PUTIN Y EL ERROR DE LOS HOMBRES QUE QUIEREN HACER HISTORIA

PUTIN Y EL ERROR DE LOS HOMBRES QUE QUIEREN HACER HISTORIA

 

Por Huber Matos Ataluce, San José, Costa Rica

 

Uno de los mayores riesgos para cualquier líder es enamorarse de la historia que desea protagonizar. Vladimir Putin parece haber caído en esa trampa. Admirador de gobernantes que expandieron el poder ruso y dejaron una huella duradera en la historia, desde Pedro el Grande hasta Stalin, terminó viendo su papel no como el de un administrador temporal del Estado, sino como el de un hombre destinado a restaurar la grandeza de Rusia. Como ocurrió con otros líderes antes que él, la admiración por las figuras del pasado pudo haber terminado nublando su capacidad para evaluar con objetividad los riesgos del presente.

 

La invasión de Ucrania fue mucho más que una operación militar. Fue una apuesta geopolítica destinada a demostrar que Estados Unidos ya no podía imponer su voluntad al resto del mundo. Una rápida victoria rusa habría humillado a Washington, debilitado la credibilidad de sus alianzas y consolidado la asociación estratégica entre Rusia y China como alternativa al orden internacional liderado por Estados Unidos. Para Putin, el triunfo en Ucrania debía convertirse en el acontecimiento que lo colocara entre los grandes protagonistas de la historia rusa.

 

Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La invasión fortaleció a la OTAN, provocó el ingreso de Finlandia y Suecia en la alianza, consolidó la cooperación militar occidental y aceleró el rearme europeo. También expuso debilidades inesperadas de las fuerzas armadas rusas y ofreció a Estados Unidos una oportunidad estratégica excepcional. En abril de 2022, el entonces Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Washington quería ver a Rusia "debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania". Lo que Putin esperaba que fuera una demostración de fuerza terminó convirtiéndose en una guerra de desgaste que permitió a sus adversarios erosionar gradualmente el poder militar y económico ruso.

 

Los recientes ataques ucranianos contra San Petersburgo, bases aéreas, fábricas de armamento, refinerías e infraestructuras energéticas dentro de Rusia reflejan hasta qué punto han cambiado las circunstancias desde 2022. Lejos de enfrentarse a una Ucrania derrotada, Putin se enfrenta hoy a un país más experimentado, más innovador y respaldado por gobiernos que consideran fundamental impedir una victoria rusa. 

 

Cada ataque contra objetivos que antes parecían intocables recuerda una realidad incómoda para el Kremlin: la guerra que debía demostrar la decadencia de Occidente terminó fortaleciendo a sus adversarios. La historia decidirá si Putin será recordado como el hombre que restauró la grandeza de Rusia o como el líder que, en su intento de desafiar a Estados Unidos y cambiar el orden mundial, provocó uno de los mayores errores estratégicos del siglo XXI.

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VOLVER A LA CONSTITUCIÓN DE 1940 ES CONTRARIO A MARTĺ Y AGRAMONTE

VOLVER A LA CONSTITUCIÓN DE 1940 ES CONTRARIO A MARTĺ Y AGRAMONTE

Por Faisel Iglesias

 

La historia constitucional cubana suele contemplar la Constitución de 1940 como la obra jurídica más avanzada de la República. Sus defensores destacan con razón la amplitud de su catálogo de derechos, sus garantías procesales, su reconocimiento de la justicia social y su intento de modernizar las instituciones nacionales. Sin embargo, toda constitución debe ser examinada no solamente por las libertades que proclama, sino también por la concepción de la soberanía sobre la cual descansa. Y es precisamente en ese punto donde emerge una de las contradicciones más profundas de la historia política cubana. 


 

La Constitución de 1940 no fue simplemente el resultado de la evolución natural del pensamiento político cubano. Fue también el producto de una época en la que las grandes corrientes ideológicas europeas ejercían una poderosa influencia sobre América Latina. El liberalismo clásico del siglo XIX se encontraba en retirada. La Gran Depresión había desacreditado amplios sectores del capitalismo liberal. El comunismo soviético aparecía para muchos intelectuales como una promesa de justicia social. El fascismo italiano se presentaba como una alternativa de organización nacional frente al caos parlamentario. El nacionalsocialismo alemán proyectaba una imagen de eficacia estatal y movilización colectiva. Al mismo tiempo, el constitucionalismo social de Weimar y de la Constitución mexicana de 1917 promovía una creciente intervención del Estado en la vida económica y social.

 

 

La Convención Constituyente de 1940 no estuvo aislada de ese contexto histórico. En ella participaron hombres procedentes de tradiciones ideológicas profundamente diversas. Entre ellos se encontraban representantes del Partido Comunista, encabezados por Blas Roca, organización estrechamente vinculada al movimiento comunista internacional dirigido desde Moscú. También figuraban personalidades formadas en la cultura política europea de finales del siglo XIX y principios del XX, entre ellas Orestes Ferrara, cuyas concepciones políticas reflejaban la influencia de corrientes nacionalistas y corporativistas surgidas en Europa. A ello se añadían liberales, reformistas, nacionalistas y socialdemócratas que compartían una convicción común: el Estado debía asumir un papel mucho más amplio en la organización de la sociedad.

 

 

El resultado fue una constitución extraordinariamente compleja, donde convivieron principios liberales tradicionales con concepciones estatistas propias del constitucionalismo social europeo. No se trató de una constitución comunista, fascista o nacionalsocialista. Sería una simplificación histórica afirmarlo. Pero sí fue una constitución que absorbió elementos intelectuales provenientes de una época en la que todas esas corrientes compartían una característica común: la creciente subordinación del individuo a entidades colectivas superiores.

 

 

La manifestación más significativa de ese fenómeno aparece en el artículo segundo, cuando la Constitución proclama que la soberanía reside en el pueblo. Allí se encuentra el verdadero núcleo filosófico del texto constitucional. La fórmula parece inocente. Durante generaciones se ha repetido como expresión natural de la democracia. Sin embargo, detrás de esas palabras se esconde una de las transformaciones más profundas de la teoría política moderna.

 

 

La soberanía popular es una creación característica de la tradición del contrato social europeo. Su formulación clásica puede encontrarse en Rousseau y en los pensadores que inspiraron la Revolución Francesa. Según esta concepción, la fuente originaria del poder no es el individuo sino una voluntad colectiva denominada pueblo. Los derechos dejan de aparecer como anteriores al Estado para convertirse en creaciones jurídicas de la comunidad política organizada.

 

 

La tradición norteamericana siguió un camino distinto.

 

 

Los Padres Fundadores partieron de la premisa de que el hombre fue creado por Dios y dotado de derechos inalienables que ningún gobierno puede conceder ni retirar legítimamente. El poder político surge de los ciudadanos y permanece limitado por los derechos de esos mismos ciudadanos. La Constitución federal no crea la libertad; la reconoce. No crea la soberanía; la presupone en cada individuo.

 

 

Esta diferencia filosófica es esencial porque determina la estructura completa del sistema político.

 

 

Cuando la soberanía reside en el ciudadano, el Estado aparece como un instrumento. Cuando la soberanía reside en el pueblo, el Estado termina convirtiéndose en intérprete de una voluntad colectiva superior.

Ignacio Agramonte comprendió esta diferencia con extraordinaria claridad cuando afirmó que el individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses. En esa frase se encuentra condensada una concepción del derecho radicalmente distinta de la tradición europea continental. El sujeto originario del poder no es una colectividad abstracta sino la persona concreta. El Estado no es el propietario de la soberanía ni su administrador permanente. Es apenas un delegado temporal del ciudadano.

 

 

José Martí se movió dentro de esa misma tradición intelectual. Toda su obra política gira alrededor de la dignidad humana como fundamento de la República. Cuando proclama que desea que la primera ley de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, está colocando a la persona por encima de cualquier construcción ideológica, estatal o colectiva. Martí no pensaba la nación como un fin en sí mismo. La concebía como el instrumento necesario para garantizar la libertad del hombre.

 

 

Desde esta perspectiva, la Constitución de 1940 representa una ruptura histórica con la línea de pensamiento que une a Varela, Agramonte y Martí.

 

 

Su grandeza jurídica no elimina esa contradicción filosófica. Por el contrario, la hace más significativa. Precisamente porque se trataba de una constitución avanzada, sus fundamentos teóricos adquirieron una enorme influencia sobre la evolución posterior del país.

 

 

La adopción de la soberanía popular abrió el camino para una progresiva expansión del poder estatal. El ciudadano dejó de ser el centro absoluto del sistema político. En su lugar apareció el pueblo como sujeto colectivo de la soberanía. A partir de ese momento la cuestión fundamental pasó a ser quién tenía autoridad para interpretar la voluntad popular.

 

 

La historia posterior de Cuba ofrece una respuesta inquietante.

 

 

Durante la República fueron los partidos políticos quienes afirmaron representar al pueblo. Después de 1959 esa representación fue asumida por el Estado revolucionario y posteriormente por el Partido Comunista. La lógica conceptual permaneció esencialmente intacta. Solamente cambió el intérprete de la voluntad colectiva.

 

 

La tragedia de Cuba durante la segunda mitad del siglo XX demuestra los peligros inherentes a toda teoría política que sustituye al ciudadano por abstracciones colectivas. Cuando el soberano deja de ser una persona concreta para convertirse en una entidad abstracta, inevitablemente surge una élite encargada de interpretar sus intereses. Y cuando esa élite monopoliza el poder, la soberanía desaparece.

 

 

Por ello, el debate contemporáneo sobre el futuro constitucional de Cuba no debe girar en torno a la restauración de la Constitución de 1940. La verdadera cuestión consiste en determinar si la futura República continuará fundada sobre el principio europeo de la soberanía popular o si finalmente adoptará la tradición agramontista y Marti Ana de la soberanía ciudadana.

 

 

La restauración de la Constitución de 1940 significaría regresar a una etapa superada de la historia de la humanidad. No resolvería el problema filosófico que ha acompañado a Cuba desde su nacimiento como nación independiente. Ese problema consiste en identificar quién es realmente el soberano: ¿el estado, la nación, el pueblo, los partidos o el ciudadano?

 

 

La respuesta de la tradición europea fue el pueblo. La respuesta de Agramonte fue el ciudadano. La respuesta de Martí fue la dignidad del hombre.

 

 

Y quizá la gran tarea constitucional del siglo XXI consista precisamente en concluir esa evolución histórica pendiente: sustituir definitivamente la soberanía popular por la soberanía ciudadana, devolviendo al individuo el lugar que nunca debió perder como origen, fundamento y límite de todo poder político legítimo.

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IVÁN CEPEDA, FIDEL CASTRO Y LA PREGUNTA MORAL QUE COLOMBIA NO DEBE EVITAR

IVÁN CEPEDA, FIDEL CASTRO Y LA PREGUNTA MORAL QUE COLOMBIA NO DEBE EVITAR

Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia dejaron una sorpresa política. Contra muchos pronósticos, Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar, mientras que Iván Cepeda, candidato del oficialismo y heredero político de Gustavo Petro, terminó segundo con el 40,9% de los votos y disputará la presidencia en una segunda vuelta decisiva.

 

Sería un error concluir que ese respaldo electoral representa una adhesión masiva de los colombianos al castrismo o a la Revolución Cubana. El propio Wall Street Journal señaló que muchos votantes apoyaron a Cepeda debido a medidas económicas concretas, como el aumento del 23% del salario mínimo decretado por el gobierno de Petro. Para millones de ciudadanos, las preocupaciones cotidianas pesan más que los debates ideológicos sobre Cuba.

 

Sin embargo, existe una cuestión que trasciende la coyuntura económica y merece ser analizada desde una perspectiva moral. Iván Cepeda ha expresado públicamente admiración por Fidel Castro, afirmando que le enseñó el significado de la dignidad y la soberanía, y describiéndolo como una de las figuras revolucionarias más importantes de nuestro tiempo.

 

La pregunta no es si Cepeda propone convertir a Colombia en Cuba. La pregunta es qué significado tienen esas declaraciones cuando provienen de un aspirante a la presidencia de una democracia.

 

Aquí resulta pertinente recordar a Desmond Tutu, quien sostuvo que “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. El líder sudafricano no hablaba únicamente de la acción directa; hablaba también del silencio frente a los abusos y de la responsabilidad moral de quienes ejercen liderazgo público.

 

Fidel Castro gobernó Cuba durante décadas sin elecciones libres, con partido único, censura de prensa, persecución de opositores y miles de presos políticos. Hoy el resultado de ese sistema es visible para todo el mundo: una economía colapsada, millones de cubanos emigrados, apagones permanentes, hospitales en crisis y una población sometida a enormes privaciones.

 

Por ello, cuando una figura pública elogia a Fidel Castro sin reconocer simultáneamente a las víctimas de su régimen, surge una cuestión ética legítima. No se trata de exigir unanimidad política ni de prohibir opiniones. Se trata de preguntarse si es moralmente aceptable exaltar a un gobernante sin mencionar el costo humano de su legado.

 

A diferencia de décadas pasadas, la mayoría de los latinoamericanos ya no observa a Cuba como un modelo de prosperidad o justicia social. Las imágenes del deterioro económico y la represión han reducido considerablemente el atractivo que alguna vez tuvo la Revolución Cubana. Sin embargo, persiste un problema más profundo: la tendencia de ciertos sectores políticos a romantizar figuras autoritarias cuando comparten sus objetivos ideológicos.

 

Las elecciones colombianas no decidirán el futuro de Cuba. Pero sí ofrecen una oportunidad para debatir una cuestión fundamental para toda América Latina: si estamos dispuestos a juzgar a los líderes políticos por el respeto que muestran hacia la libertad humana o si seguiremos excusando los abusos cuando son cometidos por figuras ideológicamente afines.

 

Desmond Tutu enseñó que el silencio frente a la injusticia favorece al opresor. Por eso la pregunta que Iván Cepeda aún debe responder no es si admira a Fidel Castro. Eso ya lo ha dicho públicamente. La verdadera pregunta es si está dispuesto a reconocer que detrás de la imagen romántica de la revolución existió una dictadura que privó de libertad a generaciones de cubanos y condujo al país a una ruina de la que todavía no logra escapar.

 

Porque quien elogia a Fidel Castro sin reconocer a sus víctimas no está hablando solamente del pasado de Cuba. Está revelando su propia escala de valores para juzgar el poder, la libertad y la dignidad humana.

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MAURICIO CLAVER-CARONE: UNA FIGURA CLAVE EN LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA VENEZUELA

MAURICIO CLAVER-CARONE: UNA FIGURA CLAVE EN LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA VENEZUELA

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Cuando se analiza la política de Estados Unidos hacia Venezuela durante la última década, pocos nombres han tenido tanta influencia como Mauricio Claver-Carone. Aunque no suele ocupar los titulares con la frecuencia de otros funcionarios, ha sido una de las figuras más influyentes en la formulación de la estrategia de Washington hacia América Latina, especialmente en relación con Cuba y Venezuela.

 

Nacido en Miami en 1975 dentro de una familia de origen cubano y español, Claver-Carone creció marcado por la experiencia del exilio y por una visión crítica de los regímenes autoritarios de la región. Su formación académica incluye estudios en Rollins College, un doctorado en Derecho por la Universidad Católica de América y una maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Georgetown, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos en materia de relaciones internacionales.

 

Antes de ingresar al gobierno, se destacó como director de Cuba Democracy Advocates, una organización dedicada a promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Desde esa posición desarrolló una reputación de firme defensor de políticas de presión contra los gobiernos de La Habana y Caracas.

 

Su ascenso político comenzó durante la primera administración de Donald Trump. Primero trabajó en el Departamento del Tesoro y luego representó a Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, su verdadera influencia comenzó cuando fue nombrado Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Desde allí participó activamente en el diseño de la política de “máxima presión” contra el régimen de Nicolás Maduro, basada en sanciones económicas, aislamiento diplomático y apoyo a la oposición democrática venezolana.

 

Uno de los factores más importantes para comprender su influencia es su estrecha relación con Marco Rubio. Ambos comparten raíces cubanoamericanas, hablan español como lengua habitual y mantienen una visión muy similar sobre los desafíos políticos de América Latina. Durante años han trabajado en coordinación en temas relacionados con Cuba, Venezuela y Nicaragua, convirtiéndose en dos de las voces más influyentes del Partido Republicano en asuntos hemisféricos.

 

En 2020, Claver-Carone hizo historia al convertirse en el primer ciudadano estadounidense elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Claver-Carone volvió a ocupar un papel central al ser designado Enviado Especial para América Latina. Su nombramiento fue interpretado como una señal de continuidad de una política firme frente a los regímenes de Cuba y Venezuela.

 

Hoy muchos analistas consideran que Claver-Carone es una de las figuras más influyentes en la definición de la estrategia estadounidense hacia Venezuela. Gracias a su experiencia, su conocimiento de la región y su estrecha relación con Marco Rubio, es visto por numerosos observadores como uno de los principales arquitectos de cualquier política futura orientada a promover una transición democrática en ese país. Su influencia puede no ser siempre visible, pero continúa siendo una de las más importantes dentro de la política exterior estadounidense hacia América Latina.

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Detenida en Miami hija de general castrista

Detenida en Miami hija de general castrista

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

La detención en Estados Unidos de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general castrista Ulises Rosales del Toro, ha vuelto a colocar bajo atención pública a una de las figuras históricas más influyentes y controvertidas del aparato militar y político de la dictadura.  Presidió el Tribunal de Honor militar que degradó públicamente a Ochoa antes del juicio y respaldó la narrativa oficial impulsada por la cúpula gobernante. Mientras Ochoa y otros oficiales eran ejecutados o encarcelados, Rosales del Toro salió fortalecido políticamente y consolidó aún más su posición dentro del núcleo de confianza de Raúl Castro.

 

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a su hija, Rosales Aguirreurreta, médico de profesión en Cuba, quien residía en el sur de Florida tras haber ingresado al país en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana. La información fue confirmada por ICE. 

 

El arresto ocurre en medio de una política más agresiva de Washington hacia personas vinculadas a la élite gobernante cubana y sus familiares. Días antes también fue detenida Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, vinculada al conglomerado militar GAESA, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ampliaba sanciones contra figuras relacionadas con la estructura económica y militar del régimen. 

 

En ese contexto, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos no permitiría que personas asociadas con amenazas a la seguridad nacional vivieran “con lujos” en territorio estadounidense.

 

Ulises Rosales del Toro representa precisamente a esa vieja guardia militar que consolidó el poder del castrismo durante décadas. Aunque participó en la lucha guerrillera en la Sierra Maestra antes de 1959, no fue una de las figuras legendarias de la guerra revolucionaria ni se destacó en combates históricos decisivos. 

 

Terminó la guerra con un rango relativamente bajo dentro del Ejército Rebelde. Su verdadero ascenso comenzó después del triunfo revolucionario, cuando se convirtió en un oficial completamente alineado con la estructura militar dirigida por Raúl Castro.

 

A diferencia de otros comandantes carismáticos o independientes, Rosales del Toro cultivó un perfil disciplinado, técnico y políticamente obediente. Se formó dentro del modelo militar soviético adoptado por Cuba y fue ganando posiciones de confianza dentro de las FAR hasta convertirse en jefe del Estado Mayor General, ministro del Azúcar, ministro de Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros. Su cercanía con Raúl Castro fue uno de los factores fundamentales de su ascenso.

 

Uno de los episodios más controvertidos de su carrera ocurrió durante la “Causa No. 1” de 1989, el proceso que terminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa. Aunque ambos habían compartido años de servicio y campañas militares internacionalistas en África, Rosales del Toro se alineó completamente con Fidel y Raúl Castro durante la purga. 

 

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FIDEL CASTRO NUNCA FUE UNA FUERZA GLOBAL: FUE UN INSTRUMENTO DE LA URSS

FIDEL CASTRO NUNCA FUE UNA FUERZA GLOBAL: FUE UN INSTRUMENTO DE LA URSS

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

El artículo del Wall Street Journal titulado “A Look Back at When Cuba Was a Global Force to Reckon With” intenta presentar al régimen castrista como una potencia revolucionaria independiente capaz de desafiar militarmente a Estados Unidos y proyectar influencia global por mérito propio. Sin embargo, esa interpretación es profundamente engañosa. Cuba jamás tuvo la economía, la industria, la tecnología ni los recursos financieros necesarios para sostener las llamadas “aventuras internacionales” atribuidas a Fidel Castro. Todas esas operaciones militares, de inteligencia y subversión fueron financiadas, armadas y sostenidas por la Unión Soviética. Sin Moscú, el castrismo nunca habría podido actuar más allá de sus fronteras.

 

Durante los años de mayor influencia internacional del régimen, Cuba era una economía improductiva y completamente dependiente del subsidio soviético. La isla no producía combustible suficiente, no fabricaba armamento pesado, no poseía tecnología militar avanzada ni contaba con divisas para mantener operaciones militares en varios continentes. Aun así, el artículo intenta retratar a Cuba como una potencia global. La respuesta real es evidente: ese poder provenía de Moscú.

 

La URSS mantenía artificialmente vivo al régimen cubano mediante petróleo subsidiado, compras infladas de azúcar cubano, créditos blandos, armamento gratuito o altamente subsidiado, entrenamiento militar, logística y apoyo diplomático. El castrismo era útil para la estrategia soviética como base avanzada de inteligencia, exportador de revoluciones y fuerza proxy en conflictos del Tercer Mundo. Eso no convierte a Cuba en una potencia independiente; la convierte en un Estado cliente soviético.

 

El artículo menciona las intervenciones cubanas en África y Medio Oriente, pero omite el dato central: Cuba no podía financiar ninguna de ellas. Los tanques T-62 utilizados en Siria eran soviéticos. Los MIGs eran soviéticos. El combustible era soviético. La logística marítima y aérea era soviética. Incluso el despliegue militar cubano en Angola habría sido imposible sin el apoyo total de Moscú. La idea de que un pequeño país pobre podía sostener por sí solo operaciones militares en varios continentes desafía toda lógica económica y militar.

 

La mejor prueba de esta dependencia llegó con la caída de la URSS en 1991. En cuanto desaparecieron los subsidios soviéticos, la economía cubana colapsó de inmediato. El ejército perdió capacidad operativa, las operaciones internacionales desaparecieron y comenzó el llamado “Período Especial”. Una verdadera potencia regional no se derrumba en cuestión de meses porque otro país deja de financiarla. Cuba sí se derrumbó.

 

En muchos sentidos, la Cuba castrista funcionó como lo que hoy llamaríamos un proxy estratégico, parecido a cómo Irán utiliza actualmente a Hezbollah. La diferencia es que Cuba tenía asiento en la ONU y apariencia de Estado soberano. Pero incluso esa soberanía resulta cuestionable cuando un régimen depende completamente de una superpotencia extranjera para sobrevivir militar y económicamente. La Crisis de los Misiles de 1962 dejó claro cuáles eran los límites reales de la autonomía cubana: Moscú negoció directamente con Washington la retirada de los misiles nucleares sin incluir verdaderamente a Fidel Castro en la decisión final.

 

El verdadero legado internacional del castrismo no fue el de una potencia independiente, sino el de un régimen subsidiado que sirvió durante décadas como brazo regional de la estrategia global soviética. Tras la desaparición de la URSS, Cuba buscó otro patrocinador externo en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La historia real no es la de un pequeño país heroico que desafió por sí solo a Estados Unidos, sino la de un régimen dependiente que actuó durante décadas como proxy geopolítico de la Unión Soviética.

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UN ACUERDO IMPERFECTO CON IRÁN Y UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN CUBA PODRÍAN CAMBIAR EL MAPA ELECTORAL DE NOVIEMBRE

UN ACUERDO IMPERFECTO CON IRÁN Y UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN CUBA PODRÍAN CAMBIAR EL MAPA ELECTORAL DE NOVIEMBRE

Huber Matos Araluce, San Jose, Costa Rica

 

La situación electoral de los republicanos podría mejorar sustancialmente antes de las elecciones de noviembre si se combinan dos acontecimientos geopolíticos: un acuerdo con Irán que estabilice la economía mundial y una transición democrática en Cuba.

 

No tendría que ser el acuerdo ideal que desea un sector de republicanos e independientes, ni una victoria total sobre Teherán. Bastaría con un entendimiento capaz de reducir las tensiones militares, mantener abierto el estrecho de Ormuz y aliviar la presión sobre los precios internacionales del petróleo.

 

La realidad política estadounidense es simple: el precio de la gasolina sigue siendo uno de los indicadores psicológicos más importantes para el electorado. Si baja el petróleo, baja la inflación, mejora el consumo y disminuye el temor a una recesión.

 

Para millones de votantes independientes eso pesa mucho más que los detalles ideológicos de cualquier acuerdo internacional. Un acuerdo imperfecto, pero que reduzca el riesgo de guerra y ayude a estabilizar la economía, podría neutralizar gran parte del desgaste político que hoy enfrenta Trump por el conflicto con Irán.

 

Las encuestas recientes muestran que la guerra en Irán genera un rechazo importante entre independientes y moderados. Incluso dentro del Partido Republicano existe una división creciente entre los sectores intervencionistas tradicionales y el ala “America First”, cansada de guerras prolongadas en Medio Oriente. Muchos votantes conservadores apoyan una política de fuerza, pero no desean otra guerra interminable comparable a Irak o Afganistán. En ese contexto, un acuerdo pragmático podría resultar políticamente más rentable que una escalada militar indefinida.

 

Sin embargo, el verdadero terremoto político ocurriría si antes de noviembre se produce un cambio democrático en Cuba. Una transición en La Habana tendría un enorme impacto simbólico en Estados Unidos, especialmente en Florida. Para millones de cubanoamericanos, venezolanos y votantes hispanos anticomunistas, sería interpretado como el mayor retroceso del castrismo en más de seis décadas.

 

Políticamente, los republicanos podrían presentar ese acontecimiento como una victoria histórica comparable, en términos simbólicos, a la caída del Muro de Berlín o al colapso del bloque soviético. Cuba posee ventajas políticas que Irán no tiene: menor riesgo militar directo para Estados Unidos, enorme valor simbólico dentro de la política doméstica y una poderosa narrativa anticomunista movilizadora.

 

Si esos dos acontecimientos ocurrieran simultáneamente —un acuerdo con Irán que estabilice la economía y una transición democrática en Cuba— el panorama electoral podría transformarse rápidamente. Los republicanos podrían recuperar parte del voto independiente preocupado por la economía, consolidar aún más el voto conservador e hispano en Florida y aumentar el entusiasmo de su base electoral.

 

En ese escenario, la Cámara de Representantes dejaría de parecer un territorio claramente vulnerable para el Partido Republicano. El Senado también se volvería mucho más competitivo para los demócratas, especialmente en estados donde el voto independiente y la situación económica son decisivos.

 

Además, los demócratas quedarían atrapados políticamente entre dos problemas difíciles: atacar un acuerdo con Irán que reduzca la inflación y el precio de la gasolina, o minimizar una transición democrática en Cuba sin parecer débiles frente a una dictadura históricamente rechazada por gran parte del electorado estadounidense.

 

La política estadounidense suele responder más a la percepción de estabilidad y éxito que a los detalles técnicos de la diplomacia. Si para noviembre el país percibe menos riesgo de guerra, gasolina más barata, mercados más estables y una transición democrática en Cuba, la narrativa política nacional podría cambiar drásticamente en favor de los republicanos

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Venezuela ¿en la ruta de la verdadera política?

Venezuela ¿en la ruta de la verdadera política?

Por: Luis Beltrán Guerra G. - 17/05/2026 

Interamerican Institute for Democracy

 

Está escrito y en unas cuantas páginas que la tarea para determinar lo que es “la verdadera política”, conduce, prima facie, a repetir que históricamente han existido dos percepciones opuestas, una en la cual se analiza la naturaleza de la sociedad, el gobierno y las causas y las formas óptimas de organización humana, tomando en cuenta tanto el bienestar individual como el colectivo. En ella se demanda una dosis determinante de “virtud”, esto es, de integridad, ética, pudor y excelencia. En la segunda percepción pareciera inspirarse en lo utópico de la anterior, pues concibe a la política como una práctica sinuosa y simuladora, por lo que quienes la conducen, con tal de alcanzar sus objetivos, acuden a cualquier mecanismo, independientemente, de su moralidad.

 

En un contexto histórico y científico la autoría de la primera suele atribuirse a “Aristotelis” y la segunda a Nicholas Machiavelli”.

 

Una tercera, que pudiera considerarse intermedia, la más común, aquella que toma un poco de una y de la otra, quedando estas como tendencias. Sus consecuencias, no satisfactorias.

 

Es en el contexto de la referida ambivalencia que se nos plantea recopilar evidencias, que permitan corroborar si la Venezuela de hoy está en realidad encausada en “la ruta de “la verdadera política” y por tanto alejándose de “la mala”, en la cual tristemente ha merodeado como lo revelan unos cuantos capítulos de su historia. Alienta que en El Nacional, histórico periódico venezolano, fundado en 1943, se reseña que Marco Rubio, Secretario de Estado (EEUU), ha reiterado que la transición en Venezuela culminará con elecciones, pero con la sana advertencia de que la prioridad actual pasaría por garantizar primero estabilidad económica y operativa en el país. O sea, que sin lo último no pareciera real pensar en lo primero.

 

En la British Broadcasting Corporation se reitera la apreciación de que para el gobierno de los EEUU, el noble país suramericano está compelido primeramente a la estabilidad política, económica y operativa, sin lo cual no podría edificarse una democracia seria. Será acaso, cabe preguntarse, sin el ánimo de herir susceptibilidades, que para el Norte en Venezuela reina desorden, confusión, vorágine y hasta anarquía. Y que ello permite entender con más precisión la providencia a que se refiere el Secretario de Estado, conforme a la cual “la comercialización de petróleo venezolano y los recursos de ella derivados están sujetos al control de los EEUU”. En la BBC la apreciación se atribuye, asimismo, al propio Presidente del Gigante del Norte.

 

Los párrafos anteriores reiteran, sin lugar a dudas, el protectorado, la tutela y la corresponsabilidad gubernativa entre los Estados Unidos y Venezuela. Y, por consiguiente, que pareciera aconsejable que gobierno y oposición en aras a la nobleza del pueblo venezolano lo comprendan. Y en atención al mejor provecho de una república que demanda disfrutar de sus privilegios.

 

La Divina Providencia, diera la impresión, de que ha escuchado los rezos, pues hay signos proclives a entender que hay una realidad tipificada, entre otras, por:

 

1. La decisión de una potencia mundial, en principio, la primera, de estatuir un gobierno y quién ha de dirigirlo,

 

2. Una Constitución con una vigencia cercana a los 27 años, en la cual se estatuyen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, señalándosele sus atribuciones y límites,

 

3. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional estatuidos, así como las gobernaciones de Estado, sus asambleas legislativas y las municipalidades, llamadas por cierto a la atención de ingentes problemas locales de notable interés para los habitantes.

 

En la convicción que tenemos los venezolanos de vivir en democracia, para Winston Churchill y otros el más idóneo de los existentes, como lo revelan la diversidad de intentos que se han adelantado para lograrla, entusiasma y bastante que María Corina Machado, quien representa al movimiento “Vente Venezuela”, el cual aglutina una determinante mayoría en la lucha por la democracia ha planteado a Delcy Rodríguez, con quien Estados Unidos coordina la corresponsabilidad gubernativa, sumarse al proceso de cambio institucional, esto es, a la transición a la democracia.

 

El mensaje fue compartido por la premio nobel de la paz en entrevista concedida a Christiane Amanpour en CNN.

 

La líder del partido Vente Venezuela agregó, asimismo, que en “la Fuerza Armada Nacional “más del 80% de sus miembros desea una transición a la democracia”, mención por demás interesante, dado los incontables capítulos de nuestra historia reveladores de una vocación casi patológica de los militares al ejercicio del poder, fuente que ha de calificarse como nutriente de lo opuesto a la ruta de la buena, racional y verdadera política.

 

No pareciera haber dudas, en aras, de la franqueza, que deberíamos reiterar la visión aristotélica del individuo como político con el don de la palabra, la persuasión y el interés de lo común, debido a la necesidad de vivir en comunidad, por lo que al arte de gobernar ha de percibírsele como una actividad cooperativa en búsqueda de tan ansiado bien. Es una apreciación muchos más bondadosa que la de Machavelli para quien la política no está encaminada a la cooperatividad, más bien al conflicto derivado del individualismo. Conclusión, que quien desea hacer política, debía estar dispuesto a internarse en la “senda del mal”. La ciencia de la política se convierte en la ciencia del poder, suele expresarse por quienes la censurar, por cierto, unos cuantos.

 

Dios quiera que si los venezolanos lo hemos padecido, entendamos que ya es hora para cambiar, lo cual supone analizar con objetividad no tener que pensar dos veces en cuál es la forma correcta y compararla con lo que hacemos, teniendo presente que no cuesta mucho caer en la praxis de Machiavelli.

 

La conclusión seria, por consiguiente, que diera la impresión de que Caracas está intentando abandonar a Machiavelli para dejarse conducir por Aristóteles.

 

La mejor demostración de adquisencia para una metodología adecuada ante el embrollo, el cual pareciera ser siempre tentador, es la contienda política sana, la cual no puede ser otra que la de conciliar unos y otros, los del gobierno provisorio y quienes aspiran a reemplazarlo, lo que ha de hacerse bajo los patrones democráticos. La justicia sancionadora no quedaría en el olvido, pero ha de ser objetiva. Así ha sucedido en un otrora no muy lejano en la noble Venezuela. Y muy particularmente bajo la democracia establecida por la Constitución de l961.

 

Y por qué no traer a colación que las páginas de la historia del país, revelan que “la adquisencia” para una metodología adecuada ante la crisis que evidentemente se confronta, nos lleva a recordar que a partir de l961, una democracia de partidos gobernó a Venezuela por casi 40 años, durante la cual se eligieron por el voto popular a un número respetable de Jefes de Estado, parlamentarios y jueces. La ecuanimidad, para la lingüística, “capacidad de mantener una actitud estable, serena y equilibrada frente a las diversas situaciones de la vida” en política, tal vez, más necesaria que en otras áreas, es una lampara para que la Presidenta Rodríguez y la Premio Nobel de la Paz se miren en aras de la objetividad de lo que es Venezuela y la perentoriedad de amarla conduciéndola por el camino de la certeza democrática.

 

Seguro estamos que contribuirá a la democratización que tanto demandamos.

 

Manos a la obra solía expresar el Presidente Carlos Andrés Pérez, fundador y defensor de la democracia y con quien Venezuela estará en permanente deuda. Permítanme, por favor, escribirlo.

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LAS DOS CARAS DE ZAPATERO

LAS DOS CARAS DE ZAPATERO

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

Mayo 22 2026

 

José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta hoy dos juicios distintos.

 

Uno es judicial: graves acusaciones de corrupción que, si llegan a probarse, podrían provocar uno de los mayores escándalos políticos de la historia democrática española.

 

El otro juicio es moral y comenzó hace mucho tiempo: el de un dirigente europeo democrático que convirtió su cercanía con las dictaduras de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y los hermanos Castro en una forma de oportunismo político o complicidad moral frente a sistemas que empobrecieron, reprimieron y desangraron a millones de personas mientras sus élites acumulaban poder, privilegios y riquezas.

 

Según las investigaciones conocidas hasta ahora, la Audiencia Nacional sospecha que Zapatero habría utilizado su red de contactos políticos y empresariales para influir en el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, aprobado durante la pandemia por un monto cercano a los 53 millones de euros.

 

Las acusaciones apuntan a presuntos pagos ocultos, tráfico de influencias y estructuras societarias utilizadas para canalizar dinero hacia su entorno. Los investigadores sostienen que el expresidente y su círculo familiar podrían haber recibido más de 2 millones de euros en beneficios vinculados a la trama.

 

Incluso se investiga la creación de una sociedad offshore en Emiratos Árabes Unidos que habría servido para recibir parte de esos fondos. La causa también alcanza a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, cuya empresa de comunicación y marketing digital aparece mencionada dentro de las pesquisas judiciales por presuntos pagos de cientos de miles de euros cuya justificación documental estaría bajo cuestionamiento.

 

Además, las autoridades españolas ordenaron el congelamiento de cerca de 490.000 euros en cuentas vinculadas personalmente a Zapatero, así como registros e intervenciones de oficinas relacionadas con su entorno empresarial y familiar.

 

Durante años, Zapatero cultivó una relación extraordinariamente cercana con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro y también con Fidel y Raúl Castro, convirtiéndose en uno de los principales defensores europeos del llamado bloque bolivariano. Tras dejar el poder en España, pasó de ser un exmandatario europeo a actuar como interlocutor privilegiado y mediador político del chavismo ante Occidente, mientras evitaba condenar con firmeza la deriva autoritaria y represiva de Venezuela.

 

Paralelamente, impulsó dentro de la Unión Europea una política mucho más comprensiva hacia el castrismo, promoviendo el levantamiento y flexibilización de sanciones diplomáticas contra Cuba después de la Primavera Negra de 2003 y defendiendo el “diálogo” con La Habana incluso cuando el régimen mantenía presos políticos, censura y represión sistemática.

 

Para muchos críticos, Zapatero terminó funcionando como una especie de legitimador internacional de dos sistemas que destruyeron las instituciones democráticas de sus países mientras sus élites concentraban poder político y enormes riquezas económicas.

 

Que las investigaciones judiciales determinen finalmente la veracidad o falsedad de las graves acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero todavía está por verse. Y si algún día llegaran a probarse, sería difícil no preguntarse si relaciones aún más lucrativas con las tiranías de Chávez. Maduro y de los hermanos Castro permanecen todavía ocultas y podrían salir a la luz en el futuro.

 

Pero incluso independientemente de la sentencia que algún día dicten los tribunales españoles, o de que se conozcan o no posibles entuertos financieros vinculados al chavismo y al castrismo, la historia probablemente terminará juzgando a Rodríguez Zapatero por algo aún más profundo: su inmoral cercanía política y personal con cuatro déspotas que simbolizan algunas de las dictaduras más corruptas, represivas y destructivas que han sufrido Cuba y Venezuela en la historia moderna.

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GAESA: EL IMPERIO SECRETO DE RAÚL CASTRO QUE SECUESTRÓ LA ECONOMÍA CUBANA

GAESA: EL IMPERIO SECRETO DE RAÚL CASTRO QUE SECUESTRÓ LA ECONOMÍA CUBANA

Huber Matos Araluce, San José Costa Rica

 

GAESA se ha convertido en el centro real del poder económico en Cuba. Según recientes análisis citados incluso por The New York Times, el conglomerado controla gran parte del turismo, las divisas, las importaciones, los puertos, las tiendas en moneda fuerte y sectores estratégicos de la economía nacional, operando además fuera de cualquier mecanismo normal de supervisión estatal. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que GAESA posee más dinero que el propio Estado cubano. Sin embargo, la mayor falsedad repetida durante años por numerosos medios occidentales es afirmar que “los militares cubanos controlan GAESA”. Si eso fuera cierto, significaría que las Fuerzas Armadas como institución nacional administran empresas multimillonarias, manejan cuentas opacas, realizan negocios internacionales y operan al margen de las leyes y del presupuesto de la República. Pero el mismo reportaje del New York Times deja entrever otra realidad: GAESA no está controlada por “los militares cubanos”, sino por un grupo extremadamente reducido ligado directamente a Raúl Castro y a su entorno familiar más cercano.

 

GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) nació bajo el control directo de Raúl Castro durante los años de crisis económica posterior a la caída de la Unión Soviética. Aunque formalmente fue presentada como una estructura vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en la práctica su desarrollo y expansión estuvieron siempre ligados al círculo más cercano de poder de la familia Castro. Raúl Castro impulsó personalmente el modelo de empresas militares desde finales de los años ochenta y posteriormente colocó al frente de GAESA a su yerno, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante años se convirtió en el verdadero administrador económico del régimen cubano. Tras la muerte de López-Calleja en 2022, el control pasó a manos de la general Ania Guillermina Lastres Morera, estrechamente vinculada a Raúl Castro y al entorno familiar conocido como “el clan de GAESA”. Dentro de esa estructura también aparece Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”, mencionado en operaciones internacionales y contactos políticos sensibles.

 

La ausencia de auditorías públicas, el desconocimiento de sus finanzas incluso por parte de la Contraloría General, y la concentración del mando en familiares y figuras de absoluta confianza demuestran que GAESA funciona más como un sistema patrimonial privado de poder que como una institución estatal o militar normal. Bajo el control de este pequeño grupo, GAESA terminó concentrando gran parte de las inversiones estratégicas del país, especialmente en el turismo. Durante años se destinaron miles de millones de dólares a la construcción de hoteles, marinas y complejos turísticos, incluso cuando la ocupación hotelera cayó a niveles mínimos. Según datos citados recientemente por medios internacionales, el regimen llegó a destinar cerca del 40% de su presupuesto de inversiones al turismo y la hostelería, mientras sectores fundamentales como la agricultura, la producción de alimentos, la industria azucarera, el transporte, la educación y la sanidad pública se deterioraban aceleradamente.

 

El resultado de esas decisiones es visible hoy en toda la isla: apagones permanentes, hospitales sin recursos básicos, escasez de alimentos, colapso del transporte y una agricultura incapaz de alimentar al país. Mientras tanto, GAESA continuó construyendo hoteles vacíos y expandiendo negocios opacos dentro y fuera de Cuba. La propia afirmación de Marco Rubio de que GAESA posee más dinero que el Estado cubano refleja hasta qué punto el poder económico real quedó concentrado fuera de las instituciones normales de la República y bajo el control de un pequeño grupo político-familiar vinculado directamente a Raúl Castro.

 

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RATCLIFFE LLEGÓ A LA HABANA A DAR UN ULTIMÁTUM

RATCLIFFE LLEGÓ A LA HABANA A DAR UN ULTIMÁTUM

 

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica. Fuente Patria Pueblo y Libertad

 

La visita pública del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana no parece un gesto diplomático rutinario ni una simple reunión técnica sobre seguridad. Ocurre en medio de la peor crisis energética cubana en décadas, bajo una nueva ola de sanciones estadounidenses, y después de una secuencia de señales políticas que apuntan todas en la misma dirección: Washington considera que la situación cubana ha entrado en una fase crítica. Radcliffe no llegó a La Habana a negociar, llego a dar un ultimátum.

Nadie fuera de un pequeño círculo conoce el contenido exacto de las conversaciones sostenidas en La Habana. Pero las señales públicas acumuladas permiten construir una conclusión razonable: Ratcliffe llegó con un mensaje claro de Donald Trump y Marco Rubio. Y ese mensaje parece ser que el tiempo político, económico y social del actual modelo cubano se está agotando rápidamente.

Durante meses, Marco Rubio ha endurecido el lenguaje oficial hacia Cuba. Ha declarado públicamente que Estados Unidos no puede aceptar a 90 millas de su territorio un régimen asociado con enemigos estratégicos de Washington. Paralelamente, sectores del Pentágono han comenzado a tratar abiertamente a Cuba como un problema de seguridad nacional y no únicamente como un asunto ideológico o humanitario.

 

La presión no ha sido solo verbal. Las nuevas sanciones estadounidenses apuntan directamente al núcleo económico y militar del sistema cubano, especialmente a las estructuras controladas por GAESA. Al mismo tiempo, bancos, empresas y gobiernos extranjeros observan con creciente cautela cualquier operación económica vinculada con La Habana.

 

En medio de ese escenario ocurrió otro hecho llamativo: la conversación entre Lula da Silva y Donald Trump. Oficialmente casi no hubo detalles públicos. Pero Lula sí mencionó un tema extraordinariamente sensible: afirmó que Trump le había dicho que no iba a invadir Cuba. Y agregó algo igualmente significativo: “Eso fue lo que me dijo la traductora”.

 

Ese detalle parece menor, pero no lo es. Ningún presidente latinoamericano introduce espontáneamente el tema de una invasión a Cuba si el asunto no fue tratado explícitamente durante la conversación. La frase de Lula pareció funcionar como un mensaje político cuidadosamente transmitido: Washington quería presión máxima, pero no deseaba que La Habana interpretara que enfrentaba una invasión inmediata.

 

Esa aclaración pudo haber sido decisiva. Porque ningún gobierno negocia racionalmente si cree que está a horas de una operación militar. Lula pudo haber actuado como canal preliminar para reducir tensiones y abrir espacio a conversaciones más directas entre Washington y la cúpula cubana.

 

Poco después apareció Ratcliffe en La Habana.

Y no llegó discretamente. Llegó en un avión militar estadounidense procedente de una base militar en Florida. Fue recibido al más alto nivel por el aparato de seguridad cubano. Y el propio régimen permitió que la visita se hiciera pública.

 

Eso es extraordinario.

La CIA normalmente trabaja en silencio. Cuando una visita de este nivel se expone públicamente, es porque ambas partes quieren enviar mensajes. Washington quería demostrar que tiene acceso directo al núcleo de poder cubano. La Habana quería demostrar que todavía mantiene interlocución con Estados Unidos y que la situación no está fuera de control.

 

Pero el contexto económico hace que todo esto adquiera un significado mucho más profundo.

 

Un ministro cubano reconoció públicamente hace pocos días: “Nos quedamos sin petróleo”.

 

En un sistema altamente controlado como el cubano, una declaración así no es accidental. Los regímenes autoritarios no admiten públicamente debilidades críticas si no existe una necesidad política detrás. El mensaje parece dirigido simultáneamente: a la población, a las estructuras internas del poder, y a actores internacionales.

 

Porque el petróleo en Cuba no es solo combustible. Es electricidad, transporte, distribución de alimentos, funcionamiento institucional y control social. Cuando un régimen empieza a quedarse sin energía, empieza también a quedarse sin tiempo.

 

Y aquí aparece uno de los elementos más importantes de toda esta secuencia.

 

Marco Rubio declaró públicamente que quienes hoy gobiernan Cuba no tienen capacidad para producir los cambios que necesita el país. Esa afirmación modifica completamente el sentido de la política estadounidense actual. Implica que Washington ya no cree en una reforma gradual administrada por la actual estructura de poder.

 

La discusión parece haber cambiado.

 

Ya no se trata de cuáles son las condiciones de Washington. Las condiciones llevan meses siendo expuestas públicamente:

alejamiento de actores hostiles a Estados Unidos,

transformaciones políticas reales,

reducción del control militar sobre la economía,

apertura institucional,

y reorganización del poder.

Tampoco parece tratarse de una negociación abierta sobre si habrá cambios o no.

 

Todo indica que Ratcliffe no viajó a La Habana para preguntar qué desea hacer el régimen cubano. La visita parece haber tenido otro propósito: comunicar directamente que las condiciones ya fueron definidas por Donald Trump y Marco Rubio y que el tiempo para aceptarlas podría estar reduciéndose rápidamente.

 

La verdadera discusión parece ser ahora: cómo se implementarán esos cambios, quién los administrará,y cuánto margen queda antes de que la situación se vuelva incontrolable. 

 

Y Washington ya tiene las respuestas a esas consideraciones.

 

Y aquí la experiencia venezolana resulta fundamental.

La experiencia venezolana resulta clave para entender el significado político de la presencia de Ratcliffe en La Habana. En Venezuela, Trump, Rubio y Ratcliffe ya dejaron claro que Washington no pretendía limitarse a observar una transición desde la distancia. La política pública anunciada allí habló abiertamente de estabilización, supervisión y control del proceso para evitar caos, violencia o colapso institucional.

 

Trump incluso declaró públicamente, refiriéndose a Venezuela:

“We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.”

 

Rubio habló después de fases de estabilización y recuperación bajo supervisión estadounidense. Y Ratcliffe formó parte visible de ese núcleo estratégico.

 

Por eso su presencia en La Habana tiene un enorme significado político.

Washington probablemente llegó a una conclusión simple: permitir que el deterioro cubano siga avanzando sin control puede conducir al caos, violencia, corrupción interna, fracturas dentro del aparato estatal o una explosión social imposible de manejar.

 

Y existe además otro factor decisivo: Florida.

El exilio cubano tiene un peso político enorme dentro del Partido Republicano y en la política estadounidense en general. Una masacre televisada en Cuba tendría consecuencias políticas inmediatas para cualquier administración estadounidense, especialmente para Trump y Rubio.

Washington probablemente no quiere una intervención militar abierta. Pero tampoco parece dispuesto a tolerar indefinidamente un deterioro que termine en colapso violento a 90 millas de sus costas.

Por eso la visita de Ratcliffe puede interpretarse como algo mucho más serio que una misión diplomática convencional.

 

La presencia pública del director de la CIA en La Habana parece indicar que Washington considera que el tiempo de los mensajes indirectos ya terminó.

Ratcliffe no parece haber llegado para abrir conversaciones abstractas sobre el futuro de Cuba. Las condiciones ya fueron anunciadas públicamente. Las sanciones ya están golpeando al núcleo económico del sistema. El aislamiento internacional aumenta. Incluso gobiernos tradicionalmente cercanos a La Habana muestran crecientes límites para seguir sosteniendo económicamente al régimen.

La visita parece haber tenido un objetivo mucho más concreto:

hablar de tiempos, implementación, estabilidad, riesgos y consecuencias.

Tal vez nunca sepamos exactamente qué se dijo dentro de esas reuniones. Pero las señales públicas acumuladas apuntan hacia una conclusión difícil de ignorar:

Washington parece actuar bajo la premisa de que el actual modelo cubano ha entrado en una fase irreversible de agotamiento.

 

La visita de Ratcliffe a La Habana pudo haber sido el momento en que Washington dejó claro a la cúpula cubana que el debate ya no gira alrededor de si habrá cambios, sino alrededor de quién los ejecutará, bajo qué condiciones y cuánto tiempo queda para evitar que los acontecimientos se salgan completamente de control.

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