Huber Matos Araluce, San Jose, Costa RicaEl régimen castrista y la economía de la
supervivencia: petróleo, intermediación opaca y dinero ilícito
Cuba —la nación, su
pueblo y su historia— no es responsable del sistema que hoy la mantiene
empobrecida y al borde del colapso. El desastre económico, humanitario y
demográfico que vive la isla es consecuencia directa de un régimen autoritario
que, durante décadas, ha sustituido la productividad, la legitimidad política y
la soberanía económica por la dependencia externa, la represión interna y la
opacidad financiera.
La dictadura castrista
ha sobrevivido no gracias a reformas reales ni a eficiencia económica, sino
mediante un modelo de subsidios políticos, la exportación de servicios de
control y represion, y —cada vez con mayor claridad— la utilización indirecta
de recursos provenientes del petróleo venezolano sancionado y de flujos
financieros ilícitos asociados al narcotráfico.
Venezuela: petróleo para sostener al régimen,
no al país
Desde 1999, la alianza
entre las dictaduras chavista y castrista no ha beneficiado a los pueblos
cubano y venezolano, sino a sus respectivos aparatos de poder. El acuerdo fue
explícito y funcional:
El régimen castrista
aportaría inteligencia, asesoramiento en control social y estructuras de
contrainteligencia.
El régimen venezolano
suministraría petróleo altamente subsidiado, durante años en volúmenes que
llegaron a superar los 100.000 barriles diarios, un poco más del 70% del
consumo nacional en Cuba.
Con el colapso de la
producción venezolana, el flujo petrolero se redujo de forma drástica, pero la
relación no se rompió; se transformó. El apoyo dejó de basarse exclusivamente
en el suministro energético regular y pasó a sostenerse en mecanismos
financieros opacos y compensaciones políticas.
Investigaciones
judiciales en Estados Unidos y testimonios de exfuncionarios venezolanos han
documentado la participación de altos niveles del régimen de Nicolás Maduro en
redes de narcotráfico internacional, utilizando estructuras estatales para
facilitar rutas, protección y lavado de activos. Parte de esos recursos no se
limita al enriquecimiento personal del grupo en el poder: sirve para sostener
alianzas estratégicas, entre ellas la que mantiene en pie al régimen castrista.
El razonamiento es
difícil de eludir:
La dictadura castrista
no paga el petróleo venezolano a precios de mercado.
No dispone de divisas
suficientes para hacerlo.
Sin embargo, mantiene
una presencia decisiva de inteligencia y seguridad y represión en Venezuela,
considerada vital para la supervivencia del régimen chavista.
El papel del régimen castrista como
intermediario petrolero
Un aspecto aún poco
abordado por la prensa internacional es la función del aparato estatal cubano
como intermediario informal en la comercialización del petróleo venezolano
sancionado.
Diversas fuentes del
sector energético y del ámbito de cumplimiento de sanciones han señalado patrones
consistentes:
Cargamentos de crudo
venezolano que llegan a Cuba no siempre se destinan íntegramente al consumo
interno.
Parte del petróleo es
reexportado, mezclado o redistribuido mediante esquemas de difícil
trazabilidad.
Se emplean empresas
pantalla, cambios de bandera y triangulación logística para diluir el origen
del crudo y reducir la exposición a sanciones.
En este entramado, el
régimen castrista no actúa como un Estado soberano normal, sino como operador
político y logístico:
Facilita la colocación
del crudo venezolano en mercados secundarios.
Reduce el impacto
práctico de las sanciones internacionales.
Obtiene a cambio
combustible, divisas o garantías para la continuidad de su aparato represivo.
Nada de este esquema
beneficia al ciudadano cubano común, que sigue enfrentando apagones
prolongados, escasez de alimentos, colapso sanitario y deterioro acelerado de
los servicios básicos.
México: los envíos del actual gobierno y la
falsa solidaridad
A esta ecuación se
suman los envíos realizados por el actual gobierno de México, que en los
últimos años ha actuado como proveedor energético de emergencia a través de
PEMEX, mediante cargamentos de crudo y combustibles enviados a la isla.
El gobierno mexicano
ha presentado estas operaciones como un gesto de solidaridad con el pueblo
cubano. Sin embargo, en la práctica, estos envíos no se traducen en alivio
directo para la población, sino que contribuyen a mantener operativo al aparato
estatal de una dictadura que viola de forma sistemática los derechos humanos
del pueblo cubano.
No existe evidencia de
que este apoyo esté condicionado a mejoras en libertades civiles, liberación de
presos políticos o reformas económicas reales. Por el contrario, los envíos
energéticos refuerzan la capacidad del régimen para sostener su sistema de
control político y represión interna.
Resulta además
legítimo plantear —aunque no pueda probarse de manera concluyente— que esta
política responde también a una lógica de reciprocidad política. Durante
décadas, el castrismo brindó respaldo ideológico, asesoría y apoyo a
movimientos y figuras de la izquierda latinoamericana, incluido el entorno
político del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los envíos actuales
pueden interpretarse, al menos en parte, como el pago diferido de antiguos
favores, más que como un acto genuino de ayuda humanitaria.
Este respaldo, además,
es estructuralmente frágil. PEMEX atraviesa una profunda crisis financiera y la
política energética hacia la dictadura castrsita genera crecientes costos internos
y externos para México. Un cambio de gobierno o una modificación en el contexto
internacional podría interrumpir estos envíos de forma abrupta, dejando en
evidencia que no constituyen una solución, sino un parche político temporal.
Un régimen que solo sobrevive en la oscuridad
El régimen castrista
actual no es viable bajo condiciones de transparencia, legalidad y economía
abierta. Su supervivencia depende de:
Petróleo subsidiado o
sancionado
Flujos financieros
fuera de los sistemas normales
Intermediación opaca
en mercados restringidos
Complicidades políticas regionales
Por ello, cualquier
interrupción sostenida del petróleo venezolano —y de los mecanismos
clandestinos que lo acompañan—, sumada a la interrupción de los envíos de
petróleo del actual gobierno de México a la dictadura en la isla, no produciría
simplemente una nueva crisis, sino el colapso funcional del régimen, no de Cuba
como nación.
Cuba pertenece a todos
los cubanos.
Lo que hoy se desmorona no es el país, sino un sistema de poder que ha
hipotecado su futuro para garantizar su propia supervivencia.
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