LA BOMBA DE MOSCÚ: ¿UN NUEVO ATAQUE CONTRA LA CÚPULA MILITAR RUSA?

LA BOMBA DE MOSCÚ: ¿UN NUEVO ATAQUE CONTRA LA CÚPULA MILITAR RUSA?

 

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

Con información de Reuters, Associated Press, The Times, Kommersant y el Consejo de la Unión Europea.

 

La bomba que explotó el sábado 1 de agosto en la entrada del restaurante Balzi Rossi, en el centro de Moscú, parece tener las características de un atentado selectivo contra una figura importante de la jerarquía militar rusa, y no las de un ataque indiscriminado contra la población.

 

El artefacto estalló poco antes de las 8:00 de la noche en el exclusivo establecimiento de la plaza Kudrinskaya, que estaba cerrado al público porque se celebraba una reunión privada. Una mujer intentó entrar con una caja presentada como regalo, pero fue detenida por un guardia de seguridad. La explosión mató a la mujer, al guardia y tres personas más, y dejó al menos 21 heridos.

 

Algunos medios rusos informaron posteriormente del fallecimiento de otras dos personas, pero el balance oficial continúa siendo de tres muertos. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el hecho como un “brutal atentado terrorista”.

 

La investigación intenta determinar si la mujer sabía que transportaba una bomba. El diario Kommersant sostiene que pudo haber sido utilizada como repartidora y que el artefacto habría sido activado a distancia cuando el guardia examinaba el paquete. También se ha informado que la bomba contenía bolas metálicas y tenía una potencia aproximada de un kilogramo de TNT.

 

Diversos medios identifican como posible objetivo al coronel general Aleksandr Chaiko, quien presuntamente celebraba en el restaurante su cumpleaños número 55. Imágenes de los preparativos mostraban una referencia a “Aleksandr 55”, aunque las autoridades rusas todavía no han confirmado la presencia del general.

 

Chaiko no es un oficial cualquiera. Fue comandante del Distrito Militar Oriental y el militar ruso de mayor rango desplegado sobre el terreno al comenzar la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Era el principal comandante ruso cuando sus tropas entraron en Bucha.

 

En marzo de 2026, la Unión Europea lo sancionó junto con otros ocho militares rusos por su responsabilidad en las atrocidades cometidas en Bucha y otras localidades cercanas a Kyiv. El Consejo de la UE señaló que las fuerzas bajo su mando participaron en ejecuciones, torturas, saqueos y otros crímenes contra civiles.

 

Si Chaiko se encontraba realmente en el restaurante, el atentado adquiere una clara lógica militar y política. Sus organizadores habrían conocido el lugar y la fecha de la celebración, además de encontrar la manera de acercar el explosivo a los invitados. Una operación semejante habría requerido vigilancia previa o información procedente del entorno del general.

 

También circulan versiones según las cuales en la reunión participaban altos oficiales, funcionarios y miembros de los servicios de seguridad. Esos informes no han sido verificados, pero plantean la posibilidad de que el objetivo fuera más amplio: golpear simultáneamente a varias figuras de la élite militar y gubernamental rusa.

 

La intervención del guardia probablemente impidió una matanza mucho mayor. La bomba explotó en la entrada y no dentro del salón donde se encontraba la mayoría de los asistentes.

 

El método empleado encaja con una cadena de ataques contra militares, funcionarios y propagandistas vinculados con la guerra de Ucrania. En agosto de 2022, Daria Dúguina, hija del ideólogo nacionalista Alexandr Duguin, murió al explotar una bomba colocada en su automóvil.

 

En abril de 2023, el bloguero militar Vladlen Tatarsky murió en un café de San Petersburgo cuando estalló una bomba escondida dentro de una estatuilla que una mujer le había entregado como regalo. La similitud con el paquete llevado al restaurante Balzi Rossi resulta evidente.

 

En diciembre de 2024, el teniente general Ígor Kirílov, jefe de las fuerzas rusas de protección nuclear, biológica y química, murió en Moscú por una bomba oculta en un patinete eléctrico. Fuentes ucranianas asumieron la responsabilidad de aquella operación.

 

Cuatro meses después, el teniente general Yaroslav Moskálik, alto funcionario del Estado Mayor ruso, murió cerca de Moscú por la explosión de un automóvil cargado con explosivos. En diciembre de 2025, el teniente general Fanil Sarvárov, responsable de la dirección de entrenamiento operativo del Estado Mayor, perdió la vida al estallar una bomba colocada debajo de su vehículo.

 

Esta sucesión de operaciones demuestra que la distancia del frente ya no garantiza la seguridad de los altos mandos relacionados con la guerra. También obliga al Kremlin a proteger no solo las instalaciones militares, sino las residencias, vehículos, reuniones privadas y actividades cotidianas de centenares de funcionarios y oficiales.

 

Nadie ha reivindicado el atentado contra el restaurante Balzi Rossi. Blogueros militares rusos responsabilizaron inmediatamente a Ucrania, pero Moscú todavía no ha presentado pruebas y Kyiv no ha comentado el caso.

 

Tampoco puede descartarse por completo una lucha interna dentro de las estructuras rusas o la participación de otro grupo. Sin embargo, la selección del lugar, el supuesto cumpleaños de Chaiko, el paquete presentado como regalo y el intento de penetrar una reunión privada se parecen más a una operación de asesinato político o militar que a un atentado yihadista destinado a provocar víctimas indiscriminadas.

 

La identidad del objetivo será probablemente la clave para esclarecer el caso. Si se confirma que Chaiko presidía la celebración, la bomba de Moscú formaría parte de una campaña dirigida a llevar la guerra hasta quienes participan en su conducción, incluso dentro de los espacios que la élite rusa consideraba seguros.

 

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TIERRA Y EMPRESA PRIVADA EN CUBA: CONCESIONES PARA PRODUCIR, PRIVILEGIOS PARA CONTROLAR

TIERRA Y EMPRESA PRIVADA EN CUBA: CONCESIONES PARA PRODUCIR, PRIVILEGIOS PARA CONTROLAR

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

TE LO DOY TE LO QUITO

La nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal permite entregar en usufructo hasta 67 hectáreas inicialmente, ampliables de manera gradual hasta 268. También autoriza que mipymes privadas o mixtas reciban terrenos estatales para desarrollar proyectos agropecuarios.

 

A primera vista, las medidas parecen reconocer que la iniciativa privada resulta indispensable para enfrentar la crisis alimentaria. Sin embargo, contempladas a la luz de la historia del castrismo, no representan una verdadera reforma de la propiedad. Constituyen otra apertura controlada mediante la cual el régimen necesita que los ciudadanos produzcan, pero evita que adquieran independencia económica.

 

El productor recibe tierra para trabajar, pero no la propiedad plena. No puede hipotecarla, arrendarla libremente ni decidir sin autorización administrativa sobre su transmisión. Además, conceptos imprecisos como “falta de productividad”, “abandono injustificado” o “uso no autorizado” pueden provocar la pérdida definitiva de la tierra y de los bienes agropecuarios, que pasarían a manos del Estado.

 

En esas condiciones, el usufructuario no recibe un derecho estable, sino una concesión revocable. Sabe que un funcionario municipal o una comisión agraria puede determinar si conserva la tierra, amplía su explotación o pierde lo que ha construido. Esa dependencia tiene consecuencias políticas: quien teme perder su medio de vida evitará protestar, criticar al régimen o vincularse con organizaciones independientes.

 

La obediencia no necesita aparecer expresamente en la ley. Está incorporada en el sistema de permisos.

 

Desde 1959, el régimen ha seguido el mismo patrón. Primero prometió entregar la tierra a los campesinos; después concentró la mayor parte de ella en manos del Estado. Cuando la producción estatal fracasó, permitió espacios limitados para la iniciativa individual. Si los productores prosperaban y adquirían autonomía, volvía a restringirlos.

 

Los mercados libres campesinos, autorizados en 1980 y clausurados en 1986, son un ejemplo. El trabajo por cuenta propia fue tolerado durante el Período Especial, pero quedó sometido a impuestos, prohibiciones y campañas contra el enriquecimiento. Las tierras ociosas comenzaron a entregarse nuevamente en usufructo a partir de 2008, sin conceder a los productores la seguridad jurídica necesaria. Las mipymes, autorizadas desde 2021 por la gravedad de la crisis, enfrentaron posteriormente nuevas restricciones.

 

El régimen avanza cuando necesita que los cubanos resuelvan lo que el Estado ha destruido y retrocede cuando teme que la prosperidad genere independencia.

 

La nueva legislación también abre espacios para el favoritismo y la corrupción. Los funcionarios encargados de distribuir tierras, aprobar proyectos y determinar su productividad tendrán poder para beneficiar a familiares, dirigentes locales, militares retirados y personas vinculadas con las estructuras gubernamentales. El protegido podrá recibir mejores terrenos, acceso a insumos, contratos turísticos o decisiones favorables; al ciudadano políticamente incómodo se le aplicará la ley con toda severidad.

 

Existe, además, un peligro mayor. Miembros de la élite pueden utilizar información privilegiada y control administrativo para apropiarse indirectamente de activos estatales. Aunque la tierra continúe registrada como propiedad del Estado, su explotación puede quedar en manos de personas escogidas por el poder. Sería una privatización selectiva y encubierta: las ganancias para los favorecidos y la propiedad formal para un Estado que garantiza sus privilegios.

 

Así podría formarse una nueva clase económica dependiente del régimen. Sus integrantes quizá no sean comunistas convencidos, pero comprenderán que sus tierras, negocios y contratos dependen de mantener una conducta políticamente aceptable.

 

Incluso podría estar comenzando la transformación del poder político en patrimonio privado: funcionarios y personas relacionadas con el Gobierno preparándose para conservar riquezas y posiciones ante una futura transición

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Cuba necesita una reforma agraria auténtica: propiedad plena, libertad para producir y vender, acceso directo al crédito y a los insumos, derechos hereditarios, tribunales independientes y prohibición de confiscaciones administrativas. También necesita procesos públicos y transparentes que impidan que los bienes nacionales terminen en manos de quienes han administrado el fracaso.

 

El régimen no está distribuyendo libertad económica. Está administrando privilegios. Concede oportunidades sin reconocer derechos, exige dependencia a cambio de prosperidad y conserva la facultad de premiar la obediencia, castigar la independencia y enriquecer a sus redes de poder.

 

 

LAND AND PRIVATE ENTERPRISE IN CUBA: CONCESSIONS TO PRODUCE, PRIVILEGES TO CONTROL

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

I GIVE IT TO YOU, I TAKE IT AWAY

 

The new Agricultural and Forestry Land Law allows the government to grant up to 67 hectares initially under usufruct, with gradual increases of up to 268 hectares. It also authorizes private or mixed-ownership micro, small, and medium-sized enterprises to receive state land for agricultural projects.

 

At first glance, these measures seem to acknowledge that private initiative is indispensable to confronting the food crisis. Viewed in light of the history of Castroism, however, they do not constitute genuine property reform. They represent yet another controlled opening through which the regime needs citizens to produce while preventing them from achieving economic independence.

 

Producers receive land to work, but not full ownership. They cannot mortgage it, lease it freely, or transfer it without administrative authorization. Moreover, vague concepts such as “lack of productivity,” “unjustified abandonment,” or “unauthorized use” can result in the permanent loss of the land and agricultural assets, which would then pass into the hands of the State.

 

Under these conditions, usufruct holders do not receive a secure right, but a revocable concession. They know that a municipal official or agrarian commission can determine whether they keep the land, expand their operations, or lose everything they have built. This dependence has political consequences: those who fear losing their livelihood will avoid protesting, criticizing the regime, or becoming involved with independent organizations.

 

Obedience does not need to be explicitly required by law. It is built into the permit system.

 

Since 1959, the regime has followed the same pattern. First, it promised to give the land to the farmers; later, it concentrated most of it in the hands of the State. When state production failed, it permitted limited spaces for individual initiative. If producers prospered and gained autonomy, the regime restricted them once again.

 

The free farmers’ markets, authorized in 1980 and shut down in 1986, are one example. Self-employment was tolerated during the Special Period but remained subject to taxes, prohibitions, and campaigns against personal enrichment. Beginning in 2008, idle land was once again distributed under usufruct, without granting producers the legal certainty they needed. Private micro, small, and medium-sized enterprises, authorized in 2021 because of the severity of the crisis, subsequently faced new restrictions.

 

The regime moves forward when it needs Cubans to solve what the State has destroyed and retreats when it fears that prosperity will generate independence.

 

The new legislation also creates opportunities for favoritism and corruption. Officials responsible for distributing land, approving projects, and determining productivity will have the power to benefit relatives, local leaders, retired military officers, and people connected to government structures. Those with political protection may receive better land, access to supplies, tourism contracts, or favorable administrative decisions, while the law may be applied with full severity against politically inconvenient citizens.

 

There is an even greater danger. Members of the elite may use privileged information and administrative control to appropriate state assets indirectly. Although the land may remain formally registered as state property, its exploitation could be placed in the hands of people selected by those in power. It would amount to selective and concealed privatization: profits for the favored few and formal ownership retained by a State that guarantees their privileges.

 

This could create a new economic class dependent on the regime. Its members may not be committed communists, but they will understand that their land, businesses, and contracts depend on maintaining politically acceptable behavior.

 

The transformation of political power into private wealth may already be beginning, with officials and government-connected individuals preparing to preserve their wealth and positions in anticipation of a future transition.

 

Cuba needs genuine agrarian reform: full ownership, freedom to produce and sell, direct access to credit and supplies, inheritance rights, independent courts, and a prohibition against administrative confiscations. It also needs public and transparent procedures to prevent national assets from ending up in the hands of those who have presided over the country’s failure.

 

The regime is not distributing economic freedom. It is administering privileges. It grants opportunities without recognizing rights, demands dependence in exchange for prosperity, and retains the power to reward obedience, punish independence, and enrich its networks of influence.

 

 

TERRE ET ENTREPRISE PRIVÉE À CUBA : DES CONCESSIONS POUR PRODUIRE, DES PRIVILÈGES POUR CONTRÔLER

 

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

JE TE LE DONNE, JE TE LE REPRENDS

La nouvelle Loi sur les terres agricoles et forestières permet d’accorder initialement en usufruit jusqu’à 67 hectares, superficie pouvant être progressivement portée à 268 hectares. Elle autorise également les micro, petites et moyennes entreprises privées ou mixtes à recevoir des terres de l’État afin de développer des projets agricoles.

 

À première vue, ces mesures semblent reconnaître que l’initiative privée est indispensable pour faire face à la crise alimentaire. Cependant, considérées à la lumière de l’histoire du castrisme, elles ne représentent pas une véritable réforme de la propriété. Elles constituent une nouvelle ouverture contrôlée par laquelle le régime demande aux citoyens de produire, tout en les empêchant d’acquérir leur indépendance économique.

 

Le producteur reçoit une terre à travailler, mais n’en obtient pas la pleine propriété. Il ne peut pas l’hypothéquer, la louer librement ni décider de sa transmission sans autorisation administrative. En outre, des notions imprécises telles que le « manque de productivité », l’« abandon injustifié » ou l’« utilisation non autorisée » peuvent entraîner la perte définitive des terres et des biens agricoles, qui passeraient alors aux mains de l’État.

 

Dans ces conditions, l’usufruitier ne bénéficie pas d’un droit stable, mais d’une concession révocable. Il sait qu’un fonctionnaire municipal ou une commission agraire peut décider s’il conserve la terre, s’il agrandit son exploitation ou s’il perd tout ce qu’il a construit. Cette dépendance a des conséquences politiques : celui qui craint de perdre son moyen de subsistance évitera de protester, de critiquer le régime ou de se rapprocher d’organisations indépendantes.

 

L’obéissance n’a pas besoin d’être expressément inscrite dans la loi. Elle est intégrée au système d’autorisations.

 

Depuis 1959, le régime suit le même schéma. Il a d’abord promis de donner la terre aux paysans, puis en a concentré la plus grande partie entre les mains de l’État. Lorsque la production étatique a échoué, il a accordé des espaces limités à l’initiative individuelle. Si les producteurs prospéraient et gagnaient en autonomie, le régime imposait de nouveau des restrictions.

 

Les marchés paysans libres, autorisés en 1980 et fermés en 1986, en sont un exemple. Le travail indépendant a été toléré pendant la Période spéciale, mais il est resté soumis aux impôts, aux interdictions et aux campagnes contre l’enrichissement personnel. À partir de 2008, des terres inexploitées ont de nouveau été accordées en usufruit, sans que les producteurs bénéficient de la sécurité juridique nécessaire. Les micro, petites et moyennes entreprises privées, autorisées en 2021 en raison de la gravité de la crise, ont ensuite été confrontées à de nouvelles restrictions.

 

Le régime avance lorsqu’il a besoin que les Cubains réparent ce que l’État a détruit, puis recule lorsqu’il craint que la prospérité n’engendre l’indépendance.

 

La nouvelle législation ouvre également la voie au favoritisme et à la corruption. Les fonctionnaires chargés de distribuer les terres, d’approuver les projets et d’évaluer leur productivité disposeront du pouvoir de favoriser leurs proches, des dirigeants locaux, des militaires à la retraite et des personnes liées aux structures gouvernementales. Les protégés pourront recevoir de meilleures terres, accéder aux ressources, obtenir des contrats liés au tourisme ou bénéficier de décisions favorables, tandis que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur aux citoyens politiquement gênants.

 

Il existe en outre un danger plus grave. Des membres de l’élite peuvent utiliser des informations privilégiées et leur contrôle administratif pour s’approprier indirectement des actifs de l’État. Même si les terres restent officiellement enregistrées comme propriété étatique, leur exploitation peut être confiée à des personnes choisies par le pouvoir. Il s’agirait d’une privatisation sélective et dissimulée : les bénéfices reviendraient aux privilégiés, tandis que la propriété officielle resterait entre les mains d’un État garantissant leurs avantages.

 

Une nouvelle classe économique dépendante du régime pourrait ainsi se former. Ses membres ne seront peut-être pas des communistes convaincus, mais ils comprendront que leurs terres, leurs entreprises et leurs contrats dépendent du maintien d’un comportement politiquement acceptable.

 

La transformation du pouvoir politique en patrimoine privé pourrait même avoir déjà commencé : des fonctionnaires et des personnes liées au gouvernement se prépareraient à conserver leurs richesses et leurs positions dans la perspective d’une future transition.

 

Cuba a besoin d’une véritable réforme agraire : pleine propriété, liberté de produire et de vendre, accès direct au crédit et aux ressources, droits successoraux, tribunaux indépendants et interdiction des confiscations administratives. Elle a également besoin de procédures publiques et transparentes afin d’empêcher que le patrimoine national ne finisse entre les mains de ceux qui ont administré l’échec du pays.

 

Le régime ne distribue pas la liberté économique. Il administre des privilèges. Il accorde des possibilités sans reconnaître de droits, exige la dépendance en échange de la prospérité et conserve le pouvoir de récompenser l’obéissance, de punir l’indépendance et d’enrichir ses réseaux d’influence.

 

  

TERRA E IMPRESA PRIVATA A CUBA: CONCESSIONI PER PRODURRE, PRIVILEGI PER CONTROLLARE

 

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

TE LO DO, TE LO TOLGO

La nuova Legge sui terreni agricoli e forestali consente di assegnare inizialmente in usufrutto fino a 67 ettari, con la possibilità di aumentare gradualmente la superficie fino a 268 ettari. Autorizza inoltre le micro, piccole e medie imprese private o miste a ricevere terreni statali per sviluppare progetti agricoli.

 

A prima vista, queste misure sembrano riconoscere che l’iniziativa privata è indispensabile per affrontare la crisi alimentare. Tuttavia, considerate alla luce della storia del castrismo, non rappresentano una vera riforma della proprietà. Costituiscono un’altra apertura controllata, attraverso la quale il regime ha bisogno che i cittadini producano, ma impedisce loro di acquisire indipendenza economica.

 

Il produttore riceve la terra da lavorare, ma non ne ottiene la piena proprietà. Non può ipotecarla, affittarla liberamente né deciderne il trasferimento senza un’autorizzazione amministrativa. Inoltre, concetti imprecisi come “mancanza di produttività”, “abbandono ingiustificato” o “uso non autorizzato” possono provocare la perdita definitiva della terra e dei beni agricoli, che passerebbero nelle mani dello Stato.

 

In queste condizioni, l’usufruttuario non riceve un diritto stabile, ma una concessione revocabile. Sa che un funzionario municipale o una commissione agraria può decidere se conserverà la terra, amplierà la propria attività o perderà quanto ha costruito. Questa dipendenza ha conseguenze politiche: chi teme di perdere il proprio sostentamento eviterà di protestare, criticare il regime o aderire a organizzazioni indipendenti.

 

L’obbedienza non deve essere espressamente prevista dalla legge. È incorporata nel sistema delle autorizzazioni.

 

Dal 1959 il regime segue lo stesso modello. Inizialmente promise di consegnare la terra ai contadini; successivamente ne concentrò la maggior parte nelle mani dello Stato. Quando la produzione statale fallì, concesse spazi limitati all’iniziativa individuale. Se i produttori prosperavano e acquisivano autonomia, il regime tornava a imporre restrizioni.

 

I liberi mercati contadini, autorizzati nel 1980 e chiusi nel 1986, ne sono un esempio. Il lavoro autonomo fu tollerato durante il Periodo speciale, ma rimase soggetto a imposte, divieti e campagne contro l’arricchimento personale. A partire dal 2008, i terreni incolti furono nuovamente assegnati in usufrutto, senza concedere ai produttori la necessaria certezza giuridica. Le micro, piccole e medie imprese private, autorizzate nel 2021 a causa della gravità della crisi, dovettero successivamente affrontare nuove restrizioni.

 

Il regime avanza quando ha bisogno che i cubani risolvano ciò che lo Stato ha distrutto e torna indietro quando teme che la prosperità generi indipendenza.

 

La nuova legislazione crea inoltre spazi per il favoritismo e la corruzione. I funzionari incaricati di distribuire i terreni, approvare i progetti e valutarne la produttività avranno il potere di favorire familiari, dirigenti locali, militari in pensione e persone legate alle strutture governative. Chi gode di protezione politica potrà ricevere terreni migliori, accedere alle risorse, ottenere contratti turistici o beneficiare di decisioni favorevoli; al cittadino politicamente scomodo, invece, la legge potrà essere applicata con tutta la sua severità.

 

Esiste inoltre un pericolo ancora maggiore. I membri dell’élite possono utilizzare informazioni privilegiate e il controllo amministrativo per appropriarsi indirettamente dei beni dello Stato. Sebbene la terra continui a essere formalmente registrata come proprietà statale, il suo sfruttamento potrebbe essere affidato a persone scelte dal potere. Sarebbe una privatizzazione selettiva e occulta: i profitti andrebbero ai favoriti, mentre la proprietà formale rimarrebbe nelle mani di uno Stato che garantisce i loro privilegi.

 

Potrebbe così formarsi una nuova classe economica dipendente dal regime. I suoi membri forse non saranno comunisti convinti, ma comprenderanno che i loro terreni, le loro imprese e i loro contratti dipendono dal mantenimento di un comportamento politicamente accettabile.

 

Potrebbe perfino essere già iniziata la trasformazione del potere politico in patrimonio privato: funzionari e persone legate al governo si starebbero preparando a conservare ricchezze e posizioni in vista di una futura transizione.

 

Cuba ha bisogno di un’autentica riforma agraria: piena proprietà, libertà di produrre e vendere, accesso diretto al credito e alle risorse, diritti ereditari, tribunali indipendenti e divieto delle confische amministrative. Ha inoltre bisogno di procedure pubbliche e trasparenti che impediscano al patrimonio nazionale di finire nelle mani di coloro che hanno amministrato il fallimento del Paese.

 

Il regime non sta distribuendo libertà economica. Sta amministrando privilegi. Concede opportunità senza riconoscere diritti, esige dipendenza in cambio della prosperità e conserva la facoltà di premiare l’obbedienza, punire l’indipendenza e arricchire le proprie reti di potere.

 

 

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LA LECCIÓN ECONÓMICA QUE ESTÁ DEJANDO VENEZUELA

LA LECCIÓN ECONÓMICA QUE ESTÁ DEJANDO VENEZUELA

Huber Matos Araluce.  San José, Costa Rica

 

El reciente reportaje de The Wall Street Journal, "Las grandes petroleras estadounidenses que intentan ingresar a Venezuela han chocado contra un muro" (American Oil Majors Trying to Get Into Venezuela Have Hit a Wall), explica por qué las mayores reservas probadas de petróleo del mundo todavía no bastan para atraer las inversiones que el país necesita. El análisis, firmado por los periodistas Collin Eaton y Kejal Vyas, trasciende el caso venezolano y ofrece una valiosa reflexión sobre la relación entre confianza, instituciones e inversión.

 

A primera vista, la situación parece paradójica. Venezuela posee una de las mayores riquezas energéticas del planeta. Tras el cambio político ocurrido hace siete meses, cuenta además con el respaldo de la Administración Trump para recuperar su industria petrolera y aumentar rápidamente la producción. Muchos suponían que las grandes compañías internacionales acudirían casi de inmediato para aprovechar esa oportunidad histórica. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

 

Según revela The Wall Street Journal, ExxonMobil, Chevron y otras importantes empresas petroleras estadounidenses mantienen negociaciones con las nuevas autoridades venezolanas, pero varias de ellas han llegado a un punto muerto. Las conversaciones avanzan lentamente y, en algunos casos, se han estancado por completo. Las grandes petroleras, resume el periódico con una expresión muy gráfica, han chocado contra un muro.

 

¿De qué está hecho ese muro?

 

No de la falta de petróleo. Tampoco de la ausencia de capital o de tecnología. El propio reportaje explica que las compañías compiten por obtener acceso a algunos de los activos petroleros más valiosos del país, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco y en los campos de El Furrial y Punta de Mata, en el estado Monagas. Lo que está en discusión no es el potencial económico de Venezuela, sino las condiciones bajo las cuales esas inversiones podrán desarrollarse durante las próximas décadas.

 

Ese razonamiento no es exclusivo de la industria petrolera. Cualquier inversión importante —una fábrica, un puerto, una mina, un complejo turístico, una planta industrial, una empresa tecnológica o un gran proyecto agrícola— exige reglas del juego claras y previsibles. Quienes comprometen cientos o miles de millones de dólares necesitan saber que la propiedad será respetada, que los contratos se cumplirán y que las normas no cambiarán arbitrariamente con cada nuevo gobierno.

 

Los ejecutivos de las grandes petroleras todavía recuerdan las nacionalizaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Muchas de aquellas compañías perdieron activos valorados en miles de millones de dólares y algunas reclamaciones judiciales continúan abiertas dos décadas después. ConocoPhillips mantiene demandas por aproximadamente 12.000 millones de dólares y Exxon continúa reclamando alrededor de 1.000 millones. Para quienes deben aprobar nuevas inversiones, esos antecedentes siguen teniendo un enorme peso.

 

El deterioro de la infraestructura tampoco ayuda a disipar las dudas. Exxon inspeccionó recientemente las instalaciones del proyecto Cerro Negro, que administraba antes de su nacionalización, y encontró daños tan severos que su recuperación requerirá inversiones multimillonarias. Chevron ha logrado aumentar su producción hasta cerca de 300.000 barriles diarios, pero lo ha conseguido principalmente mediante mejoras operativas en instalaciones ya existentes, evitando por ahora embarcarse en nuevos proyectos de gran escala.

 

Quizá la frase más reveladora del reportaje pertenece al economista Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Baker Institute de la Universidad Rice. Refiriéndose a las grandes petroleras afirmó que "han sido quemadas dos veces". Y añadió que cuando un proyecto venezolano llega a la junta directiva de una de estas compañías, alguien inevitablemente pregunta: "¿No aprendimos ya la lección?"

 

Ante esa cautela, la Administración Trump ha comenzado a explorar otra estrategia. Mientras las grandes multinacionales siguen evaluando los riesgos, Washington impulsa la participación de empresas petroleras independientes de menor tamaño, capaces de asumir mayores riesgos y realizar inversiones más rápidas. Esa solución puede aliviar necesidades inmediatas, pero no sustituye el regreso de los grandes inversionistas internacionales.

 

La principal lección que deja hoy Venezuela va mucho más allá del petróleo. Los recursos naturales despiertan el interés de los inversionistas. Pero el interés, por sí solo, no produce inversiones. Para que el capital se comprometa durante décadas necesita confiar en que las instituciones protegerán sus derechos con independencia de quién ejerza el poder.

 

El capital invierte donde hay confianza.

 

Esa confianza no nace de un discurso político ni de una campaña para atraer inversiones. Se construye cuando existen tribunales independientes, respeto a la propiedad privada, cumplimiento de los contratos y reglas del juego estables. En definitiva, el inversionista no deposita su confianza en un gobernante; la deposita en instituciones capaces de sobrevivir a los gobernantes.

 

Ese es el verdadero muro que hoy enfrenta Venezuela. No está construido con acero ni con hormigón. Está construido con años de inseguridad jurídica, expropiaciones, incumplimiento de contratos e incertidumbre política. Derribarlo exigirá tiempo, reformas e instituciones creíbles. Pero cuando ese muro desaparezca, volverá la confianza. Y porque el capital invierte donde hay confianza, volverán también las inversiones.

 

THE ECONOMIC LESSON VENEZUELA IS TEACHING

Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

A recent report by The Wall Street Journal, "American Oil Majors Trying to Get Into Venezuela Have Hit a Wall," explains why the world's largest proven oil reserves are still not enough to attract the investment the country needs. Written by journalists Collin Eaton and Kejal Vyas, the article goes beyond the Venezuelan case and offers a valuable reflection on the relationship between trust, institutions, and investment.

 

At first glance, the situation appears paradoxical. Venezuela possesses one of the world's greatest energy endowments. Following the political transition that took place seven months ago, it also enjoys the support of the Trump Administration in rebuilding its oil industry and rapidly increasing production. Many assumed that major international companies would move quickly to seize this historic opportunity. The reality, however, has been very different.

 

According to The Wall Street Journal, ExxonMobil, Chevron, and other major American oil companies are negotiating with Venezuela's new authorities, but several of those talks have reached a standstill. Negotiations are progressing slowly and, in some cases, have stalled altogether. As the newspaper vividly puts it, the major oil companies have hit a wall.

 

What is that wall made of?

Not of a lack of oil. Nor of a shortage of capital or technology. The report explains that companies are competing for access to some of Venezuela's most valuable oil assets, particularly in the Orinoco Oil Belt and the El Furrial and Punta de Mata fields in Monagas State. What is really at issue is not Venezuela's economic potential, but the conditions under which those investments will operate over the coming decades.

 

That reasoning is not unique to the oil industry. Every major investment—a factory, a port, a mine, a tourist resort, an industrial plant, a technology company, or a large agricultural project—requires clear and predictable rules of the game. Those committing hundreds of millions, or even billions, of dollars need to know that property rights will be respected, contracts will be enforced, and the rules will not be changed arbitrarily every time a new government takes office.

 

Executives at the major oil companies still remember the nationalizations carried out during Hugo Chávez's presidency. Many of those companies lost assets worth billions of dollars, and some legal disputes remain unresolved two decades later. ConocoPhillips continues to pursue claims of approximately $12 billion, while Exxon is still seeking roughly $1 billion. For those responsible for approving new investments, those experiences continue to weigh heavily.

 

The deterioration of Venezuela's infrastructure has done little to ease those concerns. Exxon recently inspected the facilities of the Cerro Negro project, which it operated before its nationalization, and found damage so extensive that restoring the project will require billions of dollars in new investment. Chevron has managed to increase production to nearly 300,000 barrels per day, but it has done so primarily by improving existing operations rather than committing to major new projects.

 

Perhaps the most revealing observation in the report comes from economist Francisco Monaldi, Director of the Latin America Energy Program at Rice University's Baker Institute. Referring to the major oil companies, he remarked that they have been "burned twice." He added that whenever a Venezuelan project reaches the boardroom of one of these companies, someone inevitably asks, "Haven't we already learned this lesson?"

 

Faced with such caution, the Trump Administration has begun exploring a different strategy. While the major multinational corporations continue to evaluate the risks, Washington is encouraging smaller independent oil companies, which are often more willing to assume higher risks and move more quickly. That approach may help address immediate needs, but it cannot replace the return of the world's major international investors.

 

The principal lesson Venezuela offers today extends far beyond oil. Natural resources attract investors' attention. But interest alone does not generate investment. For capital to commit itself over decades, investors must have confidence that institutions will protect their rights regardless of who holds political power.

 

Capital invests where there is trust.

That trust does not arise from political speeches or investment promotion campaigns. It is built upon independent courts, respect for private property, enforcement of contracts, and stable rules that do not change with every administration. Ultimately, investors do not place their confidence in a ruler; they place it in institutions capable of outlasting those who govern.

 

That is the real wall Venezuela faces today. It is not built of steel or concrete. It is built of years of legal uncertainty, expropriations, broken contracts, and political instability. Dismantling that wall will require time, reforms, and credible institutions. But when it finally disappears, trust will return. And because capital invests where there is trust, investment will return as well.

 

LA LEÇON ÉCONOMIQUE QUE LE VENEZUELA EST EN TRAIN DE DONNER

Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Le récent article du Wall Street Journal, « American Oil Majors Trying to Get Into Venezuela Have Hit a Wall » (« Les grandes compagnies pétrolières américaines qui tentent de s'implanter au Venezuela se sont heurtées à un mur »), explique pourquoi les plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde ne suffisent toujours pas à attirer les investissements dont le pays a besoin. Signée par les journalistes Collin Eaton et Kejal Vyas, cette analyse dépasse largement le seul cas vénézuélien et offre une réflexion précieuse sur les liens entre la confiance, les institutions et l'investissement.

 

À première vue, la situation paraît paradoxale. Le Venezuela possède l'une des plus grandes richesses énergétiques de la planète. Après le changement politique intervenu il y a sept mois, le pays bénéficie en outre du soutien de l'administration Trump pour reconstruire son industrie pétrolière et augmenter rapidement sa production. Beaucoup pensaient que les grandes compagnies internationales se précipiteraient presque immédiatement afin de profiter de cette opportunité historique. Pourtant, la réalité s'est révélée bien différente.

 

Comme le révèle The Wall Street Journal, ExxonMobil, Chevron et d'autres grandes compagnies pétrolières américaines négocient avec les nouvelles autorités vénézuéliennes, mais plusieurs de ces discussions sont dans l'impasse. Les négociations progressent lentement et, dans certains cas, elles se sont complètement enlisées. Les grandes compagnies pétrolières, résume le journal par une formule particulièrement parlante, se sont heurtées à un mur.

 

De quoi ce mur est-il fait ?

Certainement pas d'un manque de pétrole. Ni d'une absence de capitaux ou de technologies. L'article explique que les entreprises se disputent l'accès à certains des actifs pétroliers les plus précieux du pays, notamment dans la ceinture pétrolifère de l'Orénoque ainsi que dans les gisements d'El Furrial et de Punta de Mata, dans l'État de Monagas. Ce qui est véritablement en jeu n'est donc pas le potentiel économique du Venezuela, mais les conditions dans lesquelles ces investissements pourront être développés au cours des prochaines décennies.

 

Ce raisonnement ne s'applique pas uniquement à l'industrie pétrolière. Tout investissement d'envergure — qu'il s'agisse d'une usine, d'un port, d'une mine, d'un complexe touristique, d'une installation industrielle, d'une entreprise technologique ou d'un grand projet agricole — exige des règles du jeu claires et prévisibles. Ceux qui engagent des centaines de millions, voire des milliards de dollars, doivent avoir la certitude que les droits de propriété seront respectés, que les contrats seront exécutés et que les règles ne seront pas modifiées arbitrairement à chaque changement de gouvernement.

 

Les dirigeants des grandes compagnies pétrolières n'ont pas oublié les nationalisations réalisées sous le gouvernement d'Hugo Chávez. Beaucoup de ces entreprises ont perdu des actifs évalués à plusieurs milliards de dollars, et certaines procédures judiciaires sont toujours en cours plus de vingt ans après. ConocoPhillips réclame encore environ 12 milliards de dollars, tandis qu'Exxon continue de réclamer près d'un milliard. Pour ceux qui doivent approuver de nouveaux investissements, ces précédents pèsent toujours lourd dans la balance.

 

La dégradation des infrastructures ne contribue pas davantage à dissiper les inquiétudes. Exxon a récemment inspecté les installations du projet Cerro Negro, qu'elle exploitait avant sa nationalisation, et y a constaté des dommages si importants que leur remise en état nécessitera des investissements de plusieurs milliards de dollars. Chevron est parvenue à porter sa production à près de 300 000 barils par jour, mais principalement grâce à l'amélioration d'installations existantes, en évitant pour l'instant de lancer de nouveaux projets de grande envergure.

 

Peut-être la remarque la plus révélatrice de l'article est-elle celle de l'économiste Francisco Monaldi, directeur du Programme Énergie pour l'Amérique latine du Baker Institute de l'Université Rice. En parlant des grandes compagnies pétrolières, il affirme qu'elles ont « été échaudées à deux reprises ». Il ajoute que, lorsqu'un projet concernant le Venezuela arrive devant le conseil d'administration de l'une de ces entreprises, quelqu'un pose inévitablement la même question : « N'avons-nous donc rien appris ? »

 

Face à cette prudence, l'administration Trump a commencé à explorer une autre stratégie. Alors que les grandes multinationales continuent d'évaluer les risques, Washington encourage la participation de compagnies pétrolières indépendantes de plus petite taille, davantage disposées à accepter des risques plus élevés et à investir plus rapidement. Cette solution peut répondre à des besoins immédiats, mais elle ne saurait remplacer le retour des grands investisseurs internationaux.

 

La principale leçon que nous offre aujourd'hui le Venezuela va bien au-delà du pétrole. Les ressources naturelles attirent l'attention des investisseurs. Mais l'intérêt, à lui seul, ne produit pas les investissements. Pour que le capital s'engage sur plusieurs décennies, il doit avoir confiance dans le fait que les institutions protégeront ses droits, indépendamment de ceux qui exercent le pouvoir.

 

Le capital investit là où règne la confiance.

Cette confiance ne naît ni d'un discours politique ni d'une campagne destinée à attirer les investisseurs. Elle se construit grâce à des tribunaux indépendants, au respect de la propriété privée, à l'exécution des contrats et à la stabilité des règles du jeu. En définitive, l'investisseur ne place pas sa confiance dans un dirigeant ; il la place dans des institutions capables de survivre aux gouvernants.

 

Tel est le véritable mur auquel le Venezuela est aujourd'hui confronté. Il n'est pas construit en acier ni en béton. Il est bâti sur des années d'insécurité juridique, d'expropriations, de ruptures de contrats et d'incertitude politique. Le démolir exigera du temps, des réformes et des institutions crédibles. Mais lorsque ce mur tombera, la confiance reviendra. Et parce que le capital investit là où règne la confiance, les investissements reviendront eux aussi.

 

 

LA LEZIONE ECONOMICA CHE IL VENEZUELA STA DANDO

Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica

 

Il recente articolo del Wall Street Journal, "American Oil Majors Trying to Get Into Venezuela Have Hit a Wall" ("Le grandi compagnie petrolifere americane che cercano di entrare in Venezuela si sono scontrate con un muro"), spiega perché le più grandi riserve accertate di petrolio al mondo non siano ancora sufficienti ad attirare gli investimenti di cui il Paese ha bisogno. L'analisi, firmata dai giornalisti Collin Eaton e Kejal Vyas, va ben oltre il caso venezuelano e offre una preziosa riflessione sul rapporto tra fiducia, istituzioni e investimenti.

 

A prima vista la situazione appare paradossale. Il Venezuela possiede una delle più grandi ricchezze energetiche del pianeta. Dopo il cambiamento politico avvenuto sette mesi fa, gode inoltre dell'appoggio dell'Amministrazione Trump per rilanciare l'industria petrolifera e aumentare rapidamente la produzione. Molti ritenevano che le grandi compagnie internazionali sarebbero accorse quasi immediatamente per cogliere questa opportunità storica. La realtà, tuttavia, si è rivelata molto diversa.

 

Come riferisce il Wall Street Journal, ExxonMobil, Chevron e altre importanti compagnie petrolifere statunitensi stanno negoziando con le nuove autorità venezuelane, ma diversi di questi negoziati sono giunti a un punto morto. Le trattative procedono lentamente e, in alcuni casi, si sono completamente arenate. Le grandi compagnie petrolifere, sintetizza il giornale con un'espressione particolarmente efficace, si sono scontrate con un muro.

 

Di che cosa è fatto questo muro?

Non dalla mancanza di petrolio. Né dall'assenza di capitale o di tecnologia. Lo stesso articolo spiega che le compagnie competono per ottenere l'accesso ad alcune delle risorse petrolifere più preziose del Paese, in particolare nella Fascia Petrolifera dell'Orinoco e nei giacimenti di El Furrial e Punta de Mata, nello Stato di Monagas. Ciò che è realmente in discussione non è il potenziale economico del Venezuela, bensì le condizioni alle quali tali investimenti potranno svilupparsi nei prossimi decenni.

 

Questo ragionamento non riguarda esclusivamente l'industria petrolifera. Qualsiasi investimento di grande portata — una fabbrica, un porto, una miniera, un complesso turistico, un impianto industriale, un'azienda tecnologica o un grande progetto agricolo — richiede regole del gioco chiare e prevedibili. Chi investe centinaia di milioni, o addirittura miliardi di dollari, deve sapere che i diritti di proprietà saranno rispettati, che i contratti saranno onorati e che le regole non cambieranno arbitrariamente a ogni nuovo governo.

 

I dirigenti delle grandi compagnie petrolifere ricordano ancora le nazionalizzazioni attuate durante il governo di Hugo Chávez. Molte di quelle imprese persero beni per un valore di miliardi di dollari e alcune controversie giudiziarie sono ancora aperte dopo oltre vent'anni. ConocoPhillips continua a reclamare circa 12 miliardi di dollari, mentre Exxon rivendica ancora circa un miliardo. Per coloro che devono approvare nuovi investimenti, questi precedenti continuano ad avere un peso enorme.

 

Anche il deterioramento delle infrastrutture non contribuisce a dissipare i dubbi. Exxon ha recentemente ispezionato gli impianti del progetto Cerro Negro, che gestiva prima della nazionalizzazione, trovando danni così gravi da richiedere investimenti miliardari per il loro recupero. Chevron è riuscita ad aumentare la produzione fino a circa 300.000 barili al giorno, ma lo ha fatto principalmente migliorando impianti già esistenti, evitando per il momento di avviare nuovi progetti di grande scala.

 

Forse l'osservazione più significativa dell'articolo appartiene all'economista Francisco Monaldi, direttore del Programma Energia per l'America Latina del Baker Institute della Rice University. Riferendosi alle grandi compagnie petrolifere, ha affermato che "si sono scottate due volte". Ha poi aggiunto che, quando un progetto riguardante il Venezuela arriva davanti al consiglio di amministrazione di una di queste società, qualcuno pone inevitabilmente la domanda: "Non abbiamo già imparato la lezione?"

 

Di fronte a tale prudenza, l'Amministrazione Trump ha iniziato a esplorare una strategia diversa. Mentre le grandi multinazionali continuano a valutare i rischi, Washington incoraggia la partecipazione di compagnie petrolifere indipendenti di dimensioni minori, più disposte ad assumersi rischi elevati e a investire con maggiore rapidità. Questa soluzione può soddisfare esigenze immediate, ma non può sostituire il ritorno dei grandi investitori internazionali.

 

La principale lezione che oggi ci offre il Venezuela va ben oltre il petrolio. Le risorse naturali attirano l'interesse degli investitori. Ma l'interesse, da solo, non genera investimenti. Affinché il capitale si impegni per decenni, deve poter confidare nel fatto che le istituzioni proteggeranno i suoi diritti indipendentemente da chi esercita il potere.

 

Il capitale investe dove c'è fiducia.

Questa fiducia non nasce da un discorso politico né da una campagna per attrarre investimenti. Si costruisce attraverso tribunali indipendenti, il rispetto della proprietà privata, l'osservanza dei contratti e regole del gioco stabili. In definitiva, l'investitore non ripone la propria fiducia in un governante, ma in istituzioni capaci di sopravvivere ai governi.

 

Questo è il vero muro che il Venezuela deve affrontare oggi. Non è costruito con acciaio o cemento. È costruito con anni di insicurezza giuridica, espropriazioni, violazioni dei contratti e incertezza politica. Abbatterlo richiederà tempo, riforme e istituzioni credibili. Ma quando quel muro cadrà, tornerà la fiducia. E poiché il capitale investe dove c'è fiducia, torneranno anche gli investimenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

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