NI RUSIA NI CHINA NECESITAN EXCUSAS
Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica
Por qué una acción de Estados Unidos en Venezuela no legitima Ucrania ni Taiwán
La idea de que una acción de Estados Unidos en Venezuela podría servir a Rusia o a China para “justificar” sus propias agresiones estratégicas parte de una premisa errónea. Ni Moscú ni Pekín han basado jamás sus decisiones fundamentales de guerra o coerción en el comportamiento legal o ilegal de Washington en otras regiones del mundo. Ambos regímenes actúan cuando el equilibrio de poder, la oportunidad política y sus propias necesidades internas así lo dictan, no cuando encuentran precedentes convenientes en América Latina.
La trayectoria histórica de Rusia confirma esta lógica. Moscú ha utilizado de manera reiterada la supuesta “protección” de minorías rusófonas como pretexto para intervenir militarmente en Estados soberanos, independientemente de la conducta estadounidense en otros escenarios. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Abjasia y Osetia del Sur, un conflicto que dejó más de 850 muertos y cerca de 192.000 desplazados. En 2014, se anexó ilegalmente Crimea y fomentó la insurrección armada en el Donbás, una guerra que ya había causado más de 14.000 muertes antes de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022. Desde entonces, la ofensiva rusa ha provocado cientos de miles de bajas, más de seis millones de refugiados y la deportación forzada de decenas de miles de niños ucranianos, hechos documentados por Naciones Unidas y por la Corte Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin.
Esta lógica de coerción no se limita al exterior. Dentro de sus propias fronteras, el Estado ruso ha recurrido a la violencia masiva para someter a minorías consideradas desafiantes. Las dos guerras de Chechenia (1994–1996 y 1999–2009) dejaron entre 80.000 y 160.000 muertos, en su mayoría civiles, y concluyeron con la imposición de un régimen local autoritario sostenido por la represión sistemática y la lealtad personal al Kremlin. Lejos de ser una excepción, Ucrania representa la continuación de un patrón histórico de dominación por la fuerza.
China ha seguido una trayectoria comparable, basada en la expansión territorial, la asimilación forzada y la supresión sistemática de identidades no alineadas con el poder central. El Tíbet, ocupado militarmente desde 1950, ha sido sometido durante décadas a políticas de control religioso y cultural que, según estimaciones de organizaciones tibetanas y estudios académicos, han causado más de un millón de muertes. En Xinjiang, desde al menos 2017, entre uno y dos millones de uigures y otros musulmanes túrquicos han sido internados en campos de “reeducación”, sometidos a vigilancia masiva, trabajos forzados y adoctrinamiento político, prácticas calificadas como crímenes contra la humanidad por múltiples parlamentos y organismos internacionales.
En Hong Kong, China violó abiertamente el tratado internacional firmado con el Reino Unido al imponer en 2020 la Ley de Seguridad Nacional. Desde entonces, más de 1.500 personas han sido detenidas por motivos políticos, los principales medios independientes han sido cerrados y la oposición democrática ha sido prácticamente eliminada, sin que mediara provocación militar ni legal alguna por parte de actores externos.
Estos hechos desmontan de forma concluyente la noción de que una operación estadounidense en Venezuela pueda servir de “excusa” a Moscú o Pekín. Rusia y China no buscan legitimaciones externas para actuar: actúan cuando perciben debilidad, oportunidad o impunidad. Vincular sus agresiones en Ucrania o Taiwán a decisiones tomadas por Washington en América Latina ignora décadas de conducta consistente y proyecta una sensibilidad jurídica que estos regímenes nunca han demostrado.
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