ESTADOS UNIDOS, CUBA Y EL PETRÓLEO: UNA DECISIÓN POLÍTICA, NO UNA LIMITACIÓN
Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica
La decisión de Estados Unidos de permitir la entrada de un petrolero ruso a Cuba ha sido interpretada a través de dos argumentos recurrentes: el supuesto temor a una confrontación con Rusia y el miedo a una migración masiva hacia territorio estadounidense. Sin embargo, más allá de estas explicaciones superficiales, este episodio obliga a un análisis más profundo: Washington no está actuando por incapacidad, sino por cálculo político. En esencia, busca evitar dos escenarios simultáneos: un estallido social inmediato en Cuba y ser señalado como responsable directo del colapso del país.
Estados Unidos no ha tenido ni tiene limitaciones reales para frenar a cualquier embarcación que transporte petróleo hacia Cuba. La evidencia está en los propios hechos recientes: varios buques han evitado llegar a la isla o han cambiado de ruta por temor a sanciones o acciones directas, lo que confirma que la capacidad de disuasión de Washington es efectiva y creíble. Además, la presencia de unidades de la Guardia Costera y la autoridad legal para aplicar sanciones a barcos, compañías y países involucrados refuerzan que, de existir una decisión política firme, el flujo de petróleo podría reducirse aún más o incluso interrumpirse. Por tanto, la llegada puntual de este petrolero no responde a una falta de poder o capacidad, sino a una elección deliberada.
El argumento de una posible migración masiva hacia Estados Unidos como factor determinante tampoco se sostiene a la luz de la experiencia histórica. Washington ha enfrentado y controlado crisis migratorias mucho más intensas mediante el uso combinado de vigilancia marítima, acuerdos migratorios y medidas de contención. En la actualidad, las capacidades tecnológicas, operativas y legales de Estados Unidos para controlar sus fronteras son muy superiores a las de entonces. Presentar la migración como un factor limitante no refleja el verdadero margen de acción del gobierno estadounidense, sino que simplifica una decisión que es, en realidad, estratégica.
Lo que sí resulta coherente con los hechos es que la administración Trump busca evitar un escenario de estallido inmediato dentro de Cuba. Un levantamiento popular, en las condiciones actuales, podría desencadenar desde sus primeras horas una represión violenta por parte del régimen, con un número elevado de víctimas en muy poco tiempo. Esa realidad generaría una fuerte presión del propio electorado estadounidense, que difícilmente aceptaría que su gobierno permanezca pasivo ante imágenes de represión y muertes en las calles. Esto colocaría a Washington ante la necesidad de reaccionar de forma inmediata, posiblemente sin haber definido previamente una estrategia clara. La experiencia reciente en otros escenarios internacionales demuestra que estos procesos pueden desarrollarse en cuestión de horas, sin dar margen a respuestas calibradas. Evitar ese punto de ruptura implica no empujar la situación hacia un colapso súbito e incontrolable.
De forma paralela, Washington también busca evitar ser señalado como responsable del desastre que vive hoy Cuba. Se trata de una crisis que no nace de decisiones recientes ni de acciones externas puntuales, sino de un colapso estructural profundo que precede incluso a la pérdida del apoyo venezolano, aunque se haya agravado con ella. Durante décadas, la economía cubana dependió de subsidios externos —primero soviéticos y luego venezolanos— y, al desaparecer ese flujo de recursos, quedó expuesta la inviabilidad interna del modelo. El sistema ha demostrado ser incapaz de sostener su propio consumo energético, generar divisas suficientes o mantener niveles básicos de producción. Permitir hoy la entrada puntual de petróleo no altera esa realidad estructural: simplemente evita que, en el momento final del colapso, se construya una narrativa que responsabilice a Estados Unidos de una crisis que es, en esencia, consecuencia directa del propio modelo castrista.


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