LA DIFERENCIA ENTRE UNA DEMOCRACIA Y UNA DICTADURA

LA DIFERENCIA ENTRE UNA DEMOCRACIA Y UNA DICTADURA

 

Huber Matos Araluce. San José, Costa Rica

Con información de The Wall Street Journal. Reportaje de Natalie Andrews y Josh Dawsey.

 

Jeanine Pirro ha sido durante años una de las defensoras más firmes de Donald Trump. Desde su programa en Fox News lo apoyó durante algunas de las controversias más difíciles de su primer mandato. Trump, por su parte, indultó en 2021 a Albert Pirro, exmarido de la presentadora, quien había sido condenado por conspiración y evasión fiscal.

 

Posteriormente, Trump nombró a Jeanine Pirro fiscal federal del Distrito de Columbia. Primero ocupó el cargo de manera interina y después fue confirmada por el Senado. No se trataba, por tanto, de una funcionaria perteneciente a la oposición ni de una enemiga política infiltrada dentro del Gobierno. Era una persona escogida por el presidente y reconocida por su lealtad hacia él.

 

Precisamente por eso resulta tan importante lo ocurrido con el estanque reflectante del monumento a Lincoln, en Washington.

 

Durante meses, Trump y sus colaboradores sostuvieron que los daños sufridos por el fondo del estanque habían sido causados por vándalos. La Fiscalía dirigida por Pirro respaldó inicialmente esa versión y consiguió que David Hearn, antiguo competidor olímpico de canotaje, fuera acusado de destrucción de propiedad federal. El delito podía ser castigado con una pena máxima de diez años de prisión. Otras tres personas enfrentaron cargos menores.

 

Sin embargo, aparecieron nuevas pruebas.

 

Documentos del Departamento del Interior y una inspección visual indicaron que el revestimiento se había desprendido en numerosas partes del estanque, incluso en zonas centrales donde difícilmente habría podido actuar un supuesto vándalo. Las evidencias apuntaban hacia otra explicación: una instalación defectuosa realizada apresuradamente para terminar las obras antes de las celebraciones del 4 de julio.

 

El proyecto había costado 16 millones de dólares y fue adjudicado a una empresa de Virginia sin un proceso completo de licitación. Poco después de su terminación, el fondo comenzó a desprenderse y la proliferación de algas cambió el color del agua.

 

Ante las nuevas evidencias, la Fiscalía retiró los cargos.

 

Pirro permitió así que su oficina contradijera públicamente la versión sostenida por el mismo presidente que la había nombrado. Trump reaccionó con indignación. Dijo sentirse decepcionado, afirmó que la fiscal se había “plegado como un paraguas” y discutió con sus asesores la posibilidad de destituirla.

 

Pero Pirro no se plegó. Hizo lo que correspondía hacer.

 

Una Fiscalía no tiene como misión defender las declaraciones del presidente ni demostrar que el gobernante siempre tiene razón. Su obligación es aplicar la ley con base en las pruebas disponibles. Cuando aparecen evidencias que debilitan seriamente una acusación, mantenerla para complacer al poder político sería una injusticia.

 

Un hombre podía ser condenado a diez años de prisión. Ante esa posibilidad, la lealtad personal debía terminar exactamente donde comenzaban la ley, las pruebas y los derechos del acusado.

 

Esta es una de las diferencias esenciales entre una democracia y una dictadura.

 

En una dictadura, la versión del gobernante se convierte en la verdad oficial. Los fiscales buscan pruebas para justificarla, los tribunales confirman las acusaciones y los medios repiten la explicación autorizada. El acusado deja de ser una persona protegida por derechos y se convierte en el instrumento necesario para demostrar que el jefe nunca se equivoca.

 

En una democracia, por el contrario, las instituciones pueden corregir al gobernante. Los documentos de una dependencia oficial pueden contradecir las declaraciones del presidente. Una fiscal nombrada por él puede retirar una acusación que ya no considera sostenible. Los medios pueden informar sobre el conflicto y la sociedad puede juzgar la conducta de todos los involucrados.

 

Eso no significa que el sistema democrático sea perfecto. La reacción de Trump demuestra que la independencia institucional siempre puede estar amenazada. Si un fiscal teme ser despedido cada vez que los hechos contradicen al presidente, la justicia corre el peligro de convertirse en un instrumento de obediencia política.

 

Por eso este caso contiene dos lecciones inseparables. La primera es que las instituciones estadounidenses todavía poseen capacidad para corregir una acusación cuando las pruebas la debilitan. La segunda es que esa independencia debe defenderse incluso frente a las presiones del presidente.

 

La democracia no consiste en que el gobernante nunca se equivoque. Consiste en que existan instituciones capaces de señalar su error, funcionarios dispuestos a cumplir la ley y ciudadanos protegidos contra una acusación que ya no puede sostenerse.

 

En una dictadura, la palabra del jefe determina los hechos. En una democracia, los hechos pueden imponerse incluso sobre la palabra del presidente.