ENGAÑO A INVERSIONISTAS: MÉXICO REPORTA ENVÍOS Al RÉGIMEN CASTRISTA POR VALOR DE 400 MILLONES, FUERON 2.600 MILLONES DE DÓLARES
.jpg)
La conducta denunciada constituye una estafa informativa al mercado financiero: PEMEX comunicó a los compradores de bonos, títulos de deuda y demás instrumentos financieros negociados en Estados Unidos que sus envíos de petróleo y derivados al gobierno en Cuba ascendían a 400 millones de dólares, cuando los registros aduanales oficiales y las bases de datos internacionales de comercio internacional demuestran que el volumen real de esas exportaciones superó los 3.048 millones de dólares en el mismo período. La ocultación de más de 2.600 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 87 % del valor real de los envíos, privó a los inversionistas de información material esencial para evaluar correctamente los riesgos financieros, regulatorios y legales asociados a su inversión.
Este hecho adquiere una gravedad adicional porque la presidenta de México ha declarado públicamente que dichos envíos constituyen "ayuda humanitaria", lo que implica que no se trató de una operación accidental ni desconocida por el Ejecutivo, sino de una decisión consciente y políticamente asumida. En ese contexto, no es jurídicamente sostenible afirmar que el Gobierno mexicano o PEMEX desconocían la naturaleza, el volumen o las consecuencias financieras de esos envíos.
La revelación de esta discrepancia sustancial entre las exportaciones de combustible de Petróleos Mexicanos (PEMEX) al gobierno en Cuba reportadas ante autoridades estadounidenses y las registradas por las propias autoridades aduanales mexicanas plantea así un problema de extrema gravedad jurídica, con implicaciones directas bajo el derecho de valores de Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), PEMEX informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) —la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos— que entre enero y septiembre de 2025 exportó petróleo crudo y derivados al gobierno en Cuba por aproximadamente 400 millones de dólares. Sin embargo, los registros aduanales oficiales de México y las plataformas internacionales de comercio exterior documentan envíos por más de 3.048 millones de dólares durante ese mismo período, una discrepancia que no puede considerarse marginal ni atribuible a un simple error administrativo.
La SEC es la autoridad federal encargada de regular los mercados de valores en Estados Unidos y de proteger a los inversionistas frente a prácticas engañosas. Toda entidad —incluidas empresas estatales extranjeras— que emite valores, bonos o instrumentos financieros en dichos mercados está legalmente obligada a divulgar información completa, veraz y coherente, en particular aquella que afecte la evaluación de riesgo por parte de los inversionistas.
En el derecho bursátil estadounidense, la información es material cuando su conocimiento habría influido razonablemente en la decisión de un inversionista. Una diferencia superior a 2.600 millones de dólares en exportaciones internacionales cumple de forma inequívoca ese criterio.
El hecho de que el destinatario de los envíos sea el gobierno en Cuba, ampliamente reconocido como insolvente y sometido a un régimen de sanciones, refuerza aún más la obligación de divulgación. Ocultar o minimizar operaciones de gran escala con un gobierno sancionado impide a los inversionistas valorar riesgos legales, financieros y regulatorios evidentes, y agrava la responsabilidad del emisor.
La declaración pública de la presidenta de México calificando estos envíos como "ayuda humanitaria" tiene un efecto jurídico decisivo: anula prácticamente cualquier intento de justificar la omisión como un error involuntario. Una ayuda humanitaria no es una venta comercial, no genera expectativa de pago y responde a una decisión política deliberada. Por tanto, no puede confundirse contablemente ni omitirse por descuido.
Desde el punto de vista jurídico, la conclusión es clara: cuando una operación es deliberada, políticamente asumida y de alto impacto financiero, su omisión en los informes regulatorios no constituye un error, sino un engaño al mercado de valores. La cuestión ya no es si el hecho resulta políticamente incómodo, sino si los reguladores estadounidenses permitirán que un emisor extranjero que se financia en sus mercados oculte miles de millones de dólares en operaciones materiales sin consecuencias legales.
San José, Costa Rica
0 comentarios:
Publicar un comentario