CUBA: LA VERDADERA CAUSA DE LA CRISIS HUMANITARIA
Por Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica
La misión de las Naciones Unidas no consiste en administrar las consecuencias de las dictaduras, sino en tener el valor de señalar las causas que las producen.
Francisco Pichón, coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, tiene razón al describir la gravedad de la crisis humanitaria que padecen millones de cubanos. Lo que resulta discutible es su explicación. Presentar las sanciones estadounidenses y la falta de combustible como la causa principal del desastre cubano equivale a confundir el síntoma con la enfermedad.
La emergencia humanitaria de Cuba no comenzó ahora. Es el resultado de décadas de decisiones tomadas por un monopolio político y económico que concentra la mayor parte de los recursos nacionales, fija las prioridades de inversión y opera sin controles públicos efectivos ni verdadera rendición de cuentas. Mientras esa estructura permanezca intacta, cualquier intento de explicar la crisis atribuyéndola principalmente a factores externos será, inevitablemente, una explicación incompleta.
Ese monopolio es GAESA, el conglomerado construido bajo la autoridad de Raúl Castro y administrado por un reducido grupo de sus incondicionales. En los hechos, GAESA controla una parte dominante de la economía cubana: turismo, comercio en divisas, puertos, zonas francas, inmobiliarias, servicios financieros y otros sectores estratégicos. Mientras ese aparato concentre las principales fuentes de divisas y decida las prioridades nacionales, ninguna explicación seria puede colocar a Estados Unidos como el origen principal del desastre.
Las propias estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) respaldan esa conclusión. Durante varios años, la inversión en hoteles y restaurantes superó ampliamente la destinada a la agricultura, la industria alimentaria, la salud, los acueductos y otros servicios públicos esenciales. Esas cifras oficiales revelan cuáles fueron las prioridades del régimen: mientras el aparato económico controlado por el poder seguía expandiendo la infraestructura turística, la capacidad del país para producir alimentos, mantener hospitales y garantizar servicios básicos continuaba deteriorándose.
Durante años, el régimen destinó recursos enormes a inversiones turísticas, incluso cuando la ocupación hotelera caía y la población sufría una escasez creciente de alimentos, medicinas y servicios básicos. Mientras se construían hoteles, se reducía la prioridad de la agricultura, los hospitales, los acueductos, el alcantarillado, el transporte público, la compra de medicamentos y el control de plagas. Esa política de inversiones no fue un accidente; fue una decisión consciente del monopolio que controla la economía nacional.
La crisis alimentaria no puede explicarse por el embargo. Cuba dispone de tierras fértiles, abundante agua y condiciones climáticas privilegiadas. Lo que no tiene es libertad económica para producir. El monopolio estatal, los controles de precios, la inseguridad jurídica y la falta de incentivos destruyeron durante décadas la capacidad productiva del campo cubano. Paradójicamente, Estados Unidos ha sido durante años uno de los principales proveedores de alimentos y proteínas para Cuba, especialmente pollo, maíz y soya, vendidos bajo las excepciones humanitarias previstas en la legislación estadounidense.
Tampoco es cierto que las sanciones impidan la compra de medicamentos. La legislación de Estados Unidos contempla licencias para la exportación de medicamentos, equipos médicos y otros productos humanitarios. Si las farmacias cubanas permanecen vacías y los hospitales continúan deteriorándose, la explicación principal debe buscarse en las prioridades del monopolio económico que administra los recursos del país, no en Washington.
A ello se suma la deuda creciente con el Club de París, que alcanzó los 4.795 millones de dólares en 2025. Esa deuda no la contrajo Estados Unidos. Es el resultado de un Estado que durante años ha incumplido sus compromisos financieros mientras continuaba destinando cuantiosos recursos a sectores controlados por el propio monopolio. Ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido cuando pierde credibilidad financiera y utiliza las divisas disponibles para fortalecer la estructura del poder antes que el bienestar de sus ciudadanos.
La ayuda humanitaria internacional es necesaria y debe llegar al pueblo cubano. Pero la comunidad internacional no debe aceptar medias verdades. El problema central de Cuba no es que Estados Unidos le impida desarrollarse. El problema es que un monopolio económico y político decide qué se construye, qué se importa, quién recibe las divisas y qué sectores se abandonan.
La verdadera tragedia de Cuba no radica únicamente en la escasez de alimentos, medicinas o combustible. Reside en un sistema que durante más de seis décadas concentró el poder político y económico en un mismo monopolio, eliminó los mecanismos de control y convirtió las prioridades del Estado en las prioridades de quienes lo administran. Cuando desaparecen la transparencia y la rendición de cuentas, los recursos nacionales dejan de servir al bien común y terminan preservando el poder y los privilegios de una minoría, mientras la mayoría de la población se empobrece.
Francisco Pichón tiene una enorme responsabilidad ante la historia y ante el pueblo de Cuba. Como representante de las Naciones Unidas, no basta con describir el sufrimiento de los cubanos ni con repetir explicaciones parciales que desplazan la atención hacia factores externos. Su deber moral es señalar la causa estructural de esa tragedia: un monopolio político y económico que durante más de seis décadas ha desviado los recursos nacionales hacia la conservación del poder, mientras abandonaba la producción de alimentos, la salud pública, los servicios esenciales y el bienestar de los cubanos.
La misión de las Naciones Unidas no consiste en administrar las consecuencias de las dictaduras, sino en tener el valor de señalar las causas que las producen.
CUBA: THE TRUE CAUSE OF THE
HUMANITARIAN CRISIS
The mission of the United Nations is not merely to manage the consequences of dictatorships, but to have the courage to identify the causes that create them.
By Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica
Francisco Pichón, the United Nations Resident Coordinator in Cuba, is right to describe the severity of the humanitarian crisis affecting millions of Cubans. What is open to question is his explanation. Presenting U.S. sanctions and fuel shortages as the primary cause of Cuba's collapse confuses the symptom with the disease.
Cuba's humanitarian emergency did not begin yesterday. It is the result of decades of decisions made by a political and economic monopoly that controls most of the nation's resources, determines investment priorities, and operates without effective public oversight or genuine accountability. As long as that structure remains intact, any attempt to explain the crisis primarily through external factors will inevitably be incomplete.
That monopoly is GAESA, the business conglomerate built under Raúl Castro's authority and managed by a small circle of his most trusted loyalists. In practice, GAESA dominates a substantial portion of the Cuban economy, including tourism, hard-currency retail, ports, free-trade zones, real estate, financial services, and other strategic sectors. As long as this apparatus controls the country's principal sources of revenue and determines national priorities, no serious analysis can portray the United States as the principal cause of Cuba's humanitarian disaster.
Official figures published by Cuba's National Office of Statistics and Information (ONEI) support this conclusion. For years, investment in hotels and restaurants vastly exceeded investment in agriculture, food production, healthcare, water infrastructure, and other essential public services. These official statistics reveal the regime's true priorities: while the economic apparatus controlled by those in power continued expanding the tourism sector, the country's ability to produce food, maintain hospitals, and provide basic services steadily deteriorated.
For years, the regime devoted enormous resources to tourism projects even as hotel occupancy declined and Cubans faced growing shortages of food, medicine, and essential services. While hotels continued to rise, agriculture, hospitals, water systems, sewage infrastructure, public transportation, medicine procurement, and pest-control programs were steadily neglected. This investment strategy was no accident; it reflected deliberate decisions made by the monopoly that controls Cuba's economy.
Cuba's food crisis cannot be explained by the U.S. embargo alone. The island possesses fertile land, abundant water, and favorable climatic conditions. What it lacks is economic freedom. State monopolies, price controls, legal insecurity, and the absence of incentives have destroyed agricultural productivity over several decades. Ironically, the United States has long been one of Cuba's principal suppliers of food and protein products—particularly chicken, corn, and soybeans—sold under humanitarian exemptions established in U.S. law.
Nor is it true that U.S. sanctions categorically prohibit the purchase of medicines. American legislation provides licenses for the export of medicines, medical equipment, and other humanitarian goods. If Cuban pharmacies remain empty and hospitals continue to deteriorate, the principal explanation lies not in Washington but in the priorities established by the monopoly that controls the country's economic resources.
Adding to this reality is Cuba's growing debt to the Paris Club, which reached $4.795 billion in 2025. The United States did not incur that debt. It is the consequence of a government that has repeatedly failed to honor its financial obligations while continuing to allocate vast resources to sectors controlled by that same monopoly. No nation can achieve sustainable development after losing financial credibility while directing scarce resources toward preserving its power structure instead of improving the well-being of its citizens.
International humanitarian assistance remains essential and should continue reaching the Cuban people. But the international community should not accept half-truths. Cuba's central problem is not that the United States prevents its development. The real problem is that a political and economic monopoly determines what gets built, what gets imported, who receives hard currency, and which sectors are abandoned.
Cuba's real tragedy is not merely the shortage of food, medicine, or fuel. It lies in a system that, for more than six decades, has concentrated political and economic power within a single monopoly, eliminated meaningful oversight, and transformed the priorities of the state into the priorities of those who control it. When transparency and accountability disappear, national resources cease serving the common good and instead preserve the power and privileges of a small minority while the overwhelming majority grows poorer.
Francisco Pichón bears a profound responsibility before history and before the Cuban people. As a representative of the United Nations, it is not enough to describe the suffering of Cubans while repeating partial explanations that shift attention toward external factors. His moral duty is to identify the structural cause of this tragedy: a political and economic monopoly that, for more than six decades, has diverted the nation's resources toward preserving its own power while neglecting food production, public health, essential services, and the welfare of the Cuban people.
The mission of the United Nations is not merely to manage the consequences of dictatorships, but to have the courage to identify the causes that create them.


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