CUANDO LA AYUDA HUMANITARIA ES COMPLICIDAD POLÍTICA

 Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Cuando se habla de ayuda humanitaria real, hay un elemento que no admite manipulación: el volumen. En una crisis como la de Gaza, con una población aproximada de 2.2 millones de personas, organismos internacionales estiman que se necesitan alrededor de 62,000 toneladas de alimentos al mes para sostener a la población. Esa cifra se basa en estándares humanitarios como los del Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Proyecto Esfera, que establecen un mínimo de 2,100 calorías diarias por persona para garantizar la supervivencia.

Eso es ayuda humanitaria auténtica.

 

Ahora bien, comparemos. Cuba tiene hoy una población estimada cercana a los 9 millones de habitantes, tras años de emigración masiva. Bajo esos mismos estándares internacionales, necesitaría alrededor de 131,000 toneladas de alimentos al mes para cubrir un mínimo de supervivencia. Sin embargo, la ayuda internacional confirmada que ha llegado en los últimos meses apenas suma 2,007 toneladas en total.

No por mes.
No por semana.
En varios meses.

 

La diferencia no es menor. Es abismal.

En términos prácticos, toda esa ayuda —si se distribuyera de forma perfectamente equitativa— alcanzaría apenas para unas pocas horas de consumo nacional. No resuelve el problema, no lo mitiga y ni siquiera lo alivia de forma perceptible. Es, literalmente, insignificante frente a la escala de la crisis.

 

Y es aquí donde surge la pregunta incómoda: si esa ayuda no puede resolver el problema, entonces qué pretende realmente.

 

En el caso de México, la responsabilidad política es evidente. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y el liderazgo político del partido gobernante MORENA, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no pueden ignorar estos números. No pueden desconocer que los envíos realizados son, en términos reales, una gota en el mar frente a la magnitud de la crisis cubana. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué se busca realmente con esta ayuda? ¿Aliviar el hambre del pueblo cubano, o proyectar una imagen de solidaridad hacia un régimen aliado?

 

La misma interrogante se extiende a otros gobiernos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mantenido una postura política de cercanía con La Habana, mientras su país anuncia o promueve iniciativas de ayuda que, en términos reales, no alcanzan a cubrir ni una fracción significativa de las necesidades del pueblo cubano. ¿Se trata de una política humanitaria efectiva, o de un posicionamiento ideológico en el escenario internacional?

 

Anunciar cargamentos, organizar convoyes, desplegar visitas políticas: todo ello genera visibilidad, pero no cambia la realidad material de millones de cubanos. Cuando la ayuda no guarda proporción con la necesidad, deja de ser un instrumento humanitario y pasa a ser un gesto político.

 

Más aún, en el caso cubano, esa ayuda no llega a una población libre, sino a través de un Estado que controla su distribución. Un sistema que decide quién recibe y quién no, y que históricamente ha utilizado los recursos como mecanismo de control social.

 

Por eso, lo que estamos viendo no es simplemente ayuda insuficiente. Es algo más grave: una forma de instrumentalizar la tragedia cubana.

 

Una ayuda que no busca resolver, sino mostrar.
Que no pretende transformar, sino posicionarse.
Que no alimenta a un pueblo, sino que alimenta una narrativa.

 

Y en ese punto, la línea se vuelve clara: cuando la ayuda no cambia la realidad de quienes la necesitan, pero sí fortalece al sistema que los oprime, deja de ser ayuda.

Se convierte en complicidad política.


🇺🇸 ENGLISH

WHEN HUMANITARIAN AID BECOMES POLITICAL COMPLICITY

When discussing real humanitarian aid, there is one factor that cannot be manipulated: volume. In a crisis like Gaza, with a population of approximately 2.2 million people, international organizations estimate that around 62,000 tons of food per month are required to sustain the population. These figures are based on humanitarian standards such as those established by the World Food Programme (WFP) and the Sphere Project, which define a minimum of 2,100 calories per person per day to ensure basic survival.

 That is genuine humanitarian aid.

 

Now, let’s compare. Cuba’s population is currently estimated at around 9 million people, after years of mass emigration. Under the same international standards, the country would require approximately 131,000 tons of food per month to meet minimum survival needs. However, the total confirmed international food aid that has arrived in recent months amounts to just 2,007 tons.

Not per month.
Not per week.
Over several months.

 

The difference is not small. It is enormous.

In practical terms, even if that aid were distributed perfectly and equitably, it would only cover a few hours of national consumption. It does not solve the problem, it does not mitigate it, and it does not even provide meaningful relief. It is, quite literally, insignificant compared to the scale of the crisis.

 

This leads to an uncomfortable but necessary question: if this aid cannot solve the problem, what is its real purpose?

 

In the case of Mexico, the political responsibility is evident. The current president, Claudia Sheinbaum, along with the political leadership of the ruling party MORENA, headed by Andrés Manuel López Obrador, cannot ignore these figures. They cannot fail to recognize that the aid delivered represents, in real terms, a drop in the ocean compared to the magnitude of Cuba’s crisis. The question is unavoidable: is the goal to relieve the suffering of the Cuban people, or to project political solidarity toward an allied regime?

 

The same question applies to other governments. Brazil’s president, Luiz Inácio Lula da Silva, has maintained political alignment with Havana while promoting or announcing aid initiatives that, in reality, do not come close to addressing even a fraction of the Cuban population’s needs. Is this effective humanitarian policy, or ideological positioning on the global stage?

 

Announcing shipments, organizing convoys, staging political visits—these actions generate visibility, but they do not change the material reality of millions of Cubans. When aid is not proportional to need, it ceases to be a humanitarian tool and becomes a political gesture.

Moreover, in Cuba’s case, aid does not reach a free population but is funneled through a state that controls distribution. A system that decides who receives assistance and who does not, and that has historically used resources as a mechanism of social control.

 

What we are witnessing, therefore, is not simply insufficient aid. It is something more troubling: the instrumentalization of the Cuban tragedy.

 

Aid that does not aim to solve, but to display.
That does not seek transformation, but positioning.
That does not feed a people, but feeds a narrative.

 

And at that point, the line becomes clear: when aid does not change the reality of those in need but instead strengthens the system that oppresses them, it ceases to be aid.

It becomes political complicity.


Leer más

EL NEW YORK TIMES INFORMA SOBRE PROTESTAS EN CUBA

 


Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Un reciente reportaje del periodista José de Córdoba, publicado el 16 de marzo de 2026 en The New York Times, describe un fenómeno que podría marcar una nueva etapa en la crisis cubana: el aumento acelerado de las protestas nocturnas en varias ciudades del país.

 

Que uno de los periódicos más influyentes del mundo dedique un análisis detallado a estas manifestaciones no es un hecho menor. The New York Times no solo informa; también ayuda a establecer la agenda del debate internacional. Cuando este medio dirige su atención hacia la situación interna de Cuba, suele significar que la crisis ha alcanzado un nivel de gravedad que comienza a preocupar seriamente a gobiernos, analistas y centros de poder en el mundo.

 

El reportaje describe cómo, cada vez con mayor frecuencia, los cubanos salen a protestar después del anochecer. En muchos barrios de La Habana y otras ciudades, los ciudadanos golpean ollas y sartenes —una forma de protesta conocida como cacerolazo— para expresar su frustración por los apagones prolongados, la escasez de alimentos y el deterioro general de las condiciones de vida.

 

La noche ofrece una cierta protección. En un país donde el Estado mantiene una extensa red de vigilancia y control social, la oscuridad reduce la capacidad de identificación de los manifestantes. Los apagones, que ya son parte de la vida cotidiana de millones de cubanos, terminan convirtiéndose paradójicamente en un aliado involuntario de la protesta.

 

El episodio más dramático ocurrió en la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Según el reportaje, cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía y posteriormente atacaron la sede local del Partido Comunista de Cuba, institución que constituye el verdadero centro del poder político en el país.

 

Los manifestantes lanzaron piedras contra el edificio, subieron al segundo piso y comenzaron a arrojar documentos y muebles por las ventanas. Luego prendieron fuego a parte del mobiliario en la calle. En el momento de la protesta, la ciudad llevaba más de 30 horas sin electricidad.

 

Este detalle es significativo. Durante décadas, el régimen cubano ha logrado mantener el control político incluso en medio de profundas crisis económicas. Sin embargo, el ataque directo a una sede del Partido Comunista representa algo más que una simple protesta por los apagones. Significa que una parte de la población ha comenzado a perder el miedo a desafiar directamente a la estructura política del régimen.

 

El detonante inmediato de la crisis es la situación energética. El sistema eléctrico cubano se encuentra al borde del colapso tras décadas de falta de inversión y mantenimiento. Muchas de las plantas termoeléctricas del país tienen más de cuarenta años de antigüedad y funcionan con equipos deteriorados. Como resultado, grandes regiones del país quedan a oscuras durante largas horas casi todas las noches.

 

El gobierno cubano atribuye gran parte de la crisis a las sanciones de Estados Unidos. El reportaje señala que la situación se ha agravado después de nuevas medidas adoptadas por la administración de Donald Trump destinadas a restringir el suministro de combustible a la isla mediante sanciones contra países que envíen petróleo a Cuba.

 

Sin embargo, incluso analistas citados en el artículo reconocen que la crisis cubana tiene raíces mucho más profundas. Décadas de control estatal de la economía, la eliminación del sector privado, la falta de inversión productiva y la dependencia de subsidios externos han debilitado gravemente la capacidad económica del país.

 

Durante años, el régimen logró sobrevivir gracias a ayudas externas primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela. Pero el colapso del modelo venezolano y la crisis económica regional han reducido drásticamente esos apoyos.

 

Las cifras recopiladas por la organización de derechos humanos Cubalex muestran que las protestas están creciendo rápidamente. Según sus registros, se produjeron 31 protestas en enero, 60 en febrero y 130 en la primera mitad de marzo. Esta tendencia sugiere un aumento acelerado del malestar social en la isla.

 

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reconocido públicamente la frustración de la población, pero al mismo tiempo ha advertido que el gobierno no tolerará protestas violentas. Varias personas han sido arrestadas tras los disturbios en Morón y podrían enfrentar cargos graves como insurrección o terrorismo, acusaciones que el régimen ha utilizado en el pasado para reprimir manifestaciones.

 

Al mismo tiempo, el gobierno parece intentar aliviar parcialmente las tensiones. Las autoridades anunciaron la liberación de 51 prisioneros, entre ellos algunos activistas encarcelados en protestas anteriores. También se espera que el gobierno anuncie nuevas medidas económicas que permitirían a miembros de la diáspora cubana invertir en empresas o propiedades en la isla.

 

Estas decisiones podrían estar vinculadas a conversaciones preliminares entre La Habana y Washington. Históricamente, el régimen cubano ha utilizado liberaciones de presos políticos y reformas económicas limitadas como gestos destinados a facilitar negociaciones con Estados Unidos.

 

Sin embargo, la situación económica continúa deteriorándose rápidamente. La escasez de combustible ha reducido el transporte público, afectado la producción agrícola y paralizado gran parte del turismo. Mientras tanto, los apagones prolongados se han convertido en una experiencia cotidiana para millones de cubanos.

 

Los expertos citados en el reportaje advierten que un solo episodio violento no significa necesariamente que el sistema político esté a punto de colapsar. La historia demuestra que muchos regímenes autoritarios pueden sobrevivir durante años incluso en medio de profundas crisis económicas.

 

Pero también es cierto que las protestas nocturnas, los apagones generalizados y el aumento constante del descontento social han sido, en otros países, señales tempranas de cambios políticos importantes.

 

Hoy Cuba enfrenta una de las crisis más graves desde el colapso de la Unión Soviética. Si la situación energética continúa deteriorándose y las protestas siguen multiplicándose, el país podría estar entrando en una etapa de creciente inestabilidad cuyo desenlace aún es imposible de prever.

 


Leer más

PATRIA O MUERTE… NOS RENDIMOS


Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Durante más de seis décadas el régimen castrista construyó su legitimidad política sobre una consigna: “Patria o muerte, venceremos”.
Era el juramento de una revolución comunista que proclamaba estar dispuesta a resistir eternamente frente a Estados Unidos.

 

Hoy esa narrativa se derrumba.

El propio Miguel Díaz-Canel ha confirmado que el régimen cubano mantiene conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para resolver problemas bilaterales entre ambos países. Presentado por la propaganda oficial como un diálogo responsable entre dos naciones soberanas, el anuncio tiene en realidad un significado mucho más profundo: el sistema que prometía resistir hasta la muerte ahora busca negociar para sobrevivir.

Pero para comprender la importancia de este momento es necesario recordar una verdad histórica que durante décadas fue ocultada por la propaganda de la revolución comunista y por la prensa internacional.

 

El castrismo nunca fue un modelo económico viable.

Desde sus primeros años el régimen sobrevivió gracias a subsidios externos masivos que permitieron ocultar la ineficiencia estructural de su sistema.

Durante casi treinta años la Unión Soviética financió la economía cubana con petróleo barato, créditos blandos y precios artificialmente elevados para el azúcar cubano. Aquella transferencia de riqueza —valorada en decenas de miles de millones de dólares— permitió construir la imagen de una supuesta “revolución exitosa”.

Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, la realidad quedó al descubierto: la economía cubana se desplomó inmediatamente.

El sistema solo logró sobrevivir gracias a un nuevo patrocinador: la narcodictadura venezolana.

Durante años el régimen de Hugo Chávez y posteriormente el de Nicolás Maduro transfirieron a Cuba enormes cantidades de petróleo y recursos financieros. Ese petróleo permitió al gobierno cubano mantener su aparato estatal, financiar su sistema represivo y revender combustible en el mercado internacional.

Pero además de los subsidios externos, el régimen desarrolló otras formas de obtención de recursos que poco tenían que ver con una economía productiva.

Entre ellas, el involucramiento del aparato estatal cubano en operaciones de narcotráfico internacional, especialmente durante la década de los años ochenta. Investigaciones judiciales en Estados Unidos y testimonios de altos oficiales cubanos señalaron la utilización de territorio cubano y de estructuras del Estado para facilitar el tránsito de drogas hacia el mercado norteamericano.

El llamado caso Ochoa en 1989, que culminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros oficiales, reveló públicamente la existencia de esas operaciones. Muchos analistas han señalado que aquel proceso no buscaba eliminar el narcotráfico, sino encubrir la responsabilidad de niveles superiores del régimen.

Al mismo tiempo, el gobierno cubano desarrolló otro mecanismo de obtención de divisas: la exportación de mano de obra estatal bajo la forma de “misiones médicas”.

Durante años miles de médicos y profesionales cubanos fueron enviados a distintos países bajo contratos firmados directamente entre gobiernos. La mayor parte de los pagos realizados por esos países no iba a los profesionales, sino al Estado cubano. A los médicos se les retenía la mayor parte de sus salarios, se les restringía la libertad de movimiento y se les amenazaba con sanciones si abandonaban las misiones.

En la práctica, ese sistema funcionó como un mecanismo de explotación laboral controlado por el Estado, que permitió al régimen obtener miles de millones de dólares en divisas.

En otras palabras, los llamados “logros de la revolución” nunca fueron el resultado de un modelo económico eficiente.

Fueron el resultado de subsidios extranjeros masivos y de la extracción sistemática de recursos externos.

Primero soviéticos.
Después venezolanos.
Posteriormente mediante la exportación de mano de obra estatal.
Y en determinados momentos mediante operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico internacional.

Al mismo tiempo el régimen desarrolló otro mecanismo de supervivencia: comprar en el mercado internacional sin pagar o posponiendo indefinidamente sus deudas.

Gobiernos, bancos y empresas de numerosos países han enfrentado durante décadas el mismo problema: Cuba adquiere bienes, acumula compromisos financieros y posteriormente deja de pagar o renegocia indefinidamente esas obligaciones.

 

Pero existe una ironía histórica aún mayor.

Durante más de sesenta años la propaganda oficial ha presentado a Estados Unidos como el enemigo responsable de todas las dificultades económicas de la isla.

Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos ha sido uno de los principales proveedores de alimentos para Cuba.

Cada año la isla compra cientos de millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses —pollo, arroz, maíz, carne de cerdo y otros alimentos básicos— que terminan abasteciendo una parte significativa del consumo del país.

En otras palabras, incluso el país que el castrismo ha demonizado durante décadas ha sido uno de los principales abastecedores de comida para la población cubana.

La razón por la cual Díaz-Canel reconoce ahora conversaciones con Washington es evidente.

El subsidio venezolano prácticamente ha desaparecido.
La economía cubana se encuentra en un estado de colapso estructural.
El sistema productivo es incapaz de sostener al país.

Por primera vez en muchos años el régimen enfrenta una crisis sin un patrocinador extranjero dispuesto a sostenerlo indefinidamente.

En ese contexto, negociar con Estados Unidos deja de ser una cuestión ideológica y se convierte en una necesidad de supervivencia política.

Durante décadas el poder repitió una consigna que pretendía expresar firmeza revolucionaria:

“Patria o muerte, venceremos.”

Hoy la historia parece haberla transformado en otra muy distinta:

Patria o muerte… nos rendimos.

Leer más

Costa Rica sin ejército, pero en primera línea contra el narcotráfico

Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica 

 

Aunque no cuenta con fuerzas armadas, el país se ha convertido en un aliado clave de Estados Unidos y de otros países de la región en la lucha contra el tráfico de drogas.

 

Costa Rica, aunque no posee ejército como otros países que han respaldado la iniciativa del presidente Donald Trump conocida como el “Escudo de las Américas”, es uno de los países más importantes en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio. Desde hace años participa activamente en operaciones regionales contra el tráfico de drogas, coordinando esfuerzos con Estados Unidos y con otros países de la región. Su modelo de seguridad, basado en fuerzas policiales especializadas, cooperación internacional e intercambio de inteligencia, le ha permitido desempeñar un papel estratégico en la interdicción de las rutas utilizadas por organizaciones criminales que transportan cocaína desde Sudamérica hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.

 

En este esfuerzo, Costa Rica trabaja de manera estrecha con varias agencias estadounidenses, entre ellas la DEA (Drug Enforcement Administration), la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Comando Sur (U.S. Southern Command). También participa en mecanismos regionales de coordinación como la Joint Interagency Task Force South (JIATF-South) y coopera con países como Colombia, Panamá, Ecuador y otras naciones de Centroamérica y el Caribe en operaciones de inteligencia y patrullaje marítimo. Gracias a esta cooperación internacional, el país ha logrado interceptar numerosas embarcaciones utilizadas por los carteles, desmantelar redes logísticas y realizar importantes incautaciones de cocaína en puertos, costas y aguas internacionales, situándose en varios años entre los países con mayores decomisos de droga en relación con su tamaño.

 

La importancia de Costa Rica en esta lucha también se explica por su posición geográfica. El país se encuentra en el centro de las principales rutas utilizadas por los carteles para trasladar cocaína desde Colombia, Perú y Bolivia hacia México, Estados Unidos y Europa, con acceso tanto al océano Pacífico como al mar Caribe y con puertos comerciales de gran actividad. Esta ubicación lo ha convertido en un punto estratégico para el trasiego de drogas, el almacenamiento temporal de cargamentos y la contaminación de contenedores destinados a mercados internacionales. Como consecuencia, el crecimiento del narcotráfico ha comenzado a provocar daños visibles en la sociedad costarricense, incluyendo el aumento de la violencia entre bandas, el incremento de homicidios vinculados al crimen organizado, la infiltración de redes criminales en puertos y comunidades costeras, así como mayores riesgos de corrupción y lavado de dinero. Aunque Costa Rica mantiene instituciones democráticas sólidas, el impacto del narcotráfico representa hoy uno de los desafíos de seguridad más serios que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

 

En este escenario, la cooperación de Estados Unidos ha sido fundamental para fortalecer las capacidades del país frente a organizaciones criminales transnacionales. Washington ha brindado apoyo mediante programas de entrenamiento, intercambio de inteligencia, provisión de equipos de vigilancia, radares y embarcaciones para el patrullaje marítimo, además de operaciones conjuntas con la Guardia Costera estadounidense y otras agencias federales. Este respaldo ha permitido detectar rutas de tráfico, interceptar embarcaciones cargadas de droga y mejorar la coordinación regional contra los carteles. Sin este nivel de cooperación tecnológica y operativa, muchos analistas coinciden en que Costa Rica tendría muchas más dificultades para contener el impacto del narcotráfico y la situación de seguridad del país sería hoy considerablemente más frágil.

 

Costa Rica difícilmente podría participar en el “Escudo de las Américas” en el mismo sentido que otros países de la región debido a que no cuenta con fuerzas armadas. Sin embargo, eso no ha impedido que el país desempeñe un papel clave en la lucha contra el narcotráfico. Los costarricenses, con razón orgullosos de no tener ejército, han demostrado que la defensa de la seguridad regional también puede sostenerse mediante instituciones civiles eficaces, cooperación internacional y una vigilancia constante de sus mares, puertos y rutas comerciales.

Leer más

¿LLEGÓ LA HORA DE LA DEMOCRACIA EN CUBA?


Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica.

 

 Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han vuelto a colocar la situación política de Cuba en el centro de la atención en Washington y entre los sectores políticos que durante décadas han defendido una transición democrática en la isla. Trump ha afirmado que el régimen castrista “va a caer muy pronto” y ha señalado que La Habana “tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo” con Washington. Al mismo tiempo, dejó claro que ha puesto el tema cubano en manos de su secretario de Estado, Marco Rubio.

 

El propio Trump confirmó que Rubio ya está involucrado directamente en contactos relacionados con la isla:

 

“Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo”, declaró el presidente a periodistas a bordo del avión presidencial.

Las palabras de Trump no son una declaración aislada. Desde hace años, líderes republicanos han repetido una misma idea: el objetivo final de la política estadounidense hacia Cuba debe ser una transición democrática. Para figuras como Marco Rubio —hijo de exiliados cubanos y uno de los políticos que más ha estudiado el sistema cubano— la cuestión de Cuba no es un asunto marginal de política exterior, sino un compromiso político y moral profundamente arraigado.

 

En ese contexto, Rubio se ha convertido en una figura central en la estrategia de Washington hacia la isla. Su papel es especialmente significativo porque el propio presidente Trump lo ha colocado como interlocutor directo en el proceso actual.

 

Un momento geopolítico sin precedentes

La situación actual de Cuba no puede analizarse sin tomar en cuenta lo ocurrido recientemente en la región. La caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la presión internacional sobre Irán han cambiado profundamente el contexto estratégico.

Cuba dependía en gran medida del petróleo venezolano. Tras la intervención estadounidense que terminó con el gobierno de Maduro, ese suministro quedó prácticamente interrumpido, agravando una crisis energética y económica ya profunda en la isla.

Este nuevo escenario ha debilitado uno de los pilares fundamentales que durante años permitió al régimen castrista resistir la presión internacional.

 

El costo político de no actuar

Las declaraciones de Trump, Rubio y otros dirigentes republicanos han elevado considerablemente las expectativas. Si Washington afirma que la solución para Cuba es la democracia y que el régimen castrista está cerca de caer, entonces la pregunta inevitable es si la administración estadounidense está dispuesta a actuar con la firmeza necesaria para lograr ese objetivo.

Después de lo ocurrido en Venezuela y de la política adoptada frente a Irán, un retroceso en el caso cubano tendría consecuencias políticas importantes.

Para muchos cubanos dentro y fuera de la isla, así como para una parte significativa del electorado latino en Estados Unidos, el caso de Cuba representa una prueba de credibilidad. Durante décadas, la promesa de apoyar la libertad del pueblo cubano ha sido un elemento central del discurso político en Washington.

Si ahora, en un momento en que la propia Casa Blanca afirma que el régimen castrista está debilitado y dispuesto a negociar, no se produjera un cambio real, la credibilidad de esa política podría verse seriamente afectada.

 

Un desafío histórico

La administración Trump se encuentra ante una coyuntura histórica.

Si las declaraciones del presidente y de su secretario de Estado se traducen en una estrategia firme y coherente, Cuba podría entrar finalmente en un proceso de transición democrática que muchos han esperado durante décadas.

Pero si las palabras no se convierten en acciones, el impacto político podría ser considerable, no solo para la política estadounidense hacia Cuba, sino también para la confianza de millones de cubanos y latinoamericanos que han visto en Washington un aliado en la lucha por la libertad.

La historia ha demostrado que las oportunidades de cambio político no aparecen con frecuencia. La pregunta ahora es si esta será una de ellas.

Leer más

ANTE EL TEMOR EL CASTRISMO SE ARRODILLA


Por
Roxana Rodríguez, Secretaria de Relaciones Internacionales del CID

 

Entre un régimen empecinado en continuar teniendo el control total y la alternativa de ceder ante el temor a los Estados Unidos y al pueblo, Diaz-Canel anuncia que el castrismo ha capitulado, ahora  cambia su discurso y admite la necesidad de hacer cambios profundos en su modelo económico. La propuesta fue dada a conocer en una sesión del Consejo de Ministros durante la cual el dictador cubano expresó la necesidad de implementar de forma urgente una serie de cambios estructurales en el actual modelo económico.

 

En las propias palabras del dictador ¨Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social´´. Entre las transformaciones ¨urgentes¨ Canel plantea la necesidad de una apertura y la ampliación de la autonomía empresarial admitiendo que las empresas necesitan  mayor libertad de decisión para mejorar su rendimiento. También se refirió a la necesidad de fomentar la inversión extranjera: ¨los municipios tienen que gestionar la inversión extranjera directa¨ dijo subrayando la importancia de la autonomía municipal y el redimensionamiento del aparato estatal y sus instituciones. También habló de la urgencia de fortalecer las asociaciones entre el sector estatal y el sector privado así como promover negocios con cubanos residentes en el exterior para aumentar el ingreso de divisas y potenciar la producción nacional.

 

Ante las dificultades económicas y la incapacidad demostrada del estado para sostener la economía, el abastecimiento de alimentos y solucionar la crisis energética, el régimen reconoce la necesidad de una apertura y ¨cambiar todo lo que deba ser cambiado¨ revisando las estructuras gubernamentales y admitiendo la urgencia de eliminar las trabas burocráticas con el fin de hacerlas más funcionales mostrando así la necesidad de una descentralización como única vía para salir de la crisis. 

 

En referencia a la crisis energética Canel habló sobre la importancia de un cambio en la matriz energética optimizando el aprovechamiento de energías renovables y el crudo nacional ¨vinculándolas con las flexibilidades que se aprobaron para la inversión extranjera¨, también en este aspecto hizo un llamado a ¨aprovechar las asociaciones económicas entre el sector estatal y privado, sobretodo en escala municipal¨.

 

En resumen las declaraciones del régimen castrista mediante su gobernante designado muestran un marcado cambio en su habitual retórica de continuidad a raíz de las presiones económicas aplicadas por la administración norteamericana y los últimos acontecimientos internacionales el régimen se ha quedado sin opciones y no le queda de otra que suavizar su discurso y ceder en el control abriéndose a la realización de cambios económicos.

 


Leer más

¿POR QUÉ TRUMP NO HA PUESTO FECHA AL FIN DE LA OFENSIVA EN IRÁN?


Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Estados Unidos no ha puesto fecha de cierre a esta ofensiva. Y eso dice mucho. Cuando una potencia no habla de días ni de semanas, es porque no está haciendo una operación simbólica. Está ejecutando un plan hasta lograr un resultado concreto. Aquí no se trata de “responder” un ataque puntual. Todo indica que Washington quiere desmontar, pieza por pieza, el poder militar que le permite al régimen iraní amenazar a Israel, intimidar a sus vecinos y mantener a la región bajo tensión permanente. Y además, reducir los instrumentos de represión con los que la dictadura controla a su propia población. Esta operación no terminará por cansancio diplomático. Terminará cuando el régimen pierda la capacidad real de proyectar poder y de imponer miedo.

 

Irán, por su parte, juega otra carta: alargar la guerra y ampliarla. Si logra que el conflicto se expanda por la región, el precio sube. Si logra afectar el petróleo, especialmente a través del Estrecho de Ormuz, el impacto global aumenta. Pero el verdadero objetivo parece estar en Washington. La estrategia apunta a generar suficiente presión económica y política como para provocar desgaste interno y convertir ese malestar en presión directa sobre el gobierno de Donald Trump. Teherán apuesta a que el costo político dentro de Estados Unidos termine frenando la ofensiva.

 

Hasta ahora, sin embargo, el efecto ha sido el contrario. En vez de dividir, los ataques iraníes han alineado a más países contra el régimen. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han reforzado su coordinación con Estados Unidos. Jordania también. En Europa, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia han expresado respaldo claro. Lejos de aislar a Washington, la escalada está consolidando un bloque más amplio frente a Teherán.

 

La prensa internacional, mientras tanto, insiste en hablar de “escalada peligrosa” y “riesgo regional”, con el foco puesto casi exclusivamente en el petróleo y en los mercados. Se presenta el conflicto como si fuera un choque simétrico entre dos partes equivalentes. Y muchos analistas repiten que en Irán no existe una oposición real capaz de tomar el poder. Esa afirmación ignora un hecho básico: la sociedad iraní ha demostrado valentía, organización y capacidad de resistencia, especialmente entre los jóvenes, pese a una represión brutal. Confundir represión efectiva con inexistencia de oposición es un error grave. Los movimientos políticos bajo dictaduras no desaparecen: esperan el momento en que el aparato represivo deja de actuar con impunidad.

 

En el fondo, esto no parece una simple guerra de reacción. Es un intento de cambiar el equilibrio estratégico de la región. Estados Unidos, Israel y varios países árabes y europeos parecen coincidir en algo concreto: neutralizar al régimen iraní como foco permanente de desestabilización. Eso significa golpear su capacidad balística, frenar su desarrollo nuclear y cortar el financiamiento y control de los grupos armados que ha utilizado para mantener a Oriente Medio en tensión constante. No es un intercambio de golpes. Es un intento de cerrar, de una vez, el ciclo de amenaza estructural que el régimen ha sostenido durante años.

Leer más

Seguidores

Mensajes

ok

Follow me on Twitter

Archivo del Blog

Snap Shts

Get Free Shots from Snap.com