La OEA ha perdido su autoridad moral
La OEA ha caído en una contradicción entre sus principios y sus acciones. Hugo Chávez y sus asesores castristas ejercen una influencia desproporcionada y negativa en la organización; su Secretario General, José Manuel Insulza, comete el frecuente error de complacerlos.
En Honduras, el castro-chavismo y el presidente Zelaya planearon subvertir el orden constitucional. Zelaya sabía lo que hacía. El numeral 239 de la constitución hondureña define como un delito el solo hecho de intentar una reforma constitucional con el fin de legalizar la reelección: “quienes la apoyen directa o aun indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
Los planes fracasaron y Hugo Chávez reaccionó violentamente. Su amenaza de derrocar al gobierno de Honduras no fue insólita, lo insólito fue el silencio de los gobiernos en la OEA y el de su Secretario General. Alvaro Uribe fue el único que discretamente defendió el principio de no intervención.
La declaración inicial de Insulza fue que lo único que podía hacer la OEA era una sanción moral. Chávez tenía otros planes, quería que se acorralara al gobierno hondureño. Aislándolo se intensificaría la polarización política y se justificaría la violencia. En un clima de inseguridad aumentarían las dudas sobre la legitimidad del gobierno de Micheletti y la de las próximas elecciones.
Se retiraron los embajadores y se decretó un ultimátum. Los gobiernos de los países colindantes: Nicaragua, El Salvador y Guatemala decretaron un cierre ilegal de fronteras por 48 horas; Hugo Chávez suspendió el suministro de combustible a Honduras. Todos los gobiernos latinoamericanos que sistemáticamente han denunciado el embargo norteamericano a Cuba, callaron ante esta acción. Solamente Oscar Arias dijo que el cierre de fronteras violaba los acuerdos de comercio.
En un despliegue a lo John Wayne, el presidente depuesto y el Secretario General de la OEA declararon que viajarían a Honduras para que a Zelaya se le restituyera en la presidencia. Era esto o el aislamiento internacional, pues ya habían logrado respaldo en la ONU.
Pero para la mayoría de los hondureños no era a Zelaya a quien le iban a devolver la presidencia, sino al fantasma de Hugo Chávez. No se exigía el regreso a la constitucionalidad, sino la capitulación incondicional de su soberanía y su seguridad a Zelaya, quien para ellos era el representante del chavismo.
Cuando el gobierno hondureño anunció que juzgaría a Zelaya si regresaba, opción que debieron tomar antes de mandarlo a Costa Rica, se decidió que José Manuel Insulza viajara solo a Tegucigalpa. Daniel Ortega declaró públicamente que él esperaba que el viaje de “José Manuel” a Honduras no fuera a abrir una negociación y el Secretario General ratificó: “No vamos a Honduras para negociar”.
En Tegucigalpa Insulza exigió a la máxima autoridad del tribunal de justicia la restitución de Zelaya y una investigación para castigar a quienes lo arrestaron y lo sacaron del país. Los resultados de la política equívoca de la OEA ya los conocemos. El gobierno de Honduras renunció a su membresía en ese organismo regional, protestando, entre otras cosas, por las “resoluciones unilaterales e indignas” de la OEA y por el silencio ante las amenazas de Hugo Chávez.
La OEA ha callado ante los repetidos atropellos contra la democracia en Venezuela y el fraude en las elecciones de alcaldes en Nicaragua. Levantó una sanción al régimen tiránico castrista alegando que era anacrónica, cuando lo único anacrónico es la dictadura que la mereció.
Los gobiernos mantienen sus embajadores en La Habana mientras los retiraron de Honduras. Denunciaron al gobierno hondureño con una vehemencia que estuvo completamente ausente ante la barbarie perpetrada contra el pueblo iraní por la dictadura del aliado de Hugo Chávez, Mahmoud Ahamadineyad.
La Carta Democrática Interamericana es una fuente de legitimidad mientras las acciones del organismo regional sean consecuentes con los principios aprobados por los estados miembros. Por sus contradicciones, la OEA ha perdido autoridad moral y su crisis de identidad contribuye al deterioro de la democracia en toda Latinoamérica.
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