CASTRO SI, HONDURAS NO

CASTRO SI, HONDURAS NO

Hace un mes en la reunión de la OEA en Honduras se discutió el levantamiento de la sanción impuesta al régimen castrista en 1962. La expulsión se impuso porque Cuba tenía una dictadura marxista leninista que era contraria a los lineamientos democráticos del organismo regional y al sentir de la mayoría de los gobiernos.

Ante la perspectiva de una suspensión, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch declaró que "Los miembros de la OEA han asumido explícitamente el compromiso de promover los derechos humanos y el estado de derecho en la región… poner fin a la suspensión de Cuba sería equivalente a burlarse de ese compromiso".

La suspensión sin duda contradijo los principios de la Carta Democrática Interamericana (CDI). Si bien es cierto que ya no existía la “guerra fría”, en Cuba aún imperaba una dictadura totalitaria.

En la reunión de la OEA en Honduras, su anfitrión, el presidente hondureño José Manuel Zelaya, fue el más vehemente opositor a incluir en la discusión sobre Cuba el espíritu o la letra de la Carta Democrática. Curiosamente, ocho años atrás Hugo Chávez había sido el mayor crítico de los planteamientos de la CDI, que finalmente se aprobaron el 18 de setiembre del 2001 en Lima, Perú.

Ahora, ante la expulsión de José Manuel Zelaya en Honduras, la Carta Democrática, garante moral de la democracia en el continente, se ha convertido en el púlpito sagrado de todos los gobiernos que la suscribieron.

¿Por qué se ignoró la Carta Democrática en Honduras durante el debate sobre Cuba?

Porque era la única forma en que se podía justificar el levantamiento de las sanciones a la dictadura castrista y la manera en que José Manuel Insulza evitaba que las amenazas de Hugo Chávez de fracturar la OEA se hicieran realidad. Para Washington fue una cuestión de “political expediency”, así evitaba acusaciones de que Obama continuaba con las políticas de Bush hacia Latinoamérica.

La agenda encubierta - lo que no se dijo - fue lo más importante. Con el levantamiento de la sanción se le abría la puerta a Raúl Castro para que, a la muerte de su hermano, pudiera solicitar la bendición de las democracias latinoamericanas y así consolidar su dictadura en Cuba bajo la excusa de cambios al sistema, que en lugar de promover una transición a la democracia tenían el propósito de evitarla.

Ahora se ha sacado la Carta Democrática del lugar donde se archivó hace un mes, con el argumento de que se ha quebrado el orden constitucional en Honduras. Lo han violado los partidos políticos, la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral, el Ejército, etc. Para colmo lo han hecho con el apoyo de las Iglesia Católica y Evangélica, la empresa privada y la mayoría de la población políticamente activa.

Aunque los actores políticos hondureños juran y perjuran que en noviembre se celebrarán elecciones democráticas, se aísla al gobierno internacionalmente y retiran los embajadores de Tegucigalpa, pero se mantienen en La Habana.

Para la OEA no parece importar que José Manuel Zelaya después de su elección se hubiera convertido en un provocador, declarando en Honduras, una nación democrática, ser "un ferviente admirador del comandante Fidel, desde hace mucho tiempo". Y abrazando la “democracia participativa” de Hugo Chaves, que más que participativa, es corrupta, agresiva y autoritaria. Para Zelaya, Hugo Chávez es el demócrata por excelencia, el ejemplo a seguir.

Para la OEA no parece tener importancia que la conducta del presidente hondureño estuviera claramente orientada a arrinconar al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y al Ejército de Honduras, o a provocar un golpe de estado que le evitara finalizar sin gloria nacional ni protagonismo internacional los seis meses que le faltaban de un gobierno mediocre.

Parece que algunos demócratas confunden la institucionalidad democrática con la democracia; la primera es el medio, el fin es la democracia. En Honduras hubo una lucha del Congreso de la República y la Corte Suprema contra el Poder Ejecutivo. Los dos primeros actuaron contra el desacato y las arbitrariedades del Presidente.

La discusión de si en lugar de haber expulsado a Zelaya debieron haberlo arrestado y juzgado es válida, pero de este aspecto técnico jurídico no puede se puede saltar y concluir que Honduras haya dejado de ser una democracia para convertirse en una dictadura a lo Somoza, Batista o Trujillo. Eso es demagogia.

La institucionalidad democrática ha sido la vía por la que han asumido el poder hombres siniestros. Así llegó Adolfo Hitler al gobierno en Alemania. Creo que hubiera estado completamente justificado un golpe de estado de los demócratas alemanes contra Hitler, que hubiera salvado la democracia, evitado el genocidio conocido como El Holocausto y los más de 40 millones de muertos de la II Guerra Mundial.

Lo correcto es que la OEA se preocupe por la democracia hondureña, no por regresar al poder a un presidente que por estrategia provocó un golpe de estado o, por torpeza minó su propia autoridad. No debe trabarse la OEA en el análisis jurídico del desenlace, ni en medidas punitivas que exacerban los ánimos y confunden el escenario. Ni mucho menos como ha hecho José Manuel Insulza, quien, al ofrecer acompañar el regreso de Zelaya a Honduras, apoya un curso de acción que puede conducir a una violencia que hasta ahora se ha podido evitar.

La función de la OEA en las actuales circunstancias es comprometer al gobierno de Honduras a respetar la Carta Democrática Interamericana, que con todo realismo implicaría mantener el compromiso de celebrar elecciones democráticas en Honduras en noviembre, permitir libertad a todos los partidos políticos y la presencia de observadores internacionales.