LA OEA: ¿UNA RESPUESTA PARA AMÉRICA O UNA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMÁTICOS?
LA OEA: ¿UNA RESPUESTA PARA AMÉRICA O UNA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMÁTICOS?
Por Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
La decisión de la Organización de Estados Americanos de convocar una reunión extraordinaria para analizar la situación de Nicaragua debería servir para discutir algo mucho más importante que las nuevas maniobras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la oposición.
La cuestión fundamental es si la OEA está preparada para defender a las democracias americanas frente a las amenazas del siglo XXI.
El mundo ha cambiado. Rusia, China e Irán buscan ampliar su presencia e influencia en América Latina. Sus intereses y métodos son diferentes, pero los tres comprenden la importancia estratégica de nuestro continente y procuran aumentar aquí su influencia política, económica, tecnológica y, en determinados casos, militar y de inteligencia.
En este escenario, la existencia de dictaduras latinoamericanas adquiere una dimensión geopolítica que la OEA no puede ignorar.
Una democracia cuenta con oposición, prensa independiente, elecciones competitivas e instituciones fiscalizadoras. Una dictadura elimina esos contrapesos y puede establecer acuerdos estratégicos, comprometer recursos nacionales o ampliar relaciones militares y de inteligencia sin responder ante instituciones independientes.
Cuba constituye un antecedente histórico. Fidel Castro no se conformó con imponer una dictadura en la Isla. Su régimen apoyó y entrenó movimientos guerrilleros que pretendían conquistar el poder en otros países y convirtió su alianza con la Unión Soviética en un factor de confrontación hemisférica.
Pero la penetración castrista tampoco se limitó a las guerrillas. Llegó hasta algunas de las instituciones más sensibles de Estados Unidos.
Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa, trabajó para la inteligencia cubana y fue condenada a 25 años de prisión. Víctor Manuel Rocha ocupó importantes posiciones en el Departamento de Estado, integró el Consejo de Seguridad Nacional y fue embajador en Bolivia. En 2024 admitió haber actuado durante décadas como agente del régimen cubano y fue condenado a 15 años.
Y no hablamos solamente del pasado. En agosto de 2026, el Departamento de Estado acusó al régimen cubano de mantener una red destinada a identificar, captar y radicalizar personas en Estados Unidos.
Si la inteligencia castrista logró penetrar durante décadas instituciones de un país con enormes recursos de contrainteligencia, es razonable preguntarse hasta dónde habrá podido llegar en otras naciones del continente con recursos mucho más limitados.
Hugo Chávez demostró después que la influencia autoritaria tampoco necesitaba depender de guerrillas. Llegó al poder mediante elecciones y encontró en Fidel Castro un aliado fundamental. La cooperación política, el asesoramiento en represión e inteligencia y la protección recíproca ofrecían otros instrumentos. Daniel Ortega forma parte de esa historia: regresó al poder mediante elecciones y posteriormente desmontó los controles democráticos que podían limitarlo.
Pero las dictaduras exportan inestabilidad de otras maneras.
El narcotráfico representa una amenaza directa a la democracia. Para expandirse necesita corromper funcionarios, penetrar policías y fuerzas armadas, comprar protección, intimidar jueces y fiscales, lavar dinero e influir sobre estructuras políticas.
Cuando las organizaciones criminales acumulan poder aparecen territorios dominados por grupos violentos, extorsiones, secuestros y asesinatos. Si el Estado democrático parece incapaz de proteger a la población y evitar que sus funcionarios sean comprados, comienza a deteriorarse la confianza ciudadana en la propia democracia. El narcotráfico deja entonces de ser solamente un problema criminal para convertirse también en una amenaza política.
La represión también atraviesa fronteras: opositores de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido víctimas de asesinatos o atentados después de refugiarse en otros países. Cuando una dictadura persigue a sus adversarios fuera de su territorio, deja de ser un problema interno y se convierte en una amenaza a la soberanía y seguridad de otras naciones.
Finalmente están las migraciones. Cuando la represión y el fracaso económico obligan a cientos de miles o millones de personas a abandonar su patria, otras naciones terminan soportando parte de las consecuencias económicas y sociales.
Penetración de potencias autoritarias extracontinentales, espionaje e influencia, narcotráfico, corrupción, violencia, represión transnacional y migraciones demuestran una misma realidad: la ausencia de democracia en una nación puede convertirse en un factor de inestabilidad para las demás.
Defender la democracia ya no es solamente una obligación moral. Es también una cuestión de seguridad colectiva.
Aquí la OEA debe responder una pregunta: ¿está preparada para las necesidades reales del continente o continuará siendo fundamentalmente una organización de diplomáticos que discuten y aprueban resoluciones mientras los problemas se agravan?
Nicaragua demuestra la contradicción. No fue Nicaragua la que decidió abandonar la OEA. Fue el régimen de Ortega y Murillo el que retiró al país después de que el organismo cuestionara las elecciones de 2021 y la destrucción del orden democrático.
Ningún gobierno debería poder asumir compromisos democráticos, violarlos sistemáticamente y después retirar al país de la OEA para escapar del escrutinio regional. Sería premiar al infractor.
La OEA necesita instrumentos adecuados a una realidad en la que la destrucción de la democracia puede amenazar la seguridad y estabilidad de otros Estados.
Ortega y Murillo pudieron retirar a Nicaragua de la OEA. No pueden retirar a Nicaragua de América.
Defender la democracia de cada nación es también defender la seguridad de todas.
La OEA tiene que decidir qué quiere ser: un foro donde los gobiernos discuten los problemas de América o una organización capaz de contribuir efectivamente a resolverlos.
THE OAS: AN ANSWER FOR THE AMERICAS OR AN ORGANIZATION OF DIPLOMATS?
By Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
The decision by the Organization of American States to convene an extraordinary meeting to examine the situation in Nicaragua should serve to discuss something far more important than the latest maneuvers by the regime of Daniel Ortega and Rosario Murillo against the opposition.
The fundamental question is whether the OAS is prepared to defend the democracies of the Americas against the threats of the twenty-first century.
The world has changed. Russia, China and Iran seek to expand their presence and influence in Latin America. Their interests and methods differ, but all three understand the strategic importance of our continent and seek to increase their political, economic, technological and, in certain cases, military and intelligence influence here.
In this environment, the existence of Latin American dictatorships acquires a geopolitical dimension that the OAS cannot ignore.
A democracy has an opposition, an independent press, competitive elections and institutions that provide oversight. A dictatorship eliminates those checks and balances and can enter into strategic agreements, commit national resources or expand military and intelligence relationships without being accountable to independent institutions.
Cuba provides a historical precedent. Fidel Castro was not satisfied with imposing a dictatorship on the Island. His regime supported and trained guerrilla movements that sought to seize power in other countries and turned its alliance with the Soviet Union into a source of hemispheric confrontation.
But Castro's penetration was not limited to guerrilla movements. It reached some of the most sensitive institutions of the United States.
Ana Belén Montes, an analyst at the Defense Intelligence Agency, worked for Cuban intelligence and was sentenced to 25 years in prison. Víctor Manuel Rocha held important positions in the State Department, served on the National Security Council and was U.S. ambassador to Bolivia. In 2024 he admitted that he had secretly acted for decades as an agent of the Cuban regime and was sentenced to 15 years in prison.
And we are not talking only about the past. In August 2026, the State Department accused the Cuban regime of maintaining a network designed to identify, recruit and radicalize people in the United States.
If Castro's intelligence services were able for decades to penetrate institutions of a country with enormous counterintelligence resources, it is reasonable to ask how far that penetration may have gone in other nations of the hemisphere with much more limited capabilities.
Hugo Chávez later demonstrated that authoritarian influence no longer needed to depend on guerrillas. He came to power through elections and found a fundamental ally in Fidel Castro. Political cooperation, advice on repression and intelligence, and mutual protection provided other instruments. Daniel Ortega is part of that history: he returned to power through elections and later dismantled the democratic checks that could limit him.
But dictatorships export instability in other ways.
Drug trafficking represents a direct threat to democracy. To expand, it needs to corrupt public officials, penetrate police and armed forces, purchase protection, intimidate judges and prosecutors, launder money and influence political structures.
When criminal organizations accumulate power, territories dominated by violent groups, extortion, kidnapping and murder appear. If a democratic state seems unable to protect its population and prevent its officials from being bought, public confidence in democracy itself begins to deteriorate. Drug trafficking then ceases to be merely a criminal problem and becomes a political threat as well.
Repression also crosses borders: opponents of the dictatorships in Cuba, Nicaragua and Venezuela have been victims of killings or attacks after seeking refuge in other countries. When a dictatorship persecutes its adversaries beyond its territory, it ceases to be an internal problem and becomes a threat to the sovereignty and security of other nations.
Finally, there is migration. When repression and economic failure force hundreds of thousands or millions of people to leave their homeland, other countries end up bearing part of the economic and social consequences.
Penetration by extra-hemispheric authoritarian powers, espionage and influence operations, drug trafficking, corruption, violence, transnational repression and migration all demonstrate the same reality: the absence of democracy in one nation can become a source of instability for others.
Defending democracy is no longer merely a moral obligation. It is also a matter of collective security.
The OAS must therefore answer a question: is it prepared to meet the real needs of the continent, or will it remain fundamentally an organization of diplomats who debate and approve resolutions while problems continue to worsen?
Nicaragua demonstrates the contradiction. It was not Nicaragua that decided to leave the OAS. It was the Ortega-Murillo regime that withdrew the country after the organization questioned the 2021 elections and the destruction of democratic order.
No government should be able to assume democratic commitments, systematically violate them and then withdraw the country from the OAS to escape regional scrutiny. That would reward the offender.
The OAS needs instruments suited to a reality in which the destruction of democracy can threaten the security and stability of other states.
Ortega and Murillo were able to withdraw Nicaragua from the OAS. They cannot remove Nicaragua from the Americas.
Defending the democracy of each nation is also defending the security of them all.
The OAS must decide what it wants to be: a forum where governments discuss the problems of the Americas or an organization capable of contributing effectively to solving them.
L’OEA : UNE RÉPONSE POUR LES AMÉRIQUES OU UNE ORGANISATION DE DIPLOMATES ?
Par Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
La décision de l’Organisation des États américains de convoquer une réunion extraordinaire pour examiner la situation au Nicaragua devrait permettre de discuter d’une question bien plus importante que les nouvelles manœuvres du régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo contre l’opposition.
La question fondamentale est de savoir si l’OEA est prête à défendre les démocraties des Amériques face aux menaces du XXIe siècle.
Le monde a changé. La Russie, la Chine et l’Iran cherchent à accroître leur présence et leur influence en Amérique latine. Leurs intérêts et leurs méthodes sont différents, mais tous trois comprennent l’importance stratégique de notre continent et cherchent à y renforcer leur influence politique, économique, technologique et, dans certains cas, militaire et de renseignement.
Dans ce contexte, l’existence de dictatures latino-américaines acquiert une dimension géopolitique que l’OEA ne peut ignorer.
Une démocratie dispose d’une opposition, d’une presse indépendante, d’élections compétitives et d’institutions de contrôle. Une dictature élimine ces contre-pouvoirs et peut conclure des accords stratégiques, engager des ressources nationales ou développer des relations militaires et de renseignement sans avoir à rendre de comptes à des institutions indépendantes.
Cuba constitue un précédent historique. Fidel Castro ne s’est pas contenté d’imposer une dictature sur l’île. Son régime a soutenu et entraîné des mouvements de guérilla qui cherchaient à prendre le pouvoir dans d’autres pays et a transformé son alliance avec l’Union soviétique en facteur de confrontation dans l’hémisphère.
Mais la pénétration castriste ne s’est pas limitée aux guérillas. Elle a atteint certaines des institutions les plus sensibles des États-Unis.
Ana Belén Montes, analyste à la Defense Intelligence Agency, a travaillé pour les services de renseignement cubains et a été condamnée à 25 ans de prison. Víctor Manuel Rocha a occupé d’importantes fonctions au Département d’État, a siégé au Conseil de sécurité nationale et a été ambassadeur des États-Unis en Bolivie. En 2024, il a reconnu avoir secrètement agi pendant des décennies comme agent du régime cubain et a été condamné à 15 ans de prison.
Et il ne s’agit pas seulement du passé. En août 2026, le Département d’État a accusé le régime cubain de maintenir aux États-Unis un réseau destiné à identifier, recruter et radicaliser des personnes.
Si les services de renseignement castristes ont réussi pendant des décennies à pénétrer les institutions d’un pays disposant d’énormes moyens de contre-espionnage, il est raisonnable de se demander jusqu’où cette pénétration a pu aller dans d’autres nations du continent disposant de ressources beaucoup plus limitées.
Hugo Chávez a ensuite démontré que l’influence autoritaire n’avait plus besoin de dépendre des guérillas. Il est arrivé au pouvoir par les élections et a trouvé en Fidel Castro un allié fondamental. La coopération politique, les conseils en matière de répression et de renseignement ainsi que la protection réciproque offraient d’autres instruments. Daniel Ortega fait partie de cette histoire : il est revenu au pouvoir par les élections avant de démanteler progressivement les contrôles démocratiques susceptibles de limiter son pouvoir.
Mais les dictatures exportent aussi l’instabilité d’autres manières.
Le narcotrafic représente une menace directe pour la démocratie. Pour se développer, il doit corrompre des fonctionnaires, infiltrer la police et les forces armées, acheter des protections, intimider les juges et les procureurs, blanchir de l’argent et influencer les structures politiques.
Lorsque les organisations criminelles accumulent du pouvoir, apparaissent des territoires dominés par des groupes violents, les extorsions, les enlèvements et les assassinats. Si l’État démocratique semble incapable de protéger la population et d’empêcher l’achat de ses fonctionnaires, la confiance des citoyens dans la démocratie elle-même commence à se détériorer. Le narcotrafic cesse alors d’être uniquement un problème criminel et devient également une menace politique.
La répression franchit elle aussi les frontières : des opposants aux dictatures de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela ont été victimes d’assassinats ou d’attentats après s’être réfugiés dans d’autres pays. Lorsqu’une dictature poursuit ses adversaires hors de son territoire, elle cesse d’être un problème interne et devient une menace pour la souveraineté et la sécurité d’autres nations.
Enfin viennent les migrations. Lorsque la répression et l’échec économique obligent des centaines de milliers ou des millions de personnes à abandonner leur patrie, d’autres nations finissent par supporter une partie des conséquences économiques et sociales.
Pénétration de puissances autoritaires extra-continentales, espionnage et influence, narcotrafic, corruption, violence, répression transnationale et migrations démontrent une même réalité : l’absence de démocratie dans une nation peut devenir un facteur d’instabilité pour les autres.
Défendre la démocratie n’est donc plus seulement une obligation morale. C’est aussi une question de sécurité collective.
L’OEA doit répondre à une question : est-elle prête à répondre aux besoins réels du continent ou restera-t-elle fondamentalement une organisation de diplomates qui débattent et adoptent des résolutions tandis que les problèmes continuent de s’aggraver ?
Le Nicaragua illustre cette contradiction. Ce n’est pas le Nicaragua qui a décidé de quitter l’OEA. C’est le régime d’Ortega et Murillo qui a retiré le pays après que l’organisation eut remis en cause les élections de 2021 et dénoncé la destruction de l’ordre démocratique.
Aucun gouvernement ne devrait pouvoir assumer des engagements démocratiques, les violer systématiquement puis retirer son pays de l’OEA afin d’échapper au contrôle régional. Ce serait récompenser le contrevenant.
L’OEA a besoin d’instruments adaptés à une réalité dans laquelle la destruction de la démocratie peut menacer la sécurité et la stabilité d’autres États.
Ortega et Murillo ont pu retirer le Nicaragua de l’OEA. Ils ne peuvent pas retirer le Nicaragua des Amériques.
Défendre la démocratie de chaque nation, c’est aussi défendre la sécurité de toutes.
L’OEA doit décider ce qu’elle veut être : un forum où les gouvernements discutent des problèmes des Amériques ou une organisation capable de contribuer efficacement à leur résolution.
L’OSA: UNA RISPOSTA PER LE AMERICHE O UN’ORGANIZZAZIONE DI DIPLOMATICI?
Di Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
La decisione dell’Organizzazione degli Stati Americani di convocare una riunione straordinaria per analizzare la situazione in Nicaragua dovrebbe servire a discutere qualcosa di molto più importante delle nuove manovre del regime di Daniel Ortega e Rosario Murillo contro l’opposizione.
La questione fondamentale è se l’OSA sia preparata a difendere le democrazie delle Americhe dalle minacce del XXI secolo.
Il mondo è cambiato. Russia, Cina e Iran cercano di ampliare la loro presenza e influenza in America Latina. I loro interessi e metodi sono diversi, ma tutti e tre comprendono l’importanza strategica del nostro continente e cercano di aumentare qui la propria influenza politica, economica, tecnologica e, in determinati casi, militare e di intelligence.
In questo scenario, l’esistenza di dittature latinoamericane assume una dimensione geopolitica che l’OSA non può ignorare.
Una democrazia dispone di opposizione, stampa indipendente, elezioni competitive e istituzioni di controllo. Una dittatura elimina questi contrappesi e può concludere accordi strategici, impegnare risorse nazionali o ampliare relazioni militari e di intelligence senza dover rispondere a istituzioni indipendenti.
Cuba costituisce un precedente storico. Fidel Castro non si accontentò di imporre una dittatura sull’Isola. Il suo regime sostenne e addestrò movimenti guerriglieri che cercavano di conquistare il potere in altri paesi e trasformò la propria alleanza con l’Unione Sovietica in un fattore di confronto nell’emisfero.
Ma la penetrazione castrista non si limitò alle guerriglie. Raggiunse alcune delle istituzioni più sensibili degli Stati Uniti.
Ana Belén Montes, analista della Defense Intelligence Agency, lavorò per l’intelligence cubana e fu condannata a 25 anni di carcere. Víctor Manuel Rocha ricoprì importanti incarichi nel Dipartimento di Stato, fece parte del Consiglio di Sicurezza Nazionale e fu ambasciatore degli Stati Uniti in Bolivia. Nel 2024 ammise di aver agito segretamente per decenni come agente del regime cubano e fu condannato a 15 anni di carcere.
E non stiamo parlando soltanto del passato. Nell’agosto 2026, il Dipartimento di Stato accusò il regime cubano di mantenere negli Stati Uniti una rete destinata a identificare, reclutare e radicalizzare persone.
Se l’intelligence castrista è riuscita per decenni a penetrare le istituzioni di un paese dotato di enormi risorse di controspionaggio, è ragionevole chiedersi fino a che punto tale penetrazione possa essere arrivata in altre nazioni del continente con risorse molto più limitate.
Hugo Chávez dimostrò successivamente che l’influenza autoritaria non aveva più bisogno di dipendere dalle guerriglie. Arrivò al potere attraverso le elezioni e trovò in Fidel Castro un alleato fondamentale. La cooperazione politica, la consulenza nella repressione e nell’intelligence e la protezione reciproca offrivano altri strumenti. Daniel Ortega fa parte di questa storia: tornò al potere attraverso le elezioni e successivamente smantellò i controlli democratici che potevano limitarlo.
Ma le dittature esportano instabilità anche in altri modi.
Il narcotraffico rappresenta una minaccia diretta alla democrazia. Per espandersi deve corrompere funzionari, infiltrare polizia e forze armate, comprare protezione, intimidire giudici e procuratori, riciclare denaro e influenzare le strutture politiche.
Quando le organizzazioni criminali accumulano potere compaiono territori dominati da gruppi violenti, estorsioni, sequestri e omicidi. Se lo Stato democratico appare incapace di proteggere la popolazione e impedire che i suoi funzionari vengano comprati, la fiducia dei cittadini nella democrazia stessa comincia a deteriorarsi. Il narcotraffico smette allora di essere soltanto un problema criminale e diventa anche una minaccia politica.
Anche la repressione attraversa le frontiere: oppositori delle dittature di Cuba, Nicaragua e Venezuela sono stati vittime di omicidi o attentati dopo essersi rifugiati in altri paesi. Quando una dittatura perseguita i propri avversari fuori dal suo territorio, cessa di essere un problema interno e diventa una minaccia alla sovranità e alla sicurezza di altre nazioni.
Infine ci sono le migrazioni. Quando la repressione e il fallimento economico costringono centinaia di migliaia o milioni di persone ad abbandonare la propria patria, altre nazioni finiscono per sostenere parte delle conseguenze economiche e sociali.
Penetrazione di potenze autoritarie extracontinentali, spionaggio e influenza, narcotraffico, corruzione, violenza, repressione transnazionale e migrazioni dimostrano una stessa realtà: l’assenza di democrazia in una nazione può trasformarsi in un fattore di instabilità per le altre.
Difendere la democrazia non è più soltanto un obbligo morale. È anche una questione di sicurezza collettiva.
L’OSA deve quindi rispondere a una domanda: è preparata a rispondere alle reali necessità del continente oppure continuerà a essere fondamentalmente un’organizzazione di diplomatici che discutono e approvano risoluzioni mentre i problemi continuano ad aggravarsi?
Il Nicaragua dimostra la contraddizione. Non è stato il Nicaragua a decidere di abbandonare l’OSA. È stato il regime di Ortega e Murillo a ritirare il paese dopo che l’organizzazione aveva messo in discussione le elezioni del 2021 e la distruzione dell’ordine democratico.
Nessun governo dovrebbe poter assumere impegni democratici, violarli sistematicamente e poi ritirare il proprio paese dall’OSA per sfuggire al controllo regionale. Significherebbe premiare il trasgressore.
L’OSA ha bisogno di strumenti adeguati a una realtà nella quale la distruzione della democrazia può minacciare la sicurezza e la stabilità di altri Stati.
Ortega e Murillo hanno potuto ritirare il Nicaragua dall’OSA. Non possono ritirare il Nicaragua dalle Americhe.
Difendere la democrazia di ogni nazione significa anche difendere la sicurezza di tutte.
L’OSA deve decidere che cosa vuole essere: un forum nel quale i governi discutono i problemi delle Americhe oppure un’organizzazione capace di contribuire efficacemente a risolverli.
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