¿POR QUÉ AHORA? LA CONSPIRACIÓN DE LA MOTO ACUÁTICA

¿POR QUÉ AHORA? LA CONSPIRACIÓN DE LA MOTO ACUÁTICA

Huber Matos Araluce, San José, Costa Rica

 

Los procesos judiciales también tienen su calendario político. En las dictaduras, el momento en que un caso se hace público puede ser tan importante como los hechos que se juzgan. Por eso, antes de examinar la llamada "conspiración de la moto acuática", conviene formular una pregunta elemental: ¿por qué ahora?

 

La Fiscalía General del régimen castrista acaba de solicitar penas de hasta 30 años de prisión contra Ardenys García Álvarez y otros 29 acusados de integrar una supuesta conspiración armada organizada desde el exilio. La gravedad de las acusaciones no es lo único que llama la atención. También sorprende que un caso que, según la propia versión oficial, fue descubierto cuando los implicados fueron capturados "con las manos en la masa", haya permanecido casi tres años antes de llegar a juicio.

 

El momento escogido difícilmente puede separarse del contexto político. Mientras la crisis económica y social se profundiza, el régimen ha intensificado su campaña para responsabilizar a Estados Unidos de todos los males que padecen los cubanos. El embargo, las sanciones y la supuesta "agresión permanente" ocupan nuevamente el centro de la propaganda oficial. La presentación de una presunta conspiración armada organizada desde el exilio añade ahora un ingrediente particularmente útil: ya no se trataría únicamente de una guerra económica, sino también de una amenaza violenta dirigida contra el Estado cubano. La coincidencia entre ambas narrativas invita a preguntarse si el calendario judicial respondió únicamente a razones procesales o también a necesidades políticas.

 

La segunda interrogante conduce al episodio más llamativo de toda la historia: la llegada del principal acusado a Cuba en una moto acuática cargada, según la Fiscalía, con armas, municiones y equipos de comunicación para organizar células armadas en varias provincias. Más que una operación clandestina, el relato parece inspirado en una novela de espionaje. No porque cruzar el Estrecho de la Florida en una moto acuática sea imposible —existen precedentes—, sino porque resulta difícil imaginar que una organización con experiencia militar eligiera un método tan expuesto para iniciar una insurrección en uno de los países con mayor control policial del continente.

 

Pero el verdadero problema no es la moto acuática. Es la lógica de toda la operación. Si existía una organización armada distribuida en varias provincias, ¿qué papel desempeñaba realmente Ardenys García Álvarez? ¿Era el jefe? Si lo era, ¿por qué asumir personalmente la misión más peligrosa? ¿Y si era solo un enlace, quién dirigía entonces la supuesta organización dentro de Cuba? ¿Cómo llegaron a integrarse los otros veintinueve acusados? ¿Quién los reclutó? ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué funciones concretas desempeñaba cada uno?

 

La experiencia de la oposición cubana hace que estas preguntas sean aún más relevantes. Durante décadas, la Seguridad del Estado ha demostrado una notable capacidad para infiltrar organizaciones, reclutar informantes y desarticular grupos opositores. Quienes han vivido esa realidad saben que incluso organizar una acción de sabotaje entre tres o cuatro personas implica enormes riesgos de detección. Pensar en una red armada distribuida por varias provincias, operando durante meses sin haber sido infiltrada, exige un grado de credibilidad que la acusación, hasta ahora, no ha logrado proporcionar.

 

Existe además otro elemento que no puede ignorarse. La Seguridad del Estado posee una larga experiencia en el reclutamiento de colaboradores mediante promesas, presiones, amenazas o chantajes. Del mismo modo, las denuncias sobre interrogatorios prolongados, aislamiento e incomunicación han acompañado durante décadas los procesos políticos en Cuba. La historia de los regímenes comunistas ofrece numerosos ejemplos de confesiones obtenidas bajo condiciones que hoy serían incompatibles con las garantías de un debido proceso. En ese contexto, una confesión no constituye necesariamente una confirmación independiente de los hechos; también puede formar parte del relato que el poder necesita construir.

 

Todo ello conduce a una hipótesis que merece ser examinada. ¿Y si el objetivo principal no era descubrir una conspiración, sino presentar una? ¿Y si la operación fue infiltrada, controlada o incluso inducida desde sus primeras etapas para fabricar un caso que reforzara la narrativa de una agresión organizada desde Estados Unidos? Con la información disponible no es posible responder de manera definitiva a esas preguntas. Pero tampoco pueden descartarse cuando se analiza la cronología del caso, la oportunidad política con que reaparece y los métodos que históricamente ha empleado la policía política cubana.

 

Quizás la pregunta más importante no sea si un hombre cruzó el Estrecho de la Florida en una moto acuática. La verdadera pregunta es otra: ¿quién necesitaba que los cubanos y el mundo creyeran esta historia precisamente ahora? Porque cuando un régimen pierde credibilidad y la realidad contradice su discurso, la propaganda deja de ser un instrumento de gobierno para convertirse en una necesidad de supervivencia