EL CAPITALISMO DE LEALTAD POLÍTICA
Por Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica
En apenas cuarenta y ocho horas, ayer, Noticuba publicó el artículo titulado “CEPAL: Cuba es la economía más pobre de América Latina en PIB per cápita corriente”, originalmente difundido por Diario de Cuba, donde se recogen datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL y el análisis del economista Elías Amor. Hoy, el mismo medio reproduce otros dos textos complementarios: uno publicado inicialmente por 14ymedio, bajo el título “El número de empresas privadas rebasa a las estatales en varios sectores en Cuba”, basado en datos de la ONEI y en un análisis de la consultora Auge; y otro difundido por CiberCuba, titulado “Informe revela desigualdad legal y tráfico de influencias en el sector privado cubano”, que recoge conclusiones de la organización Food Monitor Program (FMP).
Lo que emerge de esa trilogía no es una anécdota económica, sino el retrato de una estructura.
Los datos de la CEPAL* confirman una realidad innegable: la economía cubana se ha reducido a una dimensión marginal en el contexto regional. Con un PIB per cápita corriente de apenas 1.082 dólares —muy por debajo del promedio latinoamericano y, en esa medición nominal, incluso inferior al de Haití— Cuba aparece como la economía más rezagada del continente. La Isla representa apenas el 0,2% del PIB regional y acumula dos años consecutivos de contracción, mientras el resto de América Latina crece. Incluso cuando se corrigen los datos por inflación, el país continúa por debajo de la media regional.
Esto no describe un tropiezo coyuntural. Describe un agotamiento estructural. Una economía con baja productividad, descapitalizada, dependiente de importaciones y sin acceso a financiamiento externo. En ese contexto surge la expansión de las MIPYMES, no como resultado de una estrategia liberalizadora coherente, sino como respuesta pragmática ante la incapacidad estatal para sostener el aparato productivo.
Los datos de la ONEI, citados por 14ymedio y analizados por Auge, muestran que en sectores como la construcción, la manufactura y la gastronomía las entidades privadas superan en número a las estatales. Existen casi diez mil MIPYMES registradas y el sector privado roza la mitad del total de entidades económicas del país. A primera vista, podría parecer el inicio de una transformación profunda en la estructura de propiedad.
Sin embargo, el número no equivale al poder. El Estado continúa concentrando el control del comercio exterior, las infraestructuras estratégicas, el acceso a divisas y los principales resortes regulatorios. Las MIPYMES operan, pero no determinan las reglas del juego. Su margen de crecimiento depende de decisiones administrativas que pueden expandirse o contraerse según la conveniencia política del momento.
El tercer artículo aporta la pieza que completa el cuadro. El informe de Food Monitor Program, difundido por CiberCuba, señala que el marco legal formal para el sector privado convive con mecanismos informales de privilegio. El acceso a divisas, importaciones y estabilidad regulatoria no es uniforme. Las inspecciones y controles no siempre son neutrales. La proximidad a estructuras estatales o redes vinculadas al poder político se traduce en ventajas comparativas que no están disponibles para el emprendedor común.
Así, el éxito económico no depende exclusivamente de la eficiencia, la innovación o la capacidad empresarial, sino de la confiabilidad política. La lealtad se convierte en un activo económico. La proximidad al poder se transforma en una ventaja competitiva.
No estamos ante una economía de mercado con reglas impersonales. Tampoco ante un socialismo planificado donde el Estado absorbe toda la actividad productiva. Lo que se perfila es un sistema híbrido en el cual la propiedad privada es permitida y necesaria, pero su expansión y consolidación están condicionadas por filtros políticos. El Estado delega funciones económicas para garantizar la supervivencia cotidiana, pero conserva el control estratégico y la capacidad de premiar o castigar.
Ese modelo tiene una lógica interna clara. Si el régimen libera demasiado, arriesga perder control. Si controla en exceso, profundiza el colapso económico. La solución ha sido permitir una expansión privada limitada, suficiente para amortiguar la crisis, pero insuficiente para generar autonomía estructural.
El resultado es lo que puede denominarse con precisión: capitalismo de lealtad política. Un sistema donde la acumulación privada existe, pero prospera en proporción directa a la cercanía con el poder. Donde la competencia está mediada por la discrecionalidad administrativa. Donde el mercado no es un espacio neutral, sino un terreno regulado por afinidades políticas.
Mientras la lealtad sea el principal capital, el crecimiento genuino seguirá siendo improbable. Y mientras el poder político condicione la estructura económica, cualquier expansión del sector privado será más un mecanismo de supervivencia del sistema que una verdadera transformación del país.
*La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es un organismo regional de las Naciones Unidas que analiza la economía de los países latinoamericanos y publica estadísticas, informes y recomendaciones sobre desarrollo, crecimiento, pobreza y desigualdad.
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