Mordaza para quien defiende la libertad de expresión
Este viernes, en el marco de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, se producirá un debate decisivo para el futuro de las garantías de derechos humanos en toda la región.
Un grupo de naciones, lideradas por Ecuador, pretenden “reformar” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El supuesto propósito de estas reformas sería “fortalecer” las garantías de derechos humanos. Sin embargo, si fueran implementadas, debilitarían gravemente a la Comisión y facilitarían que los Gobiernos puedan ignorar derechos fundamentales y limitar la libertad de expresión.
Como presidente de Colombia entre 1990 y 1994, he sido testigo de lo difícil que es para las instituciones nacionales evolucionar y ser reformadas cuando no existen presiones externas. Como secretario general de la OEA entre 1994 y 2004 tuve la oportunidad de comprobar personalmente la enorme eficacia de la Comisión Interamericana para presionar a los Estados cuando necesitaban ayuda para avanzar en materia de derechos humanos.
La comisión ha desempeñado un papel clave en la defensa de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Ha exigido que se garantice la transparencia e imparcialidad en las elecciones y, con el mismo nivel de importancia, ha actuado cuando algunos gobiernos pretendieron socavar la independencia judicial o la libertad de expresión. Una democracia genuina depende de la existencia de frenos y contrapesos y de la libertad de prensa.
Las reformas que se impulsan actualmente cercenarían gravemente la autonomía que ha sido clave para el éxito de la Comisión Interamericana. Por ejemplo, una de las propuestas limitaría el financiamiento de la comisión impidiendo que obtenga fondos de fuentes externas a la región. Actualmente, el 30% del presupuesto de la comisión proviene de Europa.
Esta medida tendría un efecto devastador, especialmente para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que durante años ha encabezado la lucha por la libertad de prensa en la región, y se ha opuesto constantemente a aquellos gobiernos que no creen en la libre expresión. La Relatoría podría perder prácticamente la totalidad de su financiamiento, lo cual haría más fácil para los gobiernos procesar penalmente a sus críticos, aplicar la censura y cerrar medios independientes.
Otra de las reformas propuestas impediría a los Estados que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos postular candidatos a la comisión. Esta medida pareciera apuntar a que se limite la participación de Estados Unidos y Canadá, que no han ratificado la Convención, pero son igualmente supervisados por la comisión y, sobre todo, son fuentes fundamentales de apoyo financiero y político para el trabajo de la comisión.
Nuestra región ha logrado avances notables para los derechos humanos desde los días nefastos de la Guerra Fría. Casi todas las dictaduras de la región han sido reemplazadas por Gobiernos democráticos. Sin embargo, en ocasiones estas democracias han ido contra la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. El sistema interamericano de derechos humanos es el mecanismo más idóneo con que contamos actualmente para asegurar que los Gobiernos de las Américas efectivamente protejan estos derechos y libertades públicas.
Hasta hoy, solo unos pocos países se han sumado a los insistentes esfuerzos de Ecuador para debilitar nuestro sistema regional de derechos humanos. Ha llegado el momento de que los Gobiernos que tienen un compromiso genuino con los derechos humanos y la democracia defiendan a la Comisión y pongan fin a esta campaña dañina.
César Gaviria Trujillo es expresidente de Colombia y exsecretario general de la OEA.
Un grupo de naciones, lideradas por Ecuador, pretenden “reformar” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El supuesto propósito de estas reformas sería “fortalecer” las garantías de derechos humanos. Sin embargo, si fueran implementadas, debilitarían gravemente a la Comisión y facilitarían que los Gobiernos puedan ignorar derechos fundamentales y limitar la libertad de expresión.
Como presidente de Colombia entre 1990 y 1994, he sido testigo de lo difícil que es para las instituciones nacionales evolucionar y ser reformadas cuando no existen presiones externas. Como secretario general de la OEA entre 1994 y 2004 tuve la oportunidad de comprobar personalmente la enorme eficacia de la Comisión Interamericana para presionar a los Estados cuando necesitaban ayuda para avanzar en materia de derechos humanos.
La comisión ha desempeñado un papel clave en la defensa de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Ha exigido que se garantice la transparencia e imparcialidad en las elecciones y, con el mismo nivel de importancia, ha actuado cuando algunos gobiernos pretendieron socavar la independencia judicial o la libertad de expresión. Una democracia genuina depende de la existencia de frenos y contrapesos y de la libertad de prensa.
Las reformas que se impulsan actualmente cercenarían gravemente la autonomía que ha sido clave para el éxito de la Comisión Interamericana. Por ejemplo, una de las propuestas limitaría el financiamiento de la comisión impidiendo que obtenga fondos de fuentes externas a la región. Actualmente, el 30% del presupuesto de la comisión proviene de Europa.
Esta medida tendría un efecto devastador, especialmente para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que durante años ha encabezado la lucha por la libertad de prensa en la región, y se ha opuesto constantemente a aquellos gobiernos que no creen en la libre expresión. La Relatoría podría perder prácticamente la totalidad de su financiamiento, lo cual haría más fácil para los gobiernos procesar penalmente a sus críticos, aplicar la censura y cerrar medios independientes.
Otra de las reformas propuestas impediría a los Estados que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos postular candidatos a la comisión. Esta medida pareciera apuntar a que se limite la participación de Estados Unidos y Canadá, que no han ratificado la Convención, pero son igualmente supervisados por la comisión y, sobre todo, son fuentes fundamentales de apoyo financiero y político para el trabajo de la comisión.
Nuestra región ha logrado avances notables para los derechos humanos desde los días nefastos de la Guerra Fría. Casi todas las dictaduras de la región han sido reemplazadas por Gobiernos democráticos. Sin embargo, en ocasiones estas democracias han ido contra la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. El sistema interamericano de derechos humanos es el mecanismo más idóneo con que contamos actualmente para asegurar que los Gobiernos de las Américas efectivamente protejan estos derechos y libertades públicas.
Hasta hoy, solo unos pocos países se han sumado a los insistentes esfuerzos de Ecuador para debilitar nuestro sistema regional de derechos humanos. Ha llegado el momento de que los Gobiernos que tienen un compromiso genuino con los derechos humanos y la democracia defiendan a la Comisión y pongan fin a esta campaña dañina.
César Gaviria Trujillo es expresidente de Colombia y exsecretario general de la OEA.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por The Washington Post. (La Nación, Costa Rica)
