN CUBA


Por Por Roxana Rodríguez, Secretaria de Relaciones Internacionales del CID.

 

Según la denuncia de la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, una madre que vive en un antiguo local abandonado del INDER en La Boca, Mariel, Artemisa, y que, según los vecinos, había terminado convertido en un basurero y baño público, ha sido amenazada de desalojo por funcionarios estatales. La madre no ocupó una vivienda habitada. Buscó refugio donde nadie vivía y, según su propio testimonio, le han advertido que puede perder hasta la custodia de sus hijos.

 

Su historia conmueve. Pero, sobre todo, obliga a mirar más allá de un caso individual porque estamos ante el rostro humano de la crisis habitacional más profunda que ha vivido Cuba en generaciones.

 

¿Qué ocurre en un país cuando más de la mitad de su población vive afectada por una crisis habitacional? La respuesta no se limita a la falta de viviendas. También se deterioran la salud mental, la convivencia familiar y el capital social sobre el que descansa el futuro de una nación.

 

Las cifras oficiales son contundentes. El Ministerio de la Construcción reconoce un déficit superior a 805.000 viviendas. Al mismo tiempo, alrededor del 35 % del fondo habitacional, equivalente a más de 1,3 millones de viviendas, se encuentra en estado regular o malo, mientras la construcción de nuevas viviendas continúa muy por debajo de las necesidades reales del país.

 

En conjunto, esto significa que más de 2,1 millones de viviendas faltan o presentan un deterioro significativo. Aunque ambas categorías pueden superponerse parcialmente, la magnitud del problema permite estimar que más de cinco millones de cubanos viven afectados directa o indirectamente por la crisis habitacional. No se trata únicamente de casas que necesitan reparación. Se trata de millones de personas cuya vida cotidiana transcurre bajo techos inseguros, paredes agrietadas, filtraciones permanentes, hacinamiento o el temor constante de perder el lugar donde viven.

 

Estas circunstancias son el resultado de la incompetencia y el nivel de corrupción del régimen castrista que, durante más de seis décadas, ha dedicado la mayor parte de sus recursos al mantenimiento de su aparato de represión, su monopolio de información y propaganda, y el turismo, relegando la generación de electricidad, el abastecimiento de agua, el sistema de salud, la producción de alimentos, el transporte público y la construcción de viviendas.

 

Las cifras describen la magnitud del problema. Pero no alcanzan a explicar su costo humano y cultural. La ciencia lleva años estudiándolo.

 

Una revisión sistemática publicada en 2025 por investigadores de la University College London (UCL), la Queen Mary University of London y la Universidad de Bristol, en el Journal of Environmental Psychology, analizó 34 investigaciones realizadas en 18 países y concluyó que el hacinamiento, el deterioro de las viviendas y la inseguridad habitacional incrementan significativamente los problemas emocionales y de conducta en niños y adolescentes, además de aumentar los niveles de ansiedad, depresión e hiperactividad.

 

Otra revisión sistemática, realizada por investigadores de la Universidad de Sheffield, analizó 59 estudios y llegó a conclusiones similares. La inseguridad habitacional altera el sueño, dificulta el aprendizaje, deteriora el bienestar psicológico y aumenta los conflictos familiares. Los investigadores concluyen que reducir la inseguridad habitacional debe constituir una prioridad de política pública para proteger el desarrollo de los niños y la estabilidad de las familias.

 

Estas investigaciones permiten comprender la magnitud con que una crisis de vivienda afecta a las personas. Es dentro de ese espacio donde los niños aprenden a confiar en los demás, a convivir, a compartir responsabilidades, a respetar normas y a construir vínculos estables con padres, hermanos y abuelos. Allí se forman muchos de los hábitos, valores y relaciones de confianza que más tarde acompañarán a esas personas en la escuela, el trabajo y la comunidad.

 

Por eso la vivienda no constituye únicamente un derecho social ni una necesidad material. También representa una inversión en el futuro de una nación.

 

Las ciencias sociales llaman capital social a esa red de confianza, cooperación y solidaridad que mantiene cohesionada a una sociedad. Buena parte de ese capital comienza a construirse o a deteriorarse precisamente dentro del entorno familiar.

 

Por estas razones, el problema habitacional de Cuba implica mucho más que el altísimo déficit de viviendas y el deterioro de otras. También se mide en millones de horas de ansiedad; en niños que estudian sin privacidad; en padres que sienten que no pueden ofrecer seguridad a sus hijos; y en familias que viven cada día con la incertidumbre de no saber si mañana seguirán teniendo un techo.

 

Por estas razones, en el desarrollo de una Cuba democrática, la vivienda y la atención a los niños y jóvenes son prioridades del Partido Cuba Independiente y Democrática. 

 

Fortalecer el capital social de nuestro país es tan importante como el desarrollo en otros aspectos. La visión de José Martí es más vigente que nunca:

 

"Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad. Cuanto más se hace por los demás, más se hace por sí mismo."

 

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EL MUNDO SEGÚN EL PRESIDENTE DE FINLANDIA


Una reflexión sobre el nuevo equilibrio del poder mundial

 

Por Huber Matos Araluce.  San José, Costa Rica

 

Las grandes potencias no empiezan a perder influencia cuando aparecen nuevos enemigos. Empiezan a descubrir los límites de su poder cuando sus propios aliados se sienten con la libertad de decirles «no».

 

Alexander Stubb no habla de geopolítica desde la teoría, sino desde la experiencia de un país que ha luchado durante más de un siglo por preservar su independencia frente a Rusia. Durante la Guerra de Invierno (1939-1940), un pequeño ejército finlandés resistió durante meses la invasión soviética y protagonizó una de las mayores sorpresas militares del siglo XX.

 

Hoy, con apenas 5,6 millones de habitantes, Finlandia mantiene uno de los sistemas de defensa más sólidos de Europa, basado en el servicio militar obligatorio, una reserva cercana a los 900.000 ciudadanos entrenados y una extraordinaria capacidad de movilización. Cuando el presidente de Finlandia reflexiona sobre el futuro del orden internacional, conviene escucharlo.

 

Los grandes cambios del sistema internacional rara vez se anuncian mediante discursos. Se revelan cuando un aliado decide actuar de manera distinta a la esperada. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Arabia Saudita se negó inicialmente a facilitar una operación militar de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Más que un incidente diplomático, aquel episodio puede interpretarse como una señal de que el mundo está entrando en una nueva etapa, una transformación que Alexander Stubb anticipó en su libro The Triangle of Power: Rebalancing the New World Order.

 

Durante más de tres décadas, tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como la única superpotencia capaz de proyectar simultáneamente poder militar, económico, tecnológico y diplomático a escala global. Muchos llegaron a pensar que aquel orden unipolar sería permanente.

 

Sin embargo, Stubb sostiene que estamos asistiendo al nacimiento de un sistema diferente. No necesariamente uno dominado por otra potencia, sino un mundo caracterizado por una distribución más amplia del poder y por una creciente autonomía de los Estados para definir y defender sus propios intereses nacionales.

 

La pregunta resulta inevitable: ¿está ocurriendo realmente esa transformación o se trata únicamente de una teoría atractiva?

 

El episodio revelado por The Wall Street Journal sobre el enfrentamiento diplomático entre Washington y Arabia Saudita ofrece una oportunidad excepcional para poner a prueba la tesis de Stubb.

 

El desacuerdo saudita no comenzó con la operación en Ormuz. Desde las primeras semanas de la crisis, Riad había advertido a Washington que una guerra contra Irán podía cerrar el estrecho, sacudir los mercados petroleros y poner en riesgo la estabilidad del Golfo. Arabia Saudita y otros países árabes defendieron públicamente que sus bases y su espacio aéreo no debían ser utilizados para atacar a Irán.

 

La guerra, sin embargo, comenzó junto a Israel, y los temores sauditas se confirmaron cuando Irán respondió con ataques contra centros urbanos, infraestructura energética y aeropuertos del Golfo.

 

Para el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, el problema no era únicamente militar. Era estratégico. Washington había ignorado el cálculo de seguridad de uno de sus aliados más importantes.

 

LA PRUEBA DE STUBB

 

Esa diferencia de criterio explica lo ocurrido después.

 

Cuando Estados Unidos anunció la operación destinada a garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz, Arabia Saudita reaccionó con alarma. Consideró que la iniciativa podía provocar una nueva escalada iraní y volver a exponer la infraestructura energética del reino a nuevos ataques.

 

Por esa razón, Riad bloqueó inicialmente el acceso estadounidense a bases y espacio aéreo indispensables para la operación. No era una ruptura con Washington, pero sí una advertencia inequívoca: incluso un aliado histórico podía decir «no» cuando entendía que sus intereses vitales estaban en juego.

 

Si el episodio entre Washington y Riad hubiera sido un hecho aislado, podría explicarse como un desacuerdo circunstancial entre dos gobiernos. Pero observado a la luz de la interpretación de Alexander Stubb adquiere un significado mucho más profundo.

 

La negativa saudita no fue simplemente una diferencia táctica. Fue la expresión de un cambio en la forma en que los Estados entienden sus alianzas.

 

En The Triangle of Power: Rebalancing the New World Order, Stubb sostiene que el sistema internacional está dejando atrás la etapa unipolar surgida tras el colapso de la Unión Soviética. No afirma que Estados Unidos haya dejado de ser la principal potencia mundial ni que otra nación vaya a sustituirlo como centro exclusivo del poder.

 

Su tesis es más compleja y, probablemente, más realista.

 

El mundo está entrando en una etapa en la que el poder se distribuye entre varios centros de decisión y donde los Estados recuperan un margen creciente para definir y defender sus propios intereses nacionales.

 

Las alianzas no desaparecen.

 

La OTAN continúa siendo indispensable para la seguridad europea y la cooperación entre Estados Unidos y sus socios sigue siendo un elemento esencial del equilibrio internacional.

 

Lo que cambia es la naturaleza de esas relaciones.

 

Las alianzas dejan de funcionar por automatismo y pasan a sustentarse en decisiones cada vez más condicionadas por los intereses nacionales de cada uno de sus miembros.

 

El caso saudita ilustra con claridad esa evolución.

 

Riad no rompió su alianza con Washington. No expulsó a las fuerzas estadounidenses ni puso fin a décadas de cooperación militar.

 

Lo que hizo fue ejercer un derecho que durante muchos años parecía reservado únicamente a las grandes potencias: discrepar cuando consideró que la estrategia propuesta aumentaba los riesgos para su propia seguridad.

 

Ese «no» posee un significado que trasciende la crisis del estrecho de Ormuz.

 

Refleja la aparición de una nueva realidad internacional en la que incluso los aliados más cercanos se sienten hoy con la autoridad política suficiente para defender públicamente sus propios intereses cuando estos no coinciden plenamente con los de la potencia que encabeza la alianza.

 

La influencia continúa existiendo.

 

El liderazgo también.

 

Lo que parece haber terminado es la época en que una alianza implicaba obediencia automática.

 

Quizá ese sea el cambio más importante que Alexander Stubb intenta explicar: el poder no desaparece, pero empieza a ejercerse sobre aliados que han decidido pensar y actuar cada vez más por sí mismos.

 

EUROPA TAMBIÉN COMENZÓ A DECIDIR POR SÍ MISMA

 

Arabia Saudita no fue el único aliado que actuó siguiendo esa lógica.

 

Mientras Washington e Israel avanzaban hacia una confrontación militar con Irán, la mayoría de los gobiernos europeos adoptó una posición mucho más prudente. Respaldaron el derecho de Israel a defenderse y mantuvieron intactos sus compromisos con la OTAN, pero evitaron involucrarse directamente en una guerra regional que consideraban contraria a los intereses estratégicos del continente.

 

Europa comprendía que un conflicto prolongado en el Golfo amenazaba el suministro energético mundial, afectaba su economía y aumentaba el riesgo de una nueva desestabilización regional.

 

Su prioridad fue contener la escalada antes que ampliarla.

 

Ese comportamiento coincide plenamente con la interpretación de Alexander Stubb.

 

Las alianzas permanecen, pero funcionan de otra manera. La cooperación ya no excluye la discrepancia, y la solidaridad entre aliados deja espacio a una autonomía estratégica que hace apenas dos décadas habría parecido excepcional.

 

LA PARADOJA DE TRUMP

 

La transformación descrita por Stubb plantea un desafío para cualquier presidente estadounidense. En el caso de Donald Trump, ese desafío adquiere una dimensión especialmente interesante.

 

Trump ha insistido durante años en que los aliados deben asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad. Ha reclamado a los miembros de la OTAN un incremento de su gasto militar y ha pedido a Europa y a los países del Golfo depender menos del poder estadounidense.

 

Ese planteamiento responde a una lógica comprensible.

 

Estados Unidos ya no puede soportar en solitario el enorme costo político, económico y militar del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.

 

Pero esa estrategia contiene una paradoja.

 

A medida que los aliados adquieren mayores capacidades militares, económicas y políticas, también fortalecen su capacidad para decidir por sí mismos.

 

Y cuando esas decisiones no coinciden con las preferencias de Washington, surge inevitablemente la tensión.

 

Eso fue precisamente lo ocurrido con Arabia Saudita.

 

El reino actuó como Estados Unidos llevaba años pidiendo a sus aliados que actuaran: evaluó la situación desde la perspectiva de sus propios intereses nacionales.

 

Sin embargo, la conclusión a la que llegó fue distinta de la esperada por Washington.

 

La paradoja, en realidad, no pertenece únicamente a Trump.

 

Refleja un dilema histórico que probablemente marcará la política exterior estadounidense durante las próximas décadas:

 

¿Cómo mantener el liderazgo de una alianza cuyos miembros son cada vez más fuertes, más seguros de sí mismos y más autónomos?

 

EL DISCURSO QUE PUTIN NO QUERÍA ESCUCHAR

 

Recientemente Europa ofreció otra señal de esa misma transformación.

 

Durante la Conferencia para la Recuperación de Ucrania celebrada en Roma, el canciller alemán Friedrich Merz pronunció un discurso que trascendía ampliamente la guerra en Ucrania.

 

Más que anunciar nuevas medidas de apoyo, reveló un cambio profundo en la forma en que Europa empieza a concebir su propia seguridad.

 

Ese discurso merece una reflexión específica. Por esa razón le dediqué el ensayo "El discurso que Putin no quería escuchar", donde analizo cómo Europa comienza a asumir responsabilidades estratégicas que durante décadas descansaron principalmente sobre Estados Unidos.

 

Lo relevante para este artículo es que esa evolución confirma, desde un escenario completamente distinto, la tesis formulada por Alexander Stubb.

 

Merz no habló como el dirigente de un continente resignado a ser protegido.

 

Habló como representante de una Europa que empieza a comprender que su seguridad no puede depender exclusivamente de la voluntad de Washington.

 

Esa diferencia resulta decisiva.

 

Europa no está abandonando la alianza atlántica.

 

Está entendiendo que una alianza sólida exige socios capaces de asumir responsabilidades propias.

 

El punto central no es que Europa pretenda sustituir a Estados Unidos.

 

Es que comienza a comprender que su peso político dependerá cada vez más de su capacidad para actuar, invertir, defenderse y decidir.

 

Esa es precisamente la lógica de la nueva cultura estratégica.

 

Los aliados no dejan de ser aliados, pero ya no pueden permitirse actuar como simples dependencias estratégicas.

 

Si el discurso de Merz incomodó a Putin fue porque reveló que la guerra de Ucrania está produciendo un cambio que Moscú probablemente no esperaba: una Europa más consciente de sus vulnerabilidades, pero también más decidida a corregirlas.

 

Ese despertar europeo no contradice a Stubb.

 

Lo confirma.

 

El mundo que describe el presidente de Finlandia no es un mundo sin alianzas.

 

Es un mundo donde las alianzas solo podrán sobrevivir si están formadas por Estados que se respetan precisamente porque son capaces de decidir y asumir sus propias responsabilidades.

 

DEL GOLFO PÉRSICO A AMÉRICA LATINA

 

La tesis de Alexander Stubb no se agota en Europa ni en el Golfo Pérsico.

 

Si el orden internacional avanza hacia alianzas menos automáticas y más soberanas, América Latina tendrá que preguntarse cuál será su lugar en ese nuevo escenario.

 

Durante demasiado tiempo, nuestra región ha oscilado entre dos extremos igualmente estériles: la subordinación pasiva a una potencia externa o el antiamericanismo retórico que, con frecuencia, termina abriendo la puerta a nuevas formas de dependencia.

 

Ninguna de esas opciones responde a la lógica del mundo que Stubb describe.

 

La pregunta de fondo es otra.

 

¿Puede América Latina convertirse en una comunidad de naciones independientes, capaces de relacionarse con las principales potencias del mundo desde la dignidad de socios y no desde la fragilidad de protectorados?

 

Esa pregunta no es abstracta.

 

Afecta la seguridad, la economía, la tecnología, la energía, la migración y, sobre todo, la defensa de la democracia.

 

Un continente fragmentado, débil y sin una visión compartida seguirá siendo objeto de disputa entre las grandes potencias.

 

Un continente capaz de coordinar intereses, defender principios y construir alianzas responsables dispondrá de un margen mucho mayor para influir en su propio destino.

 

La nueva cultura estratégica no exige romper alianzas.

 

Exige algo más difícil y, al mismo tiempo, más valioso: construirlas desde la soberanía, la responsabilidad y el respeto mutuo.

 

CONCLUSIÓN

 

Alexander Stubb nos invita a mirar más allá de la guerra, más allá de la política cotidiana y más allá de los nombres de los gobernantes.

 

Su tesis no consiste en anunciar el fin de una potencia ni el ascenso inevitable de otra.

 

Consiste en advertir que el mundo está aprendiendo a funcionar de una manera diferente.

 

Si tiene razón, el episodio entre Washington y Arabia Saudita no será recordado únicamente por la crisis que provocó.

 

Será recordado porque puso de manifiesto algo mucho más profundo: las grandes potencias empiezan a descubrir los límites de su influencia cuando incluso sus propios aliados deciden ejercer plenamente su soberanía.

 

Las alianzas no desaparecen.

 

Pero dejan de descansar sobre la obediencia automática y comienzan a sostenerse sobre el respeto entre Estados que cooperan sin renunciar a decidir por sí mismos.

 

Esa reflexión trasciende a Europa, al Golfo Pérsico y a Estados Unidos.

 

También interpela a América Latina.

 

Porque, si el mundo avanza hacia alianzas entre Estados cada vez más soberanos, nuestra región tendrá que responder una pregunta que marcará buena parte de su futuro:

 

¿Quiere ser un conjunto de protectorados que gravitan alrededor de una gran potencia, o una comunidad de naciones independientes capaz de construir alianzas entre socios que se respetan mutuamente?

 

Hace más de un siglo, José Martí escribió una frase que hoy adquiere una sorprendente actualidad:

 

“La libertad cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio.”

 

Martí pensaba en la libertad de los pueblos.

 

Pero su advertencia también ilumina la libertad de los Estados para decidir su propio destino.

 

Finlandia la defendió frente a la invasión soviética.

 

Arabia Saudita intentó ejercerla al anteponer su propia evaluación estratégica.

 

Europa comienza a reivindicarla al asumir mayores responsabilidades sobre su seguridad.

 

Y Alexander Stubb la convierte en una de las claves para comprender el nuevo equilibrio del poder mundial.


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