ARIEL RUIZ URQUIOLA, HARVARD Y EL FUTURO DE CUBA
ARIEL RUIZ URQUIOLA, HARVARD Y EL FUTURO DE CUBA
Por Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
El informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba merece atención y respeto. Durante seis meses, académicos y especialistas estudiaron posibles caminos para superar la crisis cubana. El resultado se presenta como un documento abierto a consultas, revisiones y modificaciones.
El destino que propone es difícil de objetar: una Cuba democrática y pluralista, un Estado de derecho, una nueva Asamblea Constituyente y una economía social de mercado que reconozca distintas formas de propiedad, incluida la privada.
Pero Ariel Ruiz Urquiola ha señalado una cuestión fundamental que merece ser discutida.
El científico y activista cubano cuestiona la premisa de que quienes sostienen actualmente el sistema puedan tomar la iniciativa y convertirse en facilitadores de la transición. Su pregunta es sencilla y difícil de eludir: ¿quién posee realmente el poder y qué razones tendría para entregarlo?
Ruiz Urquiola no rechaza necesariamente una negociación. La historia demuestra que muchos procesos de cambio han necesitado acuerdos. Su argumento es otro: una negociación no crea por sí misma una democracia si quienes controlaban el poder antes de sentarse a la mesa continúan controlándolo después de levantarse de ella.
Una dictadura no consiste solamente en un gobernante, un partido o una Constitución. Se sostiene porque determinadas estructuras controlan las instituciones, los recursos económicos, los cuerpos armados y los mecanismos de coerción.
El propio informe de Harvard reconoce la posición dominante del Partido Comunista y describe a GAESA como una especie de “Estado dentro del Estado”. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo impedir que esas estructuras sobrevivan a una transición y conserven, bajo otras formas, una parte decisiva del poder?
No es una cuestión exclusivamente cubana.
Lo que ocurre actualmente en Venezuela ofrece una razón adicional para reflexionar. María Corina Machado, al referirse al acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el interinato encabezado por Delcy Rodríguez, no ha rechazado la participación estadounidense ni la inversión extranjera. Por el contrario, ha defendido una relación de beneficio mutuo.
Su objeción se refiere a algo más elemental: la legitimidad para decidir sobre el patrimonio de una nación. Machado ha sostenido que los recursos venezolanos pertenecen al pueblo venezolano y que decisiones de semejante trascendencia necesitan instituciones legítimas, transparencia, seguridad jurídica y un gobierno democrático.
Es una advertencia que los cubanos deberíamos escuchar.
Una transición puede necesitar negociaciones, compromisos y garantías para quienes estén dispuestos a contribuir pacíficamente al establecimiento de una democracia. Pero negociar las condiciones de una transición es muy diferente de negociar la soberanía de un pueblo.
También resulta acertada la observación de Ruiz Urquiola sobre los presos políticos. Su liberación no puede considerarse una concesión equivalente a lo que otra parte entrega a cambio. Quien ha sido encarcelado injustamente por ejercer derechos fundamentales no pertenece al Estado que lo encarceló. Liberarlo significa poner fin a una injusticia.
Lo mismo ocurre con la reconciliación. Cuba la necesitará después de tantas décadas de división, prisión y exilio. Pero reconciliación no significa impunidad.
La responsabilidad por violaciones de los derechos humanos debe ser individual, demostrada conforme a la ley y determinada con todas las garantías de un proceso judicial. Haber trabajado para el Estado o pertenecido a sus instituciones no puede convertir automáticamente a una persona en culpable. Tampoco puede utilizarse la reconciliación para imponer el olvido de delitos demostrables.
Aquí está el centro de la discusión:
Una transición no es todavía una democracia.
Puede cambiar el gobernante y permanecer el poder. Puede desaparecer un partido y sobrevivir sus mecanismos de control. Pueden modificarse las leyes mientras quienes poseen las armas, los recursos económicos y las instituciones continúan determinando las decisiones fundamentales.
Incluso un régimen puede aceptar transformaciones cuando descubre que cambiar es la mejor manera de preservar una parte de su poder.
Por eso una futura transición cubana no debería juzgarse solamente por quién abandona el poder, sino por quién lo recibe, bajo qué reglas, por cuánto tiempo y ante quién responde.
Harvard ha hecho una contribución importante al abrir esta discusión. Ariel Ruiz Urquiola hace otra al advertir que no basta con definir correctamente el destino. También hay que asegurar el camino para llegar a él.
No se trata de rechazar el diálogo ni de impedir acuerdos que puedan evitar violencia y sufrimiento. Se trata de recordar que ninguna mesa de negociación, grupo económico, institución armada, partido o potencia extranjera puede sustituir la voluntad soberana de los cubanos.
Porque el objetivo de una transición democrática no consiste simplemente en sustituir a quienes gobiernan.
Consiste en devolver al pueblo el derecho a gobernarse.
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ARIEL RUIZ URQUIOLA, HARVARD AND CUBA'S FUTURE
By Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
The report by Harvard's Working Group on the Future of Cuba deserves attention and respect. For six months, academics and specialists studied possible paths for overcoming the Cuban crisis. The result is presented as a document open to consultation, revision and modification.
The destination it proposes is difficult to object to: a democratic and pluralistic Cuba, the rule of law, a new Constituent Assembly and a social market economy that recognizes different forms of property, including private property.
But Ariel Ruiz Urquiola has raised a fundamental issue that deserves discussion.
The Cuban scientist and activist questions the premise that those who currently sustain the system can take the initiative and become facilitators of the transition. His question is simple and difficult to evade: who really holds power, and what reasons would they have to surrender it?
Ruiz Urquiola does not necessarily reject negotiation. History shows that many processes of change have required agreements. His argument is different: negotiation by itself does not create democracy if those who controlled power before sitting down at the table continue to control it after leaving the table.
A dictatorship does not consist only of a ruler, a party or a Constitution. It is sustained because certain structures control institutions, economic resources, armed bodies and mechanisms of coercion.
Harvard's own report recognizes the dominant position of the Communist Party and describes GAESA as a kind of “state within the state.” An unavoidable question therefore arises: how can those structures be prevented from surviving a transition and retaining, under other forms, a decisive share of power?
This is not exclusively a Cuban issue.
What is currently happening in Venezuela offers another reason for reflection. María Corina Machado, referring to the oil agreement reached between the United States and the interim administration headed by Delcy Rodríguez, has not rejected U.S. participation or foreign investment. On the contrary, she has defended a relationship of mutual benefit.
Her objection concerns something more elementary: the legitimacy to decide over a nation's patrimony. Machado has maintained that Venezuela's resources belong to the Venezuelan people and that decisions of such importance require legitimate institutions, transparency, legal certainty and a democratic government.
It is a warning Cubans should heed.
A transition may require negotiations, compromises and guarantees for those willing to contribute peacefully to the establishment of democracy. But negotiating the conditions of a transition is very different from negotiating the sovereignty of a people.
Ruiz Urquiola's observation about political prisoners is also well taken. Their release cannot be treated as a concession equivalent to what another party gives in return. A person unjustly imprisoned for exercising fundamental rights does not belong to the state that imprisoned him. Releasing that person means ending an injustice.
The same applies to reconciliation. Cuba will need it after so many decades of division, imprisonment and exile. But reconciliation does not mean impunity.
Responsibility for human rights violations must be individual, proven according to law and determined with all the guarantees of due process. Having worked for the state or belonged to its institutions cannot automatically make a person guilty. Nor can reconciliation be used to impose the forgetting of demonstrable crimes.
Here lies the center of the discussion:
A transition is not yet a democracy.
The ruler may change while power remains. A party may disappear while its mechanisms of control survive. Laws may be modified while those who possess the weapons, economic resources and institutions continue determining the fundamental decisions.
A regime may even accept transformations when it discovers that changing is the best way to preserve part of its power.
That is why a future Cuban transition should not be judged only by who leaves power, but by who receives it, under what rules, for how long and to whom they are accountable.
Harvard has made an important contribution by opening this discussion. Ariel Ruiz Urquiola makes another by warning that it is not enough to define the destination correctly. The path to reach it must also be secured.
This is not about rejecting dialogue or preventing agreements that could avoid violence and suffering. It is about remembering that no negotiating table, economic group, armed institution, party or foreign power can replace the sovereign will of Cubans.
Because the purpose of a democratic transition is not simply to replace those who govern.
It is to return to the people the right to govern themselves.
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ARIEL RUIZ URQUIOLA, HARVARD ET L'AVENIR DE CUBA
Par Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
Le rapport du Groupe de travail de Harvard sur l'avenir de Cuba mérite attention et respect. Pendant six mois, des universitaires et des spécialistes ont étudié les voies possibles pour surmonter la crise cubaine. Le résultat est présenté comme un document ouvert aux consultations, aux révisions et aux modifications.
L'objectif proposé est difficile à contester : une Cuba démocratique et pluraliste, un État de droit, une nouvelle Assemblée constituante et une économie sociale de marché reconnaissant différentes formes de propriété, y compris la propriété privée.
Mais Ariel Ruiz Urquiola a soulevé une question fondamentale qui mérite d'être débattue.
Le scientifique et militant cubain remet en question l'idée que ceux qui soutiennent actuellement le système puissent prendre l'initiative et devenir les facilitateurs de la transition. Sa question est simple et difficile à éluder : qui détient réellement le pouvoir et quelles raisons aurait-il de le céder ?
Ruiz Urquiola ne rejette pas nécessairement une négociation. L'histoire montre que de nombreux processus de changement ont nécessité des accords. Son argument est autre : une négociation ne crée pas à elle seule une démocratie si ceux qui contrôlaient le pouvoir avant de s'asseoir à la table continuent de le contrôler après s'en être levés.
Une dictature ne se résume pas à un dirigeant, un parti ou une Constitution. Elle se maintient parce que certaines structures contrôlent les institutions, les ressources économiques, les corps armés et les mécanismes de coercition.
Le propre rapport de Harvard reconnaît la position dominante du Parti communiste et décrit GAESA comme une sorte d'« État dans l'État ». Une question inévitable se pose alors : comment empêcher que ces structures survivent à une transition et conservent, sous d'autres formes, une part décisive du pouvoir ?
Ce n'est pas une question exclusivement cubaine.
Ce qui se passe actuellement au Venezuela offre une raison supplémentaire de réfléchir. María Corina Machado, à propos de l'accord pétrolier conclu entre les États-Unis et l'intérim dirigé par Delcy Rodríguez, n'a rejeté ni la participation américaine ni l'investissement étranger. Au contraire, elle a défendu une relation mutuellement bénéfique.
Son objection concerne quelque chose de plus élémentaire : la légitimité pour décider du patrimoine d'une nation. Machado a soutenu que les ressources du Venezuela appartiennent au peuple vénézuélien et que des décisions d'une telle importance nécessitent des institutions légitimes, de la transparence, de la sécurité juridique et un gouvernement démocratique.
C'est un avertissement que les Cubains devraient entendre.
Une transition peut nécessiter des négociations, des compromis et des garanties pour ceux qui sont disposés à contribuer pacifiquement à l'établissement d'une démocratie. Mais négocier les conditions d'une transition est très différent de négocier la souveraineté d'un peuple.
L'observation de Ruiz Urquiola sur les prisonniers politiques est également juste. Leur libération ne peut être considérée comme une concession équivalente à ce que l'autre partie accorde en échange. Une personne emprisonnée injustement pour avoir exercé des droits fondamentaux n'appartient pas à l'État qui l'a emprisonnée. La libérer signifie mettre fin à une injustice.
Il en va de même de la réconciliation. Cuba en aura besoin après tant de décennies de division, de prison et d'exil. Mais réconciliation ne signifie pas impunité.
La responsabilité pour les violations des droits de l'homme doit être individuelle, prouvée conformément à la loi et déterminée avec toutes les garanties d'un procès équitable. Avoir travaillé pour l'État ou appartenu à ses institutions ne peut rendre automatiquement une personne coupable. La réconciliation ne peut pas non plus servir à imposer l'oubli de crimes démontrables.
Voici le cœur du débat :
Une transition n'est pas encore une démocratie.
Le dirigeant peut changer et le pouvoir rester. Un parti peut disparaître tandis que ses mécanismes de contrôle survivent. Les lois peuvent être modifiées alors que ceux qui possèdent les armes, les ressources économiques et les institutions continuent de déterminer les décisions fondamentales.
Un régime peut même accepter des transformations lorsqu'il découvre que changer est le meilleur moyen de préserver une partie de son pouvoir.
C'est pourquoi une future transition cubaine ne devrait pas être jugée uniquement selon celui qui abandonne le pouvoir, mais selon celui qui le reçoit, les règles auxquelles il est soumis, la durée de son mandat et devant qui il doit rendre des comptes.
Harvard a apporté une contribution importante en ouvrant ce débat. Ariel Ruiz Urquiola en apporte une autre en avertissant qu'il ne suffit pas de définir correctement la destination. Il faut également garantir le chemin pour y parvenir.
Il ne s'agit pas de rejeter le dialogue ni d'empêcher des accords susceptibles d'éviter la violence et la souffrance. Il s'agit de rappeler qu'aucune table de négociation, aucun groupe économique, aucune institution armée, aucun parti et aucune puissance étrangère ne peut se substituer à la volonté souveraine des Cubains.
Car l'objectif d'une transition démocratique ne consiste pas simplement à remplacer ceux qui gouvernent.
Il consiste à rendre au peuple le droit de se gouverner lui-même.
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ARIEL RUIZ URQUIOLA, HARVARD E IL FUTURO DI CUBA
Di Huber Matos Araluce
San José, Costa Rica
Il rapporto del Gruppo di lavoro di Harvard sul futuro di Cuba merita attenzione e rispetto. Per sei mesi, accademici e specialisti hanno studiato possibili strade per superare la crisi cubana. Il risultato viene presentato come un documento aperto a consultazioni, revisioni e modifiche.
L'obiettivo che propone è difficile da contestare: una Cuba democratica e pluralista, uno Stato di diritto, una nuova Assemblea Costituente e un'economia sociale di mercato che riconosca diverse forme di proprietà, compresa quella privata.
Ma Ariel Ruiz Urquiola ha sollevato una questione fondamentale che merita di essere discussa.
Lo scienziato e attivista cubano mette in discussione la premessa secondo cui coloro che oggi sostengono il sistema possano prendere l'iniziativa e diventare facilitatori della transizione. La sua domanda è semplice e difficile da eludere: chi possiede realmente il potere e quali ragioni avrebbe per cederlo?
Ruiz Urquiola non rifiuta necessariamente una negoziazione. La storia dimostra che molti processi di cambiamento hanno richiesto accordi. Il suo argomento è un altro: una negoziazione non crea da sola una democrazia se coloro che controllavano il potere prima di sedersi al tavolo continuano a controllarlo dopo essersi alzati.
Una dittatura non consiste soltanto in un governante, un partito o una Costituzione. Si sostiene perché determinate strutture controllano le istituzioni, le risorse economiche, i corpi armati e i meccanismi di coercizione.
Lo stesso rapporto di Harvard riconosce la posizione dominante del Partito Comunista e descrive GAESA come una sorta di “Stato nello Stato”. Sorge quindi una domanda inevitabile: come impedire che queste strutture sopravvivano a una transizione e conservino, sotto altre forme, una parte decisiva del potere?
Non è una questione esclusivamente cubana.
Ciò che sta accadendo attualmente in Venezuela offre un'ulteriore ragione per riflettere. María Corina Machado, riferendosi all'accordo petrolifero raggiunto tra gli Stati Uniti e l'interinato guidato da Delcy Rodríguez, non ha respinto né la partecipazione statunitense né gli investimenti stranieri. Al contrario, ha difeso una relazione di reciproco beneficio.
La sua obiezione riguarda qualcosa di più elementare: la legittimità di decidere sul patrimonio di una nazione. Machado ha sostenuto che le risorse venezuelane appartengono al popolo venezuelano e che decisioni di tale importanza richiedono istituzioni legittime, trasparenza, certezza giuridica e un governo democratico.
È un avvertimento che i cubani dovrebbero ascoltare.
Una transizione può richiedere negoziati, compromessi e garanzie per coloro che sono disposti a contribuire pacificamente all'instaurazione di una democrazia. Ma negoziare le condizioni di una transizione è molto diverso dal negoziare la sovranità di un popolo.
È giusta anche l'osservazione di Ruiz Urquiola sui prigionieri politici. La loro liberazione non può essere considerata una concessione equivalente a ciò che un'altra parte offre in cambio. Chi è stato incarcerato ingiustamente per aver esercitato diritti fondamentali non appartiene allo Stato che lo ha imprigionato. Liberarlo significa porre fine a un'ingiustizia.
Lo stesso vale per la riconciliazione. Cuba ne avrà bisogno dopo tanti decenni di divisione, prigione ed esilio. Ma riconciliazione non significa impunità.
La responsabilità per le violazioni dei diritti umani deve essere individuale, dimostrata secondo la legge e determinata con tutte le garanzie di un giusto processo. Aver lavorato per lo Stato o appartenuto alle sue istituzioni non può rendere automaticamente una persona colpevole. Né la riconciliazione può essere usata per imporre l'oblio di crimini dimostrabili.
Qui sta il centro della discussione:
Una transizione non è ancora una democrazia.
Può cambiare il governante e rimanere il potere. Può scomparire un partito e sopravvivere i suoi meccanismi di controllo. Le leggi possono essere modificate mentre coloro che possiedono le armi, le risorse economiche e le istituzioni continuano a determinare le decisioni fondamentali.
Un regime può persino accettare trasformazioni quando scopre che cambiare è il modo migliore per preservare una parte del proprio potere.
Per questo una futura transizione cubana non dovrebbe essere giudicata soltanto da chi abbandona il potere, ma da chi lo riceve, secondo quali regole, per quanto tempo e davanti a chi deve rispondere.
Harvard ha dato un contributo importante aprendo questa discussione. Ariel Ruiz Urquiola ne offre un altro avvertendo che non basta definire correttamente la destinazione. Occorre anche garantire il percorso per raggiungerla.
Non si tratta di rifiutare il dialogo né di impedire accordi che possano evitare violenza e sofferenza. Si tratta di ricordare che nessun tavolo negoziale, gruppo economico, istituzione armata, partito o potenza straniera può sostituire la volontà sovrana dei cubani.
Perché l'obiettivo di una transizione democratica non consiste semplicemente nel sostituire chi governa.
Consiste nel restituire al popolo il diritto di governarsi.
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