SUDÁFRICA: CUANDO EL ESTADO RETROCEDE Y LA TURBA IMPONE SU LEY

SUDÁFRICA: CUANDO EL ESTADO RETROCEDE Y LA TURBA IMPONE SU LEY

Huber Matos Araluce San José, Costa Rica

 

Durante décadas, Sudáfrica fue presentada como el gran ejemplo de reconciliación nacional tras el fin del apartheid. La transición liderada por Nelson Mandela demostró que era posible desmontar un régimen de segregación sin caer en una guerra civil. Sin embargo, treinta años después, el país enfrenta una realidad muy distinta: una profunda crisis económica, una violencia endémica y una creciente ola de xenofobia que amenaza con destruir buena parte de ese legado.

 

Las imágenes que llegan desde Durban son estremecedoras. Miles de inmigrantes africanos, muchos de ellos refugiados o residentes legales, duermen en parques, iglesias y frente a oficinas gubernamentales mientras grupos de vigilantes armados con cuchillos, garrotes y lanzas tradicionales recorren los barrios obligándolos a abandonar el país. Algunos han sido asesinados, otros golpeados brutalmente y muchos esperan desesperadamente ser evacuados por los gobiernos de sus países de origen.

 

El movimiento denominado March & March sostiene que los extranjeros les quitan el empleo a los sudafricanos, saturan los servicios públicos y contribuyen al aumento de la delincuencia. Ese discurso encuentra eco en una sociedad donde el desempleo supera el 40 %, la desigualdad continúa siendo una de las mayores del mundo y el crecimiento económico lleva años estancado.

 

La historia demuestra que, cuando las instituciones pierden autoridad y la economía deja de ofrecer oportunidades, siempre aparece la tentación de buscar un culpable. En diferentes épocas fueron los judíos, los armenios, los chinos o distintas minorías nacionales. Hoy, en Sudáfrica, las víctimas son inmigrantes procedentes de Mozambique, Malawi, Nigeria, Ghana, Burundi y otros países africanos que llegaron buscando exactamente lo mismo que buscan millones de personas en cualquier lugar del mundo: seguridad y trabajo.

 

El presidente Cyril Ramaphosa ha reconocido que la violencia es inaceptable y ha pedido no convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de problemas cuya raíz está en el desempleo, la corrupción y el deficiente funcionamiento del Estado. Sin embargo, sus llamados contrastan con una realidad inquietante: muchos inmigrantes denuncian que la policía no los protege e incluso algunos hospitales públicos les niegan atención médica por el simple hecho de ser extranjeros.

 

Cuando ciudadanos organizados comienzan a decidir quién puede vivir, trabajar o recibir atención médica, el monopolio de la fuerza deja de pertenecer al Estado. Ese es uno de los síntomas más peligrosos del deterioro institucional. La justicia deja de aplicarse mediante tribunales y pasa a depender de la intimidación de grupos organizados.

 

Paradójicamente, la violencia no se dirige contra la minoría blanca, como suele sugerirse en algunos debates internacionales, sino contra otros africanos de piel negra. La xenofobia ha sustituido al viejo conflicto racial. El color de la piel ya no determina el rechazo; ahora lo hace la nacionalidad y la percepción de competencia económica.

 

La tragedia sudafricana ofrece una lección que trasciende sus fronteras. Ninguna sociedad puede sostener indefinidamente una inmigración desordenada cuando su economía es incapaz de generar empleo para su propia población. Pero tampoco puede aceptar que la respuesta sea la violencia callejera, la persecución colectiva o la sustitución del Estado por patrullas civiles.

 

Los gobiernos tienen el derecho y la obligación de controlar sus fronteras y hacer cumplir sus leyes migratorias. Lo que no puede aceptarse es que esa función sea asumida por grupos armados que actúan al margen de la ley.

 

Sudáfrica se encuentra hoy ante una decisión histórica. Puede restaurar la autoridad legítima del Estado, proteger tanto a sus ciudadanos como a los inmigrantes legales y reconstruir la confianza en sus instituciones. O puede permitir que el miedo, la frustración y la violencia continúen sustituyendo al derecho.

 

La diferencia entre ambas opciones determinará no solo el futuro de Sudáfrica, sino también el mensaje que enviará al resto del continente africano y al mundo.