Alina Bárbara: "Nadie como el presidente cubano para decir estupideces"

Alina Bárbara: "Nadie como el presidente cubano para decir estupideces"

Huber Matos Araluce.  San José, Costa Rica

 

"Nadie como el presidente cubano para decir estupideces en tono grandilocuente". La frase de la historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández, expresada tras la entrevista concedida por Miguel Díaz-Canel a RT en Español, un medio estatal ruso aliado del régimen castrista, trasciende la anécdota y plantea una cuestión de fondo: la enorme distancia entre el relato oficial y la realidad que viven millones de cubanos.

 

Díaz-Canel recurrió nuevamente a una reflexión sobre la utopía y la esperanza para hablar del futuro del país. Pero esa grandilocuencia no es un recurso aislado. Forma parte de una narrativa construida durante décadas para sustituir resultados con consignas, presentar el fracaso como resistencia y atribuir al exterior las consecuencias de la incompetencia, la corrupción y los errores acumulados por el propio sistema.

 

Ese mismo relato se proyecta en escenarios internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la dictadura presenta a Cuba como víctima de una agresión económica permanente de Estados Unidos. El embargo es convertido en explicación universal de la pobreza, los apagones, la falta de alimentos, el derrumbe de los servicios públicos y la pérdida del poder adquisitivo. Así se intenta desplazar hacia Washington la responsabilidad por una crisis cuyas causas fundamentales se encuentran en la estructura económica y política impuesta durante casi siete décadas.

 

El economista Pedro Monreal ofrece una crítica particularmente importante porque no se limita a denunciar la retórica oficial: examina técnicamente las 176 medidas anunciadas por el régimen y muestra que forman parte del mismo patrón de incapacidad y distorsión de la realidad.

 

Monreal cuestiona que el llamado Fondo de Protección Social vaya a financiarse, en parte, con los recursos que el Estado dejará de gastar al eliminar subsidios. A su juicio, no existe un verdadero saneamiento de las finanzas públicas, sino una simple reasignación contable: el Gobierno retira dinero de una partida y lo coloca en otra, sin reducir el déficit fiscal ni generar nuevos recursos.

 

El problema no es únicamente contable. Al mantener el desequilibrio presupuestario, el régimen preserva una de las causas principales de la inflación, la devaluación de la moneda y el desplome de salarios y pensiones. En vez de utilizar los ahorros para estabilizar las finanzas, estimular la producción y corregir las distorsiones estructurales, vuelve a responder con mecanismos administrativos que no atacan el origen de la crisis.

 

La crítica de Monreal revela algo más grave: las 176 medidas no constituyen una ruptura con los errores que llevaron al país a la situación actual. Son la continuación de una manera de gobernar basada en improvisaciones, controles, prohibiciones y redistribuciones burocráticas, mientras se posponen las reformas profundas que permitirían producir, invertir, crear riqueza y devolver confianza a la economía.

 

Las consecuencias de ese fracaso aparecen con crudeza en el testimonio del actor Roberto Perdomo. El artista explicó que tuvo que renunciar a participar en dos obras teatrales porque el costo del transporte consumiría prácticamente todo el salario que recibiría por su trabajo.

 

"Se me va el salario en transporte", resumió.

 

La frase expone una realidad devastadora: trabajar ya no garantiza siquiera la posibilidad de cubrir el costo de ir al trabajo. Perdomo también calificó la llamada bancarización como una "mierdarización", en referencia a un proceso impuesto sin las condiciones tecnológicas, monetarias y comerciales necesarias para que funcionara.

 

Pero su observación más importante fue otra: "Me siento como se sienten ocho millones de personas".

 

Ahí se unen las tres voces. Alina Bárbara denuncia la vaciedad y la grandilocuencia del discurso presidencial. Pedro Monreal demuestra que las nuevas medidas reproducen los errores, la incompetencia y la incapacidad que han llevado al país al desastre. Roberto Perdomo muestra cómo ese fracaso se traduce en la vida diaria de millones de cubanos.

 

Mientras Díaz-Canel habla de utopías ante un medio ruso aliado, el régimen continúa difundiendo en la ONU y otros foros internacionales una imagen de desastre nacional cuya responsabilidad atribuye casi exclusivamente a Estados Unidos. Pero ni las frases solemnes ni la propaganda pueden ocultar una realidad cada vez más evidente: Cuba no ha llegado a esta crisis por falta de discursos, sino por décadas de decisiones equivocadas, mentira institucionalizada y negativa a reconocer las verdaderas causas del fracaso.

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MELIÁ SE MARCHA DE CUBA, PERO LA HISTORIA NO TERMINA CON SU SALIDA

MELIÁ SE MARCHA DE CUBA, PERO LA HISTORIA NO TERMINA CON SU SALIDA

 

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica 

 

Si se confirma la información publicada por Cubanet, la salida definitiva de Meliá Hotels International marcaría uno de los acontecimientos económicos más importantes de los últimos años en Cuba.

 

Durante más de tres décadas, la cadena española fue el principal socio hotelero extranjero del régimen cubano. Apostó por el turismo incluso durante los años más difíciles del Período Especial, cuando muchas otras empresas consideraban demasiado elevado el riesgo de invertir en la Isla.

 

Precisamente por esa trayectoria, su eventual retirada tendría un significado que trasciende el cierre de hoteles. Sería una señal de que incluso la empresa extranjera que más confió en el modelo turístico cubano ha llegado a la conclusión de que, mientras permanezcan las actuales condiciones políticas y económicas, el sector difícilmente podrá recuperar su viabilidad.

 

La noticia también refleja un hecho más profundo: la pérdida de confianza de los inversionistas internacionales en la capacidad del régimen para revertir el colapso económico. Cuando una empresa que durante más de treinta años apostó por permanecer en Cuba decide abandonar el país, el mensaje alcanza mucho más que al sector turístico. Es una advertencia sobre el agotamiento de un modelo que ya no consigue generar expectativas razonables de recuperación.

 

La salida de Meliá, si finalmente se confirma, representaría mucho más que un fracaso empresarial. Sería otra evidencia de que el régimen ha perdido la capacidad de ofrecer un horizonte económico creíble incluso a quienes fueron durante décadas sus principales socios internacionales.

 

La responsabilidad de Meliá no termina con su retirada

 

Pero la salida de Meliá no cierra su historia en Cuba. Por el contrario, probablemente abre un nuevo capítulo.

 

Durante más de treinta años, la empresa aceptó operar bajo un sistema laboral impuesto por la dictadura en el que los trabajadores cubanos no eran contratados directamente por la empresa, sino por entidades estatales. Meliá pagaba el costo de esa fuerza laboral al Estado cubano y éste entregaba a los trabajadores únicamente una parte de esa remuneración. Diversos organismos internacionales han cuestionado ese mecanismo por restringir la libre contratación y afectar derechos laborales fundamentales.

 

Es cierto que ese sistema fue diseñado e impuesto por el régimen. También es cierto que Meliá no podía operar en Cuba bajo otras reglas. Pero también es cierto que la empresa decidió permanecer durante décadas y obtuvo importantes beneficios económicos aceptando esas condiciones.

 

Existe un viejo refrán que resume bien ese dilema moral: "Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata." La responsabilidad principal corresponde a la dictadura que creó ese sistema de explotación laboral. Pero quienes decidieron beneficiarse de él difícilmente podrán sostener que fueron simples espectadores.

 

La comparación con las misiones médicas internacionales resulta inevitable. En ambos casos, el Estado cubano convirtió al trabajador en una fuente de ingresos para el régimen. El empleador extranjero pagaba por el trabajo realizado, pero el trabajador no recibía directamente el valor íntegro de su labor. En las misiones médicas existieron además mecanismos de control y coerción denunciados por organismos internacionales. En el turismo, el problema fundamental fue la intermediación obligatoria del Estado y la apropiación de una parte sustancial del salario generado por los trabajadores.

 

Sin embargo, la responsabilidad de Meliá no se limita al ámbito laboral.

 

Durante décadas, la empresa mantuvo una relación privilegiada con la máxima dirigencia del régimen. La amistad entre la familia Escarrer y Fidel Castro fue pública y la propia compañía la presentó como parte de su historia corporativa. Esa cercanía fue mucho más que una relación personal. Contribuyó a proyectar internacionalmente una imagen de confianza y estabilidad en torno a un régimen denunciado durante décadas por graves violaciones de los derechos humanos.

 

Por ello, el debate sobre Meliá no será únicamente económico. También será histórico, político y, eventualmente, jurídico.

 

Cuando Cuba recupere la democracia, corresponderá a sus instituciones decidir cómo afrontar el legado económico de la dictadura. Ese proceso no deberá limitarse a examinar las responsabilidades de quienes gobernaron el país. También podrá extenderse a quienes, desde el ámbito empresarial, colaboraron con el régimen, se beneficiaron de sus estructuras o contribuyeron a fortalecer su legitimidad internacional.

 

El eventual escrutinio jurídico de Meliá no dependerá de la legislación de la dictadura, sino de las leyes que apruebe una futura Cuba democrática. Como ocurre en todo proceso de justicia transicional, corresponderá al nuevo Estado de Derecho determinar si existen responsabilidades civiles, laborales o patrimoniales derivadas de la participación en un sistema que vulneró derechos fundamentales.

 

Miles de trabajadores cubanos podrían sostener que nunca recibieron directamente la remuneración que generó su trabajo y reclamar una reparación si el nuevo ordenamiento jurídico así lo contempla. Meliá, por su parte, probablemente alegará que actuó conforme a la legislación vigente y a los contratos suscritos con las entidades estatales. Ese será un debate que corresponderá resolver a las instituciones de una Cuba libre.

 

Pero, más allá de lo que algún día decidan los tribunales, existe una responsabilidad que ninguna sentencia podrá borrar: la responsabilidad histórica.

 

Las empresas no son únicamente actores económicos. También toman decisiones éticas. Permanecer durante más de treinta años junto a una dictadura, aceptar un sistema laboral ampliamente cuestionado y convertir la cercanía con sus principales dirigentes en parte de la identidad pública de la empresa son decisiones que inevitablemente formarán parte del juicio de la historia.

 

Meliá puede cerrar sus hoteles y abandonar Cuba. Lo que no podrá abandonar será la historia de su actuación durante más de tres décadas. La reconstrucción democrática del país exigirá revisar no solo las responsabilidades de quienes dirigieron la dictadura, sino también las de quienes, desde el mundo empresarial, decidieron colaborar con ella, beneficiarse de sus privilegios y contribuir a su legitimación internacional.

 

Ese debate no ha terminado.

 

En realidad, apenas comienza.

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¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD? EL TERREMOTO DE VENEZUELA Y EL "PROBLEMA" DE LOS 37.000 MILLONES DE DÓLARES

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD? EL TERREMOTO DE VENEZUELA Y EL "PROBLEMA" DE LOS 37.000 MILLONES DE DÓLARES

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

El reportaje “The U.S. Saw an Investment Boom in Venezuela. Now It’s a $37 Billion Problem” ("Estados Unidos vio un auge de inversiones en Venezuela. Ahora es un problema de 37.000 millones de dólares"), publicado por The Wall Street Journal y firmado por los periodistas Kejal Vyas y Ryan Dubé, describe el enorme desafío que el terremoto venezolano ha colocado ante Estados Unidos.

 

Según la estimación de Naciones Unidas citada por los autores, los daños a la infraestructura ascienden a unos 37.000 millones de dólares, aproximadamente una tercera parte de la producción económica anual de Venezuela. Lo que hasta hace pocos meses parecía una prometedora apertura para las inversiones estadounidenses se ha convertido, en palabras del propio titular, en un problema de 37.000 millones de dólares.

 

El reportaje plantea una cuestión legítima. Estados Unidos ejerce una influencia decisiva sobre el gobierno provisional, administra importantes ingresos petroleros venezolanos y se ha colocado en el centro de los esfuerzos de estabilización y reconstrucción. Es natural, por tanto, preguntarse hasta dónde llegará su compromiso con un país devastado.

 

Sin embargo, ese enfoque puede producir, aunque no sea la intención de los autores, una impresión equivocada entre millones de lectores. Al presentar la reconstrucción como un enorme problema para Washington, algunos podrían concluir que Estados Unidos tiene alguna responsabilidad por la magnitud de la tragedia o que está moralmente obligado a resolver por sí solo sus consecuencias.

 

La verdad no depende de simpatías políticas. No es necesario ser partidario del presidente Donald Trump, ni compartir todas las decisiones de su administración, para reconocer un hecho elemental: Estados Unidos no provocó el terremoto, no construyó edificios inseguros, no destruyó las instituciones venezolanas ni creó las condiciones que hicieron que un fenómeno natural terminara convirtiéndose en una catástrofe de semejante magnitud.

 

Las grandes tragedias suelen confundir la causa inmediata con las responsabilidades acumuladas durante décadas. El terremoto fue un fenómeno natural. La dimensión del desastre, en cambio, fue el resultado de años de corrupción, improvisación, abandono institucional y destrucción del Estado bajo el chavismo.

 

A ello se sumó una respuesta profundamente deficiente del gobierno provisional. Mientras miles de personas permanecían atrapadas bajo los escombros, las autoridades actuaron con lentitud, desorganización y un exceso de burocracia. En lugar de facilitar plenamente la llegada de ayuda y coordinar todos los recursos disponibles, persistieron prácticas heredadas del viejo sistema: centralización, opacidad y control político incluso en medio de una emergencia humanitaria.

 

Pero hubo otra Venezuela.

 

Antes de que llegaran las instituciones, llegaron los vecinos. Hombres y mujeres comunes comenzaron a remover escombros con palas, barras de hierro y, muchas veces, con sus propias manos. Compartieron agua, alimentos, medicinas y refugio. Arriesgaron sus vidas para rescatar desconocidos. Como ha ocurrido tantas veces en la historia, la sociedad respondió antes que el Estado.

 

Esa reacción espontánea demuestra que el mayor recurso de Venezuela no son sus reservas petroleras ni la ayuda internacional. Es su gente.

 

Si María Corina Machado hubiera podido ejercer plenamente el liderazgo que millones de venezolanos le reconocen, esa extraordinaria energía ciudadana habría encontrado un punto de coordinación nacional mucho más eficaz. La reconstrucción de un país no depende únicamente del dinero. Depende también de la confianza, de la legitimidad y de la capacidad de movilizar a una sociedad hacia un propósito común. Esas son precisamente las cualidades que Venezuela necesitará durante los próximos años.

 

Estados Unidos puede aportar recursos, tecnología, experiencia y respaldo diplomático. Puede ayudar a estabilizar la economía y facilitar la reconstrucción. Pero ninguna potencia extranjera puede reconstruir el alma de una nación.

 

Esa tarea pertenece a los venezolanos.

 

La solidaridad internacional es indispensable y merece reconocimiento. Sin embargo, la solidaridad no equivale a culpabilidad. Ayudar a reconstruir Venezuela no convierte a Estados Unidos en responsable de la tragedia. La responsabilidad histórica corresponde, ante todo, a quienes destruyeron durante décadas las instituciones del país y dejaron a millones de venezolanos expuestos cuando llegó la hora más difícil.

 

El verdadero motivo para el optimismo no son los 37.000 millones de dólares que habrá que invertir, sino la capacidad demostrada por el pueblo venezolano para levantarse una vez más. Esa fuerza y el liderazgo legítimo que la inspira, instituciones democráticas y el respaldo de sus aliados, Venezuela no solo podrá reconstruir sus ciudades. También podrá reconstruir la República.

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CUANDO LOS PRIVILEGIADOS TAMBIÉN HUYEN

CUANDO LOS PRIVILEGIADOS TAMBIÉN HUYEN

 

Por Huber Matos Araluce.  San José, Costa Rica

 

El 16 de julio de 2026, al concluir la III Copa del Mundo de Canotaje Sprint y el Campeonato Panamericano celebrados en Montreal, Canadá, nueve de los doce integrantes de la selección cubana de canotaje decidieron no regresar a la Isla. En pocas horas, una de las disciplinas que debía aportar medallas a la delegación cubana quedó prácticamente desmantelada, apenas días antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

 

No es la primera deserción de deportistas cubanos, pero sí una de las más significativas por su magnitud. La noticia, sin embargo, trasciende el ámbito deportivo. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué deciden abandonar el país precisamente quienes durante décadas fueron presentados como uno de los mayores éxitos del sistema?

 

Desde los primeros años de la dictadura, Fidel Castro convirtió el deporte en un instrumento político siguiendo el modelo desarrollado por la Unión Soviética y perfeccionado por Alemania Oriental. En plena Guerra Fría, cada medalla debía demostrar la supuesta superioridad del socialismo sobre las democracias occidentales. Los atletas dejaron de ser únicamente competidores para convertirse en embajadores ideológicos del régimen.

 

Para sostener esa imagen, el Estado creó una élite deportiva. Los atletas de alto rendimiento disfrutaban de mejor alimentación, atención médica preferencial, instalaciones especializadas, reconocimiento público y, sobre todo, la posibilidad de viajar al extranjero, un privilegio reservado para muy pocos cubanos. Mientras millones sobrevivían entre la escasez y los apagones, ellos representaban la vitrina del sistema.

 

Pero aquellos privilegios tenían un precio: la obediencia absoluta. El deportista pertenecía al Estado. Su carrera, sus ingresos y hasta sus oportunidades dependían de su utilidad política. Mientras ganaba medallas era celebrado como un héroe; cuando dejaba de ser útil, descubría que el reconocimiento oficial tenía fecha de vencimiento.

 

La historia del boxeador Ariel Hernández Azcuy resume esa realidad. Bicampeón olímpico y tres veces campeón mundial, fue uno de los mayores símbolos del deporte cubano. Tras su retiro denunció el abandono en que vivía y lanzó una pregunta que retrata el destino de muchos campeones: “Cuando estaba en la cima me lo daban todo. ¿Ahora qué?” Su caso demuestra que el régimen premia mientras obtiene propaganda, pero olvida a quienes ya no le sirven.

 

Paradójicamente, el privilegio que debía fortalecer la fidelidad de los atletas terminó debilitándola. Gracias a sus viajes internacionales pudieron comparar su realidad con la de otros países. Conocieron sociedades donde un deportista puede decidir libremente su futuro, negociar sus contratos y vivir de su esfuerzo sin depender de la voluntad del Estado. La propaganda dejó de competir con la experiencia.

 

Por eso resulta insuficiente explicar estas deserciones únicamente por razones económicas. Los nueve canoístas que permanecieron en Canadá pertenecían precisamente al sector mejor tratado del deporte cubano. Si hasta ellos concluyen que no desean regresar, el problema es mucho más profundo.

 

No están huyendo de Cuba. Están huyendo de un sistema que exige lealtad absoluta mientras ofrece privilegios temporales y termina abandonando incluso a quienes más contribuyeron a su prestigio internacional.

 

Lo ocurrido en Montreal constituye una derrota política para la dictadura castrista. Durante más de seis décadas utilizó a sus campeones para demostrar el supuesto éxito de la Revolución. Hoy son esos mismos deportistas quienes emiten el juicio más contundente sobre ese modelo. No lo hacen mediante discursos ni manifiestos. Lo hacen con un gesto infinitamente más elocuente: cuando tienen la oportunidad de elegir libremente, simplemente deciden no regresar.

 

Cada atleta que permanece en libertad representa mucho más que una baja para una selección nacional. Representa una grieta en uno de los últimos grandes mitos sobre los que el castrismo intentó sostener su legitimidad. Porque cuando hasta los privilegiados deciden marcharse, el problema ya no está en los deportistas. El problema está en el sistema que los formó, los utilizó y, finalmente, dejó de convencerlos.

 

 WHEN EVEN THE PRIVILEGED CHOOSE TO FLEE

By Huber Matos Araluce.  San José, Costa Rica

 

On July 16, 2026, at the conclusion of the III Canoe Sprint World Cup and the Pan American Canoe and Paracanoe Championships in Montreal, Canada, nine of the twelve members of Cuba's national canoe team chose not to return to the island. Within hours, one of the country's most successful medal-producing sports was left virtually dismantled, just days before the Central American and Caribbean Games in Santo Domingo.

 

This is not the first time Cuban athletes have defected, but it is among the most significant because of its scale. Yet the story goes far beyond sports. The real question is this: why are those who for decades were portrayed as one of the greatest achievements of the system now choosing to leave it?

 

From the earliest years of the dictatorship, Fidel Castro turned sports into a political instrument, following a model developed by the Soviet Union and perfected by East Germany. During the Cold War, every Olympic medal was meant to demonstrate the supposed superiority of socialism over Western democracies. Athletes ceased to be merely competitors; they became ideological ambassadors of the regime.

 

To sustain that image, the state created a privileged athletic elite. High-performance athletes enjoyed better food, preferential medical care, specialized training facilities, public recognition, and, above all, the opportunity to travel abroad—a privilege denied to most Cubans. While millions endured shortages and blackouts, these athletes became the showcase of the system.

 

But those privileges came at a price: absolute obedience. The athlete belonged to the state. Careers, income, and opportunities depended on political usefulness. As long as they won medals, they were celebrated as national heroes. Once they ceased to be useful, they discovered that official recognition had an expiration date.

 

The story of boxer Ariel Hernández Azcuy illustrates this reality. A two-time Olympic champion and three-time world champion, he was one of the greatest symbols of Cuban sports. After retiring, he publicly described the abandonment he experienced and asked a question that captures the fate of many former champions: "When I was at the top, they gave me everything. What about now?" His story reveals a system that rewards athletes while they serve as propaganda, only to forget them when they no longer do.

 

Ironically, the very privilege that was supposed to secure athletes' loyalty ultimately undermined it. International travel allowed them to compare their lives with those in other countries. They saw societies where athletes are free to choose their future, negotiate their own contracts, and build careers based on merit rather than political loyalty. Propaganda could no longer compete with personal experience.

 

For that reason, it is insufficient to explain these defections solely in economic terms. The nine canoeists who remained in Canada belonged to one of the best-treated sectors of Cuban sports. If even they conclude that they do not want to return, the problem runs much deeper.

 

They are not fleeing Cuba as a nation. They are fleeing a political system that demands unconditional loyalty while offering only temporary privileges and ultimately abandons even those who contributed most to its international prestige.

 

What happened in Montreal represents a political defeat for the Castro dictatorship. For more than six decades, it used its champions to demonstrate the supposed success of the Revolution. Today, those very athletes are delivering the most powerful verdict on that model. They are not doing so through speeches or manifestos. They are doing it through a far more eloquent act: when given the freedom to choose, they simply decide not to return.

 

Every athlete who remains free represents far more than the loss of a member of a national team. Each one exposes another crack in one of the last great myths upon which the Castro regime sought to build its legitimacy. Because when even the privileged choose to leave, the problem no longer lies with the athletes. The problem lies with the system that trained them, used them, and ultimately failed to convince them to stay.

 

 QUAND MÊME LES PRIVILÉGIÉS CHOISISSENT DE FUIR

Par Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

Le 16 juillet 2026, à l'issue de la IIIe Coupe du monde de canoë-kayak sprint et des Championnats panaméricains de canoë et de paracanoë disputés à Montréal, au Canada, neuf des douze membres de l'équipe nationale cubaine de canoë ont décidé de ne pas retourner sur l'île. En quelques heures, l'une des disciplines censées rapporter des médailles à la délégation cubaine s'est retrouvée pratiquement démantelée, à quelques jours seulement des Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes de Saint-Domingue.

 

Il ne s'agit pas de la première défection d'athlètes cubains, mais c'est l'une des plus marquantes par son ampleur. Pourtant, cette affaire dépasse largement le cadre du sport. La véritable question est la suivante : pourquoi ceux qui, pendant des décennies, ont été présentés comme l'une des plus grandes réussites du système choisissent-ils aujourd'hui de l'abandonner ?

 

Dès les premières années de la dictature, Fidel Castro a fait du sport un instrument politique en s'inspirant du modèle développé par l'Union soviétique et perfectionné par l'Allemagne de l'Est. Pendant la Guerre froide, chaque médaille olympique devait démontrer la prétendue supériorité du socialisme sur les démocraties occidentales. Les athlètes ont cessé d'être de simples compétiteurs pour devenir des ambassadeurs idéologiques du régime.

 

Pour entretenir cette image, l'État a créé une véritable élite sportive. Les sportifs de haut niveau bénéficiaient d'une meilleure alimentation, de soins médicaux prioritaires, d'installations spécialisées, d'une reconnaissance publique et, surtout, de la possibilité de voyager à l'étranger, un privilège refusé à la grande majorité des Cubains. Alors que des millions de citoyens vivaient dans la pénurie et les coupures d'électricité, ces athlètes constituaient la vitrine du système.

 

Mais ces privilèges avaient un prix : l'obéissance absolue. L'athlète appartenait à l'État. Sa carrière, ses revenus et ses perspectives dépendaient de son utilité politique. Tant qu'il remportait des médailles, il était célébré comme un héros national. Lorsqu'il cessait d'être utile, il découvrait que la reconnaissance officielle avait une date d'expiration.

 

L'histoire du boxeur Ariel Hernández Azcuy illustre parfaitement cette réalité. Double champion olympique et triple champion du monde, il fut l'une des plus grandes figures du sport cubain. Après sa retraite, il dénonça publiquement l'abandon dans lequel il vivait et posa une question qui résume le destin de nombreux anciens champions : « Quand j'étais au sommet, on me donnait tout. Et maintenant ? » Son témoignage révèle un système qui récompense les athlètes tant qu'ils servent sa propagande, puis les oublie lorsqu'ils ne lui sont plus utiles.

 

Paradoxalement, le privilège qui devait garantir leur fidélité a fini par produire l'effet inverse. Grâce à leurs voyages à l'étranger, ces sportifs ont pu comparer leur réalité avec celle d'autres pays. Ils ont découvert des sociétés où un athlète est libre de choisir son avenir, de négocier ses contrats et de vivre de son talent sans dépendre de la volonté de l'État. La propagande ne pouvait plus rivaliser avec l'expérience vécue.

 

C'est pourquoi il est insuffisant d'expliquer ces défections par de simples raisons économiques. Les neuf céistes restés au Canada appartenaient précisément au secteur le plus favorisé du sport cubain. Si même eux choisissent de ne pas rentrer, le problème est bien plus profond.

 

Ils ne fuient pas Cuba en tant que nation. Ils fuient un système politique qui exige une loyauté inconditionnelle tout en n'offrant que des privilèges temporaires avant d'abandonner ceux qui ont pourtant le plus contribué à son prestige international.

 

Ce qui s'est produit à Montréal constitue une défaite politique pour la dictature castriste. Pendant plus de six décennies, elle a utilisé ses champions pour démontrer le prétendu succès de la Révolution. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes sportifs qui rendent le verdict le plus sévère sur ce modèle. Ils ne le font ni par des discours ni par des manifestes. Ils le font par un geste infiniment plus éloquent : lorsqu'ils ont la liberté de choisir, ils décident tout simplement de ne pas revenir.

 

Chaque athlète qui reste libre représente bien plus que la perte d'un membre d'une équipe nationale. Il révèle une nouvelle fissure dans l'un des derniers grands mythes sur lesquels le régime castriste a tenté de fonder sa légitimité. Car lorsque même les privilégiés choisissent de partir, le problème ne réside plus chez les athlètes. Le problème réside dans le système qui les a formés, les a utilisés et, finalement, n'a pas su les convaincre de rester.

 

 QUANDO ANCHE I PRIVILEGIATI SCELGONO DI FUGGIRE

Di Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

 

Il 16 luglio 2026, al termine della III Coppa del Mondo di Canoa Sprint e dei Campionati Panamericani di Canoa e Paracanoa, svoltisi a Montréal, in Canada, nove dei dodici componenti della nazionale cubana di canoa decisero di non fare ritorno sull'isola. Nel giro di poche ore, una delle discipline chiamate a conquistare medaglie per la delegazione cubana risultò praticamente smantellata, a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Centroamericani e dei Caraibi di Santo Domingo.

 

Non è la prima defezione di atleti cubani, ma è certamente una delle più significative per le sue dimensioni. Tuttavia, la vicenda va ben oltre lo sport. La vera domanda è un'altra: perché proprio coloro che per decenni sono stati presentati come una delle più grandi conquiste del sistema scelgono oggi di abbandonarlo?

 

Fin dai primi anni della dittatura, Fidel Castro trasformò lo sport in uno strumento politico, seguendo il modello sviluppato dall'Unione Sovietica e perfezionato dalla Germania Est. Durante la Guerra Fredda, ogni medaglia olimpica doveva dimostrare la presunta superiorità del socialismo rispetto alle democrazie occidentali. Gli atleti smisero di essere semplici sportivi per diventare ambasciatori ideologici del regime.

 

Per sostenere questa immagine, lo Stato creò una vera élite sportiva. Gli atleti di alto livello godevano di un'alimentazione migliore, di assistenza sanitaria privilegiata, di strutture specializzate, di riconoscimento pubblico e, soprattutto, della possibilità di viaggiare all'estero, un privilegio riservato a pochissimi cubani. Mentre milioni di cittadini affrontavano carenze alimentari e continui blackout, loro rappresentavano la vetrina del sistema.

 

Ma quei privilegi avevano un prezzo: l'obbedienza assoluta. L'atleta apparteneva allo Stato. La sua carriera, i suoi guadagni e le sue opportunità dipendevano dalla sua utilità politica. Finché conquistava medaglie veniva celebrato come un eroe nazionale; quando non era più utile, scopriva che il riconoscimento ufficiale aveva una data di scadenza.

 

La storia del pugile Ariel Hernández Azcuy riassume perfettamente questa realtà. Due volte campione olimpico e tre volte campione del mondo, fu uno dei simboli più prestigiosi dello sport cubano. Dopo il ritiro denunciò pubblicamente l'abbandono in cui viveva e pose una domanda che sintetizza il destino di molti ex campioni: «Quando ero al vertice mi davano tutto. E adesso?» La sua vicenda dimostra che il regime premia gli atleti finché servono alla propaganda, per poi dimenticarli quando non sono più utili.

 

Paradossalmente, il privilegio che avrebbe dovuto rafforzare la loro fedeltà finì per produrre l'effetto opposto. Grazie ai viaggi all'estero, questi sportivi poterono confrontare la propria realtà con quella di altri Paesi. Scoprirono società nelle quali un atleta può scegliere liberamente il proprio futuro, negoziare i propri contratti e vivere del proprio talento senza dipendere dalla volontà dello Stato. La propaganda non poteva più competere con l'esperienza diretta.

 

Per questo motivo è riduttivo spiegare queste defezioni soltanto con ragioni economiche. I nove canoisti rimasti in Canada appartenevano proprio al settore più privilegiato dello sport cubano. Se persino loro hanno deciso di non tornare, il problema è molto più profondo.

 

Non stanno fuggendo da Cuba come nazione. Stanno fuggendo da un sistema politico che pretende una lealtà assoluta offrendo in cambio privilegi temporanei e che finisce per abbandonare perfino coloro che hanno contribuito maggiormente al suo prestigio internazionale.

 

Quanto accaduto a Montréal rappresenta una sconfitta politica per la dittatura castrista. Per oltre sei decenni il regime ha utilizzato i propri campioni per dimostrare il presunto successo della Rivoluzione. Oggi sono quegli stessi atleti a pronunciare il giudizio più severo su quel modello. Non lo fanno con discorsi o manifesti. Lo fanno con un gesto infinitamente più eloquente: quando hanno la libertà di scegliere, decidono semplicemente di non tornare.

 

Ogni atleta che rimane libero rappresenta molto più della perdita di un componente della nazionale. Rappresenta una nuova crepa in uno degli ultimi grandi miti sui quali il castrismo ha cercato di costruire la propria legittimità. Perché quando anche i privilegiati scelgono di andarsene, il problema non sono più gli atleti. Il problema è il sistema che li ha formati, li ha utilizzati e, alla fine, non è riuscito a convincerli a restare.

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