MELIÁ SE MARCHA DE CUBA, PERO LA HISTORIA NO TERMINA CON SU SALIDA

MELIÁ SE MARCHA DE CUBA, PERO LA HISTORIA NO TERMINA CON SU SALIDA

 

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica 

 

Si se confirma la información publicada por Cubanet, la salida definitiva de Meliá Hotels International marcaría uno de los acontecimientos económicos más importantes de los últimos años en Cuba.

 

Durante más de tres décadas, la cadena española fue el principal socio hotelero extranjero del régimen cubano. Apostó por el turismo incluso durante los años más difíciles del Período Especial, cuando muchas otras empresas consideraban demasiado elevado el riesgo de invertir en la Isla.

 

Precisamente por esa trayectoria, su eventual retirada tendría un significado que trasciende el cierre de hoteles. Sería una señal de que incluso la empresa extranjera que más confió en el modelo turístico cubano ha llegado a la conclusión de que, mientras permanezcan las actuales condiciones políticas y económicas, el sector difícilmente podrá recuperar su viabilidad.

 

La noticia también refleja un hecho más profundo: la pérdida de confianza de los inversionistas internacionales en la capacidad del régimen para revertir el colapso económico. Cuando una empresa que durante más de treinta años apostó por permanecer en Cuba decide abandonar el país, el mensaje alcanza mucho más que al sector turístico. Es una advertencia sobre el agotamiento de un modelo que ya no consigue generar expectativas razonables de recuperación.

 

La salida de Meliá, si finalmente se confirma, representaría mucho más que un fracaso empresarial. Sería otra evidencia de que el régimen ha perdido la capacidad de ofrecer un horizonte económico creíble incluso a quienes fueron durante décadas sus principales socios internacionales.

 

La responsabilidad de Meliá no termina con su retirada

 

Pero la salida de Meliá no cierra su historia en Cuba. Por el contrario, probablemente abre un nuevo capítulo.

 

Durante más de treinta años, la empresa aceptó operar bajo un sistema laboral impuesto por la dictadura en el que los trabajadores cubanos no eran contratados directamente por la empresa, sino por entidades estatales. Meliá pagaba el costo de esa fuerza laboral al Estado cubano y éste entregaba a los trabajadores únicamente una parte de esa remuneración. Diversos organismos internacionales han cuestionado ese mecanismo por restringir la libre contratación y afectar derechos laborales fundamentales.

 

Es cierto que ese sistema fue diseñado e impuesto por el régimen. También es cierto que Meliá no podía operar en Cuba bajo otras reglas. Pero también es cierto que la empresa decidió permanecer durante décadas y obtuvo importantes beneficios económicos aceptando esas condiciones.

 

Existe un viejo refrán que resume bien ese dilema moral: "Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata." La responsabilidad principal corresponde a la dictadura que creó ese sistema de explotación laboral. Pero quienes decidieron beneficiarse de él difícilmente podrán sostener que fueron simples espectadores.

 

La comparación con las misiones médicas internacionales resulta inevitable. En ambos casos, el Estado cubano convirtió al trabajador en una fuente de ingresos para el régimen. El empleador extranjero pagaba por el trabajo realizado, pero el trabajador no recibía directamente el valor íntegro de su labor. En las misiones médicas existieron además mecanismos de control y coerción denunciados por organismos internacionales. En el turismo, el problema fundamental fue la intermediación obligatoria del Estado y la apropiación de una parte sustancial del salario generado por los trabajadores.

 

Sin embargo, la responsabilidad de Meliá no se limita al ámbito laboral.

 

Durante décadas, la empresa mantuvo una relación privilegiada con la máxima dirigencia del régimen. La amistad entre la familia Escarrer y Fidel Castro fue pública y la propia compañía la presentó como parte de su historia corporativa. Esa cercanía fue mucho más que una relación personal. Contribuyó a proyectar internacionalmente una imagen de confianza y estabilidad en torno a un régimen denunciado durante décadas por graves violaciones de los derechos humanos.

 

Por ello, el debate sobre Meliá no será únicamente económico. También será histórico, político y, eventualmente, jurídico.

 

Cuando Cuba recupere la democracia, corresponderá a sus instituciones decidir cómo afrontar el legado económico de la dictadura. Ese proceso no deberá limitarse a examinar las responsabilidades de quienes gobernaron el país. También podrá extenderse a quienes, desde el ámbito empresarial, colaboraron con el régimen, se beneficiaron de sus estructuras o contribuyeron a fortalecer su legitimidad internacional.

 

El eventual escrutinio jurídico de Meliá no dependerá de la legislación de la dictadura, sino de las leyes que apruebe una futura Cuba democrática. Como ocurre en todo proceso de justicia transicional, corresponderá al nuevo Estado de Derecho determinar si existen responsabilidades civiles, laborales o patrimoniales derivadas de la participación en un sistema que vulneró derechos fundamentales.

 

Miles de trabajadores cubanos podrían sostener que nunca recibieron directamente la remuneración que generó su trabajo y reclamar una reparación si el nuevo ordenamiento jurídico así lo contempla. Meliá, por su parte, probablemente alegará que actuó conforme a la legislación vigente y a los contratos suscritos con las entidades estatales. Ese será un debate que corresponderá resolver a las instituciones de una Cuba libre.

 

Pero, más allá de lo que algún día decidan los tribunales, existe una responsabilidad que ninguna sentencia podrá borrar: la responsabilidad histórica.

 

Las empresas no son únicamente actores económicos. También toman decisiones éticas. Permanecer durante más de treinta años junto a una dictadura, aceptar un sistema laboral ampliamente cuestionado y convertir la cercanía con sus principales dirigentes en parte de la identidad pública de la empresa son decisiones que inevitablemente formarán parte del juicio de la historia.

 

Meliá puede cerrar sus hoteles y abandonar Cuba. Lo que no podrá abandonar será la historia de su actuación durante más de tres décadas. La reconstrucción democrática del país exigirá revisar no solo las responsabilidades de quienes dirigieron la dictadura, sino también las de quienes, desde el mundo empresarial, decidieron colaborar con ella, beneficiarse de sus privilegios y contribuir a su legitimación internacional.

 

Ese debate no ha terminado.

 

En realidad, apenas comienza.